Más de un mes duró el paro de los trabajadores portuarios, un sector de la clase obrera que protagonizó una de las más importantes luchas de los últimos años contra una de las patronales más fuertes del país. Esta lucha de los trabajadores vino a dar luz sobre las condiciones precarias e inestables de este sector obrero donde su salario depende de la disponibilidad de los turnos, sin derechos laborales y sociales, en una ciudad con altos índices de cesantía y pobreza, donde por ejemplo los incendios han arrasado los hogares donde viven las familias obreras. La  línea dura contra los trabajadores, llevada a cabo por la patronal que buscó reventar la huelga mediante el accionar represivo, que incluyó golpizas a trabajadores, seguimiento a dirigentes, la utilización de rompehuelgas, la represión policial y de la marina, la represión se dirigió contra el sindicato ingresando y destrozando la histórica sede (su mobiliario, estandarte, vidrios y todo lo que encontró a su paso la furia e impotencia de carabineros que no pudo bajar del techo a los trabajadores que enfrentaban la represión).

El gobierno después de señalar que este era un conflicto entre privados salió a evitar que se les abriera otro flanco de una mayor crisis, donde el gran empresariado presionaba para que esta movilización pare y no escalara más allá. Por ello intervinieron directamente primero el 18 de diciembre para llegar a un preacuerdo, firmado y aprobado por la directiva sindical la que no podía hacerlo pasar sin la consulta a la asamblea, algo que era visto como peligroso por las cámaras empresarias, preacuerdo que la asamblea rechazó unánimemente. Al final en una segunda ocasión los dirigentes Kimpel-Rojas y el gobierno lograron un preacuerdo que implica una giftcard de 250.000, un préstamo de 550.000 y un aguinaldo de 75.000. Para enero un curso de capacitación de 400.000 y un bono de 750.0000 para enero (los trabajadores pedían 2 millones). En todo momento los dirigentes se la jugaron por imponer este acuerdo. Una propuesta que no se condice con los casi 40 días  de huelga de los trabajadores y las posibilidades de extenderse el conflicto en la rama portuaria, donde ya había habido paros y diversas expresiones de solidaridad. Pese a todo los trabajadores lo han considerado un triunfo ante la intransigencia patronal, lo cual es un punto de apoyo para avanzar en lucha y organización. Lo fundamental es que este acuerdo no cierra el conflicto puesto que las condiciones de “eventualidad laboral” se mantienen en los portuarios, solo es un paliativo insultante hacía los trabajadores que han protagonizado esta enorme lucha.

Por su parte el alcalde Sharp (F.A.) junto con la oposición burguesa hicieron insistentes llamado a los empresarios a dialogar junto con haber condenado los hechos de violencia, para que el conflicto no escalara, es decir, buscando evitar que se ponga en el centro la lucha de clases. Pretendiendo cerrar la lucha en las instituciones del Estado, mal que le pese a su discurso autonomista, buscando discursivamente impulsar alianzas de clase territoriales dirigidas por la pequeñoburguesía, cuando lo que en realidad se necesitaba es la alianza de toda la clase trabajadora en la producción para enfrentar los ataques de las patronales y la miseria que el capitalismo genera en las familias obreras.

Los dirigentes de la Unión Portuaria buscaron que el gobierno de Piñera intercediera en el conflicto impulsando mesas de diálogo que llevaran a proyectos de ley que establezcan la base de “derechos laborales” para los trabajadores eventuales. Como era de esperar el gobierno intenta dar respuesta a esta situación indicando que la salida es precarizar aún más las condiciones de trabajo ante las innovaciones técnicas en la producción (lo que no viene al caso dado que las nuevas grúas asisten a naves de mayor dimensión requiriendo la misma fuerza de trabajo).

Esta orientación de llamar a confiar en proyectos de ley o en la política de presión al Estado burgués, será nefasta para los trabajadores portuarios quienes han enfrentado el accionar tanto de la gestión en representación directa del empresariado de los ministros de trabajo y transporte  (Monckenberg/Hutt), como la represión abierta y descarnada de parte de ese mismo Estado.  Si bien han llevado a cabo acciones nacionales en solidaridad, la orientación planteada por la directiva y los asesores legales se dirige a contener, desviar y desmotivar la fuerza de los trabajadores portuarios para irse colocando como una nueva mediación de la dominación capitalista. Luchar contra la burocratización de la Unión Portuaria, que surgió como un ejemplo de organización y de lucha de todo un sector obrero agrupado en una  rama, promoviendo a nuevos dirigentes, desplazando a los burócratas históricos y luchando por la independencia de los sindicatos del Estado, será una tarea central para la vanguardia obrera en el próximo periodo.

La necesidad de un programa obrero

La clase obrera portuaria ocupa un importante papel, puesto que, es parte de la rama de la economía donde se desarrolla la circulación de mercancías, esto lo saben las patronales que reclaman por las pérdidas en sus ganancias, en particular en la patronal agroexportadora que ve perder la producción y vencer las fechas de entrega.

Es central  que como balance se discuta la necesidad de  un congreso de delegados de base a nivel nacional, con mandato de asambleas, donde se discuta un programa obrero que parta entre otros puntos con la consigna de pelear por poner fin al trabajo eventual, partiendo por imponer la escala móvil de horas de trabajo, calculada por el trabajo conjunto de permanente y eventuales, estableciendo un piso mínimo de turnos y horas al mes determinado por el costo de la canasta familiar, junto con imponer que se garanticen todos los derechos laborales y sociales.

Es importante recuperar los sindicatos de manos de burócratas sindicales para luchar contra los planes del gobierno, la patronal como la de Von Appen y los planes de ajuste y represión dictados por el imperialismo. Es necesario levantar fracciones obreras revolucionarios en los sindicatos para pelear por un programa obrero para enfrentar los ataques patronales y la miseria generalizada del capitalismo en descomposición.

Diciembre 2018

El pasado jueves 10 de enero, Nicolás Maduro asumió su 2º período como presidente venezolano. Las elecciones presidenciales fueron el 20 de mayo de 2018, con una abstención mayor al 70%, mostrando la precariedad institucional del poder burgués en el país. Las bases de la economía capitalista se vienen deteriorando de forma acelerada en los últimos años, con una inflación galopante que ha destruido el salario obrero y empujando a cientos de miles a la migración por el desabastecimiento de productos alimentarios, médicos y sanitarios. Este descalabro económico, sin dejar de ser responsabilidad del gobierno chavista, es indudablemente parte de la crisis capitalista mundial.

Luego de desconocer las elecciones del 20/5/18, la oposición venezolana se ha atrincherado en otra institución de la república burguesa, la Asamblea Nacional. Desde este punto de apoyo, el imperialismo, comandado por Trump, está llamando a desconocer al gobierno de Maduro, primero a través de los gobiernos cipayos del llamado grupo de Lima (a excepción de México, que se postula como mediador) y luego abiertamente a través de funcionarios de su administración como Bolton, Pompeo, y el propio vicepresidente Pence. La Asamblea Nacional aporta un “presidente interino” para esta operación imperialista, el derechista Juan Guaidó, quien desde la asunción de Maduro no cesa de llamar a las fuerzas armadas a rebelarse. La oposición burguesa venezolana, frente a su propia debilidad, comprende que la clave de la situación es la relación de fuerzas a nivel continental y ha leído la ofensiva de Trump y la asunción de Bolsonaro como una oportunidad para dar una salida favorable a sus intereses (los mismos que los del imperialismo) a la crisis que atraviesa desde hace años al país.

