En momentos en que el gobierno se prepara para extender la cuarentena, queremos formular algunas consideraciones sobre la situación y cómo, a nuestro entender, deberíamos intervenir los revolucionarios.

Alberto Fernández con su grupo de notables, es decir Paolo Rocca, Acevedo, de la UIA, y lo más granado de los empresarios, definen los destinos de los trabajadores en nombre de la salud de sus negocios. Alberto, está llevando a cabo la máxima de uno de sus maestros, Néstor Kirchner, que decía “no le den importancia a lo que digo, sino a lo que hago”. Les dice “miserables” a los empresarios, pero avala los despidos de Techint; dice control de precios, pero avala sobreprecios en las compras de alimentos, y dice con acciones: entre los bancos y los jubilados, elijo a... los bancos.

Resulta llamativo que gran parte de la izquierda reclame que siga la cuarentena e intente cambiarle el contenido a esta medida estatal. Debemos ser claros, la cuarentena es una medida recomendada por la Organización Mundial de la Salud, una institución creada en la posguerra como parte del nuevo orden mundial después de la segunda guerra. Es evidente que toda política que venga de semejante organización imperialista, responsable de la destrucción de la salud y, por lo tanto, artífice de la pauperización de nuestras condiciones de vida, no va ser para favorecer a nuestra clase.

Por eso, si están en juego nuestras condiciones de explotación, no nos ofrecerán una salida favorable nuestros explotadores. Es con los métodos obreros, que son parte de nuestra historia, como los ceses de actividad, paros, huelga de brazos caídos, huelgas, es decir, paralizar la producción imponiendo un programa que enfrente al Estado como los trabajadores podremos enfrentar esta crisis.

La cuarentena es el método que tiene la burguesía, no para detener el virus, sino para garantizar su forma de dominación ante la crisis y que no colapsen sus sistemas, centralmente el de salud. Los métodos obreros, como parte de medidas transicionales, son intervenciones del poder estatal proletario que limitan de manera consciente el derecho de los capitalistas a disponer de sus bienes y su afán de lucro.

Podríamos decir que la cuarentena es una política estatal preventiva, para resguardar a los grandes capitalistas y a su clase, desorganizando a nuestra clase con la complicidad de la burocracia sindical, para preservar un semi Estado en descomposición, reforzando al aparato burocrático militar para disciplinar a las masas. Para imponer esta política utiliza el monopolio de las fuerzas del Estado, con la policía, la gendarmería, hasta el espionaje cibernético y el ejército para garantizar esta línea. Si fuéramos nosotros los que paralizáramos todo, no sólo estaríamos enfrentando al virus, sino estaríamos organizados para enfrentar los ataques.

Debemos abrir un debate central al interior de nuestra clase, principalmente en el movimiento obrero industrial, ante la propaganda oficial de la importancia del Estado en esta crisis, de sus funciones sociales y de control. Es imperioso aclarar el contenido de clase del concepto de Estado. La naturaleza de clase del Estado es burguesa, defiende a una clase antagónica a la nuestra, por lo que debemos preparar las condiciones materiales para su destrucción.

Permitir que el gobierno siga imponiendo una centralidad reaccionaria con la cuarentena, lo que significa un ataque brutal a los trabajadores, con suspensiones, rebajas de salario, despidos y quita de conquistas, es -como mínimo- entregarnos sin dar pelea.

Los trabajadores podemos organizar las tareas para enfrentar las consecuencias de la pandemia, frenar los ataques y desorganizar a la burguesía en su base de sustentación, la producción. Imponiendo el control obrero de las ramas más importantes de la economía, la escala móvil de horas y de salarios, la expropiación de los bancos privados, la apertura de los libros de las grandes empresas, son algunos puntos programáticos que pueden mostrar al conjunto de las masas la dominación de los trabajadores en la administración de las cosas. Intervenir de forma independiente y con nuestros métodos en esta crisis es la tarea que tenemos planteada. Ejemplos en el mundo ante la crisis, que aceleró el coronavirus, hay muchos. Sectores de trabajadores salieron a hacer paros y huelgas en contra de los ataques. Quizás el caso más importante sea la huelga general en Italia, donde los trabajadores pararon en contra del decreto de cuarentena del gobierno. En EEUU, la principal potencia imperialista, los trabajadores también realizan huelgas en sus lugares de trabajo.

Confiar en nuestras propias fuerzas es la única salida que tenemos los trabajadores.

El pasado martes 31 de marzo el congreso despachó la “ley de protección del empleo” que viene a constituir un ataque en regla contra el salario, un precioso regalo dado a los empresarios para que éstos puedan suspender a los trabajadores, o reducir sus jornadas, sin que tengan que asumir los costos de la crisis y por el contrario descargar el peso de la misma sobre las familias obreras.

El desarrollo de la pandemia anuncia consecuencias catastróficas para latinoamérica, dada la deficiente infraestructura sanitaria, si vemos lo que está sucediendo en países imperialistas como España o Italia donde los muertos diarios llegan a bordear el millar de personas. Comparado con otras enfermedades el COVID-19 –si bien tiene una rápida transmisibilidad- posee una baja tasa de mortalidad. Lo que en Chile se ha manifestado momentáneamente muy por debajo de la media mundial debido a que los contagios se han extendidos entre la población de bajo riesgo y además entre los sectores acomodados, de la burguesía y la alta pequeñaburguesía, quienes poseen condiciones privilegiadas de higiene y salubridad. Algo que cambia radicalmente en la medida en que se extiende hacia la población trabajadora, como ya lo muestran los primeros muertos pertenecientes a familias pobres. El drama de la salud no viene del control y respuesta a una nueva pandemia, sino que será el agravamiento exponencial de la crisis sanitaria que se produce todos los años, donde los hospitales colapsan de enfermos, las listas de espera para operaciones o atenciones son interminables, los mínimos implementos de higiene así como los medicamentos escasean; los trabajadores de la salud mal pagos y con regímenes a contrata; etc, etc, vuelven a esta farsa del Estado burgués interviniendo en la salud una parodia de corto alcance y de consecuencias imprevisibles. Así mismo, la intervención de los Estados en el mundo no está destinada a paliar una crisis de tipo sanitaria, sino que está catalizando una profunda crisis estructural del capitalismo, que tiene interviniendo al aparato burocrático-militar en las relaciones sociales, destruyendo fuerzas productivas, saneando la economía y atacando en masa a la fuerza de trabajo, dejando miles de cesantes, cerrando empresas, suspendiendo personal, recortando salarios, y por supuesto, ejerciendo el monopolio de la fuerza, mientras levantan su dedo acusatorio responsabilizando por el descontrol de la pandemia a la población que no acata las resoluciones burocráticas de estos sirvientes del capital. Actúan de forma anárquica y desesperada, recurriendo al centralismo estatista, para salvar al capitalismo de su propia crisis. Esta intervención violenta del aparato de estado en las relaciones sociales constituye un ensayo general reaccionario.

Las mediaciones al pie de la cama

Desde distintas organizaciones como la CUT, la Confusam o el Colegio Médico se insistía desde los primeros casos de contagios en la exigencia al Estado de que imponga la cuarentena total. Silenciando canallescamente las denuncias del estado calamitoso en que se encuentran los hospitales y centros de salud municipal. Esto era, y es intermitentemente, presentado casi como la solución de salvación ante la pandemia, llamando al mismo tiempo a dejar de realizar movilizaciones o asambleas sindicales. El mismo Colegio de Profesores llamó al cese de actividades en los colegios sin colocar a debate de los trabajadores docentes las medidas necesarias para intervenir en la crisis. Es así que en muchos lugares de trabajo se comenzó a exigir el cierre o paralización de las obras como respuesta lógica a lo que consideraban una medida de protección sanitaria. Finalmente la intervención del gobierno decretando cuarentena en varias comunas vino acompañada de un exhaustivo listado de las empresas consideradas “esenciales”, que debían seguir funcionando, entre aquellas las que “abastecen a los supermercados”, o sea… prácticamente todas. Para que los trabajadores afectados por la cuarentena no se creyeran con derecho a quedarse en sus casas por resguardo a su salud, se sacó un dictamen de la dirección del trabajo indicando que no están obligados a trabajar, como así tampoco el empleador no está obligado a pagar el salario, pretendiendo esgrimir una igualdad jurídica entre el capital y el trabajador. Este dictamen encontró a los más fervientes críticos entre la oposición burguesa y la burocracia sindical quienes amenazaron con recursos de amparo y todo tipo de escritos legales. Pero el dictamen sólo era el preludio del proyecto de ley de “protección del empleo”.

