Ley de protección… de las ganancias

El pasado martes 31 de marzo el congreso despachó la “ley de protección del empleo” que viene a constituir un ataque en regla contra el salario, un precioso regalo dado a los empresarios para que éstos puedan suspender a los trabajadores, o reducir sus jornadas, sin que tengan que asumir los costos de la crisis y por el contrario descargar el peso de la misma sobre las familias obreras.

El desarrollo de la pandemia anuncia consecuencias catastróficas para latinoamérica, dada la deficiente infraestructura sanitaria, si vemos lo que está sucediendo en países imperialistas como España o Italia donde los muertos diarios llegan a bordear el millar de personas. Comparado con otras enfermedades el COVID-19 –si bien tiene una rápida transmisibilidad- posee una baja tasa de mortalidad. Lo que en Chile se ha manifestado momentáneamente muy por debajo de la media mundial debido a que los contagios se han extendidos entre la población de bajo riesgo y además entre los sectores acomodados, de la burguesía y la alta pequeñaburguesía, quienes poseen condiciones privilegiadas de higiene y salubridad. Algo que cambia radicalmente en la medida en que se extiende hacia la población trabajadora, como ya lo muestran los primeros muertos pertenecientes a familias pobres. El drama de la salud no viene del control y respuesta a una nueva pandemia, sino que será el agravamiento exponencial de la crisis sanitaria que se produce todos los años, donde los hospitales colapsan de enfermos, las listas de espera para operaciones o atenciones son interminables, los mínimos implementos de higiene así como los medicamentos escasean; los trabajadores de la salud mal pagos y con regímenes a contrata; etc, etc, vuelven a esta farsa del Estado burgués interviniendo en la salud una parodia de corto alcance y de consecuencias imprevisibles. Así mismo, la intervención de los Estados en el mundo no está destinada a paliar una crisis de tipo sanitaria, sino que está catalizando una profunda crisis estructural del capitalismo, que tiene interviniendo al aparato burocrático-militar en las relaciones sociales, destruyendo fuerzas productivas, saneando la economía y atacando en masa a la fuerza de trabajo, dejando miles de cesantes, cerrando empresas, suspendiendo personal, recortando salarios, y por supuesto, ejerciendo el monopolio de la fuerza, mientras levantan su dedo acusatorio responsabilizando por el descontrol de la pandemia a la población que no acata las resoluciones burocráticas de estos sirvientes del capital. Actúan de forma anárquica y desesperada, recurriendo al centralismo estatista, para salvar al capitalismo de su propia crisis. Esta intervención violenta del aparato de estado en las relaciones sociales constituye un ensayo general reaccionario.

Las mediaciones al pie de la cama

Desde distintas organizaciones como la CUT, la Confusam o el Colegio Médico se insistía desde los primeros casos de contagios en la exigencia al Estado de que imponga la cuarentena total. Silenciando canallescamente las denuncias del estado calamitoso en que se encuentran los hospitales y centros de salud municipal. Esto era, y es intermitentemente, presentado casi como la solución de salvación ante la pandemia, llamando al mismo tiempo a dejar de realizar movilizaciones o asambleas sindicales. El mismo Colegio de Profesores llamó al cese de actividades en los colegios sin colocar a debate de los trabajadores docentes las medidas necesarias para intervenir en la crisis. Es así que en muchos lugares de trabajo se comenzó a exigir el cierre o paralización de las obras como respuesta lógica a lo que consideraban una medida de protección sanitaria. Finalmente la intervención del gobierno decretando cuarentena en varias comunas vino acompañada de un exhaustivo listado de las empresas consideradas “esenciales”, que debían seguir funcionando, entre aquellas las que “abastecen a los supermercados”, o sea… prácticamente todas. Para que los trabajadores afectados por la cuarentena no se creyeran con derecho a quedarse en sus casas por resguardo a su salud, se sacó un dictamen de la dirección del trabajo indicando que no están obligados a trabajar, como así tampoco el empleador no está obligado a pagar el salario, pretendiendo esgrimir una igualdad jurídica entre el capital y el trabajador. Este dictamen encontró a los más fervientes críticos entre la oposición burguesa y la burocracia sindical quienes amenazaron con recursos de amparo y todo tipo de escritos legales. Pero el dictamen sólo era el preludio del proyecto de ley de “protección del empleo”.

¿En que consiste el proyecto votado al unísono en el congreso?

