Entre el 23 y el 26 de mayo se realizaron las elecciones del Parlamento europeo en los países miembros, incluido el Reino Unido, que aún no resolvió su salida de la Unión. Las tendencias que en ellas se expresaron pueden considerarse como una caja de resonancia de la profunda debacle en la que está sumida la UE. En una arena mundial signada por una crisis capitalista que desde hace diez años no puede cerrarse, los cimientos que permitieron la edificación de la UE y los Estados de bienestar que la conforman se están cayendo uno a uno.

Europa presa de la guerra comercial

Un primer elemento para apuntar a la hora de analizar estas elecciones es la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que está haciendo estragos en los distintos países europeos, cuyas economías se están viendo fuertemente afectadas por las cambiantes reglas económicas que Trump quiere imponer en el mercado mundial. Una de sus consecuencias más patentes es la desocupación creciente en regiones tradicionalmente industriales de varios países. Los puntos calientes de la situación, que de una u otra manera se plasmaron en los resultados electorales, pasan por la competitividad de los productos nacionales en el mercado internacional, cómo afectan las medidas proteccionistas y los incentivos económicos a las empresas de capital imperialista en otros países, la cuestión del desarrollo de la industria y la productividad. El eje central de esta discusión es la necesidad de establecer un nuevo pacto capital-trabajo en el territorio de cada uno de esos Estados, incluyendo la cuestión de la mano de obra inmigrante, que permita abrir un periodo de acumulación capitalista a largo plazo. Pero la burguesía imperialista de conjunto no ha podido dar una respuesta a esta necesidad dada su indefectible tendencia a la decadencia. Y dentro de las potencias imperialistas, es en Europa donde más se nota la lucha de fracciones y la incertidumbre ante la imposibilidad de dar una salida imperialista a la situación. Claramente, esta búsqueda sólo traerá penurias a la clase trabajadora, ya que su supervivencia depende de aplastar al proletariado, si es necesario con sangre.

Luchas inter burguesas al interior de los imperialismos europeos

En la isla británica el hecho de haber llegado a las elecciones europeas ya muestra un fracaso total del proceso de Brexit abierto con el plebiscito de 2016. El empantanamiento en el Parlamento para lograr una salida consensuada de la UE sigue generando consecuencias en Westminster. Los partidos que han venido sosteniendo el régimen imperialista desde el “nuevo orden mundial” de la segunda mitad del siglo 20 están haciendo agua. La discusión de cómo sale Gran Bretaña de la UE ha dividido tanto a los tories como a los laboristas y hoy sus dirigentes están siendo cuestionados por sus propios partidos, así como por la sociedad británica. En el mes de junio Theresa May debería dejar el gobierno para abrir una feroz lucha de poder en el partido conservador. La crisis de dirección imperialista que se deja ver con el interminable conflicto interno que abrió el Brexit al interior de la clase dominante tiene como trasfondo una profunda crisis económica, de la que no se puede salir con las viejas recetas. El triunfo electoral del Partido del Brexit, de Nigel Farage, ha sido un claro castigo tanto a May y a los conservadores, como al Labor y a la ambigüedad de Jeremy Corbin. Como hemos dicho en otras oportunidades, lo único que sostiene en el tiempo las patéticas tertulias parlamentarias en Gran Bretaña es la ausencia de un proceso de masas y de una dirección obrera que marque un camino de ruptura revolucionaria.

Alemania y Francia también han tenido cimbronazos en sus partidos de gobierno. Si bien el partido de Angela Merkel, CDU, salió primero en su país éste ha sufrido una estrepitosa caída en el caudal de votos. La socialdemocracia, parte de la coalición de gobierno, sufrió la baja de su principal referente tras el papelón electoral. Por su parte, la formación política reciente de AFD (Alternativa por Alemania) se mantiene, aunque bajó en cerca de 2% en caudal de votos. El batacazo fue dado por Los Verdes, que salieron en segundo lugar y se muestran como la expresión de la juventud.

En Francia, Macron sufrió una derrota ante la ultraderechista Marine Le Pen, aunque este partido sacó menos votos que en 2014. Nuevamente los verdes han ganado terreno. Sin dudas, estos resultados muestran el malestar social que existe con las medidas de austeridad y el desmantelamiento del Estado de bienestar, lo cual se manifestó en ese país con el movimiento de los “chalecos amarillos”. Aunque, por el momento prima la intervención diluida de la clase obrera y la falta de organización de la vanguardia alrededor de un programa antiimperialista y de independencia de clase.

También en Portugal, donde ganó el PS, fueron los ecologistas los que dieron la sorpresa al conseguir un diputado. El dato de la jornada fue la participación más baja de su historia electoral. Recordemos que Portugal ha sido uno de los países que estuvo a la cabeza de la implementación de los planes de austeridad de la UE y, si bien los datos de la coyuntura son optimistas, la crisis estructural sigue desarrollándose.

Mientras tanto, en España volvió a ganar el PSOE, pero la ultraderecha de VOX conquistó 3 parlamentarios y los independentistas catalanes ganaron 6 bancas. El “golpe” de Pedro Sánchez a Rajoy no ha logrado cerrar las contradicciones nacionales que se expresan en movimientos nacionalistas y en el crecimiento de la ultraderecha. Lo que es un hecho es que la promesa de Podemos ha quedado totalmente desarticulada, en su rol de mediación de los movimientos “radicales” ante las instituciones imperialistas.

El desgaste de Syriza en Grecia también se ha hecho notar. Allí también se renovaban autoridades locales, dando como ganadores de los comicios a los conservadores de Nueva Democracia. Alexis Tsiparas ha tomado la decisión de adelantar las elecciones legislativas para junio ante la crisis política que enfrenta su gobierno. Esto es una muestra más de lo rápido que estas mediaciones han perecido ante el Estado capitalista y muestra que la única salida progresiva es bajo el liderazgo de la clase obrera revolucionaria.

En Italia es donde más se ha consolidado este sector derechista, con el contundente triunfo de Matteo Salvini, de la Liga, aunque su socio de coalición, el movimiento 5 estrellas, perdió el segundo lugar ante el Partido Democrático. Este resultado es una señal de alarma para los que aún defienden los últimos estertores de la UE, ya que la Liga es parte del eje antieuropeo. En sus primeras medidas de gobierno desafió las metas fiscales europeas y viene teniendo una política anti inmigración que ha sobresaltado a las fuerzas democráticas de todo el continente.

También en Polonia ha ganado la fuerza ultraconservadora, con 46% de los votos. Mientras que, en Bélgica, con una participación récord del 90%, fue la ultraderecha la que ganó, con un importante desempeño de los ecologistas en Bruselas y Valonia. El triunfo de los laboristas en Holanda se vuelve una contra tendencia, donde además la ultraderecha de Geert Wilders quedó al final del ranking.