¿En que consiste el proyecto votado al unísono en el congreso?

El mismo establece que las empresas impedidas de funcionar con motivo de la suspensión por la autoridad recurrirán a que el empleador deje de pagar las remuneraciones, pagando sólo los aportes previsionales y de salud, prorrogables y en cuotas, mientra el trabajador será remunerado por sus fondos del seguro de cesantía en proporciones decrecientes mes a mes 70%, 55%, 45%, 40%, 35…..de la remuneración promedio. Si el trabajador no dispone de fondos hará uso del fondo de cesantía solidario en las mismas proporciones (70% , 55%…) aunque con tope en el tramo alto de $ 525.000 y de ahí decrece del mismo modo. La misma fórmula se utilizará también en aquellas empresas que, si bien no son impedidas por el Estado de funcionar, aduzcan reestructuraciones “para poder mantener su continuidad operacional o para proteger eficazmente la vida y salud de sus trabajadores”, vía un “pacto de suspensión del contrato de trabajo”con el trabajador y/o el sindicato. También podrán hacer uso de esta ley para realizar un pacto de reducción de la jornada laboral hasta la mitad, donde el seguro de cesantía cubrirá hasta el 25% de la remuneración con un tope de $ 225.000.-. Eso sí no todos los trabajadores pueden acceder a esta fórmula, quedan excluidos, aquellos que no tienen un mínimo de cotizaciones (3 continuas en el mismo trabajo, o 2 continuas y 6 en total en el último año) así como aquellos que hayan hecho uso del seguro de cesantía en los último 5 meses. Es decir, que los trabajadores que trabajan en negro, con altos niveles de rotación, en condiciones de alta precariedad laboral, o que hayan salido recientemente de las filas de desocupados, ni siquiera pueden optar por un miserable subsidio de subsistencia. Hay que sumarles que no pueden optar los que reciban algún subsidio por discapacidad o los que tengan fuero laboral. Y como cereza de la torta el trámite lo tiene que realizar el empleador, lo que deja al trabajador en cuarentena a merced de su explotador.

El “seguro de cesantía” fue creado para mantener en la subsistencia al ejército de reserva de la clase trabajadora y fue diseñado de tal modo que “desincentive”, según la lógica de los explotadores, que los trabajadores cesantes quieran mantenerse mucho tiempo en esa situación, brindando una fuente de mano de obra barata a los capitalistas. A este diseño hay que agregarle que el monto que el empleador “aporta” a este seguro (compuesto por aportes bipartitos) lo recupera, con los intereses respectivos en el descuento que realiza de los finiquitos con indemnización por despidos. Una verdadera bicoca servida en la mesa de los patrones.

La intervención de la clase trabajadora es la única perspectiva realista

Los diputados y burócratas que habían vociferado contra el dictamen de la dirección del trabajo la noche previa, terminaron votando y apoyando a mano alzada un proyecto que además incluye (que vuelve ley) el cese temporal de “la obligación de prestar servicios por parte del trabajador y de la obligación de pagar la remuneración y demás asignaciones que no constituyan remuneración, señaladas en el inciso segundo del artículo 41 del Código del Trabajo, por parte del empleador.” Una vez aprobado el proyecto la directiva de la CUT sacó un comunicado en contra diciendo en rigor que no era lo que ellos querían, toda vez que en la víspera los parlamentarios del PC votaron al unísono el proyecto. Es bastante probable que las pymes que su aparato controla, y la de sus grupos de pequeños explotadores allegados, hayan visto como un alivio que no tengan que pagar más salarios durante el cierre de sus negocios. Una vez más se demuestra el carácter reaccionario de esta dirección, que posa de flanco izquierdo en la defensa de la democracia burguesa.

Es necesario que la salida a la crisis capitalista, así como a los efectos de la pandemia, sean impuestos por la clase trabajadora, única interesada en la salud de la población obrera y la única con la fuerza capaz de derrotar los planes de los explotadores y de su Estado. La cuarentena impuesta por el Estado es sólo una política reaccionaria, complementada con los decretos del estado de catástrofe y toque de queda, para desplegar las fuerzas represivas…contra un virus. Nada tiene que ver con las acciones que podemos tomar los trabajadores para proteger realmente la salud de la población. Es necesario que seamos nosotros los que determinemos cuales son las ramas esenciales que deben ser prioritarias, así como levantar un plan obrero de salida a la crisis dirigido a imponer un programa de independencia de clase, formando en los sindicatos comisiones de higiene y seguridad para imponer y vigilar nuestra medidas sanitarias, la escala móvil de horas de trabajo para vincular a los desocupados a la producción, que lejos de plantear exigencias de centralización estatal, se dirija a organizar a la clase trabajadora para imponer el control sobre los medios de producción, a dislocar el aparato de Estado y a coordinar acciones internacionales para confrontar con los explotadores ante esta ofensiva reaccionaria en toda línea.

Declaração da TRQI

Ensaio Geral reacionário

A pandemia de coronavírus desnudou o sistema capitalista e suas formas de dominação. Demonstrou as conseqüências do avanço do capitalismo na natureza de maneira anárquica.

Essa crise mundial obriga as potências, diante do nível de perdas de suas riquezas, a acelerar seus ataques à classe trabalhadora em nivel mundial pois, cientes da debilidade de sua dominação, devem apelar para um ataque mais direto.

A burguesia imperialista encontra-se diante de um problema que não é apenas epidemiológico, mas político-estratégico, que começou como uma questão de "saúde pública", subestimada de início. De qualquer forma, procurou enquadrá-lo na disputa comercial entre os EUA e a China, porém, não demorou para que revelasse a debilidade dos Estados imperialistas, dos Estados em processo de assimilação, como a China, e o estado de destruição das instituições / serviços (remanescentes) do que antes fora o Estado de bem-estar social. Lembramos que o Estado de bem-estar social foi concebido para (após a grande derrota que a Segunda Guerra Mundial e a saída acordada do pós-guerra significaram para a classe trabalhadora e suas organizações) "competir" com o bloco comunista nas aspirações da aristocracia operária e seus representantes sindicais. Foi, de certa maneira, a efetivação de uma das previsões de Trotsky sobre o resultado da guerra: levar as contradições sociais para os Estados, acelerando sua decomposição.

A pandemia intensifica e acelera as tendências da crise de 2008, levando certamente a uma recessão global. Mas é importante entender que, embora seja a continuidade da crise da década passada, essa continuidade não é necessariamente linear; podem ser produzidos saltos de qualidade no estado geral do capitalismo imperialista, cujas conseqüências serão vistas a médio e longo prazo.

Por enquanto, a burguesia está aproveitando a conjuntura para "limpar" a economia e tentar gerar  contratendências que lhe permitam estabelecer novos blocos comerciais, bem como lidar com o enorme capital acumulado. A competição entre os estados burgueses para ver qual consegue lidar melhor com os efeitos da pandemia e suas conseqüências gerais (em particular, econômicas-sociais) não tem nada a ver com as declarações cínicas sobre "salvar vidas", mas apenas para posicionar-se frente aos processos de luta de classes que se anunciam e os que se desenvolvem, como na América Latina, e frente aos antagonismos que se levantam entre os Estados. Buscam preservar as forças produtivas e submeter melhor “seu” proletariado, preparando-se para esse enfrentamento.

