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La cumbre de la CELAC tuvo lugar el pasado martes 24 de enero en Buenos Aires. Fue una cumbre signada por la crisis de los gobiernos de los países que integran el foro, crisis políticas varias sobre el fondo de la crisis mundial, la sombra del estancamiento económico y del recrudecimiento de las tendencias militaristas a partir de la guerra en el este de Europa.

A destacar en primer lugar, la cumbre tomó una posición de complicidad con la salvaje represión del gobierno de Boluarte en Perú, que ya se ha cobrado más de 60 víctimas fatales. Solo el chileno Boric (luego de haber sido el primero en alinearse con Boluarte y la política de EEUU) ensayó una muy tibia denuncia y la representación mexicana enviada por AMLO, con igual cinismo, propuso una resolución de libertad a Castillo y fin de la represión que sabía de antemano no iba a ser aprobada; mientras, el resto de mandatarios se alineaban sin protesta a la orientación imperialista que intenta cerrar la crisis a través de la derrota de la insurrección espontánea, protagonizada por la población obrera y campesina, a través de los mecanismos de las instituciones establecidas del semiestado peruano. La presencia en la Cumbre de la ministra de relaciones exteriores peruana, Ana María Gervasi, fue repudiada por residentes peruanos autoconvocados y por la izquierda en un acto del que participamos. Pero limitarse a esto hace que el árbol tape el bosque: es solo la expresión más brutal y descarnada de una orientación general hacia los brazos del imperialismo por parte de los gobiernos de la región.

Otro punto notable fue la política activa del gobierno brasilero, con Lula a la cabeza, para ubicarse como líder de un orden regional, que le permita negociar con Europa y EEUU el precio del alineamiento. Para ello, la CELAC en sí es una organización demasiado amplia y difusa, por lo que buscó en primer lugar el apoyo del gobierno argentino en la necesidad de reflotar la UNASUR, a través del rescate del moribundo MERCOSUR. Esto permitiría dejar de lado a los (para estos cipayos) incómodos caribeños, Ortega incluido, centrándose en la “subregión” sudamericana. La divisa de “orden y progreso” tiene un contenido: recostarse en EEUU y apoyar la política exterior militarista de Biden. No por nada, dos de las principales discusiones del foro, la supuesta moneda única SUR y los desplantes de Lacalle Pou, versaron sobre el problema de la influencia China en la región. El otro gran problema, el de los derechos humanos y la democracia, apunta a utilizar a Venezuela como moneda de cambio ahora que Biden y la Casa Blanca se han visto obligados a negociar con Maduro bajo la presión de un mercado internacional de la energía tensionado por la guerra entre Rusia y Ucrania.

Hilando más fino, el ministro de economía brasilero Haddad explicó claramente que por el momento el único acuerdo entre Argentina y Brasil que existe es un financiamiento por 366 días por parte de los bancos oficiales a las empresas de cada uno de los países para las operaciones bilaterales de comercio exterior. Y fue explícito: esto permitirá a las empresas brasileras entrar en el negocio del gasoducto, del cual, de lo contrario, quedarían indefectiblemente afuera por la competencia China. Massa, su par argentino, indicó que este mecanismo permitirá evitar una mayor sangría de reservas del Banco Central, por un año, probablemente pensando en las elecciones. Por supuesto, esto no es una integración de abstractas “naciones”, sino la viabilización de determinados negocios a un puñado de monopolios brasileños y argentinos, asociados a los yanquis y a la UE.

Las bravatas de Lacalle Pou, sustentadas en la defensa de la democracia y los derechos humanos (aunque no para Perú), no terminan de ocultar la defensa del TLC Uruguay-China, que es una piedra en el zapato de la línea lulista. Por eso, Lula cruzó presto el Río de la Plata para intentar negociar el ordenamiento de un acuerdo más amplio entre el MERCOSUR de conjunto y China. Puso la condición de firmar antes el acuerdo con la UE, mostrando no una simpatía “eurocéntrica” sino a los negocios burgueses a los cuáles responde su gobierno.

La invitación a la cumbre al gobierno norteamericano no deja dudas de que este intento (porque por ahora no es más que eso) de Brasil de ubicarse como interlocutor privilegiado en la negociación de las sub burguesías regionales con el amo imperialista tiene el apoyo de Biden. Los yanquis saben lo que quieren, tal como revelaron las escandalosas declaraciones de la jefa del Comando Sur, Laura Richardson, sobre los recursos estratégicos de la región como el litio, las tierras raras en general, el oro, el petróleo, el gas y los acuíferos. Las negociaciones bilaterales (país por país, no por bloques) que había promovido a su turno Trump no solo abrieron brechas para que China integrara a varios países de la región a la ruta de la seda, sino que además generó una multiplicidad de conflictos y procesos de desorden institucional que impactan también en las putrefactas estructuras institucionales imperialistas. Es cierto que China actualmente está en graves problemas económicos producto de la guerra y del rebrote de la pandemia, pero es evidente que Biden sigue en esto a Trump y pretende hacer retroceder a su “competidor estratégico” (China) lo más posible, y la sub burguesía brasilera se postula como socio principal en esta tarea. No sin contradicciones internas, ya que no debemos olvidar la toma de los edificios federales en Brasilia protagonizada por los bolsonaristas y con la venia de sectores de las fuerzas armadas y de la patronal.