Ante la descomposición burguesa, una salida revolucionaria

Una vez más hemos dado cuenta en estas líneas de la dispersión de las fuerzas imperialistas ante la falta de un proyecto a largo plazo que prometa una salida estable de la crisis capitalista. En la descarnada lucha entre fracciones, la presa es la clase obrera, a la que llaman a seguirlos con sus promesas de volver a un pasado de grandeza nacional que en los hechos no sucederá. La Europa del capital se ha chocado de frente con todos sus límites. Las viejas contradicciones del capital con sus fronteras nacionales se expresan en los fenómenos del siglo 21 y lleva a procesos que aceleran la decadencia burguesa. Los movimientos reivindicativos, de minorías, ecologistas carecen de un programa claro y terminan siendo arrastrados detrás de las mediaciones burguesas. Sólo un partido revolucionario internacional, que levante un programa de transición al socialismo, que trascienda las artificiales fronteras impuestas por las burguesías imperialistas puede ofrecer una salida. Es tarea inmediata y urgente de los revolucionarios reagrupar a la vanguardia obrera en los sindicatos y las organizaciones juveniles detrás de un programa obrero que implique luchar contra la burocracia sindical que sostiene a los Estados imperialistas y recuperarlos para desplegar la lucha de clases con los métodos históricos del proletariado. Esto va en el camino de enfrentar a la burguesía en la producción, imponiendo el control obrero como preparación para el futuro sistema de trabajo del Estado obrero de transición; hay que preparar las fuerzas para la expropiación de los capitalistas y organizar las milicias obreras contra las fuerzas del orden capitalista. Esto requiere la máxima unidad de nuestra clase, sin distinción de nacionalidades, género, etnia, etc. La lucha por los Estados Unidos Socialistas de Europa es una bandera de lucha de la IV Internacional, la cual debemos bregar por reconstruir desde este momento.

O ATAQUE ORQUESTRADO A EDUCAÇÃO TEM UM PROPÓSITO: PRIVATIZAÇÃO!

As políticas de desmonte da educação pública com o propósito de privatizá-la não são exclusividade do governo Bolsonaro (PSL). Os governos anteriores, aplicaram políticas educacionais que inseriram e ampliaram os mecanismos de mercado na educação pública e, com isso, criaram os maiores conglomerados empresariais de educação que hoje dominam 75,3% das matrículas do Ensino Superior no Brasil. O governo FHC (PSDB) permitiu que as Universidades privadas pudessem ter fins lucrativos; entre 1998 e 2004, estas matrículas aumentaram 126%.

Mas, foi durante os governos Lula e Dilma (PT), que esse mercado se consolidou como um dos mais lucrativos, atraindo investimentos e gerando fusões. Através do FIES, o fundo de financiamento estudantil criado por FHC e ampliado por Lula, essas empresas puderam, com o dinheiro público, ampliar seus lucros e dominar o mercado educacional de Ensino Superior. De 2010 a 2015, o FIES custou R$32 bilhões aos cofres públicos enquanto no mesmo período, a margem de lucros destas empresas aumentou exponencialmente: 22.130% da Kroton, 820% da Anima, 565% da Estácio e 483% da Ser Educacional. Da mesma forma, os governos anteriores foram responsáveis por grandes cortes nos investimentos na educação. Entre 2014 e 2018, os investimentos do governo em educação sofreram 56% de redução. Só na Educação Básica, a redução atingiu 19%.

O governo Bolsonaro representa a ampliação desse ataque com uma política declaradamente privatista. Por sua composição, o Ministério da Educação atua como um verdadeiro apêndice do Ministério da Economia, demonstrando a clara intenção do governo de transformar a educação pública num grande balcão de negócios. Após os primeiros meses de instabilidade do ministério nas mãos de Ricardo Vélez, o economista e também “olavista” Abraham Weintraub, antes Secretário Executivo da Casa Civil, assumiu a pasta.

O alinhamento do MEC à política econômica privatista do governo atende ao grande anseio de investidores e empresariado da educação, inclusive o próprio ministro da Economia, Paulo Guedes. O ministro é um dos principais administradores de fundos de investimento (cujos montantes advém inclusive de fundos de pensão de estatais) que injetam dinheiro no mercado educacional, especialmente universidades e colégios particulares, cursos de medicina e empresas de soluções digitais para escolas e cursos a distância. Para além disso, os fundos de educação da Bozano (atual Crescera Investimentos), uma das empresas criadas por Guedes, receberam grande aporte de investimento estrangeiro, através de um grupo alemão chamado Bertelsmann (900 milhões de reais) para investir especialmente em cursos de medicina. A Crescera Investimentos já criou um novo fundo para levantar U$500 milhões em  private equity  e investir em setores de consumo, educação e saúde. Ou seja, no governo Bolsonaro, a educação é o grande negócio.

 GOVERNO UTILIZA OS CORTES NA EDUCAÇÃO PARA PRESSIONAR A APROVAÇÃO DA REFORMA DA PREVIDÊNCIA

No início deste mês, o ministro da Educação anunciou cerca de 30% de cortes nas verbas discricionárias para as Universidades e Institutos Federais. O discurso do governo é que a destinação das verbas deve ter a Educação Básica como prioridade. Contudo, os cortes orçamentários realizados através de contingenciamento afetaram não apenas o Ensino Superior, mas também recursos que vão desde a Educação Infantil até a pós-graduação e pesquisa. O decreto de contingenciamento do governo, definido pela equipe econômica, atinge R$30bilhões. Destes, R$7,3bilhões pertencem ao MEC e correspondem a 23% do total dos valores discricionários da pasta. Esse corte afeta construções de escolas, ensino técnico, bolsas de pesquisa, transporte escolar e o custeio das Universidades e Institutos Federais.

Na Educação Básica, os cortes somam R$2,4bilhões. No Ensino Superior, os cortes representam a possibilidade de fechamento de Universidades e Institutos com a inviabilidade de pagamento de custos básicos como água e luz. A Capes teve R$819milhões de corte no seu orçamento, 19% do autorizado, e anunciou a suspensão de bolsas de mestrado e doutorado. Também anunciou o corte progressivo de bolsas de Pós-graduação para os cursos que mantém nota 3 (do total de 5) no período de 10 anos. Se aplicado hoje, esse critério extinguiria 211 programas. A Capes informou que reforçará parcerias com o setor empresarial para ampliar os recursos de pesquisa, ou seja, política alinhada com o discurso do governo de direcionar verbas para formação e pesquisa que sejam do interesse da burguesia.