Reforçam-se as tendências bonapartistas

Devemos analisar que a aceleração da crise mundial, com a pandemia como um elemento importante, levou os Estados burgueses a agir reforçando os elementos de controle estatal sobre as relações sociais de produção. É importante ressaltar esse aspecto, uma vez que o centrismo embasa sua política de adaptação ao estatismo na demanda por "centralização do estatal" para manobrar esta crise.

Essa centralização só pode ser reacionária. A quarentena como política de Estado é para salvar o capital. Por outro lado, os métodos da classe trabalhadora, como a interrupção de atividades e as paralisações rumo a uma greve geral, são medidas que permitem preservar nossa força de trabalho de maneira organizada através dos sindicatos, frente ao ataque centralizado da burguesia e às fortes tendências destrutivas da economia capitalista em crise. Por isso, não podemos ser a favor da quarentena imposta pelo Estado, já que não é uma medida "sanitária", senão uma linha imperialista de preservar os ramos da produção, diminuindo o valor da força de trabalho.

Podemos dizer que assistimos um ensaio geral reacionário do sistema capitalista, no meio de um processo histórico maior de decomposição. É um grande ensaio de conciliação de classes, de patriotismo. Diante de uma direção anárquica como é o sistema capitalista, que depende de seus Estados maiores armados para garantir a reprodução do capital, lutamos por uma direção coletiva consciente, uma vez que o sistema atual engendra as condições materiais e as formas sociais para a reconstrução econômica da sociedade.

A linha reacionária é o disciplinamento através das forças repressivas, o aumento das demissões, o rebaixamento de salários, a maior flexibilização e precarização trabalhista, o ataque às organizações sindicais no local de trabalho e, onde podem, a supressão de conquistas. Buscam limpar a economia mundial em meio a uma crise fenomenal e estabelecer um novo pacto de capital e trabalho; só que agora devem fazê-lo de forma acelerada diante do aprofundamento da crise. Não está descartado que os países imperialistas nacionalizem ramos da economia e reforcem seu bonapartismo com maior estatismo.

Por uma saída operária

Frente a cada política estatal, devemos contrapor os fundamentos programáticos da ingerência do Estado operário na sociedade capitalista, que não podem ser mantidos nos estreitos marcos das fronteiras nacionais. Devemos combater a ficção de um aparato burocrático-militar prescrito, que tem sob controle o que ocorre em seu território. Somente a classe trabalhadora pode dirigir medidas coordenadas internacionalmente. Defendemos o controle operário dos principais ramos da economia frente à sua desorganização, e nos posicionamos pela destruição do Estado burguês de forma revolucionária, já que é impossível para um Estado burguês responder às nossas demandas.

É primordial que não nos desorganizem, pois o centrismo já ajudou a nos desmobilizar, suspendendo manifestações de rua, como a marcha de 24 de março na Argentina. Diante da centralização do ataque, não podemos permitir atuar de forma isolada e, muito menos, que prevaleçam as saídas individuais.

Devemos defender que se coloquem em funcionamento os organismos de deliberação da classe trabalhadora, como os sindicatos, as comissões internas, os corpos de delegados, para nos prepararmos diante das consequências da crise e podermos enfrentar a burocracia sindical, os governos de plantão e o imperialismo.

Nós, trabalhadores, devemos intervir nesta crise de forma independente, preparando as condições para que surja uma direção revolucionária na necessidade de reconstruir a IV Internacional.

LOI – Brasil

COR – Chile

COR - Argentina

A pandemia do Covid-19, o coronavírus, acelerou os processos desencadeados pela crise econômica de 2008. Atingindo as economias já fragilizadas pelo baixo crescimento e pela queda em nível mundial das operações de comércio internacional e produção industrial nos últimos períodos, a epidemia carrega a ameaça de um novo ciclo recessivo. O crescimento mundial já foi revisto de 2,9% para 2,4%, podendo chegar a 1,5%, segundo a OCDE, puxado pela redução do crescimento das principais economias mundiais.

Dentro da decomposição histórica do imperialismo, a pandemia do coronavírus escancarou as tendências abertas pela crise estrutural do capitalismo, impondo ainda maiores dificuldades aos países imperialistas, pois devido ao acúmulo da dívida interna, a aplicação da política do “dinheiro barato” não produzirá os resultados esperados para alavancar crescimento. A proporção da dívida global em relação ao PIB atingiu uma alta histórica de mais de 322% no terceiro trimestre de 2019. Por se tratar de uma crise de superprodução, as medidas de juros baixo e crédito barato não tem efeitos significativos na tendência geral de queda de lucros, mas impulsionam ainda mais a especulação financeira.

A crise tem obrigado os Estados a intervirem, ainda que em sua debilidade histórica como forma de dominação burguesa, não apenas na economia, mas também no fluxo de pessoas, no fechamento de fronteiras, nas relações sociais entre capital e trabalho. As principais potências anunciam medidas de diminuição de impostos, aumento do crédito para fomentar o consumo e subsídios, não apenas para as empresas afetadas pela crise, mas também aos salários dos trabalhadores prejudicados por afastamentos. Com isso, buscam não apenas evitar o colapso das economias, mas principalmente, a radicalização dos processos de luta de classes. Isso não impede, contudo, que abandonem medidas que transferem o custo da crise e da manutenção do aparato estatal para os trabalhadores.

A crise brasileira parece não ter fim

No Brasil, isso está exposto com muita clareza. Como país semicolonial, os efeitos da crise econômica mundial se fazem sentir de forma mais perversa. A queda acentuada da produtividade, o aumento do desemprego e precarização do trabalho, a desvalorização da moeda, a fuga de capital estrangeiro, a queda nas bolsas, podem ser medidos em índices que batem novos recordes todos os dias. Contudo, por trás destes índices, existe uma crise social e política imensurável.

Com o anúncio do crescimento do PIB de 2019 de 1,1% (já carinhosamente apelidado de “pibinho”), o mais baixo dos últimos três anos, a expectativa com a recuperação da economia pelo governo Bolsonaro e o super ministro Paulo Guedes foi frustrada, pois ainda não houve recuperação das perdas de 2015 e 2016. Bolsonaro, cumprindo o papel de braço do imperialismo no Brasil, tem implementado uma política de reformas estatais que beneficiam o grande capital, cortam direitos sociais e trabalhistas e repassam aos trabalhadores os custos da crise econômica. Contudo, não o faz sem dificuldades, já que extremamente débil. A ausência de “resultados” do governo contribuiu para a maior fuga de capitais estrangeiros do país que resultam em maior queda da produtividade, mesmo com a aprovação da Reforma da Previdência e a abertura de terras para a mineração, que, segundo o governo, seriam responsáveis pelo aumento da projeção do PIB para este ano, o que também já foi revisto para baixo.

A emenda constitucional 55, aprovada em 2016, instituindo o corte de investimentos em serviços públicos, especialmente na área da saúde, juntamente com a crise econômica e social instaurada propiciaram todas as condições para que a pandemia mundial atingisse o país de forma catastrófica. Sem políticas efetivas de contenção e acompanhamento dos casos de contaminação, o que se apresenta pelo governo são subnotificações de pessoas doentes e mortes causados pela epidemia, já que apenas 20% dos casos suspeitos estão sendo efetivamente testados. Os trabalhadores e população mais pobre estão largados à própria sorte. Com o aprofundamento da reforma trabalhista, poucos conseguem realizar o isolamento, sem prejuízo do salário, orientado pelos agentes de saúde para evitar um pico muito grande de disseminação da doença, o que deve ocorrer nas próximas semanas. Somam-se a isso os mais de 300mil casos de dengue apenas neste ano.

