Una gran lucha educativa en marcha, hacia un Congreso Educativo Nacional

El martes 11 de junio, decenas de miles de docentes, ingresaron por las autopistas de acceso a la ciudad puerto de Valparaíso en una marcha de más de 11 kilómetros para confluir en una gran concentración copando el centro porteño.

Esta es la segunda manifestación de envergadura nacional convocada por el Colegio de Profesores en el marco de un Paro Nacional Indefinido que inició el pasado 3 de junio y mantiene paralizado a casi la totalidad de los colegios públicos.

Lo que disparó la decisión de los delegados del CdP a optar mayoritariamente por la modalidad de paro indefinido, no sólo fue la nula respuesta que recibieran en meses de mesas de conversaciones de la directiva con el ministerio de educación, sino la situación en decadencia y abandono en que se encuentran los colegios (ratones en las escuelas, sin calefacción en las aulas de las zonas más australes, baños destruidos, sin implementos higiénicos, sin material didáctico) además de la desidia administrativa de la burocracia estatal que no solo es incapaz de realizar en tiempo la distribución del miserable presupuesto educativo, sino la sobrecarga de trabajo del personal docente.

A diferencia de otras paralizaciones, ésta no incluye entre sus exigencias la del aumento salarial. Se trata de una lucha por mejorar las condiciones laborales y contra las condiciones de precariedad, insalubridad e indigencia en que se encuentra la educación en su conjunto. A esto hay que sumarle la modificación que dictara el ministerio de educación de eliminar la obligatoriedad de impartir las asignaturas de historia, educación física y artes en los niveles de 3° y 4° medio, lo que en los hechos significaría su eliminación en los colegios de escasos recursos.

Además que no sólo en el sector público, aunque es donde se evidencia con mayor profundidad con cierre de colegios por bajos puntajes o deserciones de estudiantes, sino también en el sector particular subvencionado, donde los mercaderes de la educación reconvertidos en fundaciones de triangulación de dinero por la gran reforma “progre” del gobierno anterior, vienen asestando golpes a las condiciones de trabajo y salario de los docentes y funcionarios, como lo evidenció la ejemplar lucha de 36 días de los trabajadores de 5 colegios de la Corporación El Bosque. 36 días en los que burócratas sindicales se pavonearon en muestras de solidaridad a un tweet de distancia, sin que movieran un dedo para apoyar de forma efectiva esa lucha que finalmente bajaron por desgaste.

Hacia la juventud que salió a luchar, que tiene como caso testigo el Instituto Nacional, el gobierno ha respondido con la aplicación de la ley, aprobada por oficialismo y oposición, rebautizada por el activismo como J “aula segura”, que además de acortar los tiempos de expulsión de alumnos de los colegios, ha tenido como principal protagonista cotidiano la represión de carabineros, con ingresos a los colegios, lanzamiento de gases lacrimógenos en los recintos en clase, detenciones , abusos y golpizas arbitrarias a menores, revisión ilegal de mochilas, entre otras perlitas de estos agentes represivos.

El pliego levantado por los docentes (12 puntos, incluyendo la anulación de la eliminación las asignaturas en la media) es amplio y variado. Pago de la deuda histórica; utilización adecuada de las horas no lectivas, exceso de trabajo burocrático, reemplazo de licencias y vacaciones; dotación docente que rebasa con creces el mínimo de personal a contrata, con 20 años de antigüedad algunos; por contratación indefinida y derecho a indemnización en caso de despido; pago de bonificaciones de acuerdo a cargo y nivel; fin a la doble evaluación docente; democratización de las carreras de cargo; pago de vacaciones a quienes hayan trabajado por 6 meses; fin a la doble evaluación docente, fin al SIMCE como método de estandarización para el cierre y abandono de colegios; carrera profesional docente; normalización de los servicios locales de educación que mantiene en el abandono a colegios ya en emergencia; y temas “urgentes” reevaluación de apelaciones, reapertura de cupos para retiro, revisar catastro docentes en deuda histórica, etc.

Según lo que expresó el Presidente del CdP Mario Aguilar, de todos los puntos sólo uno requería mayores recursos (deuda histórica) el resto era un tema de “voluntad política”. Esta afirmación de parte de la burocracia sindical expresa toda una declaración de intenciones de no solo no dar respuesta hasta el final al propio pliego docente, sino que manifiesta la intención de cerrar rápidamente  algún protocolo de buenas intenciones con el gobierno para sentarse a dialogar, descomprimir y desviar las fuerzas que este paro desató.

Ante esta inminente traición de la burocracia es necesario convocar a un Congreso de Educativo Nacional de Emergencia, de trabajadores docente y no docentes, votando delegados en todas las escuelas (publicas y particulares) e integrando a las universidades para amplificar este paro en una verdadera lucha educativa, levantando un pliego único de demandas para enfrentar al gobierno, a los patrones de la educación y a los planes del imperialismo.

Esta lucha ha recibido la solidaridad formal de parte de las burocracias sindicales agrupadas en la IEAL (Internacional de la Educación América Latina) con Hugo Yasky de la CTERA (Argentina) en calidad de presidente de este agrupamiento. Esta solidaridad da cuenta del ataque sistemático que recibe la educación en la región de parte del imperialismo que mediante el ajuste presupuestario y las medidas represivas pretenden descargar las crisis capitalistas sobre los trabajadores y el pueblo. Por ello será necesario que el activismo latinoamericano que está dando grandes luchas tanto contra estos planes como contra las direcciones burocráticas que las coartan, redoble sus esfuerzos para unificarse de forma efectiva, y comience a debatir una salida programática común para la educación, arrebatándole de las manos la orientación de la misma a la clase capitalista.