O governo afirma que o contingenciamento de verbas na educação é um mal necessário diante situação econômica atual e que, com a aprovação da Reforma da Previdência, o crescimento econômico será retomado podendo, assim, liberar as verbas já aprovadas no orçamento. O ataque foi recebido com protestos e assembleias de estudantes em todas as Universidades e Institutos Federais do país, demonstrando a disposição de luta dos estudantes e a necessidade de unificação de suas pautas na luta contra a Reforma da Previdência. Estudantes e trabalhadores devem construir a Greve Geral contra as reformas e ataques do governo!

REFORMA DA PREVIDÊNCIA: NENHUMA NEGOCIAÇÃO!

A Reforma da Previdência insere-se no conjunto de políticas de ataque aos trabalhadores em todo o mundo; políticas com as quais o imperialismo busca encontrar uma saída para a crise estrutural do capitalismo. Através de ajustes e reformas fiscais, previdenciárias, trabalhistas, sociais e educacionais, a burguesia intenta impor uma nova relação entre o Estado e as classes sociais, rompendo com os pactos e instituições construídos no pós-guerra (como o estado de bem estar social nos países imperialistas) repassando aos trabalhadores os custos de manutenção do aparato estatal, bem como de suas prerrogativas sociais.

O governo Bolsonaro procura ser o capacho do capital imperialista na sua exploração feroz por manutenção de seus lucros e dividendos. Por isto apresenta uma reforma da Previdência mais agressiva do que as reformas apresentadas por governos passados, incapazes de aprová-la. Ao mesmo tempo, o governo Bolsonaro orquestra ataques e maior repressão aos movimentos de massa e organização dos trabalhadores para garantir a aprovação da reforma.

Este projeto prevê a desconstitucionalização da Previdência, facilitando novas reformas futuras com aprovação de maioria simples no Congresso. Também decreta o fim da aposentadoria por tempo de contribuição, do acúmulo de aposentadoria com pensão e da vinculação do benefício previdenciário ao salário mínimo. Impõe idades mínimas de 62 e 65 para mulheres e homens, respectivamente, com projeção de aumento gradual a medida que a expectativa de vida também aumente. Além disso, determina em 20 anos o tempo de contribuição mínimo para a aposentadoria com benefício de 60% (calculado com base na média de todas as contribuições realizadas e não mais a média sobre 80% das maiores contribuições). Para o benefício integral, o trabalhador deve ter, além da idade mínima, 40 anos de contribuição. Isto, num país onde o desemprego já apresenta indícios de tornar-se estrutural, pois não há recuperação dos postos de trabalho. O índice do desemprego de longa duração atinge 4,8% da força de trabalho. No total, o desemprego soma 27,9 milhões de desocupados, além de 4,9 milhões de desalentados. Ou seja, não há perspectiva de o trabalhador médio brasileiro reunir os critérios de idade e tempo de contribuição para se aposentar. A reforma da Previdência significa, na prática: trabalhar até morrer!

O projeto também disciplina estados e municípios a criarem a Previdência Complementar e lhes dá autonomia para cobrança de até 22% na alíquota previdenciária de servidores públicos. Outra mudança proposta no projeto é do sistema de repartição social da previdência para o regime de capitalização, no qual a contribuição do trabalhador é gerida pelos bancos no mercado financeiro. Além disso, a reforma acaba com as aposentadorias especiais de professores e trabalhadores rurais e determinará para alguns tipos de pensões, a metade de um salário mínimo. Num contexto de alto desemprego e terceirização dos postos de trabalho, muito próximos à informalidade, a Reforma da Previdência representa, na prática, o fim da seguridade social.

 AS DIREÇÕES APOSTAM NA SAÍDA PARLAMENTAR E NÃO NA LUTA DOS TRABALHADORES!

As direções políticas e sindicais continuam apostando na pressão parlamentar e na crise política do governo para retardar a aprovação da reforma. Esperam que, como no governo Temer, a crise política paralise os trabalhos do Congresso e que a pressão parlamentar resulte na ausência de votos suficientes para a aprovação da reforma, demonstrando total adaptação ao Estado democrático burguês.  Os partidos reformistas e centristas priorizam, na discussão da reforma, a questão da existência ou não do déficit na Seguridade Social e apontam como “saída” políticas de administração do estado burguês como taxação de fortunas e execução das dívidas de empresas devedoras de impostos.

O fato é que não se posicionam contra a Reforma da Previdência, mas contra este projeto de Reforma da Previdência e, portanto, pretendem abrir espaço para negociá-la em melhores condições. Como o faz, por exemplo, a CNTE condicionando o chamado à Greve Geral da Educação à tramitação da Reforma na Câmara e, ao mesmo tempo, constituindo com seus parlamentares uma Comissão de Educação para propor alterações no projeto que atenuem as regras de aposentadoria para professores. Ou seja, ao invés de organizar a base e construir um plano de luta com métodos próprios da classe trabalhadora, canalizam a luta para dentro do parlamento, como forma de garantir o aparato sindical totalmente colado ao estado burguês e, portanto, sua própria sobrevivência como burocracia sindical.

É mais do que urgente que os trabalhadores deem uma batalha pela independência de classe no interior dos sindicatos, recuperando-os das burocracias sindicais, para colocar em pé um plano de lutas classista que derrube a Reforma da Previdência e demais ataques do governo. Não há saída para os trabalhadores dentro da democracia burguesa! É preciso unificar trabalhadores e estudantes na construção da Greve Geral por tempo indeterminado pela derrubada da Reforma da Previdência!

La burguesía “nacional” se encuentra incomoda por el momento económico que vive el  país. Las  cifras muestran que el crecimiento y el repunte esperado con la nueva administración de Piñera no se ve reflejada en sus ganancias: Los fuertes desequilibrios que provoca la ofensiva de la política del imperialismo norteamericano a nivel mundial, especialmente con la guerra comercial, tienden a impactar en la economía dependiente de los vaivenes de los mercados internacionales, en especial en la exportación de commodities impactando de lleno en la exportación de cobre. Es en último caso donde más se refleja la crisis, donde la plana mayor de Codelco ha desplegado todo una serie de mediadas antiobreras para bajar los costos de producción y que le permitan así ser una empresa “competitiva” en el mercado mundial. Para esto ha implementado una serie de ataques que se ven reflejados en despidos, así como en quitas de conquistas donde afecta no solo a los trabajadores que trabajan directamente en la empresa sino a los trabajadores de empresas contratistas impactando a una gran variedad de ramas económicas y a los laburantes de dichas ramas. Además, el desarrollo de la crisis comienza a expresarse en un aumento de cierres de empresas de distintas ramas donde se arroja a la cesantía a una cantidad enorme de trabajadores.