Os processos abertos pela crise econômica e acentuados pela pandemia também acirraram a crise política no país, especialmente as disputas entre o governo Bolsonaro e o Congresso, que atua para pautar a agenda de reformas propostas, especialmente a reforma fiscal e a reforma administrativa. Frente a crise epidêmica, Paulo Guedes iniciou uma campanha no congresso para acelerar a aprovação das reformas e pacotes de privatização e foi publicamente criticado pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, por não apresentar nenhuma medida econômica que intervenha diretamente nesta crise. Maia, por outro lado, impôs ao Congresso seu próprio ritmo de condução da aprovação destas reformas (ontem, dia 17, por exemplo, encaminhou a aprovação do relatório sobre a MP da carteira verde e amarelo, que aprofunda ainda mais a reforma trabalhista) enquanto Guedes teve que apresentar um pacote de medidas para a crise do coronavírus.

Ao mesmo tempo, o governo Bolsonaro atua de forma a aparelhar o estado na defesa de seus próprios interesses e de sua família, toda implicada em práticas de corrupção e envolvimento com milícias e forças paramilitares, o que também tem gerado incertezas e inseguranças no Congresso e STF. Para demonstrar força frente ao Congresso, bem como agradar sua base eleitoral, Bolsonaro participou das convocações de atos por todo o país, no último dia 15, que exigiam o fechamento do Congresso e do STF. Bolsonaro não só participou dos atos, como quebrou os protocolos de saúde, já que o próprio é suspeito de contaminação por coronavírus, após viagem e reunião com Trump, nos Estados Unidos (15 pessoas de sua comitiva estão infectadas). Bolsonaro minimiza e desdenha da pandemia, enquanto o Ministério da Saúde busca alinhar-se às recomendações gerais da OMC, causando desconforto na base governista. O caso agravou ainda mais a crise política entre os diferentes poderes. Nesta terça-feira foi protocolado um pedido de impeachment de Bolsonaro na Câmara que deve se utilizar da prerrogativa, não para afastar o presidente, mas para discipliná-lo em relação à política de ajustes e reformas a ser seguida.

A DEMOCRACIA burguesa é uma DITADURA de classe!

Diante das convocações de Bolsonaro para atos pelo fechamento do Congresso, foi proposto pelo conjunto das centrais e partidos políticos de oposição ao governo, bem como correntes e organizações reformistas e centristas, a ampliação da pauta do dia 18 de março, prevista inicialmente como um dia de Greve Geral da Educação, para um “Dia Nacional de Paralisações em Defesa dos Serviços Públicos, Empregos, Direitos e Democracia”. Desde então, surgiram artigos, panfletos e palavras de ordem pela democracia em contraposição à ditadura, principalmente nas organizações trotskistas e que se autodenominam “revolucionárias”; uma discussão feita de forma rasa e oportunista, pois mascara o caráter de classe das ditas formas de dominação.

A democracia burguesa não serve aos trabalhadores, é a ditadura de classe do capital, é a democracia da ínfima minoria, a democracia dos ricos! O fechamento do regime, alentado por Bolsonaro na forma de uma ditadura, tem implicações sérias na organização dos trabalhadores e no aumento de repressão, mas não muda o caráter de classe da democracia burguesa. As liberdades democráticas nunca impediram o massacre diário da classe trabalhadora, nem a utilização das Forças Armadas para reprimi-la nos processos abertos de luta de classes. Como defenderia Lenin, a liberdade que não é capaz de emancipar a classe trabalhadora da opressão do capital, não é liberdade, mas pura demagogia.

À ditadura não se contrapõe a democracia burguesa, porque ambas são expressões da forma de dominação da burguesia. À ditadura do capital é preciso contrapor e impor a ditadura revolucionária do proletariado, única forma possível de dominação da classe trabalhadora. No cenário de decomposição imperialista, as tarefas que se colocam para os revolucionários são imensas e, neste sentido não se pode admitir titubeações conciliatórias. Aos ataques e ameaças advindos do governo, é preciso contrapor um programa operário de saída para a crise, que não será resolvida nos marcos da democracia burguesa, nem na ampliação desta!

Por uma saída operária para a crise!

O dia de hoje é um exemplo claro do papel que cumprem as burocracias sindicais e direções do movimento para a classe trabalhadora. Em sua traição às demandas históricas que se colocam para a nossa classe, se apresentam como verdadeiros inimigos dos trabalhadores que precisam ser extirpados de nossas fileiras. O 18 de março que iniciou-se com uma convocação de Greve Geral chega hoje como uma “greve de pijama” cujo ápice será um “barulhaço” na janela por “Fora Bolsonaro”. À desmobilização recorrente realizada pelos sindicatos e centrais, somou-se a orientação de evitar aglomerações e, na sexta-feira, os atos e assembleias foram cancelados. Contudo, os trabalhadores seguem trabalhando, apesar da pandemia, sem nenhuma proteção ou direito ao isolamento recomendado. É imprescindível que os trabalhadores sejam afastados dos locais de trabalho imediatamente, sem nenhum prejuízo de salário ou emprego.

A única quarentena possível para nós, trabalhadores, é a Greve Geral por tempo indeterminado, que paralise cada posto de trabalho, cada planta, cada serviço e meio de transporte. É preciso, portanto, dar uma batalha no interior de nossos sindicatos, enfrentando não só a burocracia traidora, mas também o centrismo adaptado. É urgente romper com o imobilismo das centrais e defender um congresso nacional de delegados mandatários e eleitos na base para discutir um programa operário de saída da crise.

Partió marzo con el llamado de Piñera a un gran acuerdo nacional, al que se apresuraron a firmar un centenar de gerontes de la vieja guardia del establisment semicolonial, en un intento reforzar el acuerdo del arco Piñera-Boric por el orden público y la reforma del Estado. Y este fue el puntapié de inicio de una ofensiva represiva sistemática que en apenas una semana dejó cientos de detenidos, nuevas mutilaciones oculares, 3 asesinados por carabineros y cientos de heridos incluso de bala. Mientras esta masacre contra los trabajadores, el pueblo y la juventud se perpetraba en las calles, en el congreso la charlatanería parlamentaria seguía desarrollando la línea de unidad nacional para salvar al gobierno, y a ellos mismos, y al mismo tiempo se proclaman como los “abanderados” de un “nuevo Chile”, de representantes de un nuevo “pacto social”, intentando estatizar demandas y movimientos sociales como con la paridad de la constituyente, que no cambiará un ápice las condiciones de opresión y explotación de la mujer trabajadora. Un desgarbado pacto social para conciliar clases sociales, de un semi-Estado en crisis por la descomposición imperialista, que surgirá sobre la represión sistemática sobre las masas y las nuevas generaciones, que ven con atino inconclusas las tareas que planteara la semiinsurrección del 18-O.

Y este preanunciado “se viene marzo” encontró eco en cientos de manifestaciones y acciones en todo el país, con los estudiantes volviendo a salir de las aulas a bloquear calles y evadir en el metro, enfrentando y resistiendo la embestida, desde un “superlunes” de manifestaciones y barricadas hasta un viernes de masivas concentraciones, y un pronosticable 8M donde el día Internacional de la mujer trabajadora resonará con una fuerza inusitada.

Actuando como agente de la burguesía y pata izquierda de la democracia para ricos, la burocracia sindical de la CUT o el CdP, se vuelcan con esmero en este proyecto de salvar al Estado, a “trabajar con los partidos” por el plebiscito según lo han definido, y así tratar de contener que intervenga la fuerza organizada de la clase trabajadora, la que volvió a pulsionar con fuerza el 18-O con varios paros y la histórica huelga general del 12N. Se postulan para fortalecerse como mediación en un Estado que fragmentó y atomizó las organizaciones de la clase trabajadora para así mejor apoyarse en el imperialismo y mantener su dominio fortaleciendo sus organismos represivos en franca descomposición.