Dos bandos burgueses

Bajo esta pelea cada vez más descarnada por el poder están los intereses por el control de los enormes recursos económicos de Venezuela y de toda la región. Trump está lanzando una cruzada para desalojar a China de las posiciones conquistadas durante el período de gobiernos bonapartistas sui generis de la década pasada, que debieron lidiar con una agenda marcada por semiinsurrecciones espontáneas frente a las consecuencias de las políticas del consenso de Washington en diferentes países como Argentina, Bolivia, Ecuador y la propia Venezuela. La actual ofensiva del imperialismo por imponer una nueva orientación se hace sentir con toda crudeza, y los resabios de esos gobiernos anteriores que no han sabido acomodarse a la situación (a diferencia de Evo Morales, nuevo amigo de Bolsonaro y viejo aliado de las petroleras) son un blanco predilecto para una política mucho más abarcadora. Y es que toda la región, a través gobiernos más directamente alineados al amo yanqui, está siendo sometida a los paquetes de reformas laborales, previsionales y fiscales, educativas y de salud, entre otras, a pedido del imperialismo y los intereses de las grandes empresas del capital financiero internacional.

Si la lucha por los recursos y el control de los mercados es descarnada, y abre una pelea por el poder, lo trágico es que la crisis de dirección revolucionaria impide por el momento al proletariado venezolano y de toda la región presentar una salida progresiva a través de una acción independiente y de clase. No podemos dejar de señalar cómo todas las expresiones de centroizquierda y progresistas de la región han contribuido a esta tragedia, alimentando expectativas en agentes del capital como los Chávez, los Lula, los Evo y los Kirchner. Más penoso aún es que corrientes de la izquierda trotskista hayan hecho lo propio, buscando dialogar con “las masas”, embelleciendo a los gobiernos latinoamericanos a lo sumo como el “mal menor” frente a la derecha “neoliberal”. El último ejemplo de esto es el llamado de corrientes como la FT-CI, el PO argentino, el SOB o la UIT-CI a apoyar, más o menos abiertamente, al petista Fernando Haddad en la 2º vuelta electoral en Brasil contra Bolsonaro.

No hay salida bajo el capitalismo

El desarrollo de la crisis venezolana ha dejado expuesto el rol central de las fuerzas armadas como núcleo central del estado capitalista. Por eso los llamados desesperados de la oposición para atraerlas a su bando y los constantes gestos de Maduro para mostrar el apoyo de las bayonetas a su gobierno, tal como lo expuso en su último discurso el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López. La situación de polarización que se vive en Venezuela no debe ser tomada como una excepción, sino como el preludio de los choques políticos y sociales que generará la política norteamericana en el continente.

La política de reformas impulsadas por el imperialismo ya ha encontrado resistencia en los países donde se está aplicando. No sólo en América Latina, sino también en Europa, donde los chalecos amarillos vienen enfrentando la política de desmantelamiento del estado de bienestar de Macron. Los procesos de masas irrumpen contra los planes de ajuste, pero aún se desarrollan dentro de la legalidad burguesa y con direcciones reformistas y, en gran parte de estos procesos, el proletariado interviene de forma diluida.

Los revolucionarios debemos enfrentar la situación con audacia y sin engañar al proletariado. La política de clase debe orientarse a romper la envoltura democrática del Estado burgués, envoltura cada vez más tenue y casi inexistente en los países latinoamericanos. Seguir sembrando ilusiones en las formas democráticas de la burguesía, que en realidad pretenden ocultar la dominación de clase del imperialismo, es un error con consecuencias funestas para los trabajadores y las masas.

La necesidad de recuperar los sindicatos y a partir de ello organizar la autodefensa es una tarea de primer orden en Venezuela. El control obrero por ramas económicas se impone como única salida al descalabro económico a que someten al pueblo Maduro y la oposición pro imperialista. Un congreso de delegados con mandato de base es una política a levantar en cada fábrica y establecimiento, para unificar a nuestra clase en la necesidad de enfrentar al Estado con un plan de lucha y discutir un programa de salida obrera a la crisis generada por los capitalistas.

Las actuales debilidades organizativas de la clase obrera venezolana pueden y deben ser superadas con el apoyo decidido de los trabajadores de todo el continente, empezando por el proletariado norteamericano, que desarrolla importantes experiencias de organización y lucha contra Trump y el Estado imperialista. Abrir las puertas de los sindicatos de los diferentes países de la región para la organización de los trabajadores venezolanos desplazados es una tarea internacionalista de primer orden que debe encarar todo revolucionario.

Se trata de una pelea a muerte contra el imperialismo, que viene a recuperar las posiciones en su patio trasero. Una lucha antiimperialista y revolucionaria, que debe partir de sacar balance de los gobiernos de la etapa anterior que lejos de enfrentar al imperialismo sentaron las bases para la debacle actual. Y luchar por la dictadura del proletariado y su extensión internacional en una Federación de Repúblicas Socialistas de América Latina.

Sostenemos la necesidad de desarrollar una Conferencia Latinoamericana, para poder discutir de cara a la vanguardia y ayudar a su desarrollo en países como Venezuela y otros países de la región, para impulsar tareas internacionalistas que permitan afianzar núcleos revolucionarios y una lucha política entre las tendencias que nos reivindicamos del trotskismo para aproximarnos a sentar las bases de una dirección revolucionaria. Llamamos a la LIT-CI, la CRCI, FT-CI y organizaciones que aún reivindiquen la dictadura del proletariado y la reconstrucción de la IV Internacional a tomar en sus manos la realización de dicha Conferencia para discutir un programa transicional.

¡Fuera las manos del imperialismo de Venezuela!

¡Por una Federación de Repúblicas Socialistas de América Latina!

19 de Enero de 2019

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El capitalismo avanza hacia otro capítulo más de la crisis iniciada en el 2008. Los pronósticos de los principales representantes del capital financiero como el BM o el FMI, pronostican a la baja el crecimiento mundial con posibilidades de una situación recesiva a en EEUU que arrastrará o afectará en distinta grado, al igual que en el 2008 a todas las regiones del planeta. Y es que esa crisis, no fue una más del ciclo económico sino que expresa la profunda crisis estructural de la economía capitalista y que llevó a todos los gobiernos de la burguesía a impulsar distintas recetas para paliar la crisis o patearla para adelante. Dichas recetas tienen como principal ingrediente el descargar sobre los trabajadores y el pueblo los costos de esta. Así se han sucedido los recortes de presupuesto fiscal, los cierres de empresas, los ataques a la seguridad social, reformas laborales para precarizar el trabajo y aniquilar conquistas obreras, exenciones impositivas para mitigar la alicaída tasa de ganancia capitalista, etc. Como parte de esto el capitalismo ha tensado las disputas interimperialistas profundizando las guerras comerciales, la lucha de aranceles, ha incentivado el desarrollo de guerras regionales, la disputa por el control de mercados, recursos y el dominio sobre determinadas ramas económicas. Justamente por esto ha colocado en crisis el inestable equilibrio capitalista conseguido a la salida de la 2a Guerra Mundial profundizando los conflictos interestatales, la anarquía capitalista de la producción y la crisis de los regímenes políticos burgueses en cientos de países.