El mismo establece que las empresas impedidas de funcionar con motivo de la suspensión por la autoridad recurrirán a que el empleador deje de pagar las remuneraciones, pagando sólo los aportes previsionales y de salud, prorrogables y en cuotas, mientra el trabajador será remunerado por sus fondos del seguro de cesantía en proporciones decrecientes mes a mes 70%, 55%, 45%, 40%, 35…..de la remuneración promedio. Si el trabajador no dispone de fondos hará uso del fondo de cesantía solidario en las mismas proporciones (70% , 55%…) aunque con tope en el tramo alto de $ 525.000 y de ahí decrece del mismo modo. La misma fórmula se utilizará también en aquellas empresas que, si bien no son impedidas por el Estado de funcionar, aduzcan reestructuraciones “para poder mantener su continuidad operacional o para proteger eficazmente la vida y salud de sus trabajadores”, vía un “pacto de suspensión del contrato de trabajo”con el trabajador y/o el sindicato. También podrán hacer uso de esta ley para realizar un pacto de reducción de la jornada laboral hasta la mitad, donde el seguro de cesantía cubrirá hasta el 25% de la remuneración con un tope de $ 225.000.-. Eso sí no todos los trabajadores pueden acceder a esta fórmula, quedan excluidos, aquellos que no tienen un mínimo de cotizaciones (3 continuas en el mismo trabajo, o 2 continuas y 6 en total en el último año) así como aquellos que hayan hecho uso del seguro de cesantía en los último 5 meses. Es decir, que los trabajadores que trabajan en negro, con altos niveles de rotación, en condiciones de alta precariedad laboral, o que hayan salido recientemente de las filas de desocupados, ni siquiera pueden optar por un miserable subsidio de subsistencia. Hay que sumarles que no pueden optar los que reciban algún subsidio por discapacidad o los que tengan fuero laboral. Y como cereza de la torta el trámite lo tiene que realizar el empleador, lo que deja al trabajador en cuarentena a merced de su explotador.

El “seguro de cesantía” fue creado para mantener en la subsistencia al ejército de reserva de la clase trabajadora y fue diseñado de tal modo que “desincentive”, según la lógica de los explotadores, que los trabajadores cesantes quieran mantenerse mucho tiempo en esa situación, brindando una fuente de mano de obra barata a los capitalistas. A este diseño hay que agregarle que el monto que el empleador “aporta” a este seguro (compuesto por aportes bipartitos) lo recupera, con los intereses respectivos en el descuento que realiza de los finiquitos con indemnización por despidos. Una verdadera bicoca servida en la mesa de los patrones.

La intervención de la clase trabajadora es la única perspectiva realista

Los diputados y burócratas que habían vociferado contra el dictamen de la dirección del trabajo la noche previa, terminaron votando y apoyando a mano alzada un proyecto que además incluye (que vuelve ley) el cese temporal de “la obligación de prestar servicios por parte del trabajador y de la obligación de pagar la remuneración y demás asignaciones que no constituyan remuneración, señaladas en el inciso segundo del artículo 41 del Código del Trabajo, por parte del empleador.” Una vez aprobado el proyecto la directiva de la CUT sacó un comunicado en contra diciendo en rigor que no era lo que ellos querían, toda vez que en la víspera los parlamentarios del PC votaron al unísono el proyecto. Es bastante probable que las pymes que su aparato controla, y la de sus grupos de pequeños explotadores allegados, hayan visto como un alivio que no tengan que pagar más salarios durante el cierre de sus negocios. Una vez más se demuestra el carácter reaccionario de esta dirección, que posa de flanco izquierdo en la defensa de la democracia burguesa.

Es necesario que la salida a la crisis capitalista, así como a los efectos de la pandemia, sean impuestos por la clase trabajadora, única interesada en la salud de la población obrera y la única con la fuerza capaz de derrotar los planes de los explotadores y de su Estado. La cuarentena impuesta por el Estado es sólo una política reaccionaria, complementada con los decretos del estado de catástrofe y toque de queda, para desplegar las fuerzas represivas…contra un virus. Nada tiene que ver con las acciones que podemos tomar los trabajadores para proteger realmente la salud de la población. Es necesario que seamos nosotros los que determinemos cuales son las ramas esenciales que deben ser prioritarias, así como levantar un plan obrero de salida a la crisis dirigido a imponer un programa de independencia de clase, formando en los sindicatos comisiones de higiene y seguridad para imponer y vigilar nuestra medidas sanitarias, la escala móvil de horas de trabajo para vincular a los desocupados a la producción, que lejos de plantear exigencias de centralización estatal, se dirija a organizar a la clase trabajadora para imponer el control sobre los medios de producción, a dislocar el aparato de Estado y a coordinar acciones internacionales para confrontar con los explotadores ante esta ofensiva reaccionaria en toda línea.