Las formas de la lucha de clases deben pegar un salto en organización obrera. Es necesario que todas las expresiones de lucha se dirijan a la destrucción del aparato burocrático-militar del Estado semicolonial y para ello se debe desplegar una militancia activa para levantar y recuperar sindicatos expulsando a la burocracia y promoviendo a luchadores a sus puestos dirigentes. Es preciso que las organizaciones obreras impulsen un Congreso de Delegados de base de la clase trabajadora con fuerte presencia de trabajadores de los centros neurálgicos de la producción, portuarios industriales, forestales, mineros, etc. Un Congreso que puede conformar una Central Única, discutir un programa de independencia de clase y levantar un plan de lucha junto a la juventud explotada y oprimida.

La vanguardia juvenil que es la avanzada en la lucha contra el Estado, debe discutir también un programa revolucionario, la necesidad de una juventud revolucionaria internacionalista, para que las nuevas generaciones sean el actor principal en volver a levantar el partido mundial de revolución social, la IV Internacional reconstruida

Por un Congreso de Delegados de base de la clase trabajadora

Libertad y desprocesamiento a los que luchan

Juicio y castigo a los represores

Fortalecer los comités de autodefensa y ligarlos a los sindicatos

Abajo Piñera

Por un gobierno obrero

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   Si algo hizo virar la coyuntura política después del 18 de Octubre, fue la intervención de la clase obrera mediante una huelga general el 12 de Noviembre pasado. Y es que a la dictadura de las calles; al enfrentamiento constante de jóvenes y distintos sectores sociales con la represión, a las masivas manifestaciones ciudadanas, se sumó la clase trabajadora con una acción que no se había visto en décadas desde el retorno a su forma democrática de la dictadura del capital. Y es que el poder de la burguesía reside en la producción. Esta intervención hizo tambalear el piso sobre el que se yergue el Estado burgués, en particular del parlamento. Presurosos salieron a salvar al gobierno de Piñera con un acuerdo reaccionario para salvarse ellos mismos.

   Desde entonces, se han sucedido golpe a golpe una represión sistemática, y se ha ido cocinando la trampa constituyente para intentar cooptar con fuegos de artificio, el profundo malestar del pueblo trabajador y la juventud. Si bien lograron que amplios sectores vieran en un cambio constitucional un horizonte de mejora a la situación de penuria de las masas, la experiencia dicta que es poco probable que los mismos de siempre, los representantes del poder burgués, de la dominación del imperialismo, otorguen alguna mejora significativa en su miserable “agenda social” sin que descarguen sobre las espaldas de la población la crisis por ellos generada. Que mejor ejemplo de esto que el aumento exponencial de la desocupación y la caída abrupta del salario a niveles paupérrimos.

   La burocracia sindical, que supo - para salvaguardar sus privilegios- una y otra vez escindir y debilitar las ya escuálidas organizaciones sindicales, formó la Mesa de Unidad Social para intervenir con un frente único superestructural que fue un referente de dirección de un movimiento espontáneo. Parcialmente lo consiguió centralizando las acciones a nivel nacional, buscando galardonarlas con un programa de corte reformista, para reforzar el reaccionario aparato estatal. Es así que la burocracia, si bien no entró inmediatamente en el acuerdo de Piñera-Boric, exigió ser reconocida como la interlocutora sentándose con el gobierno el día 2 del acuerdo a negociar en una clara orientación de conciliación de clases. Es decir, el PC y el PH quienes influencian mayoritariamente a la CUT y al Colegio de Profesores, sirvieron de “quinta columna” del régimen reaccionario.

   Hoy, disolviendo en los hechos la Mesa de Unidad Social, despliegan banderas para “trabajar con los partidos” por el plebiscito del 26 de abril, levantando comandos por el apruebo, preparando el terreno del engaño de una convención burguesa.

   La mentada convención constituyente (de salir aprobada) será un parlamento paralelo, una comisión ad hoc para, en el mejor de los casos, intentar refundar el Estado semicolonial, sin tocar un ápice la relación con el imperialismo (como ya acordaron, tratados como el TPP o TLC’s no se tocan por ej). ¿Es verdaderamente posible que una reproducción del parlamento burgués para la redacción de una carta magna logre doblegar el brazo de los capitalistas para que decidan rescindir parte de la extracción de la plusvalía, de la expropiación constante del trabajo ajeno?. Si de lo que se trata en realidad no es afectar las ganancias capitalistas sino limitarse a reformar el sistema democrático, consiguiendo alguna que otra migaja en un plan de redistribución de la miseria, bastaría dar un vistazo a la región donde la pobreza aumenta sideralmente, los despidos y ajustes dictados por el FMI son moneda corriente, en el marco de una ofensiva feróz del imperialismo norteamericano sobre su patio trasero.

   Nuestra principal debilidad es la falta de organización de nuestra clase. La fragmentación y atomización de los sindicatos legado genuino de la contrarrevolución pinochetista. Organizaciones como la CUT se encuentran en manos de la burocracia que aspira a hacerse parte del botín del Estado como fue en el gobierno anterior.

   En marzo la fuerza de la juventud volverá a expresarse en las calle y los colegios, en miles de formas de lucha y organización. Expresarán la caja de resonancia de las contradicciones de clase. La burocracia sindical pretenderá encorsetar toda lucha para restringirla al acuerdo constitucional, sujetarlas a la charlatanería parlamentaria de sostenedores del gobierno. Será necesario romper este cerco político. Las fuerzas reaccionarias que bregan por el rechazo no se derrotarán en la urnas. La justicia hará su labor reaccionaria en la trastienda de la represión; llenando las cárceles de presos políticos.

   Será necesario que los sectores de vanguardia no sucumban a los engaños de la democracia semicolonial y se aboquen a la tarea militante para que intervenga la clase trabajadora de forma decidida.

   Impulsemos un Congreso de delegados de base de toda la clase trabajadora para poner en pie una Central Única que levante un programa de salida a la crisis, un programa dirigido a conquistar la independencia de clase. Esta tarea será una tarea fundamental de los revolucionarios, parte de superar la crisis de dirección revolucionaria, una tarea verdaderamente internacional.

A greve dos petroleiros avança para sua terceira semana. Segundo a FNP Federação Nacional dos Petroleiros, atinge mais de 120 unidades da Petrobrás em 13 estados e envolve mais de 21 mil trabalhadores. É considerada a maior greve da categoria dos últimos anos. Em greve desde o dia primeiro deste mês, os petroleiros reivindicam a suspensão das demissões na Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados do Paraná (Fafen-PR) oficializadas no dia 14 de fevereiro e suspensas por liminar judicial em 18 de fevereiro, com o fechamento da unidade. Cerca de mil trabalhadores diretos perderão seus empregos. Os petroleiros também reivindicam o cumprimento de outras cláusulas do Acordo Coletivo e o fim da política de preços dos combustíveis, implementada em junho de 2016, baseada na paridade internacional dos produtos no exterior e na flutuação do câmbio. Além disso, reivindicam o fim das privatizações de subsidiárias.

 Até o momento, esta greve é marcada pela total adaptação das direções às instâncias da democracia burguesa. A dinâmica da luta insere-se nas disputas judiciais e no apelo ao parlamento para forçar uma negociação com a empresa. Além disso, segue isolada em todo o país, sem nenhum chamado à unidade dos trabalhadores para construir a resistência contra os ataques lançados pelo governo capacho do imperialismo não só aos petroleiros, mas ao conjunto da classe trabalhadora.

