“Dinámica” para una crisis

El gobierno de Chile aplicó las cuarentenas, al igual que en el resto de los países de la región, donde dichas cuarentenas no significan otra cosa más que el despliegue de la esencia represiva del aparato estatal, de su acción coercitiva. Lo distintivo en relación a otros gobiernos fue la aplicación de cuarentenas “dinámicas” qué significaban el aislamiento, o la intervención del Estado en las relaciones sociales -dislocando distintos sectores económicos como el comercio, el turismo, gastronomía, construcción, etc- y evidenciando al mismo tiempo la centralidad de la producción en el desempeño económico de todas aquellas empresas o servicios que se consideraron esenciales del punto de vista de la burguesía. Al mismo tiempo pretendieron sacar una ventaja competitiva en relación al resto de los distintos países locales llamando a una “nueva normalidad” donde las empresas pusieron acelerador ante el inminente desarrollo exponencial de la pandemia. Esto era evidente dado que venían maquillando números, escondiendo los casos asintomáticos o no contabilizando el total de muertos por Covid19 registrados. Esta nueva normalidad de explotación, lejos de ser un error fue una política consciente de la burguesía chilena que en ese momento expresó la necesidad de no paralizar el aparato productivo para no ser “los más pobres de América Latina” como dijo uno de los máximos representantes de la CPC. Un ejemplo de este ganar tiempo, se evidenció en que estas caprichosas cuarentenas dinámicas no eran aplicadas en su momento en los barrios donde habita la alta pequeña burguesía y la burguesía, y en la prolongación indefinida en aquellas comunas que fueron epicentro de las luchas del proceso semi insurreccional del pasado 18 de octubre. Mientras tanto los hospitales y centros de salud seguían estando al borde del colapso, donde los trabajadores de la salud no contaban ni con los implementos de seguridad adecuados, ni con condiciones mínimas sanitarias, teniendo que reportar al día de hoy la friolera de más de 150 mil infectados y más de 2600 muertos.

Mientras esto acontecía la burguesía aprovechaba para profundizar la crisis social, consecuencia de la crisis y descomposición del capitalismo mundial, cuyas contradicciones se aceleraron con la pandemia. Es así que sacaron distintos proyectos para salvar a la burguesía y a la pequeña burguesía explotadora con la ley de protección del empleo, en rigor una ley de suspensiones que involucra el no pago del salario y el desgaste de los fondos individuales de cesantía más algún que otro aporte del Estado, y sólo para aquellos trabajadores que tuvieron cierta estabilidad laboral previa. Así también se sucedieron una oleada de despidos donde el caso testigo más importante ha sido Latam, la que entre despidos, retiros y licencias sin goce de sueldo, lleva más de 3.600 trabajadores, y en su adhesión al capítulo 11 de la ley de quiebras en Estados Unidos promete que serán varios más, ya que se compara con empresas competidoras como la salvatada alemana Lufthansa que ha declarado que despedirá cerca de 25.000 trabajadores en el planeta. Esta serie de medidas, junto con el despliegue del aparato coercitivo, y la prohibición de actividades llamadas cuentapropistas, es decir actividades de subsistencia, han arrojado violentamente a la mendicidad a cientos de miles que hoy dependen de que el Estado llegue con algún tipo de ayuda. Por esta crisis social en curso salieron a dar “bonos Covid”, y aprobaron el llamado Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), con menos de $65 mil (U$82) por persona en extrema pobreza, y también montaron un show con la entrega de cajas de mercadería con un lindo instructivo para “agradecer al presidente” por esa ayuda miserable.