En latinoamérica recrudece la crisis el carácter semicolonial de los países de la región. Una mayoría de gobiernos se encuentran aplicando las recetas del Fondo Monetario, incrementando sideralmente las deudas nacionales y la dependencia imperialista, atacando la salud, la educación, el salario y las condiciones de trabajo. La crisis social es gigantesca llegando, según cifras de la CEPAL, a más de 184 millones de pobres en la zona a lo que hay que sumarle más de 62 millones en la extrema pobreza a fines del 2017, siendo las mujeres y la juventud su principal componente. Cifras que aún no dan cuenta de la profundidad de la crisis que ha seguido su curso, donde países como Venezuela, Argentina o Brasil, exponen un panorama sombrío que planta un futuro de miseria para las nuevas generaciones.

Es en este contexto de crisis capitalista que el imperialismo norteamericano de la mano del gobierno de Trump, ha redoblado la ofensiva sobre lo que considera su "patio trasero" presionando a gobiernos y fracciones burguesas a posicionarse ante el amo del norte. Y es que la misma crisis lleva a las débiles burguesías latinoamericanas a tomar posición para alinearse ante el capital financiero y maniobrar en medio de las contradicciones de la economía mundial como es la dependencia de las importaciones de Chinas, de las inversiones imperialistas, y los vaivenes de la guerra comercial desatada por los EEUU, o las oscilaciones en las medidas monetaristas del Tesoro yanqui, que aniquilan las capacidades de maniobra de los gobiernos dependientes. En este contexto es que las sub-burguesías latinoamericanas ensayan alineamientos políticos pro-imperialistas como es el grupo de Lima (encabezado por los gobiernos de Chile, Colombia, Perú y Argentina) con la expectativa de que, mostrándose serviles al amo del norte, los flujos de capital vengan a dinamizar los negocios capitalistas, mientras endurecen aún más el carácter represivo de sus regímenes burgueses, y hasta restringen las escasas "libertades" democráticas de la sociedad de clases. Del mismo modo, las fracciones burguesas armadas con programas políticos estatistas, como en México o Venezuela, o que se encuentran en la oposición en otros países (como las que representa el PT Brasilero o el Kirchnerismo argentino) pretenden negociar mejores condiciones con el imperialismo para el pago de las deudas externas o de la gradualidad del ajuste, aplicando una que otra dádiva para amortiguar la crisis social, pero se proyectan de todas maneras como los continuadores del saqueo generalizado de la rapiña imperialista a los trabajadores y el pueblo.

La clase trabajadora es la única clase con el potencial para derrotar al imperialismo, sus planes y sus gobiernos serviles. Justamente es la que mueve todo el aparato productivo que controla el mando capitalista y que es la base de la dominación social imperialista. La única clase que genera valor al poner en acción sus músculos, su inteligencia, su creatividad. Los recursos disputados por las potencias imperialistas, el anárquico debilitamiento o el desarrollo de fuerzas productivas, no son nada sin la fuerza social que pone en movimiento la creación diaria de riqueza que es expropiada y despilfarrada por la parasitaria clase capitalista. No han faltado demostraciones de importantes luchas de los trabajadores en diferentes países contra los planes del gobierno y el imperialismo. Sin embargo, estas han sido aisladas, contenidas o directamente derrotadas por la política de las direcciones oficiales del movimiento obrero. Direcciones burocráticas que llevan a los trabajadores a la vía muerta de la presión a las instituciones estatales como el parlamento o los ministerios, y de paso coquetean o directamente se alinean con diversas fracciones de capitalistas "nacionales". Como ejemplo podemos tomar a Venezuela y al chavismo del PSUV como el caso extremo en el que se mantiene maniatados a importantes sectores de trabajadores al aparato del Estado Burgués regenteado por la "boliburguesía" y su aparato militar. Y esta dirección dice llamarse socialista y antiimperialista, para mejor engañar a las masas obreras y coartarle cualquier salida independiente. Ante la extrema presión del imperialismo yanqui en la región, no es el antiimperialismo de corte nacional y burgués el que dará una salida a la crisis en la que está sumida la población. Ese falso "antiimperialismo" que pregona un desarrollo nacional de la mano del Estado capitalista y para el beneficio de la gran y pequeña burguesía autóctona. Esto sólo seguirá profundizando la dependencia nacional y la explotación obrera.

Es necesario que los trabajadores recuperen los sindicatos expulsando a la burocracia de los mismos. Es necesario que empecemos a trabajar arduamente por impulsar la unidad de las filas de nuestra clase al mismo tiempo que levantar un programa de acción y revolucionario que se dirija a enfrentar a los patrones, los gobiernos y los planes imperialistas. Hay que luchar a cada paso por la independencia política de la clase trabajadora de la influencia de la clase dominante. Esta lucha no empieza y acaba en una que otra declaración de principios, se trata de medidas políticas, organizativas y de acción de nuestra clase que se dirijan principalmente contra el principal instrumento de opresión de los explotadores que es el Estado. Parte de este programa deberá ser el imponer mediante el control obrero de las principales ramas económicas, la apertura de libros contables, la escala móvil de salarios y de horas de trabajo, para detener la degradación de las condiciones sociales de las masas obreras, y al mismo tiempo incorporar masivamente a los desocupados a la producción. Estos primeros pasos pueden educar a la vanguardia obrera en las tareas de la planificación de la economía preparando las bases para la expropiación de los expropiadores.

Los trabajadores en los países semicoloniales deben luchar por expulsar al imperialismo, hermanando sus luchas con los trabajadores de los países imperialistas. Es el carácter internacionalista inalterable de la clase trabajadora la que debe colocarse en primer plano. La lucha de los trabajadores latinoamericanos será por arrebatar el poder a la burguesía poniendo en pie una Federación de Estados Obreros Socialistas de Latinoamérica como la forma en extensión internacional de la dictadura del proletariado.

Esta perspectiva de lucha no puede sino estar ligada a la lucha de los trabajadores por el poder, por el derrocamiento de la burguesía y su régimen de explotación. Para esta perspectiva es que tenemos que levantar una organización internacional de la vanguardia obrera, que prepare paciente y persistentemente el triunfo sobre los capitalistas. Un partido mundial de la revolución socialista que no será otro que la IV Internacional reconstruida.

A fines del siglo XIX la clase trabajadora con sus luchas generalizadas contra la explotación y por la jornada de 8 horas, dejó instituido el primero de mayo como el día internacional de nuestra clase. No podemos menos que aprovechar esta conmemoración para retomar las lecciones de las luchas revolucionarias del proletariado y enarbolar la consigna que han recorrido las mismas:

"Trabajadores del mundo Uníos"

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A Reforma da Previdência insere-se no conjunto de políticas de ataque aos trabalhadores em todo o mundo; políticas com as quais o imperialismo busca encontrar uma saída para a crise estrutural do capitalismo. Através de ajustes e reformas fiscais, previdenciárias, trabalhistas, sociais e educacionais, a burguesia intenta impor uma nova relação entre o Estado e as classes sociais, rompendo com os pactos e instituições construídos no pós-guerra(como o estado de bem estar social nos países imperialistas)repassando aos trabalhadores os custos de manutenção do aparato estatal, bem como de suas prerrogativas sociais. Na última década, países como França, Alemanha, Espanha, Grécia e Rússia aplicaram reformas previdenciárias que aumentaram a idade mínima e o tempo de contribuição. Outros países, como Portugal, Dinamarca, Itália, Suécia eReino Unido realizaram mudanças além do aumento gradual na idade mínima, como novos cálculos para o benefício, corte nas aposentadorias já pagas ou mudanças no regime de repartição, incluindo a capitalização.