Desde a sua deflagração, a Petrobrás recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho para que suspendesse a greve. No dia 04 de fevereiro, o Tribunal determinou que 90% das atividades fossem mantidas, atendendo parcialmente à Petrobrás. A decisão judicial também proíbe que os grevistas impeçam o “livre trânsito de bens e pessoas” nas refinarias e plataformas, além de permitir a contratação de trabalhadores em regime emergencial. Após dezessete dias de greve, o mesmo tribunal decretou a ilegalidade da greve, determinando multa de R$500 mil diários e permitindo eventuais sanções disciplinares. Até o momento, todas as decisões foram, de forma geral, acatadas pela FNP e pela FUP que, inclusive, utilizaram de sua “docilidade” com a patronal como discurso ideológico para forçar uma negociação. Em todos os comunicados, os sindicatos reafirmam que não estão “atrapalhando e /ou dificultando o pleno funcionamento da Petrobrás” e que estão garantindo o abastecimento e o atendimento das necessidades básicas da população. Ou seja, apresentam uma greve sem piquetes e que não atinge o cerne da disputa entre capital e trabalho, que é a produção.

Na segunda semana da greve, dirigentes petroleiros foram ao Congresso pedir a mediação dos líderes das bancadas parlamentares para a abertura de processo de negociação com a estatal. Na última semana, com o prolongamento da greve e a aplicação de multas o corte de ponto, as direções foram pressionadas a convocar manifestações de rua e ações que atingem os lucros da empresa como a venda do gás de cozinha subsidiado para a população. Também são tentativas dos petroleiros de saírem do isolamento midiático da greve e buscar o apoio da popular. Considerando que, desde 2017, 1 milhão de domicílios voltou a cozinhar com lenha, a ação da venda do gás pela metade do preço tem forte apelo popular.

A Petrobrás nas disputas interburguesas

A Petrobrás espelha os processos de disputa interburguesas e a mudança na orientação do estado semicolonial brasileiro. Desde a “Lei do Petróleo” de FHC, os escândalos de corrupção que possibilitaram a varredura do PT do governo, a mudança na política dos preços dos combustíveis de Temer, até o amplo projeto de privatização do governo Bolsonaro; enfim, não é possível compreender a Petrobrás, nestes processos, sem compreender como se manifesta a forma de dominação burguesa no Brasil, assim como nos demais países semicoloniais. 

Pela dupla dominação presente nos países semicoloniais, a do capital estrangeiro e a da burguesia nativa dependente, por sua vez, do capital estrangeiro frente a um proletariado desenvolvido, se estabelece uma condição especial de poder estatal, a qual Trotsky definiu como bonapartista sui generis. “Na realidade pode governar ou convertendo-se em instrumento do capital estrangeiro e submetendo o proletariado com as amarras de uma ditadura policial, ou manobrando com o proletariado, chegando inclusive a fazer concessões, ganhando deste modo, a possibilidade de dispor de certa liberdade em relação aos capitalistas estrangeiros.” (Trotsky, 1939)[1]

Especialmente no governo Lula, através das concessões e isenções fiscais, a burguesia nativa explorou ao máximo esta relação com o Estado mas, por sua debilidade inerente, sujeitou os trabalhadores integrando os sindicatos ao aparato estatal. Com a Petrobrás, os sindicalistas foram elevados à administração da empresa, tornando-se representantes do próprio Estado. Dessa forma, apoiada na burocracia sindical, a burguesia nativa encontrava-se numa situação mais favorável para negociar com o imperialismo a exploração de seus trabalhadores, bem como de seus recursos, como o pré-Sal.

Desde a “Lei do Petróleo”, de 1997, a Petrobrás já não tinha o monopólio da exploração e refino petroleiro no Brasil. Após esta lei, o governo brasileiro começou a ofertar áreas exploratórias em leilões de petróleo e gás. Até 2018, o governo Lula foi o que mais adicionou área exploratória no país, 237mil , em sua maioria para empresas nacionais. Contudo, a política de preços controlada pelo Estado, dificultou a abertura de concorrência estrangeira e a Petrobrás manteve o domínio quase absoluto no atendimento da demanda nacional. Com a descoberta dos campos de pré-Sal, acirrou-se a disputa entre o capital estrangeiro e a burguesia nativa por sua exploração. O governo Dilma, já pressionado pela “luta contra a corrupção” (estratégia do imperialismo para alinhar-se com uma fração da burguesia mais alinhada aos seus interesses), abriu mão do monopólio da exploração dos campos do pré-Sal pela Petrobrás. A mudança na política de preços, baseada na paridade internacional, é implementada com o governo Temer, facilitando o caminho para o imperialismo avançar. Bolsonaro é o governo dessa mudança de orientação na relação do Estado semicolonial brasileiro com o imperialismo, acelerando o processo de privatização da Petrobrás.

O petróleo é nosso?

Além da adaptação da burocracia dirigente, esta greve é acompanhada pelas análises dos partidos e grupos centristas sobre o caráter “entreguista” do governo Bolsonaro, fruto do “golpe”, em oposição a governos petistas anteriores, de caráter mais “soberanista”, apesar dos limites da conciliação de classes. As políticas defendidas por essas correntes colocam como principal consigna de luta a “Petrobrás 100% estatal” e outras palavras de ordem que esbarram no mesmo estatismo. A estatização de uma empresa ou de um ramo da indústria compreende sua administração pelo estado burguês e, no caso do Brasil e demais países semicoloniais, em relação direta com o imperialismo em sua fase decadente. Portanto, a luta contra a privatização não pode ser uma luta pela total estatização da empresa, pois isso não significa que esteja nas mãos ou que beneficie de alguma forma a classe trabalhadora. Da mesma forma, a luta contra a privatização deve assumir um caráter anti-imperialista e que, por sua vez, não pode ficar circunscrita às fronteiras nacionais. Dever ser construída em unidade e solidariedade de classe com os trabalhadores da América Latina.

A defesa da “Petrobrás 100% estatal” vem acompanhada, como política defendida pelo centrismo, por “administrada democraticamente trabalhadores” e com “controle popular para servir aos interesses do povo brasileiro” (MRT) ou simplesmente pelo “sob controle dos trabalhadores” (LIT-QI) citando apenas alguns exemplos, já que não se diferenciam muito. É importante, nesse sentido, diferenciar a “administração operária de uma estatal” de uma política verdadeiramente revolucionária que defenda a tomada da Petrobrás e a imposição do controle operário da produção. Se a Petrobrás 100% estatal é uma empresa sob o domínio do estado burguês, defender sua administração pelos trabalhadores é defender a colaboração de classes e a formação de uma capa da aristocracia operária. “Se a participação dos trabalhadores na gestão da produção há de ser duradoura, estável, ‘normal’, deverá apoiar-se na colaboração e não na luta de classes.” (Trotsky, 1931)[2]

É preciso combater o reformismo e a política centrista no interior dos processos de luta que irrompem pela classe trabalhadora. Os revolucionários, devemos levantar a defesa da tomada da Petrobrás sob o controle operário como forma de exercer influência prática na produção petrolífera e, neste processo, forjar uma vanguarda operária que assuma as tarefas transitórias de um programa revolucionário.

Unificar as lutas e construir a Greve Geral!

A greve dos petroleiros, por sua importância política e econômica na luta de classes, não pode permanecer isolada pelas direções adaptadas e restrita às instâncias da democracia burguesa. O governo Bolsonaro já apresentou sua agenda de ataques e segue impondo-a sem grandes dificuldades. As reformas da Previdência e Trabalhista foram duras derrotas impostas aos trabalhadores sob o silêncio das direções. As reformas administrativa e fiscal são as próximas prioridades do governo e, neste momento, servidores estaduais de São Paulo estão em processo de luta contra a reforma da previdência em nível estadual, dentre tantos outros processos isolados de luta; e as direções propõem apenas o dia 18 de março como data para as mobilizações nacionais. Nessa conjuntura, é preciso romper com o imobilismo das centrais e defender um congresso nacional de delegados mandatários e eleitos na base para discutir um programa operário de saída da crise. É preciso levantar em cada sindicato comitês de apoio à luta dos petroleiros para que avance com independência de classe e em unidade com a classe trabalhadora, rumo a construção de uma Greve Geral por tempo indeterminado que coloque abaixo os planos do governo!