El preludio de un acuerdo, el temor a las masas

Toda esta política asistencial manifestó sus límites con una estruendosa voz de alarma con las manifestaciones y luchas callejeras qué en medio de la cuarentena y el toque de queda, salieron en los barrios más pobre a reclamar por esa falta de ingreso, por esa preanunciada  situación de hambre y desesperación en la cual cientos de miles de familias van cayendo inminentemente. Justamente un sector de este subproletariado, el que vive el día a día de pitutos, del comercio ambulante o de contratos precarios en obras o faenas, es el principal sector de la clase trabajadora que se manifestó en aquellos días del pasado levantamiento de octubre junto con la juventud explotada y oprimida.
Y esa voz de alarma fue la señal al gobierno de que su periodo de luna de miel con el pánico de las masas ante la enfermedad y la muerte, le imponía un freno a seguir jugando con las mismas, se estaba nuevamente resquebrajando en el momento en el cual se agudizan las condiciones de la pandemia y se profundiza la crisis social desatada. Es aquí donde vuelve reflotar la necesidad de un pacto o acuerdo de unidad nacional. Este acuerdo de unidad nacional es llamado luego de que se agotara la utilización del colegio médico (ColMed) como mediación ante la ausencia de la misma. Si bien un importante sector de los médicos tienen condiciones de vida, semejantes o emparentadas con algunos sectores obreros, sobre todo con sus estratos altos, independientemente de sus buenas intenciones, constituyen de por sí una capa social media conservadora entre el capital y el trabajo, orientados por lo general a apalancar al régimen democrático, a sostenerlo y embellecerlo. Este es el rol que ha jugado en rigor el ColMed con Izkia Siches a la cabeza, quien en su momento llamara a desmovilizar, a no participar de movilizaciones, y quien en sus discusiones con el gobierno llamó una y otra vez a la unidad con el mismo, responsable a sabiendas de la inoperancia y la criminalidad con la cual actuaba. Es efectivo que jugar a la mediación social a través del ColMed tenía sus limitaciones ya que no estaban integrando a las organizaciones de trabajadores de la salud ni tampoco estaban visibilizando siquiera la situación catastrófica del sistema de salud en la llamada “Mesa Social Covid” en la que participan no pocos verdaderos mercenarios de la salud, ligados a Isapres y clínicas privadas. Efectivamente esta mediación estaba agotada para la política del gobierno y necesitaba algo más amplio y superestructural. Justamente fue el colegio médico junto a economistas de la concertación y distintos arribistas del FA los que propusieron un plan económico basado en la utilización del fondo de estabilidad económico social (FEES) para no perjudicar las cuentas de la gran burguesía cuyo marco entusiasmó airosamente a multimillonarios como Luksic.

Al mismo tiempo el gobierno gestiona un préstamo con el FMI de 24 mil millones de dólares, con el organismo famoso en países como Argentina, Ecuador o el Salvador por sus recetas de ajuste y ataque a los trabajadores. El organismo presuroso le concedió dicho préstamo viendo el currículum de Chile de niño mimado del imperialismo qué ha sabido flexibilizar a la clase obrera y abrir de par en par el país a la explotación y usura del capital financiero internacional. Este préstamo, eso sí, no es para paliar la crisis actual sino que está destinado a “otorgar liquidez” a los grandes monopolios ante la potencial situación de fuga de capitales o descalabro del sistema crediticio.
Al plan del gobierno de acuerdo nacional asistieron rápidamente todos los partidos de la vieja concertación más revolución democrática. El plan consiste en 10 mil millones de dólares, 3000 millones a utilizar este año en la emergencia, y siete mil millones para el 2021 hasta febrero del 2022 para reactivación y subsidios al empleo, eso sí, con un compromiso para no levantar nuevas solicitudes de gastos en todo ese periodo. Estos tres mil millones estarían financiados por reasignaciones presupuestarias o partidas no ejecutadas. Toda la diferencia de la oposición burguesa y pequeñoburguesa con el gobierno se acoto a cuánto era deuda y cuanto del FEES y; cuánto iban a potenciar el IFE ya que el mismo quedaba debajo de la línea de pobreza para un hogar de 4 personas, algo que la burguesía no va a permitir ya que esta ayuda estatal de mendicidad no puede estar por sobre el salario mínimo que regirá en el momento de una potencial reactivación económica. Un bello proyecto que también incluye la potencial rebaja de impuestos a las empresas post-pandemia.

Si estatismo quieres…

Por su parte el partido comunista no asistió al acuerdo partidario intentando colocar una “mesa social” con el gobierno vía la CUT por los despidos y suspensiones la que fue reemplazado por un par de reuniones del consejo superior laboral, órgano tripartito permanente (gobierno, empresarios, centrales sindicales), creado durante el gobierno de Bachelet. El centro de la política del PC fue la exigencia de un impuesto mínimo a las grandes fortunas “a los súper ricos” para financiar la crisis. A esta demanda se han acoplado sectores de la izquierda exigiendo además que ese impuesto a las ganancias sea impulsado por luchas de exigencia de los trabajadores, una especie de estatismo de “primera línea”, que abandona todo norte por expropiar a los expropiadores.
Y es que estos giros de intervencionismo estatal, dejan en mal pie a todas las tendencias estatistas que bregaban justamente porque, mediante una reforma al Estado, una nueva constitución, se pudiese poner límite o condiciones a la burguesía y a la explotación imperialista, otorgando mediante este acto político fundacional los derechos que hoy se ven abiertamente negados como la salud, la educación, el trabajo o la vivienda. Dado que sale a la luz toda la miseria en una semicolonia, el aceleramiento de las contradicciones producto de la crisis económica mundial, profundizada por la pandemia en curso, y la intervención violenta del Estado en las relaciones sociales ha motivado o ha hecho emerger, como en todas las grandes catástrofes en Chile, la putrefacción del capitalismo. Las condiciones de hacinamiento que se expresa en la falta de viviendas para la población trabajadora, que ha tenido como correlato la toma de algunos terrenos, la expansión de los campamentos. Caso testigo la situación de la población inmigrante, que llegó entusiasmada con las promesas de un Chile modelo que le prometía mejores condiciones de vida que en sus países de origen, ha terminado viviendo en las peores condiciones de miseria en campamentos, en cites ruinosos, acosados por la enfermedad y el hambre, muchos terminaron acampando literalmente frente a sus embajadas, pidiendo volver a sus países, mientras se montaban espectáculos con su desgracia como si fuera ajena. También el acceso a la salud y las condiciones de trabajo dejan en evidencia lo que los números no pueden maquillar, aquello de que una familia con un salario apenas superior al mínimo pertenece a una “clase media” endeudada pero con “calidad de vida”.

