Repudiemos el chantaje de la patronal camionera, enfrentemos al Estado capitalista

La confederación nacional de transporte de carga (CNTC), qué representa a un tercio de las patronales transportistas, ha convocado a un bloqueo de la circulación de camiones, en lo que el representante del gremio empresario, Sergio Pérez, ha llamado "manifestación nacional contra la delincuencia". La exigencia central de esta acción es el llamado a la aprobación de 13 leyes represivas tales como la ley antiencapuchados, la modernización de carabineros y la PDI, el aumento de penas al robo a las forestales, control de armas, la ley Piñera sobre protección militar de “infraestructura crítica”, etc.

Este bloqueo lock out parcial a la circulación de mercancías no ha contado con la adhesión de las otras agrupaciones empresarias de camiones como ChileTransporte o la mayoritaria CNDC (confederación nacional de dueños de camiones), quienes han señalado solapadamente la injerencia política gubernamental en este movimiento, así como también prefieren optar por apuntalar la noción de unidad nacional en la recuperación económica.

Entrando en el tercer día de bloqueo el efecto ha sido limitado pero según los propios dirigentes el hecho de que el 94% del transporte de mercancías sea efectuado por camiones de carga lleva a las industrias a retener las salidas de producción en particular hacia los puertos, lo que explica el apoyo limitado del empresariado a esta medida. Lo que de todas maneras no ha impedido las voces de solidaridad de las cámaras patronales como la CPC o la CNC llamando a poner fin a "la violencia” por medio precisamente… de la violencia organizada del aparato estatal.
Esta acción está liderada por personajes como José Villagrán, presidente de la Federación Gremial de Asociaciones de Dueños de Camiones del Sur (Fedesur) que agrupa mayoritariamente a las empresas transportistas medianas de la zona sur, excandidato UDI, que llama permanentemente a “combatir el terrorismo” o vitorea todo exceso represivo de carabineros y militares contra las comunidades mapuches.

La oposición burguesa, salió a desmarcarse de la acción, arguyendo que no legislarán bajo presión. Cabe destacar el rol sistemático de los palamentarios concertacionistas en los diversos intentos de perfeccionar una y otra vez el aparato represivo del Estado, un aparato que evidencia a cada paso su descomposición e inestabilidad característica de todo Estado semicolonial en el contexto de crisis capitalista. Hasta el Partido Comunista se ha cuadrado con esta oposición exigiendo que se aplique la “ley de seguridad interior del Estado”, la misma que se utiliza para perseguir y encarcelar a los luchadores obreros y populares, para reprimir y desbloquear las rutas. He ahí el horizonte en el que se reflejan las diversas corrientes estatista, conquistar el botín del Estado para utilizar este aparato patronal y ponerlo al servicio de fracciones burguesas distintas, las que serán presentadas como constitutivas del “pueblo”.

La inacción del gobierno de dejar correr la medida, más allá que surge como maniobra de su propio seno, es sólo una evidencia más del carácter de clase de este bloqueo y del propio aparato estatal. La impopularidad de esta acción, aumentada por el potencial desabastecimiento de alimentos e insumos médicos, etc, que puede provocar, lleva a muchos sectores a significar la tradición de los empresarios camioneros que jugaron un rol abiertamente contrarrevolucionario, con financiamiento directo de la CIA, en la preparación del golpe de 1973. José Sandoval, presidente del Sindicato Profesional de Choferes de Camiones (Sitrach), se lamenta de haber tenido “un montón de dificultades con dirigentes sindicales de otras ramas de la producción porque nos confunden con golpistas. Yo les digo que no somos los dueños, somos los trabajadores”. Proclama que tienen “independencia como organización” y especifica  que “Este es un paro de los empresarios y, de repente, se confunde a los choferes con los dueños de camiones, en circunstancia que no es así. Nosotros tenemos que salir a hacer la pega, nos mandan a tal parte y, si no acatamos, nos exponemos porque tenemos contrato”. Si el Sr Sandoval sale hoy a hablar de que este es un “paro empresario”, es, no sólo por la impopularidad de la medida, sino porque concentra sus afiliados en la otra Confederación patronal y se alía a esta en una acción abiertamente conciliatoria. La “confusión” es la de este dirigente sindical, que habla de “independencia” cuando actúa como furgón de cola y partícipe de estos movimientos reaccionarios. El representante patronal de la CNDC, Juan Araya, que se define “socialista”, advierte que “Si esto sigue así vamos a quedar los camioneros como golpistas, y de esos camioneros del 72 ya no queda nadie”. La recurrencia del rol reaccionario de los “camioneros” va a quedar indemne mientras los que lideren sean los mismos empresarios. El rol en la generación de valor en el traslado de las mercancías es de lo que se han valido para pesar en la arena política. Pero este valor no lo generan los empresarios, sólo lo parasitan viviendo del trabajo ajeno. Es imprescindible recuperar el sindicato de choferes de camiones para una perspectiva revolucionaria, expulsar a su burocracia histórica y neutralizar las alas propatronales fortalecidas entre los mismos trabajadores.

Este bloqueo surge luego de agudizarse las condiciones de salud y la huelga de hambre por 120 días de 8 presos políticos mapuches que no entraron en la mediación y acuerdo del Gobierno con Celestino Córdoba, ‘lonko’ a quien le permitieron realizar sus actos religiosos en su comunidad.

Las comunidades mapuches reciben continuamente el hostigamiento Estatal, de las patronales forestales y de los “colonos” de la zona”. La llamada “zona roja” es el resultado de este proceso de militarización, acaparamiento de tierras y desarrollo de la industria extractiva. Es primordial que los sindicatos forestales intervengan en apoyo a las comunidades, repelan la acción represiva del Estado, repudien las acciones coordinadas de sus propias patronales para extender las explotaciones y reprimir a la juventud explotada y oprimida. No se trata de volver la rueda de la historia a formas precapitalistas de explotación agrícola, aunque usen tractores!, se trata de atacar la anarquía capitalista preparando la destrucción del aparato burocrático militar del Estado. En un momento donde la burguesía se juega a cerrar el proceso abierto con la semiinsurrección del 18 de Octubre pasado mediante un plebiscito constituyente, en un evento “cívico” burgués para sembrar ilusiones de cambio por medio de una reforma al andamiaje de su aparato estatal, la clase obrera debe intervenir con sus propios métodos y programa, impulsando un Congreso de Delegados de base de toda la clase trabajadora que ponga como horizonte la conquista del poder obrero derrocando el poder burgués.

Libertad y desprocesamieto a todos los presos políticos

Recuperemos los sindicatos expulsando a la burocracia

Levantemos un Congreso de Delegados de Base de la Clase Trabajadora.

Por un Gobierno Obrero