Nos países semicoloniais, na América Latina, as reformas e ajustes se apresentam com maior crueldade. Isso porque, na atual conjuntura, o imperialismo também modifica suas relações interestatais, abrindo disputas políticas e comerciais e disciplinando as semicolônias com maior ingerência e com uma política clara de exportação da crise. Neste sentido, estes países orientam sua política de estado aos interesses do imperialismo, aumentando ainda mais o grau de exploração de seus trabalhadores. No Brasil, a Emenda Constitucional 95 (congelamento dos gastos por 20 anos), a reforma trabalhista, a reforma do Ensino Médio e agora, a reforma da Previdência buscam diminuir consideravelmente o aporte estatal na garantia de serviços e direitos, transferindo para os trabalhadores o custo de sua própria exploração.

O PROJETO DA REFORMA DE BOLSONARO

O governo Bolsonaro atua neste sentido: procura ser o capacho do capital imperialista na sua exploração feroz por manutenção de seus lucros e dividendos. Por isto apresenta uma reforma da Previdência mais agressiva do que as reformas apresentadas por governos passados, incapazes de aprová-la.

Este projeto prevê a desconstitucionalização da Previdência, facilitando novas reformas futuras com aprovação de maioria simples no Congresso. Também decreta o fim da aposentadoria por tempo de contribuição, do acúmulo de aposentadoria com pensão e da vinculação do benefício previdenciário ao salário mínimo. Impõe idades mínimas de 62 e 65 para mulheres e homens, respectivamente, com projeção de aumento gradual a medida que a expectativa de vida também aumente. Além disso, determina em 20 anos o tempo de contribuição mínimo para a aposentadoria com benefício de 60% (calculado com base na média de todas as contribuições realizadas e não mais a média sobre 80% das maiores contribuições). Para o benefício integral (100% da média de todos as contribuições), o trabalhador deve ter, além da idade mínima, 40 anos de contribuição. Isto, num país onde o desemprego é estrutural, pois não há recuperação dos postos de trabalho. O índice do desemprego de longa duração atinge 4,8% da força de trabalho. No total, o desemprego soma 27,9 milhões de desocupados (sem ocupação ou com trabalhos de poucas horas), além de 4,9 milhões de desalentados (que desistiram de procurar emprego). Ou seja, não há perspectiva de o trabalhador médio brasileiro reunir os critérios de idade e tempo de contribuição para se aposentar. A reforma da Previdência significa, na prática: trabalhar até morrer!

O projeto também disciplina estados e municípios a criarem a Previdência Complementar e lhes dá autonomia para cobrança de até 22% na alíquota previdenciária de servidores públicos. Outra mudança proposta no projeto é do sistema de repartição social da previdência para o regime de capitalização, no qual a contribuição do trabalhador é gerida pelos bancos no mercado financeiro. Esse sistema, adotado nos anos 80 e 90 em alguns países na América Latina, hoje é responsável pela miséria de muitos trabalhadores ao se aposentarem. No Chile, por exemplo, a maioria dos aposentados recebe menos do que um salário mínimo, enquanto na Colômbia e no México, 7 em cada 10 trabalhadores correm o risco de ficar sem aposentadoria. Além disso, a reforma acaba com as aposentadorias especiais de professores e trabalhadores rurais e determinará para alguns tipos de pensões, a metade de um salário mínimo. Num contexto de alto desemprego e terceirização dos postos de trabalho, muito próximos à informalidade, a Reforma da Previdência representa, na prática, o fim da seguridade social.

FIM DOS PRIVILÉGIOS?

Para aprovar uma reforma impopular, o governo Bolsonaro, ressuscita o velho discurso do fim dos privilégios, afirmando que a reforma é necessária para garantir crescimento econômico e que é justa porque inclui todos os trabalhadores, acabando com os “privilégios” de alguns (especialmente, servidores públicos). Contudo, alguns são mais alguns que outros. Bolsonaro aliviará para parte de sua base eleitoral, militares e bancada da bala, o impacto da reforma. Para os militares, o governo manterá o Sistema de Proteção Social dos Militares (a previdência própria deles) aumentando o tempo de contribuição de 30 para 35 anos e aumentando a alíquota de 10,5% para 14%. Para “compensar”, o projeto dos militares prevê a reestruturação da carreira, dobrando os valores da ajuda de custo quando o militar se aposenta e implementando gratificações que variam de 5% a 32% do soldo. Na prática, as mudanças no Sistema de Proteção Social economizam $97,3 bilhões enquanto a reestruturação da carreira amplia os gastos em $86,85 bilhões. Atualmente, o déficit previdenciário dos militares é de $40 bilhões por ano. Para Bolsonaro, a reestruturação restabelece “perdas” que os militares acumulam desde a promulgação da Medida Provisória 2215/10, implementada pelo governo Fernando Henrique (PSDB), que acabou com a promoção automática para militares que passavam para a reserva remunerada, com o auxílio-moradia e com o adicional de inatividade. Enquanto deputado, Bolsonaro tentou colocar esta MP em votação no plenário nos governos Lula e Dilma (PT) e fez de sua extinção uma promessa de campanha eleitoral, abraçada pelos militares. Já para os servidores de Segurança Pública (polícia federal, polícia civil, agente penitenciário e agentes sócio-educativos) estarão garantidas a paridade (a aposentadoria acompanha os aumentos e reajustes dos salários de servidores da ativa) e integralidade (aposentadoria igual ao salário do último cargo), mesmo para quem ingressou depois de 2003, ano da reforma previdenciária que acabou com a integralidade dos servidores públicos.

AS DIREÇÕES APOSTAM NA SAÍDA PARLAMENTAR E NÃO CONSTROEM A LUTA

Logo após entregar ao Congresso o projeto da Reforma, o governo Bolsonaro abriu uma crise política com os parlamentares e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM). A disputa política entre os poderes institucionais da democracia burguesa acirrou-se com a sobrevida da Lava Jato, com os ataques de apoiadores de Bolsonaro e seus filhos ao STF e com o desapontamento de bancadas tradicionais no Congresso com as negociações de Bolsonaro sobre políticas internas e acordos comerciais internacionais. Maia chegou a afirmar que não articularia mais a Reforma da Previdência no Congresso, pois a mesma era responsabilidade do Presidente. Bolsonaro, por outro lado, tentou medir forças, afirmando que negociação com o parlamento é prática da “velha política”, sugerindo (especialmente para sua base eleitoral) que toda negociação política é, por si mesma, corrupta. Porém, o capital imperialista tem pressa na aprovação da Reforma e a possibilidade de vacilo  na sua aprovação desencadeou oscilações no mercado e alta do dólar, além de uma pressão direta sobre o governo, fazendo com que mais uma vez o governo Bolsonaro recuasse e abrisse negociação com cinco partidos para articular a aprovação da reforma, bem nos moldes da “velha política”.