[1] TROTSKY, L. A indústria nacionalizada e a administração operária, 1939.

[2] TROTSKY, L. O controle operário da produção, 1931.

Vamos a volver … a pagar

El miércoles 12 llegará a la Argentina una delegación del FMI para monitorear la economía del país y seguir negociando cómo se pagará la deuda, no sólo con esta institución imperialista sino con los bonistas privados. Alberto ha demostrado su sumisión a lo más granado del imperialismo en su última gira por Europa, donde se juntó con sus principales referentes para jurar que honrará la deuda, y buscar aliados para poder negociar con quien tiene el verdadero poder de decisión, que es EEUU de la mano de Trump. El imperialismo norteamericano ya dijo que apoyaría una renegociación de la deuda, obviamente con varios requisitos que implican mayor dependencia a las políticas de amo yanqui en la región.
Antes de viajar al viejo mundo, el Congreso nacional votó una ley que garantiza la rendición lisa y llana, sumada a la autorización del ingreso de tropas norteamericanas para realizar maniobras militares en nuestro suelo. Sólo hubo dos votos en contra en dicha votación, por parte de los representantes del FIT-U.
Es evidente que se ha abierto en el gobierno nacional una crisis importante de la deuda y lo demuestra el revés de Kicillof, quien quiso plantarse ante los fondos de inversión y tuvo que retroceder y pagar, con el agravante de que garantizó ese pago sacándole a los docentes parte de su salario y difiriendo su pago. La caída de la licitación de bonos lanzados por el gobierno nacional para pagar un vencimiento cercano es demostración de que los grandes fondos no están dispuestos a negociar en los términos que plantea el gobierno de Alberto, sino de forma más agresiva.
En medio de esta situación, la economía argentina está en un virtual impasse, esperando el desarrollo y desenlace de esta negociación. En una tregua entre las distintas fracciones burguesa y pequeño burguesas, pero no exentas de intentos por imponer políticas de ajuste para un futuro escenario de pago de la deuda. La demostración es el ajuste a los jubilados y al conjunto de los trabajadores con la línea de sumas fijas y no permitir que se recupere lo perdido en el periodo anterior.
Es un ataque importante al conjunto de la clase y una línea anticipatoria de la política del conjunto de la sub burguesía de una semicolonia para que la crisis la paguen los trabajadores y el pueblo. El ataque no puede ser al estilo del macrismo, no porque no quieran, ni porque que haya fracasado, sino por el escenario más general de la región, bastante convulsionada.
Ante este escenario debemos ser claros, la deuda externa no se debe pagar, no porque sea ilegítima o ilegal, sino porque es una deuda contraída por una clase parásita, que es en este caso una sub burguesía, que está impedida de manejarse de forma independiente y debe recurrir al imperialismo para su subsistencia. Es decir, no pagar la deuda es una lucha antimperialista y contra sus aliados nacionales, en la necesidad de cortar de forma revolucionaria la relación capitalista de una semicolonia. Por eso se torna central que los trabajadores intervengan de forma independiente en esta crisis de deuda, ya que está en juego nuestra relación con esta sub burguesía, su semi Estado y el imperialismo, que timbean con todo el trabajo excedente que nos han expropiado en tantos años para garantizar su parasitismo. Por eso es muy peligroso engañar a los trabajadores con la idea de que si no pagamos la deuda esa plata la podemos utilizar para mejorar nuestras condiciones de vida. Esa idea es la que quiere imponer la burocracia sindical, para ir detrás de la variante burguesa que más le garantiza –aunque hay que ver hasta qué punto- su posición privilegiada a costa de la clase obrera. Debemos enfrentar la mentira de la redistribución y la conciliación de clases, que de todas maneras nos llevan a pagar la crisis. Esa idea, también tan arraigada en la izquierda, de que se puede separar el capital de los capitalistas es reformismo puro. Si de verdad no queremos pagar la deuda debemos hablar de preparar a los trabajadores para una pelea por el poder y enfrentar a los capitalistas en su base de sustentación, que es en la producción, y expropiar a los expropiadores. Todo lo demás lleva un propagandismo abstracto de lo posible. Y a alianzas en defensa del gobierno en contra del FMI, como convoca la burocracia sindical de las CGT y CTA y otras tendencias, como el PCR, con una marcha para el 12 de febrero. Fuera el FMI, como expresión de una institución imperialista que garantiza las ganancias de las grandes potencias a costa de los trabajadores y el pueblo pobre. Los trabajadores debemos levantarnos contra el gobierno de Alberto y el imperialismo que lo apoya.

en www.cor-digital.org

El “acuerdo por la paz, el orden público y una nueva constitución” que fraguaron el conjunto de los partidos del régimen burgués el pasado 13 de Noviembre, el día posterior a la histórica huelga general, fue la salida “por la razón” que encontró el gobierno de Piñera para salvarse al menos temporalmente de caer por la movilización de las masas y la acción de los trabajadores organizados. La salida “por la fuerza” de volver a sacar los militares a las calles, dada la coyuntura, hubiera provocado enfrentamientos convulsivos con resultados inciertos y sanguinarios.

Es así que este acuerdo fue el marco que ha teñido la acción parlamentaria desde entonces, en una seguidilla de proyectos de ley votados de modo express tanto para ofrecer paliativos sociales (tales como el aumento de las pensiones miserables, o ingreso mínimo subsidiado) como para endurecer la represión y penalización como la ley “antisaqueos” (con penas de hasta 3 años de cárcel por arrojar una piedra, de 1 y medio por realizar barricadas o de hasta 10 años por participar de un saqueo). Del mismo modo se otorgó la potestad al presidente para sacar los militares a “proteger” la “infraestructura crítica” (léase hospitales, puertos, minas, centrales eléctricas, en definitiva centros productivos) sin necesidad de decretar el estado de emergencia. El congreso en los hechos ha funcionado como un gobierno de unidad nacional.

Si bien este acuerdo provocó el repliegue momentáneo de amplios sectores de masas, las luchas y protestas en las calles no han cesado, haciéndose crónicas las manifestaciones de importantes sectores de trabajadores y la juventud, en particular los viernes en las plazas públicas, con el enfrentamiento a las fuerzas represivas, y el despliegue del conocimiento adquirido en la lucha por el activismo con la “primera línea”, las brigadas de emergencia, barricadas, etc. También se expresó la lucha de la juventud secundaria que boicoteó la PSU (prueba de selección universitaria) para que los “hijos de los trabajadores entren a la universidad”. Del mismo modo no ha cesado la represión sistemática de carabineros provocando nuevas mutilaciones oculares, torturas, secuestro de manifestantes por agentes de civil, nuevos detenidos y procesados por la justicia, prisión preventiva de luchadores, montajes, etc.

Así discurre el proceso de la lucha de clases que entre otras cosas hizo decantar las posiciones de los personeros del Frente Amplio quienes se han parado resueltamente en la vereda del continuismo de la democracia burguesa semicolonial que por otra parte les diera vida.

Este es el telón de fondo de la charlatenería parlamentaria abocada a fraguar los mecanismos por una “nueva constitución” con discusiones por la paridad de género de la eventual convención constituyente, inclusión de pueblos originarios, participación de independientes, etc. En rigor se trata de que, de aprobarse en le plebiscito de abril el paso al cambio constitucional, se elegiría en octubre, con el mismo método de la elección del actual parlamento burgués, una suerte de parlamento paralelo, una comisión ad hoc para la redacción de la carta constitucional que entre otras perlitas no puede trastocar los acuerdos internacionales tales como los TLC’s (tratados de libre comercio).