 

Por los Estados Unidos Socialistas de América Latina y el Caribe

El decadente revival de los años 2000 que escenifican los gobiernos de la región tiene como contenido intentar capear la profunda descomposición de los semi estados latinoamericanos y sus instituciones, parte de una situación mundial signada por la descomposición general del sistema capitalista en su fase imperialista y la asimilación (cada vez más violenta) de los ex estados obreros como Rusia y China. El avance de la penetración imperialista descompone a las instituciones y vuelve aún más farsescos a los bonapartismos sui generis. Sin embargo, el rol más nefasto que tienen estos gobiernos “semidemocráticos” es dar lugar al engaño del proletariado por sus direcciones burocráticas, que lamentablemente tienen el flanco cubierto por el centrismo trotskista que se limita a plantear una línea democrática contra “la derecha”, “antifascista” o a lo sumo de “unidad antiimperialista” sin plantear un programa obrero que permita al proletariado erigirse como caudillo de las naciones oprimidas latinoamericanas. Así, las corrientes de la región como la FT, LIS, UIT, LIT, etc, levantan acríticamente la consigna “asamblea constituyente libre y soberana”, que sostienen los movimientos en lucha en Perú, y plantean el rechazo al gobierno “golpista”… para defender las instituciones supuestamente democráticas del país. Ven golpes oponiendo democracia a dictadura en todos lados, cuando en realidad la burguesía aún no ha tomado ese rumbo porque cuenta con las instituciones, por supuesto que totalmente derruidas y en crisis, de los semiestados para ejecutar sus maniobras contra las masas y apoyar sus ofensivas más sanguinarias, ejerciendo la dictadura del capital. Esto no quiere decir que no debamos levantar el "abajo Boluarte" en Perú, todo lo contrario, pero no para ir hacia una salida dentro de los marcos de la institucionalidad capitalista, sino para imponer un gobierno obrero y campesino basado en las organizaciones de los trabajadores y el pueblo pobre que imponga las medidas para atacar al imperialismo en la región, expropiando a las mineras y a los grandes terratenientes, imponiendo el control obrero de las industrias y los servicios estratégicos, convocando al movimiento obrero de todo el continente, sobre todo de EEUU, a apoyar la lucha contra el imperialismo en toda la región. No existe democracia en Latinoamérica sin la revolución agraria y la expropiación de las industrias y la banca extranjera. Cualquier monopolio del comercio exterior, o acuerdo de monedas, o nacionalización de la banca es una estafa sin estas medidas basadas en desbancar a los enemigos de clase del poder imponiendo la dictadura del proletariado. Es claro que la propia dinámica de la lucha de clases basada en la estructura económico/social de la región llevará a la extensión del proceso revolucionario a todo el continente, pero sin una dirección proletaria consciente, será la contrarrevolución imperialista la que podrá estrangular a nuestra clase. Por ello, luchamos por los Estados Unidos Socialistas de América Latina y el Caribe, preparando una dirección obrera internacionalista. Para ello, es urgente avanzar en la reconstrucción de la IV Internacional. Llamamos de manera urgente a las corrientes que defienden el programa de la Dictadura del Proletariado a una conferencia latinoamericana para discutir el programa y las medidas políticas y organizativas para avanzar en este objetivo.

 

 

COR Chile – LOI Brasil – COR Argentina

Polémica ha causado en la superestructura política burguesa los 13 indultos otorgados por el gobierno de Boric, lo que constituye en primer lugar un reconocimiento de la existencia de la prisión política en Chile, y que sirvió para tranquilizar a los sectores de apruebo dignidad (PC-Frente Amplio) que veían como Boric venía de aprobar el TPP11, alinearse con Dina Boluarte en Perú, etc. Es decir, no teniendo ningún atisbo siquiera de política estatista y reformista, que pudiese reivindicar ante las alas populistas de su militancia. 

De inmediato los sectores de derecha y ultraderecha pusieron el grito en el cielo anunciando acusaciones constitucionales, la Corte Suprema aludiendo a su "independencia de otros poderes", etc de inmediato el gobierno retrocedió sacando la ministra de justicia y un asesor de la confianza de Boric. Ninguna de las estas fracciones burguesas tiene la fuerza para imponer su agenda, que en todo caso coinciden en hacer pagar la crisis sobre los clase trabajadora, ya que solo diferencian en los tiempos y formas.