Por otra parte la burguesía viene impulsando leyes que buscan revertir la situación de tendencia decreciente de la tasa de ganancia mediante proyectos de ley  laborales que buscan aumentar la tasa de explotación en la clase trabajadora, además de mediante facilidades tributarias permitir un mayor estímulo a las ganancias con el supuesto de estimular la inversión privada.

La burocracia sindical

La CUT convoca a un paro nacional para el 11 de abril, de carácter similar al llevado a cabo el año pasado, que coincidió con el despliegue de la negociación salarial de trabajadores públicos aunque con escasa incidencia en la producción. Fundamentalmente se han plegado los trabajadores estatales mediante la ANEF y docentes. Este paro viene impulsado principalmente por la burocracia sindical ligada al PC que cogobierna la CUT con el DC Nolberto Díaz, y ya podemos ver que el pliego tiene un claro carácter de conciliación de clases, ya que se busca presionar al gobierno para mejor posicionarse en la negociación con el Estado. Este reacomodo ante el gobierno, busca de alguna manera llevar las luchas al parlamento donde se encuentran en un plan de revivir algún proyecto de oposición burguesa. Por lo que no podemos esperar de la burocracia algún elemento programático que esté a la altura de los ataques que viene descargando el imperialismo y las sub-burguesías en la región.

Por un congreso obrero de delegados de base para discutir un programa y un plan de lucha para enfrentar los ataques.

La clase obrera debe dotarse de un programa para enfrentar los ataques de los capitalistas y su Estado, que descarga los costos de la crisis que ellos provocaron sobre los hombros de la clase trabajadora. Lo podemos ver acá en Chile, pero con distintos grados también lo vemos en toda Latinoamérica, tanto en fracciones burguesas en los gobiernos más recostadas en el imperialismo como en Argentina, Brasil, etc, como las fracciones burguesas que buscan regatear con el imperialismo como en Venezuela y Nicaragua, etc. Es por eso que la clase obrera debe retomar lo mejor de su programa histórico desarrollando el control obrero de las ramas económicas donde poder discutir la forma de implementar la escala móvil de salario y de horas de trabajo enfrentando abiertamente a los despidos e incluso planificando la incorporación de desocupados en las distintas ramas productivas. La imposición de medidas como esta por supuesto hará enfurecer a la burguesía, por lo que no será pacíficamente ni mediante leyes votadas en un parlamento burgués donde podremos imponerlas sino en el terreno de la producción y el desarrollo de la luchas de clases.

Estas y otras medidas podrán discutirse en un congreso obrero de delegados de base de los sindicatos especialmente de la minería e industria, que lleve a cabo la unificación de filas del movimiento obrero recuperando nuestros sindicatos de manos de la burocracia y levantando las banderas de una sola Central de trabajadores votando un plan de lucha para enfrentar  al gobierno, la burguesía y la ofensiva imperialista en curso.

10-04-19

El asesinato del comunero mapuche Camilo Catrillanca a manos del grupo especial de carabineros denominado “comando jungla” abrió en el gobierno una crisis política de envergadura. Mentira tras mentira fue cayendo pese al intento de la prensa burguesa de blindar al aparato represivo del Estado o justificar el accionar de la policía, quienes mantienen militarizada la zona de la araucanía con grupos especiales entrenados por expertos oficiales contrarrevolucionarios en Colombia, como parte de la política militar que mantiene el imperialismo norteamericano hacia la región.

A la histórica y sistémica represión ejercida hacia las comunidades mapuches de parte del Estado chileno, hay que agregarle una política agresiva de parte de EEUU quien de forma directa o indirecta comanda a los gobiernos latinoamericanos a aplicar operaciones represivas, desplegando sus fuerzas contra las manifestaciones de masas como sucede en Argentina, que viene acompañando la política de ajuste y expropiación generalizada del salario vía la devaluación, con una feroz represión hacia las masas, como se demuestra en el sitio porteño para defender la cumbre de países imperialistas y cortesanos como el G20. También en Brasil, que con el triunfo de Bolsonaro, profundizará la militarización de Río de Janeiro extendíendola hacia otras regiones para hacer pasar los planes del imperialismo sometiendo a la clase trabajadora y la población a que pague la crisis capitalista.

Es así que el gobierno de Piñera, venía intentando realizar un lavado de cara de Carabineros, ante el desprestigio ocasionado por casos de corrupción, falsificación de pruebas como “operación huracán” y toda clase de delitos que ponía al descubierto el carácter lúmpen de estos agentes desclasados, organizados por el Estado para la defensa de la propiedad privada capitalista. A esta exposición de carabineros se le vino a sumar los casos de corrupción por venta de armas por parte de oficiales y suboficiales a las bandas de narcotraficantes que pone en cuestión ante las masas el verdadero rol del aparato represivo y militar del Estado semicolonial. Estos sucesos no son hechos aislados sino que expresan la descomposición del semi-estado burgués, un subproducto genuino de la crisis que corroe al capitalismo a nivel mundial.

Del garrote y la zanahoria

La política del gobierno de Piñera venía acompañada de una batería de medidas que pretendía involucrar directamente al empresariado en las políticas “sociales”. Parte de esto fue colocar de ministro de desarrollo social a Alfredo Moreno, representante directo de la CPC, y luego levantar un “Compromiso País” donde los empresarios, los expropiadores de la riqueza social, cínicamente detectan “grupos vulnerables” y se abocarán “personalmente” a plantear obras de caridad o levantar nuevas fundaciones con el fin de abordar estos problemas de forma directa ante la debilidad de las mediaciones. Problemas generados por ellos mismos para los que no tienen solución alguna.

Del mismo modo en la Araucanía, el ministro Moreno había desplegado en terreno el “Plan Araucanía” cuyos ejes principales eran meter dentro de un arco de conciliación a trabajadores, campesinos, representantes mapuches, empresarios y gobierno, en un compromiso de desarrollo de infraestructura para la región que incluiría también la promesa de reforzar algunas escuelas, hospitales y servicios básicos. Algo que despertaba ciertas esperanzas en una región donde la pobreza, el trabajo en negro, la falta de servicios como agua o alcantarillado doblan o triplican la media nacional. Por supuesto que este plan debía estar acompañado con la profundización de la militarización de la zona, el pilar represivo del Estado.

Este plan no significaba otra cosa que un intento de fortalecer a la rama forestal de la región, quienes vienen amasando cuantiosas ganancias, para darle una mayor dinámica de negocios, paz social e infraestructura productiva. El asesinato de Catrillanca hizo saltar por los aires este artificioso plan el que el tandem Chadwik y Moreno se desviven por salvar.