As direções políticas e sindicais, por outro lado, totalmente desarticuladas e recuadas continuam apostando na pressão parlamentar e na crise política do governo para retardar a aprovação da reforma. Esperam que, como no governo Temer, a crise política paralise os trabalhos do Congresso e que a pressão parlamentar resulte na ausência de votos suficientes para a aprovação da reforma, demonstrando total adaptação ao Estado democrático burguês. Os partidos reformistas e centristas priorizam,na discussão da reforma, a questão da existência ou não do déficit na Seguridade Social e apontam como “saída” políticas de administração do estado burguês como taxação de fortunas e execução das dívidas de empresas devedoras de impostos. Já o imobilismo das direções, inclusive, é lido como mais um motivo para criticara ineficiência do governo em não aproveitá-lo para aprovar a reforma: Sérgio Fausto, superintendente do Instituto FHC, afirmou em evento organizado pelo banco Bradesco “épreciso ser politicamente muito incompetente para não aprovar uma reforma em meio à fraqueza da oposição e dos sindicatos e num cenário em que governadores, municípios e parte do Congresso se colocam a favor dela.Uma pessoa que tem enorme dificuldade de compreensão da realidade". (Folha UOL 02/04/2019)

Até o momento, foram organizados pelas centrais e movimentos sociais apenas dois atos contra a reforma sem nenhuma organização de base para a construção de uma Greve Geral. Apesar do enorme controle das centrais com suas políticas adaptadas, ambos demonstraram grande disposição de luta, não só pelo número de manifestantes nas ruas, como também pela realização de inúmeras assembleias por categorias e algumas paralisações. O fato é que não se posicionam contra a Reforma da Previdência, mas contra este projeto de Reforma da Previdência e, portanto, pretendem abrir espaço para negociá-la em melhores condições. Como o faz, por exemplo, a CNTE (Confederação  Nacional dos Trabalhadores da Educação) chamando a Greve Geral da Educação seo projeto for aprovado na Comissão de Constituição e Justiça e, ao mesmo tempo, constituindo com seus parlamentares uma Comissão de Educação para propor alterações no projeto que atenuem as regras de aposentadoria para professores. Ou seja, ao invés de organizar a base e construir um plano de luta com métodos próprios da classe trabalhadora, canalizam a luta para dentro do parlamento, como forma de garantir o aparato sindical totalmente colado ao estado burguês e, portanto, sua própria sobrevivência como burocracia sindical.

É mais do que urgente que os trabalhadores deem uma batalha pela independência de classe no interior dos sindicatos, recuperando-os das burocracias sindicais, para colocar em pé um plano de lutas classista que derrube a Reforma da Previdência e demais ataques do governo. Não há saída para os trabalhadores dentro da democracia burguesa! É preciso construir a Greve Geral por tempo indeterminado pela derrubada da Reforma da Previdência!

Abril 2019

 DIREÇÕES SINDICAIS COLABORAM COM O GOVERNO E PÕEM FIM AO MOVIMENTO PELA REVOGAÇÃO DA REFORMA DA PREVIDÊNCIA.

No último dia 08 de março, foi encerrada, após 33 dias, a greve unificada dos servidores municipais de São Paulo. É o curso concretizado de uma derrota imposta a esses trabalhadores, uma vez que não se revogou a Reforma da Previdência aprovada pelo governo Covas no final do ano passado. Levantada pelo Fórum das Entidades sindicais de conjunto, a suspensão da greve contou com a manobradessas direções na assembleia e com o apoio em forma de “abstenção” de correntes centristas no interior do sindicato. Objetivamente, apenas os trabalhadores com os pisos mais baixos (servidores de nível básico e médio) conquistaram míseros abonos emergenciais em seus salários. Além disso, o governo só acenou com o pagamento dos dias parados e com o “compromisso” de não aumentar as alíquotas previdenciárias para além dos 14%, quando da aprovação da Reforma da Previdência do governo Bolsonaro (que permitirá que estados e municípios aumentem para até 22%) e de manter as aposentadorias futuras, reconhecendo portanto, o definhamento do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) com a aprovação do Regime Complementar (SampaPrev).

Esta greve, em relação às anteriores, avançou, quanto ao método de luta, na questão da unidadedo funcionalismo, que se deu pela dezena de organizações sindicais compunham o Fórum das Entidades e que organizaram as assembleias e negociações com o governo; como também pela base, que ampliou as experiências de comandos unificados entre as diversas categorias discutindo ações regionais e paralisando os equipamentos públicos na cidade. Contudo, os trabalhadores da educação, mais da metade do funcionalismo e com maior experiência nas lutas contra o governo, estiveram a frente deste processo com um número grande de escolas fechadas ou parcialmente fechadas e com a experiência inédita na rede municipal de não iniciar o ano escolar. Essa predominância dos trabalhadores da educação alavancou a burocracia do Sinpeem para a direção desta greve, dirigindo as assembleias e pautando as reuniões do Fórum das Entidades.

A luta pela revogação do Sampaprev, aprovado em 26 de dezembro de 2018, foi o elemento político central da unificação dos servidores. Contudo, o Fórum das Entidades criou uma pauta com mais itens de reivindicação para forçar alguma negociação com o governo: valorização do serviço público (pelo fim das terceirizações e abertura de concursos); valorização do servidor público (com índice geral de reajuste salarial em 10%). Assim, durante os 33 dias, deram muito mais ênfase no aumento da alíquota previdenciária, de 11% para 14%, na questão da revogação do Sampaprev, caracterizado como confisco salarial, deixando em segundo plano o ataque ao Regime Próprio de Previdência dos servidores.

Aprefeitura, por sua vez, tinha a reforma da previdência municipal totalmente alinhada à Reforma da Previdência federal, antecipando-se ao que prevê o projeto do governo Bolsonaro (PSL): criação de regimes complementares nos estados e municípios e autonomia desses para aumentarem as alíquotas previdenciárias em até 8%. Esse alinhamento nas reformas, fortaleceu e conferiu ao governo Bruno Covas (PSDB) melhores condições de derrotar o movimento. Desde o início da greve, o governo seutilizou de intimidação com os grevistas e intransigência na negociação da pauta. Solicitou diariamente os nomes e registros dos servidores em greve, afirmou que contrataria professores para garantir as aulas e ordenou o desconto dos dias parados e aplicação de falta injustificada aos grevistas.A suspensão do pagamento teve um impacto forte no movimento. Na educação, grande parte dos diretores de escola estavam em greve e recusaram-se a apontar as faltas. Nas escolas com baixo índice de adesão, contudo, o pagamento foi suspenso. Porém, em outros equipamentos públicos, especialmente da saúde, a direção já é terceirizada pelas Organizações Sociais (OS’s) e, portanto, cumpriu com todas as orientações do governo. Desse modo, a composição do Fundo de Greve tornou-se central para que o amplo movimento se mantivesse. As burocracias das entidades tentaram impedir e, mesmo aprovada em assembleia, a abertura do fundo de greve não foi efetuada,pois alegaram ausência de recursos e degladiaram-se para responsabilizar os aportes financeiros. Já as correntes reformistas e centristas no interior dos sindicatos, centraram a discussão do corte de ponto como violação do direito constitucional de greve, mostrando total adaptação às instituições da democracia burguesa e seu regime e apresentando-as como o limite ao movimento.