Latam es un caso testigo del rol del Estado y de la burguesía chilena. Latam es una empresa cuyo principal accionista es la familia Cueto (por medio de 3 empresas distintas) asociada con la yanki Delta Airline y con la árabe Qatar Airways. Se encuentra regentada por la filial Latam Finance ltda con domicilio en Gran Caymán, “una sociedad establecida con domicilio y nacionalidad en un paraíso fiscal”[El Mostrador 09/06]. A esta empresa luego de la crisis social que está provocando y seguirá provocando (sin mencionar perlitas como el pago de una deuda a su exsocio Piñera de $26mil millones antes de pedir el rescate estatal), el Estado está presto ayudar a salvatar como línea fundamental de bandera “nacional” e industria estratégica del Estado chileno. Es ejemplificador ya que no existe propiedad de las 7 familias, de los “dueños de Chile”, que no se encuentre ligada de una manera similar a alguna empresa monopólica perteneciente a los grandes países imperialistas, lo que explica que la sub-burguesía chilena es una clase rentista parasitaria al mando del semi Estado burgués.

Preparar una respuesta

Los datos oficiales dan cuenta alrededor de 1 millón de desocupados más otro tanto de trabajadores que han dejado de buscar trabajo, e igual número que han sido pasados por la ley de suspensión laboral. Al mismo tiempo las empresas han redoblado los ritmos de producción, en muchos casos se han dejado al descubierto a los trabajadores de riesgo, no se han dado los implementos básicos de protección personal -y en aquellos lugares donde sí se han dado se han restringido los protocolos de aislamiento físico- dándose una situación contínua de cada vez mayor cantidad de trabajadores contagiados quedando en evidencia que ni el Estado, ni los patrones que lo regentean están preocupados para salvar la vida de la población.

Ante esto se torna imperioso que los trabajadores de las grandes concentraciones obreras organicen los sindicatos activamente para enfrentar este ataque en regla hacia el conjunto de la clase trabajadora, ligando los desocupados mediante comités de acción, para su incorporación al aparato productivo, levantando los protocolos necesarios sanitarios discutidos con las bases, para imponer el aislamiento físico allí donde sea necesario, levantando comités de seguridad desde las bases, luchando mediante los métodos de la clase trabajadora, como las detenciones productivas, las huelgas, las barricadas. El impedimento de celebrar reuniones masivas es una excelente excusa de parte del gobierno y la patronal para impedir la organización sindical. Es aquí donde las reuniones con delegados de base se tornan una herramienta formidable para evadir la prohibición y mantener activo el sindicato. Es prioritario que ante el grado de la crisis económica y social en desarrollo sea la clase trabajadora la que intervenga con un programa propio para dar una respuesta a la altura de la situación.

Se contradicen a sí mismas aquellas organizaciones que llaman al Estado a ejercer una “acción coercitiva” ante los bajos efectos de las cuarentenas gubernamentales si al mismo tiempo pretenden mantener activas las organizaciones sindicales y sociales. Quizás opinen que la lucha de clases pueda desarrollarse por Zoom o Facebook Live. También están quiénes no dimensionan el carácter internacional de la actual crisis que compromete a todo el equilibrio capitalista - algo que está siendo demostrado con creces en el proceso de masivas movilizaciones espontáneas en el seno del imperialismo norteamericano, que muestran al capitalismo en su alto grado de descomposición-, y se vuelven a ejercitar recetas redistribucionista tales como “renacionalizar el cobre para obtener recursos frescos” para paliar el hambre, o intervenir los puertos “abriendo los containers” para distribuir esa comida en la población o en las ollas comunes. Una salida y un programa obrero revolucionario debe desarrollar el control obrero como una forma de organizar el poder de nuestra clase para destruir el Estado de los explotadores, luchando no por conquistar una reforma al aparato estatal o redistribuir el desarrollo anárquico de su producción, sino que por el contrario, en vías de imponer una planificación económica mundial, promover la necesidad de la conquista del poder político de la clase trabajadora avanzando hacia una Federación de Estados Obreros y Socialistas de América, uniendo a la clase trabajadora de los países oprimidos con el potente proletariado norteamericano, que está dando importantes batallas contra su propia burguesía.
Para esto fundamental discutir y agrupar a la vanguardia revolucionaria en un partido mundial de la revolución socialista, que no es otra lucha que la lucha por reconstruir la cuarta internacional.