Operación lavado de cara 2

La solidaridad con las comunidades mapuches que despertó en la población el brutal asesinato de Catrillanca, removió la sillas de los parlamentarios de la oposición burguesa quienes exigían “justicia para Catrillanca”, desentendiéndose de sus propias responsabilidades en los asesinatos de otros comuneros y activistas durante su gobierno, y de obreros en lucha como Rodrigo Cisterna o Nelson Quichillao. Por los pasillos parlamentarios empezó el circo de las interpelaciones ministeriales al ministro del interior y el director de Carabineros. Unos ofuscados parlamentarios del Frente Amplio pedían “autocríticas” a la labor del gobierno, y sólo se limitaban a cuestionar la presencia de grupos especiales de carabineros, no la represión en si misma. Este corso de charlatanes se desviven por una limpieza democrática de la institucionalidad represiva. Quieren que se ejerza un “control civil” de esta institución sin cuestionar su función social. Juntos se suman al discurso de que existen carabineros buenos y carabineros malos, para extirparle a la democracia los segundos. Simbólicamente resolvieron dar $1 a los gastos reservados y así, a su imagen y semejanza, hacer de los represores hombres honestos al servicio de los ricos.

Wallmapu, Estado y poder obrero

Hace más de un siglo que se estructuró el Estado chileno en el proceso de formación de los llamados “Estado nación” del capitalismo. Al igual que el conjunto de los países latinoamericanos el desarrollo del imperialismo imprimió las formas de dominación desarrollando poderosas clases obreras alrededor de los medios de producción imprimiendo a  la semicolonia un carácter combinado de formas arcaicas y modernas. La opresión y represión de las pueblos originarios fue una característica del Estado que se mantiene hasta nuestros días y que tuvo lugar con la evolución del reparto de la tierra y el desarrollo de la industria como la forestal. Inútil es, como pretenden las agrupaciones pro-mapuches, bregar por girar al revés la rueda de la historia para convertir a toda la patagonia en territorio indígena como símbolo de lucha contra el Estado burgués. La diferenciación de clases del llamado “pueblo” mapuche es evidente. Al interior de las comunidades mapuches prima una economía campesina de subsistencia, cuando no se dedican al cultivo de bosques en comodato de las forestales. La composición de la mayoría de la clase trabajadora forestal tiene ascendencia mapuche. Así también vemos a capataces mapuches asociados y ligados al Estado y los capitalistas.

Desde distintos partidos partidos patronales levantan la idea de que el “Plan Araucanía” debe ser complementado con un plan político de integración del pueblo mapuche, proponiendo su reconocimiento constitucional y una ley de cuotas para la representación parlamentaria. Algo que es apoyado y levantado tanto por el PC como por el Frente Amplio. Es decir, pretenden cooptar a un sector para que sea integrado al Estado burgués, en una receta parecida a la de Evo Morales y su “Estado plurinacional”, en definitiva, fortalecer al Estado capitalista como organo reaccionario.

Los revolucionarios luchamos por la destrucción del aparato burocrático militar del Estado. Una tarea estratégica de envergadura para que la clase obrera se prepare para ejercer el poder político como modo de transición hacia el socialismo. Y esta destrucción del Estado debe desbordar las formas del actual Estado capitalista para extenderse por todo el continente para conquistar una Federación de Estados Obreros Socialistas de América. Esta tarea sólo puede ser acaudillada por el proletariado organizado en clase dominante. En este proceso revolucionario el proletariado debe luchar contra el Estado codo a codo con las sectores explotados y oprimidos del pueblo mapuche, bregando por su diferenciación de clases, por el desarrollo de la revolución agraria y la planificación de la producción, para lo cual será necesario levantar la necesidad de la autodeterminación de las comunidades mapuches en el seno de la dictadura del proletariado.

La tarea del momento para la juventud y el activismo obrero es la de luchar por el castigo a los asesinos de Camilo Catrillanca, luchar por la desmilitarización de la Araucanía y la disolución de carabineros; ninguna confianza en las comisiones investigadoras parlamentarias; preparar junto a los sindicatos los mecanismos de defensa para repeler y derrotar la represión del Estado burgués.

13-12-18

Ya va más de un mes de paro de los trabajadores portuarios, un sector de la clase obrera que viene protagonizando una importante lucha contra una de las patronales más fuertes. Esta lucha de los trabajadores viene dar luz sobre las condiciones precarias e inestables de este sector obrero donde su salario depende de la disponibilidad de los turnos, sin derechos laborales y sociales, en una ciudad con altos índices de cesantía y pobreza, donde por ejemplo los incendios han arrasado los hogares donde viven las familias obreras. La respuesta de la patronal ha sido de mantener una línea dura contra los trabajadores, buscando reventar la huelga mediante el accionar represivo, que incluye golpizas a trabajadores, seguimiento a dirigentes, represión policial y de la marina, además se suma la utilización de rompehuelgas,  ingresando y destrozando la histórica sede sindical sede sindical (su mobiliario, estandarte, vidrios y todo lo que encontró a su paso la furia e impotencia de carabineros que no pudo bajar del techo a los trabajadores que enfrentaban la represión).

El gobierno está tratando de mantener también la línea represiva y además de señalar que este es un conflicto entre privados, esto que es hipocresía pura ya que son ellos los que administran el Estado burgués que les otorga las concesiones a esta empresas, que son ellos que le garantizan “ la paz social”  para reprimir esta lucha. Lo que sí están tratando de  evitar se les abra otro flanco de una mayor crisis, donde el gran empresariado presiona para que esta movilización pare y no escale más allá. Por ello intervinieron el pasado 18 de diciembre para llegar a un preacuerdo, firmado y aprobado por la directiva sindical la que no podía hacerlo pasar sin la consulta a la asamblea, algo que era visto como peligroso por las cámaras empresarias. Y tenían razón, la asamblea no podía aprobar este acuerdo entre los dirigentes Kimpel-Rojas y el gobierno que consistía en agregar a la miserable giftcard de $ 250 mil, un incentivo estatal a pagar en 2 cuotas a en enero y fin de febrero por un “curso de capacitación”. Algo que suena ridículo e insultante para los trabajadores que llevan casi 40 días de paro y que son trabajadores especializados en las labores de estiba, que poco y nada les aportará este tipo de curso. Por lo mismo la asamblea unánimemente rechazó el acuerdo Kimpel-Rojas-Monkenberg

El alcalde Sharp (F.A.) junto con la oposición burguesa  ha llamado a los empresarios a dialogar y ha condenado los hechos de violencia, para que el conflicto no escale, es decir, buscando evitar que se ponga en el centro la lucha de clases. Pretende que se cierre la lucha en las instituciones del Estado, mal que le pese a su discurso autonomista, buscando discursivamente impulsar alianzas de clase territoriales dirigidas por la pequeñoburguesía, cuando lo que en realidad se necesita es la alianza de toda la clase trabajadora en la producción  para enfrentar los ataques de las patronales y la miseria que el capitalismo genera en las familias obreras.