O fato é que o movimento seguiu isolado pelas direções e centrais. Nos últimos dias, houve um processo de recuo com o corte de salários e, ao mesmo tempo, rompantes de radicalização. havendo disputas com as direções sobre trajetos e cortes de via e ocupações em Diretorias de Ensino. A base planejava de forma autônoma, o travamento de vias em oito pontos cruciais da cidade e a ocupação simultânea das Diretorias Regionais de Ensino. Assim, é evidente que havia fôlego para a continuidade de greve.As burocracias presentes no fórum,que desde o início encarceravamo processo de luta na questão do aumento do desconto, após a apresentação da proposta de Reforma da Previdência nacional de Bolsonaro, iniciaram um movimento oportunista de direcionamentodas ações para de construção da Greve Geral. Isso implicava aceitar a Reforma Municipal e conduzir o movimento para uma futura luta nacional, dirigida pelas centrais. Dessa forma, iniciaram um processo de desmobilização (ausência do fundo de greve, insuficiência de materiais para os atos, manipulação dos trajetos aprovados em assembleia, etc) e enfatizando nas assembleias apenas a negociação do pagamento dos dias parados.

É fundamental observar que greve Unificada dos Servidores Públicos da cidade de São Paulo de 2019foi uma greve de resistência, sobretudo, política, pois a luta pelarevogação daReforma da Previdência, sobrepõe à classe trabalhadora um caráter de luta inadiável, a tarefa de enfrentamento de governos que tem ampliado o ataque brutal aos trabalhadores. Assumir esse papel num momento de acirramento brutal da luta de classes é primordial.

É fundamental também colocarmos na ordem do dia, a recuperação dos sindicatos na perspectiva da independência de classe. Para isso, é urgente a necessidade de enfrentamento das burocracias no interior dos sindicatos, assim como das correntes reformistas e centristas, pois, mais uma vez, atuaram como freio desmobilizador; o primeiro por seu papel de braço do governo na contenção dos trabalhadores, e o segundo por limitar-se à ações nos marcosdas instituições da democracia burguesa e da disputa aparatista, políticasque impedem o avanço do movimento dentro dos métodos de classe.

Março 2019

Os dados econômicos mundiais indicam cautela para 2019: para os analistas burgueses, os sinais são de uma “nova” crise global. Sabemos, contudo, que o que se aproxima é o aprofundamento da crise mundial aberta há mais de 10 anos no seio do imperialismo, pois o relativo crescimento alardeado, produzido pela política de juros baixos dos BC’s, ajustes fiscais, pacotes de austeridade e repatriação de capitais nos últimos anos, não refletiu-se na produção mundial, gerando novas bolhas especulativas. Somam-se a isso as crises políticas e a guerra comercial encampada pelo imperialismo norte americano para compor a perspectiva de um cenário econômico com maior recessão para o próximo período.

As tendências abertas por mais de uma década da crise econômica e a incapacidade de as burguesias encontrarem saída têm acelerado os processos de decomposição do sistema de Estados e das instituições burguesas que sustentavam o equilíbrio do pós-guerra, resultando em novas relações interestatais. No mundo todo, encontram-se exemplos destes processos para os quais o imperialismo não consegue vislumbrar soluções efetivas: Venezuela, Brexit, Síria, Irã, Catalunha.

Contraditoriamente, frente à guerra comercial e aos antagonismos econômicos interestatais, as burguesias precisam necessariamente fortalecer os Estados e, para tanto, impõem uma nova relação entre as classes sociais e o mesmo, repassando para os trabalhadores os custos de manutenção do aparato estatal. Neste contexto estão as reformas fiscais, trabalhistas e previdenciárias que os estados tentam aprovar. O ajuste maior aos trabalhadores é sentido com o aprofundamento da desigualdade econômica: os 26 mais ricos possuem a mesma riqueza que a metade da população mundial mais pobre (3,8 bilhões de pessoas). Além disso, em 2018, suas fortunas combinadas cresceram U$2,5 bilhões por dia, enquanto entre os mais pobres, o decréscimo foi de 11% em suas riquezas. Ou seja, os custos da crise caíram e continuam a cair sobre as costas da classe trabalhadora!

Nesse cenário, abrem-se importantes processos de luta de classes fomentados pelo aumento da exploração e das, cada vez piores, condições materiais de existência. Os exemplos mais recentes são da Nicarágua eHaiti, como também na França, Bélgica e nos próprios EUA. Destaque para a importante luta dos maquiladores em Matamoros, no México, cujas grevespassaram por cima da burocracia sindical e tornaram-se massivas, parando importantesplantas da indústria automotiva na fronteira norteamericana. O elemento comum desses processos de luta ainda é a ausência de uma direção revolucionária que consiga elevar o patamar das mesmas para colocar em xeque a ditadura do capital e instaurar a ditadura do proletariado.

No Brasil, como nos demais países semicoloniais, os efeitos da crise são sentidos de forma mais drástica, pois a nova relação imposta entre o imperialismo e as semicolônias é caracterizada pela exportação da crise. O desemprego já apresenta indícios de tornar-se estrutural, pois não há recuperação dos postos de trabalho. O índice do desemprego de longa duração atinge 4,8% da força de trabalho. No total, o desemprego soma 27 milhões de desocupados (sem ocupação ou com trabalhos de poucas horas), além de 4,7 milhões de desalentados (que desistiram de procurar emprego) provando que a reforma trabalhista aprovada em 2017, serviu apenas para desonerar os patrões e desregulamentar o Estado no tocante aos direitos trabalhistas.

O governo eleito de Bolsonaro representa, em nível nacional, a política da burguesia de repassar aos trabalhadores os custos de sua própria exploração. Apesar de ser um governo de crise e em crise (em menos de dois meses está afundado em casos de corrupção, aproximação com as mílicias, fraude eleitoral, etc), o governo Bolsonaro expressa o consenso da burguesia imperialista e da burguesia nacional para a aplicação das reformas que desonerem o Estado, especialmente a da previdência, e amplie as privatizações. Para isso, lançará mão da repressão (presente no pacote “anti crime” de Moro)e do ataque às organizações dos trabalhadores como forma de garantir tais aprovações.

A proposta da Previdência apresentada é mais um massacre ao trabalhador, já atingido pela ampla e irrestrita precarização. Prevê a idade mínima de 62 e 65 anos para mulheres e homens, respectivamente, e 40 anos de contribuição para conseguir a aposentadoria integral. Além disso, implementará o regime de capitalização, no qual a contribuição do trabalhador é gerida pelos bancos no mercado financeiro. Esse sistema, adotado nos anos 80 e 90 em alguns países na América Latina, hoje é responsável pela miséria de muitos trabalhadores ao se aposentarem. No Chile, por exemplo, a maioria dos aposentados recebe menos do que um salário mínimo, enquanto na Colômbia e no México, 7 em cada 10 trabalhadores correm o risco de ficar sem aposentadoria. Além disso, a reforma determinará para alguns tipos de pensões, a metade de um salário mínimo. Num contexto de alto desemprego e terceirização dos postos de trabalho, muito próximos à informalidade, a Reforma da Previdência representa, na prática, o fim da seguridade social.

Além disso, o governo propõe um aprofundamento da Reforma Trabalhista com a “Carteira Verde e Amarela”, na qual o contrato individual entre trabalhador e patrão prevalecerá sobre os direitos previstos na CLT, como 13º salário, fundo de garantia e aposentadoria. Segundo o governo, essa modalidade de contrato de trabalho, desvinculado das leis trabalhistas, beneficiará a população jovem para ingresso no mercado de trabalho. “O jovem poderá escolher. Na porta da esquerda, há a Carta del Lavoro, Justiça do Trabalho, sindicatos, mas quase não tem emprego. É o sistema atual. Na porta da direita, não tem nada disso” afirmou Paulo Guedes, pautando a total retirada de direitos trabalhistas no equivocado embate ideológico “direita x esquerda”, marca registrada do governo Bolsonaro.