Para el gobierno, sectores de RN o de la DC, el acuerdo sirve para ganar tiempo en esta coalición tácita de unidad nacional e imponer en cuotas la represión del movimiento de masas hasta buscar los puntos de apoyo a una política más reaccionaria. Por su parte los sectores de la vieja concertación pretenden sortear la crisis via una reforma al Estado eliminando instituciones como el Tribunal Constitucional o los quorum parlamentarios. Las alas izquierdas de la democracia (FA, PC, PH, etc) buscan en el cambio constitucional una vía refundacional del Estado semicolonial, ya sea de corte más estatista, una suerte de “Estado de derechos sociales”, o aquellos que propician un “modelo” de Estado tipo la Venezuela chavista, o el Estado plurinacional masista.

Es así que la clase dominante está dispuesta a realizar cambios constitucionales y reformas al aparato jurídico del Estado, si eso implica cerrar el proceso abierto por la irrupción de las masas. Los procesos agudos de la lucha de clases tanto en la región como en distintas partes del planeta ponen en duda dicha perspectiva. Y es que más allá de las particularidades nacionales la lucha de clases se manifiesta de forma local pero es un proceso eminentemente internacional. La continuidad y profundización de las lucha en Colombia, Haití, Francia, Líbano, Iraq, etc, son una prueba de ello. Y es que la lucha de clases no es un evento episódico de crisis esporádicas o cíclicas como se lo figura un sector de la izquierda centrista, sino que la misma despliega sus leyes objetivas sobre toda la historia humana.

Por ello se vuelve necesario distinguir, o mas bien dilucidar, el contenido social bajo las formas políticas y no quedarse atrapado en las políticas y juegos superestructurales de la democracia para ricos. Que amplios sectores de las masas se encuentren apoyando el proceso democrático por un cambio constitucional no disminuye el hecho que constituye una herramienta de desvío para la burguesía, para intentar canalizar el torrente de lucha de las calles a las urnas, mientras comienza a poblar las cárceles de presos políticos.

Querer democratizar la democracia apunta a embellecer esta forma de Estado otorgándole cualidades que no tiene. “Marx considera el imperio de Napoléon III como ‘la única forma de gobierno aceptable en una época en que la burguesía ha perdido la capacidad de gobernar al pueblo y en que la clase obrera todavía no ha adquirido esa capacidad’. Así pues, no es la democracia, sino el bonapartismo lo que, desde el punto de vista de Marx, representa la fase última del poder de la burguesía.”[1]. El paso del capitalismo orgánico a su fase crítica, el imperialismo, hundió los programas nacionales y junto con la Revolución Rusa cambió la etapa histórica abriendo la era de la revolución proletaria. Abrigar esperanzas en una refundación del Estado burgués constituye una quimera reaccionaria. Más aún si al Estado que nos referimos es el de una semicolonia dominada por el imperialismo, en el marco de un proceso acelerado de descomposición del capitalismo.

Buscar en los mecanismos de la democracia burguesa las herramientas refundacionales de la sociedad es querer darse la cabeza contra un muro y creer que al mismo se le infringe dolor. "'En la sociedad burguesa, cuanto más considerable es el patrimonio social, menor es el número de los que se lo apropian. Lo mismo ocurre con el poder: a medida que crece la masa de ciudadanos que gozan de derechos políticos y de gobernantes nombrados por elección, el poder efectivo se concentra y llega a ser monopolio de un grupo de personalidades cada vez más reducido’. Tal es el misterio del régimen de mayorías.”[2]

Un proceso político, al igual que una revolución, puede tener muchas etapas, que implican el desarrollo en la experiencia de importantes sectores, pero esas etapas están dictadas por el devenir del proceso vivo de la lucha de clases y no como etapas necesarias. La adaptación pedagógica a las capas atradasdas del movimiento obrero no implica bajo ningún punto de vista la adaptación política.

Dialogar con las expectativas de las masas, acompañarlas en su luchas, organizar y preparar programáticamente a sus sectores de vanguardia, es parte del ejercicio militante para hacer avanzar lo más rápidamente los procesos, acelerar los tiempos, algo que no dependerá exclusivamente del actuar de la vanguardia, pero que forjará a esta para estar dispuesta a los grandes virajes de las historia y con ellos los flujos y reflujos del movimiento de masas, sus oscilaciones periódicas y sus saltos.

La izquierda centrista, al impulsar en la etapa actual y en todos los países la fórmula de Asamblea Constituyente, queda atrapada en diversas formas de exigencia al Estado y de adaptación a la democracia burguesa. Hay quienes siendo pequeños grupos están volcando toda su energía para conseguir la legalidad y eventualmente participar del proceso constituyente. No colocarse como norte la destrucción del aparato burocrático militar de la burguesía mediante la instauración del poder de la clase proletaria, de su dictadura, significa cederles terreno a las tendencias de la pequeñaburguesía que le darán sobrevida a la burguesía por su grado de dependencia a la misma.

La burguesía no se ha visto perjudicada sustancialmente en la actual situación. Por el contrario no ha hecho más descargar la crisis sobre las espaldas del pueblo. Desde el 18 O a la fecha se han incrementado alrededor de 200 mil nuevos cesantes, se esperan cifras de desempleo mayores al 10% y la masa salarial cada vez más cercana al sueldo mínimo. Como ya lo han manifestado desde la propias cámaras empresarias como la CPC, cualquier modificación (como el aumento de 6% del aporte a las pensiones) “tendrá repercusiones en el empleo y los salarios”. Así también su afronta contra los trabajadores se ha endurecido como lo muestra Codelco, quien en representación del Estado de los patrones, abre un juicio de desafuero y despidos contra más de 20 dirigentes sindicales como respuesta a una huelga de hambre de varios de ellos por no respetar los acuerdos ante los despidos masivos en Chuquicamata. Que en medio de la actual situación política la burguesía ataque al sector más concentrado de la clase obrera nacional, habla de las perspectivas de la clase dominante como de la debilidad organizativa y la crisis de dirección de nuestra clase.

Es de vital importancia fortalecer las organizaciones del movimiento obrero recuperando los sindicatos para la lucha, expulsando a las tendencias burocráticas, poniendo en pie una Central Única de sindicatos mineros e industriales, impulsando un Congreso de Delegados de base de toda la clase trabajadora, para votar un programa de salida a la crisis.

Que la izquierda se plantee forjar una fracción revolucionaria al interior de la clase trabajadora es una prioridad para el desarrollo de la independencia política. Esta militancia obrera será parte fundamental de superar la crisis de dirección revolucionaria de nuestra clase. La construcción de un partido revolucionario mundial, la reconstrucción de la IV Internacional, es una labor que puede partir por la comprensión común de situación y las tareas de los revolucionarios recuperando al marxismo como herramienta filosa para el derrocamiento de la burguesía. Esta tarea ardua de agrupar a los mejores elementos de las antiguas y nuevas generaciones, implica romper con los esquemas legados por las tendencias centristas, algo que no puede resolverse con experimentos de frente único, diluyendo en consignas vacías el programa de los revolucionarios.

[1] En “Terrorismo y Comunismo”, León Trotsky, 1920.

[2] Idem ant. Continúa la cita… “A los ojos del marxista Lafargue, el parlamentarismo subsiste mientras dura el dominio de la burguesía. ‘El día –escribe- en que el proletariado de Europa y América se apodere del Estado deberá organizar un poder revolucionario y regir dictatorialmente la sociedad, mientras la burguesía, en tanto clase social, no haya desaparecido.’”