Plan de lucha y programa obrero

La clase obrera portuaria ocupa un importante papel puesto que es parte de la rama de la economía donde se desarrolla la circulación de  mercancías, esto lo saben las patronales donde reclaman por las pérdidas en sus ganancias, en particular en la patronal agroexportadora que ve perder la producción y vencer las fechas de entrega

Los trabajadores de la Unión Portuaria vienen haciendo paros parciales de solidaridad de norte a sur en apoyo a lucha de sus hermanos de clase. Es central que se discuta un plan de lucha unificado para ir en auxilio los trabajadores porteños. Es central que la Unión Portuaria convoque  a un congreso de emergencia de delegados de base a nivel nacional, con mandato de asambleas, donde  se convoque a un paro nacional, se levante un pliego único y se haga sentir el peso de los trabajadores. Esta medida deberá ser acompañada por la solidaridad activa entre los trabajadores de las principales ramas económicas como por ejemplo los trabajadores mineros que también han venido protagonizando luchas contra los ataques de las mineras como en Chuquicamata. Con todo se debe  discutir un programa obrero que parta entre otros puntos con la consigna de pelear por poner fin al trabajo eventual, partiendo por imponer la escala móvil de horas de trabajo, calculada por el trabajo conjunto de permanente y eventuales, estableciendo un piso mínimo de turnos y horas al mes determinado por el costo de la canasta familiar, junto con imponer que se garanticen todos los derechos laborales y sociales.

Es importante recuperar los sindicatos de manos de burócratas sindicales para luchar contra los planes del gobierno, la patronal como la de Von Appen y los planes de ajuste y represión dictados por el imperialismo. Es necesario levantar fracciones obreras revolucionarios en los sindicatos para pelear por un programa obrero para enfrentar los ataques patronales y la miseria generalizada del capitalismo en descomposición

21/12/2018

Las política de recorte y ajuste del gobierno de Piñera, a tono con lo exigido por el imperialismo en varios países de la región, ha significado el despido de más de 4000 funcionarios públicos. La mayor cantidad de éstos han acontecido luego de que la burocracia sindical de la ANEF/CUT/Colegio de Profesores cerrara, bajando las medidas de lucha por un reajuste miserable de 3,5 %, apenas un 0,6% por arriba del IPC.

Justamente fue Bárba Figueroa quien celebró el acuerdo dado que contenía el compromiso de no realizar despidos “injustificados”, como si pudiera justificarse dejar familias en la calle y negarles el mínimo derecho al trabajo.

Ante los despidos llamaron a un día de paro, el que se diluyó en una vuelta al trabajo a realizar reuniones informativas. Por supuesto que la intención era posibilitar que la discusión pasara al parlamento donde los partidos madre de la burocracia sindical (ex Nueva Mayoría) debían ponerle el broche de oro de votar el reajuste para no quedar con las manos vacías y poder seguir mostrando un triunfo.

Y esta situación de ajuste se da por ante un programa de gobierno que plantea “sacar la grasa del Estado”, y no está hablando de los charlatanes y arribistas de toda índole que pueblan los pasillos de los ministerios, el parlamento o demás instituciones del Estado burgués. Habla directamente de que la crisis capitalista la deben pagar los trabajadores y sus familias, los que mueven las escuelas, los hospitales, los consultorios, etc. Además que el gobierno pretende establecer un parámetro insignificante para el resto de negociaciones salariales públicas y privadas.

La pelea por el botín de cargos en el Estado entre los distintos agrupamientos políticos burgueses o pequeñoburgueses es una característica de estos sectores sociales, de políticos profesionales, que exigen su recompensa por la labor de sostenedores del ordenamiento capitalista. Esta es la burocracia estatal de la que también se nutre y se articula la burocracia sindical. En esta pelea quedan entrampados los trabajadores de las escuelas, los hospitales y demás servicios estatales quienes en otros años han sabido desplegar movilizaciones y paros contundentes.
Es prioridad que los trabajadores del Estado se desembaracen de la tutela de los partidos burgueses como el PS, PC o DC, expulsen de las organizaciones sindicales a las burocracia sindical y recuperen estos organismos para luchar contra los planes de ajuste del imperialismo, desplegar una lucha desorganizando al Estado e imponer demandas tales como el fin del trabajo a contrata y honorarios, reincorporación de todos los despedidos  y salarios acordes al costo de canasta familiar.

16-12-18

El pasado jueves 10 de enero, Nicolás Maduro asumió su 2º período como presidente venezolano. Las elecciones presidenciales fueron el 20 de mayo de 2018, con una abstención mayor al 70%, mostrando la precariedad institucional del poder burgués en el país. Desconociendo aquellas elecciones, la oposición venezolana se ha atrincherado en otra institución de la república burguesa, la Asamblea Nacional, plataforma desde la cuál el derechista Juan Guaidó se ha autoproclamado “presidente encargado” el 23 de enero. La jugada está indudablemente dirigida desde Washington, que reconoció a Guaidó en su “encargo” en menos de 30 minutos. El imperialismo, comandado por Trump, venía llamando a desconocer al gobierno de Maduro desde el 10/1, primero a través de los gobiernos cipayos del llamado grupo de Lima (a excepción de México, que se postula como mediador) y luego abiertamente a través de funcionarios de su administración como Bolton, Pompeo, y el propio vicepresidente Pence.

Guaidó ha tomado como eje de su orientación el llamado a las fuerzas armadas (FAB) a rebelarse. La oposición burguesa venezolana, frente a su propia debilidad, comprende que la clave de la situación es la relación de fuerzas a nivel continental y ha leído la ofensiva de Trump y la asunción de Bolsonaro como una oportunidad para dar una salida favorable a sus intereses (los mismos que los del imperialismo) a la crisis que atraviesa desde hace años al país. Y es que las bases de la economía capitalista se vienen deteriorando de forma acelerada en los últimos años, con una inflación galopante que ha destruido el salario obrero y empujando a cientos de miles a la migración por el desabastecimiento de productos alimentarios, médicos y sanitarios. Este descalabro económico, sin dejar de ser responsabilidad del gobierno chavista, es indudablemente parte de la crisis capitalista mundial.