Para barrar os ataques, os trabalhadores organizados precisam recuperar o caminho da luta direta, com seus próprios métodos. Para isso, as Centrais Sindicais precisam romper urgentemente o imobilismo pautado na total adaptação ao estado burguês que imprimiu aos trabalhadores as recentes derrotas e organizar a construção de uma massiva mobilização para a Greve Geral contra as reformas!Nossa tarefa primordial é aprovar a convocação da Greve Geral!

SÃO PAULO: APROVAR A CONTINUIDADE DA GREVE! PELA REVOGAÇÃO DO SAMPAPREV!

Os servidores municipais adentram na terceira semana da Greve Unificada pela Revogação do Sampaprev. O projeto de reforma da previdência municipal institui o Regime de Previdência Complementar e aumenta a alíquota previdenciária de 11% para 14%. Em 2018, os servidores municipais conseguiram afastar esta reforma proposta por Dória (PSDB) numa grande luta composta por greve que paralisou 90% das escolas, massivas assembleias unificadas e atos regionais organizados com independência pelos trabalhadores. Contudo, ao vincular a continuidade da luta ao calendário parlamentar, a burocracia sindical facilitou o caminho para que Bruno Covas (PSDB), utilizasse os mecanismos mais podres da democracia burguesa (compra de votos) para aprovar o projeto no recesso de fim de ano.

Agora, com o crescimento da greve e a adesão dos servidores de equipamentos de serviço social, saúde, zoonoses dentre outros, o governo Covas se utiliza de todas as formas de coação para intimidar grevistas e tentar diminuir a força da greve. Desde a deflagração da greve, no dia 04, são solicitados diariamente os nomes e registros funcionais dos grevistas em cada escola ou equipamento público. O governo também utilizou a contratação de professores, prevista desde setembro de 2018 para substituição de licenças, para aterrorizar os grevistas afirmando que seriam substituídos. No último dia 15, após dez dias de greve, o governo ordenou o corte de ponto e o apontamento de faltas injustificadas para os grevistas.

A reação do governo só comprova que a Greve está crescendo e pressionando cada vez mais o governo.A luta contra o Samparev não é apenas uma luta contra o confisco salarial, mas uma luta política em defesa do Regime Próprio de Previdência, garantia da futura aposentaria dos servidores. O estabelecimento do teto do INSS para os ingressantes e a contribuição complementar permitem que o governo diminua consideravelmente sua contribuição, repassando para o trabalhador os custos de sua “possível” aposentadoria.

Portanto, para além da concepção burguesa de direito constitucional, utilizada pela burocracia e correntes centristas no interior do sindicato, a greve é o instrumento legítimo de luta dos trabalhadores e deve ser organizada e mantida pelos sindicatos com total independência de classe. Para isso, diante da suspensão de pagamento de muitos trabalhadores grevistas, os sindicatos devem aprovar com urgência a abertura dos fundos de greve e colocar todo o aparato sindical disponível para manter a luta, aumentar cada vez mais a adesão à greve e massificar os protestos. Precisamos aprovar a continuidade da greve, manter as mobilizações unificadas e radicalizar as ações pela cidade com ocupações das principais vias. Para tanto, precisamos aprovar em uma assembleia democrática, com direito a fala dos trabalhadores da base, a realização de atos e ocupações de vias em locais estratégicos nas regiões da cidade.

Pela unificação das Centrais Sindicais contra as reformas!

Preparar a Greve Geral por tempo indeterminado pela derrubada da Reforma da Previdência!

Pela unidade dos servidores! Aprovar a continuidade da Greve até a revogação da Lei 17.020! Intensificar os atos regionais! Vamos ocupar a cidade!

Fevereiro 2019

A greve unificada dos servidores municipais de São Paulo, iniciada nesta semana, possui forte adesão e representa um avanço significativo na luta dos trabalhadores contra os ataques aos direitos trabalhistas e sociais. Demonstra uma grande disposição de luta desses trabalhadores, mesmo após a aprovação da Lei 17.020, que instituiu o Sampaprev em 26 de dezembro último, sob forte repressão do governo e com o auxílio da política adaptada das burocracias sindicais de pressão parlamentar.

A reforma da previdência municipal insere-se no conjunto de ajustes impostos pelos governos para passar os custos da crise econômica aos trabalhadores. Aos 10 anos completos da crise econômica instaurada no seio do imperialismo, o que as burguesias impõem é uma nova relação entre as classes e o Estado, na qual os trabalhadores devem arcar com os custos da manutenção do mesmo. Ou seja, com as reformas impostas em todo o mundo, caberá ao trabalhador bancar o instrumento de sua própria exploração. 

Nesse sentido, o governo Bolsonaro também já prepara o terreno para a aprovação da Reforma da Previdência em nível federal, que aumentará a idade mínima para 65 anos (para homens e mulheres) e estabelecerá 40 anos de serviço para a concessão do benefício integral. Também instituirá o regime de capitalização, no qual a contribuição do trabalhador é gerida pelos bancos no mercado financeiro. Esse sistema, adotado nos anos 80 e 90 em alguns países na América Latina, hoje é responsável pela miséria de muitos trabalhadores ao se aposentarem. No Chile, por exemplo, a maioria dos aposentados recebe menos do que um salário mínimo, enquanto na Colômbia e no México, 7 em cada 10 trabalhadores correm o risco de ficar sem aposentadoria. Além disso, a reforma determinará para alguns tipos de pensões, a metade de um salário mínimo. Num contexto de alto desemprego e terceirização dos postos de trabalho, muito próximos à informalidade, a Reforma da Previdência representa, na prática, o fim da seguridade social; uma sentença de morte aos trabalhadores.

Por isso, em São Paulo, a nossa luta não pode ficar limitada ao aumento do desconto das alíquotas, “compensada” por um suposto aumento salarial negociado entre as burocracias sindicais e o governo, mas pela revogação do SampaPrev, pois a instituição da previdência complementar coloca em xeque a existência do regime próprio ao longo dos próximos anos e, portanto, a garantia das nossas aposentadorias no futuro. O estabelecimento do teto do INSS para os ingressantes e a contribuição complementar permitem que o governo diminua consideravelmente sua contribuição, repassando para o trabalhador os custos de sua “possível” aposentadoria.

As burocracias sindicais, especialmente a direção do Sinpeem, tem levado aos trabalhadores o discurso de que a aprovação da Lei 17.020 foi uma vitória parcial, pois não conseguiu instituir a alíquota de 19%, permanecendo em 14%. E que a atual luta é contra o confisco, para que não se tenha “nenhum centavo a menos”. Ou seja, direciona o movimento apenas para questões econômicas, o que seria “resolvido” com uma negociação de aumento salarial. Não nos deixemos enganar. A luta dos trabalhadores municipais é política: contra o desmonte do Estado e contra o aumento da exploração dos trabalhadores. Não vamos pagar pela crise! Contra o confisco e contra o fim do Regime Próprio, só a revogação do SampaPrev; nenhum outro acordo! Só a luta direta dos trabalhadores poderá revogar o projeto! Nenhuma confiança na democracia burguesa e suas instituições! Nenhuma confiança na burocracia sindical!