Presión imperialista

            La presión norteamericana sobre Venezuela y el conjunto de la región se hace cada vez más evidente y quedó expuesta particularmente con el operativo montado el 23 de febrero en las fronteras, a través del cuál Guaidó buscó introducir camiones con alimentos y medicinas donados por EEUU y Colombia, buscando presionar a las fuerzas de seguridad dirigidas, que hasta ahora no han respondido favorablemente a las ofertas y amenazas del propios Trump para que abandonen a Maduro y se cambien de bando. El objetivo era quebrar la disciplina de las fuerzas, mostrando que el régimen bolivariano no puede controlar sus fronteras, utilizando a sectores de masas movilizados por la crisis económica y social como carne de cañón. Si este objetivo no era conseguido, pretendían filmar en vivo una masacre que fuera interpretada como una de las famosas “líneas rojas” del imperialismo (como las que fijó Obama en Siria en relación a la utilización de armas químicas), es decir, un pretexto para justificar una intervención militar a la que Trump se hubiera visto cínicamente “obligado”, sobre la sangre del pueblo desesperado. Finalmente, esta operación fracasó al no lograr ni lo uno ni lo otro, y dejando a Guaidó en una gira obligada por Colombia y Brasil buscando rearmar la ofensiva desde el exterior. El fracaso de la opereta “humanitaria” del imperialismo, no obstante, está lejos de cerrar la crisis en curso. El apoyo de Rusia y China a Maduro tienen un límite, al igual que la sostenibilidad de una economía capitalista en franco derrape.

Dos bandos burgueses

            Bajo esta pelea cada vez más descarnada por el poder están los intereses por el control de los enormes recursos económicos de Venezuela y de toda la región. Trump está lanzando una cruzada para desalojar a China de las posiciones conquistadas durante el período de gobiernos bonapartistas sui generis de la década pasada, que debieron lidiar con una agenda marcada por semiinsurrecciones espontáneas frente a las consecuencias de las políticas del consenso de Washington en diferentes países como Argentina, Bolivia, Ecuador y la propia Venezuela. La actual ofensiva del imperialismo por imponer una nueva orientación se hace sentir con toda crudeza, y los resabios de esos gobiernos anteriores que no han sabido acomodarse a la situación (a diferencia de Evo Morales, nuevo amigo de Bolsonaro y Macri, y viejo aliado de las petroleras) son un blanco predilecto para una política mucho más abarcadora. Y es que toda la región, a través de gobiernos más directamente alineados al amo yanqui, está siendo sometida a los paquetes de reformas laborales, previsionales y fiscales, educativas y de salud, entre otras, a pedido del imperialismo y los intereses de las grandes empresas del capital financiero internacional.

            Si la lucha por los recursos y el control de los mercados es descarnada, y abre una pelea por el poder, lo trágico es que la crisis de dirección revolucionaria impide por el momento al proletariado venezolano y de toda la región presentar una salida progresiva a través de una acción independiente y de clase. No podemos dejar de señalar cómo todas las expresiones de centroizquierda y progresistas de la región han contribuido a esta tragedia, alimentando expectativas en agentes del capital como los Chávez, los Lula, los Evo y los Kirchner. Más penoso aún es que corrientes de la izquierda trotskista hayan hecho lo propio, buscando dialogar con “las masas”, embelleciendo a los gobiernos latinoamericanos a lo sumo como el “mal menor” frente a la derecha “neoliberal”. El último ejemplo de esto es el llamado de corrientes como la FT-CI, el PO argentino, el SOB o la UIT-CI a apoyar, más o menos abiertamente, al petista Fernando Haddad en la 2º vuelta electoral en Brasil contra Bolsonaro.

 Oponer al imperialismo la lucha revolucionaria del proletariado

            El desarrollo de la crisis venezolana ha dejado expuesto el rol central de las fuerzas armadas como núcleo central del estado capitalista. Por eso los llamados desesperados de la oposición para atraerlas a su bando y los constantes gestos de Maduro para mostrar el apoyo de las bayonetas a su gobierno, tal como lo expuso en su último discurso el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López. Por eso las amenazas de Trump a la alta oficialidad, diciéndoles que van a “perder todo” si no se pasan de inmediato al bando de Guaidó. La situación de polarización que se vive en Venezuela no debe ser tomada como una excepción, sino como el preludio de los choques políticos y sociales que generará la política norteamericana en el continente.

            La política de reformas impulsadas por el imperialismo ya ha encontrado resistencia en los países donde se está aplicando. No sólo en América Latina, sino también en Europa, donde los chalecos amarillos vienen enfrentando la política de desmantelamiento del estado de bienestar de Macron. Los procesos de masas irrumpen contra los planes de ajuste, pero aún se desarrollan dentro de la legalidad burguesa y con direcciones reformistas y, en gran parte de estos procesos, el proletariado interviene de forma diluida.

            Los revolucionarios debemos enfrentar la situación con audacia y sin engañar al proletariado. La política de clase debe orientarse a romper la envoltura democrática del Estado burgués, envoltura cada vez más tenue y casi inexistente en los países latinoamericanos. Seguir sembrando ilusiones en las formas democráticas de la burguesía, que en realidad pretenden ocultar la dominación de clase del imperialismo, es un error con consecuencias funestas para los trabajadores y las masas.

            La necesidad de recuperar los sindicatos y a partir de ello organizar la autodefensa es una tarea de primer orden en Venezuela. Frente a la evidente negociación con el imperialismo que viene sosteniendo la alta oficialidad de las Fuerzas Armadas Bolivarianas, donde discuten como podrían repartirse el botín de las riquezas del país, los sindicatos y organizaciones obreras tienen que llamar a la tropa a sublevarse contra la oficialidad y defender las medidas y acciones de la clase obrera. El control obrero por ramas económicas se impone como única salida al descalabro económico a que someten al pueblo Maduro y la oposición pro imperialista. Un congreso de delegados con mandato de base es una política a levantar en cada fábrica y establecimiento, para unificar a nuestra clase en la necesidad de enfrentar al Estado con un plan de lucha y discutir un programa de salida obrera a la crisis generada por los capitalistas.

            Las actuales debilidades organizativas de la clase obrera venezolana pueden y deben ser superadas con el apoyo decidido de los trabajadores de todo el continente, empezando por el proletariado norteamericano, que desarrolla importantes experiencias de organización y lucha contra Trump y el Estado imperialista. Abrir las puertas de los sindicatos de los diferentes países de la región para la organización de los trabajadores venezolanos desplazados es una tarea internacionalista de primer orden que debe encarar todo revolucionario.

            Se trata de una pelea a muerte contra el imperialismo, que viene a recuperar las posiciones en su patio trasero. Una lucha antiimperialista y revolucionaria, que debe partir de sacar balance de los gobiernos de la etapa anterior que lejos de enfrentar al imperialismo sentaron las bases para la debacle actual. Y luchar por la dictadura del proletariado y su extensión internacional en una Federación de Repúblicas Socialistas de América Latina.