Pela unificação das Centrais Sindicais contra as reformas!

Preparar a Greve Geral por tempo indeterminado pela derrubada da Reforma da Previdência!

Pela unidade dos servidores! Aprovar a continuidade da Greve até a revogação da Lei 17.020! Intensificar os atos regionais! Vamos ocupar a cidade!

Fevereiro 2019

Na última quarta-feira do ano, 26 de dezembro, a Câmara Municipal de São Paulo aprovou em segunda votação a reforma da previdência dos servidores municipais, sob protesto de dezenas de milhares de trabalhadores duramente reprimidos pela Guarda Civil Municipal. A reforma, rapidamente sancionada pelo prefeito Bruno Covas em 27 de dezembro, aumenta a alíquota de desconto dos servidores de 11% para 14% e cria um regime de previdência complementar, o SampaPrev, para os que ganham acima do teto do INSS (R$ 5645,80). Ou seja, um verdadeiro confisco salarial dos trabalhadores para beneficiar políticos e banqueiros que administrarão o SampaPrev.

O projeto, de 2016, foi apresentado duas vezes pelo ex-prefeito Fernando Haddad (PT) e retirado após greve dos trabalhadores da educação. Em 2018, foi novamente apresentado pelo então prefeito, e hoje governador eleito do estado de SP, João Dória (PSDB). Dória tentou aprofundar o ataque aos trabalhadores com o projeto da reforma, ampliando a alíquota de 11% para 14% até 19%, além de criar o regime de capitalização na previdência complementar. A greve unificada do funcionalismo municipal foi vitoriosa, derrotando Dória e afastando o projeto por 120 dias. Apesar da extrema centralização da burocracia sindical, impedindo propostas da base nas assembleias e direcionando a luta de acordo com o calendário parlamentar, os trabalhadores radicalizaram os métodos de resistência, realizando atos por toda a cidade e protestos com dezenas de milhares nas ruas, arrancando a vitória após 17 dias de greve.

O afastamento do projeto em março deste ano foi a vitória de uma batalha no meio de uma guerra. A reforma da previdência municipal insere-se no conjunto de ajustes impostos pelos governos para passar os custos da crise econômica aos trabalhadores. Aos 10 anos completos da crise econômica instaurada no seio do imperialismo, o que as burguesias impõem é uma nova relação entre as classes e o Estado, na qual os trabalhadores devem arcar com os custos da manutenção do mesmo. Dessa forma, estava mais do que claro que a reforma previdenciária voltaria à pauta cedo ou tarde e que a organização dos trabalhadores para mais uma demonstração de luta e resistência jamais poderia ser relegada ao segundo plano. E desde aqui começou-se a desenhar a atual derrota sofrida pelos trabalhadores do município.

Desde o fim da greve, a direção do Sinpeem utilizou o calendário parlamentar da Câmara para desmobilizar os trabalhadores. Desde março, contou com os 120 dias negociados, após instauração da comissão parlamentar para estudar o projeto do Sampaprev, para evitar qualquer organização dos trabalhadores e apostou na atuação do presidente e vereador da base governista, Claudio Fonseca, para obstruir os trabalhos de instauração dessa Comissão e, portanto, postergar ainda mais a tramitação do projeto.

A burocracia do Sinpeem reforçou mais uma vez para os trabalhadores, a ilusão nas instâncias parlamentares, principalmente no mandato de seu presidente, como forma de adiar o projeto, disseminando o fato de que o período eleitoral e a típica movimentação das bases parlamentares era o principal motivo do projeto não ter voltado a tramitar após o prazo de 120 dias.  Exemplo disso, foi a realização do Congresso anual do Sinpeem em outubro deste ano. Com cerca de 4mil delegados eleitos nas escolas, o Congresso foi mais uma vez utilizado para shows, palestras e “spa”, sem nenhum espaço para discussão e organização da resistência dos trabalhadores contra os ataques que já estavam na agenda do governo (SampaPrev), como também os que se avizinham no próximo período.

Não muito diferente, as direções minoritárias do Sinpeem, de correntes centristas e reformistas permaneceram durante todo o segundo semestre em campanha eleitoral e, especialmente durante o Congresso sindicaldefendendo o voto “crítico” em Haddad, propositor do SampaPrev em 2016. Ao invés de cumprirem um papel combativo nas instâncias do sindicato, denunciando seu atrelamento ao Estado e a canalização das lutas para as instâncias da democracia burguesa, adaptaram-se totalmente ao estado burguês e fomentam nos trabalhadores a ilusão de uma “boa” democracia capitalista e a defesa ideológica do voto como “arma” para a saída dos problemas da classe. E após o retorno da tramitação do Sampaprev, continuaram reforçando a luta por vias parlamentares, apostando nos mandatos de seus partidos na Câmara em oposição ao mandato do presidente do sindicato.

Em novembro, outros sindicatos do funcionalismo realizaram atos, os quais o Sinpeem recusou-se a participar por “não coincidir com as datas de tramitação do projeto na Câmara”, numa clara disputa de controle sobre o movimento.Após pressão nas instâncias representativas do Sinpeem, realizou-se no dia 05 de dezembro paralisação e assembleia dos trabalhadores da educação e ato do funcionalismo municipal. Nesta assembleia, sem nenhum esforço de mobilização do sindicato, a burocracia impediu mais uma vez que a base propusesse a retomada imediata da greve, inviabilizando o final do ano letivo nas escolas municipais. Pelo contrário, propôs a retomada da greve no momento em que o Projeto fosse à votação em plenária, mesmo tendo conhecimento que isso só ocorreria após o início do recesso e férias escolares.

Ou seja, sem nenhuma política de luta organizada, os trabalhadores ainda foram às ruas nos dias 21 e 26 de dezembro, dias de votação do projeto, e neste último sob tiros de balas de borracha, bombas de efeito moral e gás de pimenta. Após a aprovação do projeto, realizou-se assembleia e apenas neste momento, os discursos tornaram-se mais radicalizados por pressão dos trabalhadores revoltados com a derrota. Nessa assembleia, o presidente do sindicato abdicou de defender o calendário de greve proposto pela burocracia, passando a tarefa para que o reformismo cumprisse esse papel.

Mais uma vez o caminho da pressão parlamentar levou os trabalhadores para a derrota. A ilusão cega na democracia burguesa e suas instituições desviam os trabalhadores da luta, única maneira de resistir aos ataques dos governos. É mais do que urgente denunciar o papel de adaptação ao governo e traição aos trabalhadores realizados pela burocracia sindical, bem como o imobilismoou oportunismos?? da direção minoritária, composta pelas correntes reformistas e centristas, cujos únicos enfrentamentos com a burocracia se dão nos marcos da disputa aparatista. É preciso empreender a luta pela total independência de classe no sindicato, recuperando-o como instrumento de luta dos trabalhadores!

Em fevereiro, a Greve Geral do funcionalismo deve vir com força total, parando cada posto de trabalho, realizando massivas assembleias unificadas, ocupando vias e espaços da cidade e realizando atos regionais. Fundamental pautar a campanha salarial com a reposição de perdas e aumento real de a salários!! Não nos esqueçamos que estamos há anos sem campanha salarial!!

Só a luta direta dos trabalhadores poderá revogar o projeto, derrotando o governo! Nenhuma confiança na democracia burguesa e suas instituições! Nenhuma confiança na burocracia sindical!

Dezembro 2018

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