            Sostenemos la necesidad de desarrollar una Conferencia Latinoamericana, para poder discutir de cara a la vanguardia y ayudar a su desarrollo en países como Venezuela y otros países de la región, para impulsar tareas internacionalistas que permitan afianzar núcleos revolucionarios y una lucha política entre las tendencias que nos reivindicamos del trotskismo para aproximarnos a sentar las bases de una dirección revolucionaria. Llamamos a la LIT-CI, la CRCI, FT-CI y organizaciones que aún reivindiquen la dictadura del proletariado y la reconstrucción de la IV Internacional a tomar en sus manos la realización de dicha Conferencia para discutir un programa transicional.

¡Abajo la injerencia imperialista en Venezuela!

¡Fuera las tropas de Haití!

¡Por una Federación de Repúblicas Socialistas de América Latina!

Febrero 2019

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Más de un mes duró el paro de los trabajadores portuarios, un sector de la clase obrera que protagonizó una de las más importantes luchas de los últimos años contra una de las patronales más fuertes del país. Esta lucha de los trabajadores vino a dar luz sobre las condiciones precarias e inestables de este sector obrero donde su salario depende de la disponibilidad de los turnos, sin derechos laborales y sociales, en una ciudad con altos índices de cesantía y pobreza, donde por ejemplo los incendios han arrasado los hogares donde viven las familias obreras. La  línea dura contra los trabajadores, llevada a cabo por la patronal que buscó reventar la huelga mediante el accionar represivo, que incluyó golpizas a trabajadores, seguimiento a dirigentes, la utilización de rompehuelgas, la represión policial y de la marina, la represión se dirigió contra el sindicato ingresando y destrozando la histórica sede (su mobiliario, estandarte, vidrios y todo lo que encontró a su paso la furia e impotencia de carabineros que no pudo bajar del techo a los trabajadores que enfrentaban la represión).

El gobierno después de señalar que este era un conflicto entre privados salió a evitar que se les abriera otro flanco de una mayor crisis, donde el gran empresariado presionaba para que esta movilización pare y no escalara más allá. Por ello intervinieron directamente primero el 18 de diciembre para llegar a un preacuerdo, firmado y aprobado por la directiva sindical la que no podía hacerlo pasar sin la consulta a la asamblea, algo que era visto como peligroso por las cámaras empresarias, preacuerdo que la asamblea rechazó unánimemente. Al final en una segunda ocasión los dirigentes Kimpel-Rojas y el gobierno lograron un preacuerdo que implica una giftcard de 250.000, un préstamo de 550.000 y un aguinaldo de 75.000. Para enero un curso de capacitación de 400.000 y un bono de 750.0000 para enero (los trabajadores pedían 2 millones). En todo momento los dirigentes se la jugaron por imponer este acuerdo. Una propuesta que no se condice con los casi 40 días  de huelga de los trabajadores y las posibilidades de extenderse el conflicto en la rama portuaria, donde ya había habido paros y diversas expresiones de solidaridad. Pese a todo los trabajadores lo han considerado un triunfo ante la intransigencia patronal, lo cual es un punto de apoyo para avanzar en lucha y organización. Lo fundamental es que este acuerdo no cierra el conflicto puesto que las condiciones de “eventualidad laboral” se mantienen en los portuarios, solo es un paliativo insultante hacía los trabajadores que han protagonizado esta enorme lucha.

Por su parte el alcalde Sharp (F.A.) junto con la oposición burguesa hicieron insistentes llamado a los empresarios a dialogar junto con haber condenado los hechos de violencia, para que el conflicto no escalara, es decir, buscando evitar que se ponga en el centro la lucha de clases. Pretendiendo cerrar la lucha en las instituciones del Estado, mal que le pese a su discurso autonomista, buscando discursivamente impulsar alianzas de clase territoriales dirigidas por la pequeñoburguesía, cuando lo que en realidad se necesitaba es la alianza de toda la clase trabajadora en la producción para enfrentar los ataques de las patronales y la miseria que el capitalismo genera en las familias obreras.

Los dirigentes de la Unión Portuaria buscaron que el gobierno de Piñera intercediera en el conflicto impulsando mesas de diálogo que llevaran a proyectos de ley que establezcan la base de “derechos laborales” para los trabajadores eventuales. Como era de esperar el gobierno intenta dar respuesta a esta situación indicando que la salida es precarizar aún más las condiciones de trabajo ante las innovaciones técnicas en la producción (lo que no viene al caso dado que las nuevas grúas asisten a naves de mayor dimensión requiriendo la misma fuerza de trabajo).

Esta orientación de llamar a confiar en proyectos de ley o en la política de presión al Estado burgués, será nefasta para los trabajadores portuarios quienes han enfrentado el accionar tanto de la gestión en representación directa del empresariado de los ministros de trabajo y transporte  (Monckenberg/Hutt), como la represión abierta y descarnada de parte de ese mismo Estado.  Si bien han llevado a cabo acciones nacionales en solidaridad, la orientación planteada por la directiva y los asesores legales se dirige a contener, desviar y desmotivar la fuerza de los trabajadores portuarios para irse colocando como una nueva mediación de la dominación capitalista. Luchar contra la burocratización de la Unión Portuaria, que surgió como un ejemplo de organización y de lucha de todo un sector obrero agrupado en una  rama, promoviendo a nuevos dirigentes, desplazando a los burócratas históricos y luchando por la independencia de los sindicatos del Estado, será una tarea central para la vanguardia obrera en el próximo periodo.

La necesidad de un programa obrero

La clase obrera portuaria ocupa un importante papel, puesto que, es parte de la rama de la economía donde se desarrolla la circulación de mercancías, esto lo saben las patronales que reclaman por las pérdidas en sus ganancias, en particular en la patronal agroexportadora que ve perder la producción y vencer las fechas de entrega.

Es central  que como balance se discuta la necesidad de  un congreso de delegados de base a nivel nacional, con mandato de asambleas, donde se discuta un programa obrero que parta entre otros puntos con la consigna de pelear por poner fin al trabajo eventual, partiendo por imponer la escala móvil de horas de trabajo, calculada por el trabajo conjunto de permanente y eventuales, estableciendo un piso mínimo de turnos y horas al mes determinado por el costo de la canasta familiar, junto con imponer que se garanticen todos los derechos laborales y sociales.

Es importante recuperar los sindicatos de manos de burócratas sindicales para luchar contra los planes del gobierno, la patronal como la de Von Appen y los planes de ajuste y represión dictados por el imperialismo. Es necesario levantar fracciones obreras revolucionarios en los sindicatos para pelear por un programa obrero para enfrentar los ataques patronales y la miseria generalizada del capitalismo en descomposición.

Diciembre 2018