La burguesía sabe que una política abiertamente reaccionaria puede crispar a las masas y provocar otras insurrecciones como las que hace más de un mes sacuden al Perú, donde incluso han sido tomadas fabricas por trabajadores y comunidades, y se han desarrollado enfrentamientos con las fuerzas policiales. Coinciden todos los gobiernos de la región en su extrema debilidad y crisis, como el de Lula en Brasil.

El gobierno de Boric con esta medida y su actuación muestra claramente su carácter bonapartista, comenzando a jugar el rol asignado por el imperialismo de cerrar procesos y abrir paso a una transición, buscando mantener la casa ordenada. Estos indultos son el subproducto de la lucha que han dado organizaciones y familiares de presos políticos, pero aún quedan presos por liberar; no podemos conformarnos con las maniobras del gobierno de Boric al dar migajas para posar de izquierda.

Para el gobierno se trata de surfear la crisis social que golpea la clase trabajadora y el pueblo, donde los salarios han sido pulverizados. Ya el irrisorio aumento del salario mínimo, pactado y celebrado como un "acuerdo histórico" por la burocracia de la CUT aumentando en un 2,5% (10 mil pesos) mientras el truqueado y manipulado IPC subió un 12,8%. 

Es necesario que los sindicatos desarrollen el control obrero de la producción desarrollando comisiones para determinar la real canasta familiar de la familia obrera y no mediante la burocracia estatal que maquilla los precios. Está y otras medidas para luchar y defender a los que luchan, deben ponerse a la orden del día en un Congreso de delegados de base de la clase trabajadora.

La lucha también debe ser por arrancar de sus cárceles a todos los presos por luchar contra la democracia para ricos.

En eso será clave la organización obrera, por su centralidad en la los procesos de lucha de clases para acaudillar a la nación oprimida.

 

Na tarde de ontem (08 de janeiro), exatamente uma semana após a posse do presidente Lula, bolsonaristas invadiram, ocuparam e destruíram os prédios oficiais (Congresso Nacional, STF e Palácio da Alvorada) na Esplanada dos Ministérios, em Brasília. A ação que estava sendo planejada na semana anterior, pelas redes sociais e aplicativos de mensagens, mobilizou mais de 80 ônibus e cerca de 4 mil bolsonaristas bancados por setores de empresários do comércio varejista, do transporte e do agronegócio, e contou com a conivência do governo do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB) e seu Secretário de Segurança e ex-Ministro da Defesa de Bolsonaro, Anderson Torres (União Brasil). Abertamente bolsonaristas, permitiram e facilitaram a entrada dos apoiadores de Bolsonaro à Esplanada, diminuindo o efetivo policial e ordenando que não realizassem nenhuma resistência (os policiais presentes estavam tirando fotos e comprando água de coco).

Longe de ser uma tentativa de golpe de Estado, pois caracterizou-se por uma ação de uma minoria sem a atuação efetiva das Forças Armadas e/ou policiais e sem uma nítida tentativa de mudança ou controle do aparato estatal e destituição do presidente, o episódio é uma clara expressão da decomposição do bonapartismo sui generis em sua relação com o imperialismo e as massas. Ao incorporar e ampliar as Forças Armadas às tarefas do estado, o bolsonarismo ampliou as contradições e, portanto, a crise do estado semicolonial brasileiro. É nessa crise que buscam intervir o bolsonarismo por um lado e o atual governo por outro, reforçando a defesa das instituições do estado democrático de direito.

Nesse sentido, Lula responsabilizou o governo do Distrito Federal e decretou intervenção federal na capital até o final do mês; para isso, designou o assessor do Ministro da Justiça Flávio Dino (PCdoB), Ricardo Cappelli, como interventor federal da Segurança Pública no DF. Na sequência, a Advocacia Geral da União (AGU) solicitou ao STF o pedido de prisão de Torres e durante a madrugada, Alexandre de Moraes, ministro do STF determinou o afastamento de Ibaneis Rocha por 90 dias, além de determinar a prisão e oitiva de todos os bolsonaristas dos ônibus que chegaram à Brasília (que já somam cerca de 1200 prisões no momento de escrita desta nota) e desmonte de todos os acampamentos nos quartéis em todo o território nacional.

A intervenção federal de Lula deve ser ratificada pelo Congresso nas próximas horas, além de receber o apoio do Judiciário. A burguesia nacional, representada pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban), Confederação Nacional da Indústria (CNI), Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), entre outras entidades empresariais, também cobrou “reação firme” contra os atentados ao estado democrático de direito e pela retomada da ordem. Além disso, o imperialismo já deu o recado de que está acompanhando a situação em total e irrestrito apoio à Lula. Deputados estadunidenses do partido democrata também já levantaram a necessidade de extradição Bolsonaro ao Brasil, pressionando o Congresso pelo não abrigo e refúgio em solo estadunidense do ex-presidente brasileiro, numa clara associação deste com os atos de invasão à Esplanada e dessa com a invasão ao Capitólio há exatos dois anos atrás. Governos regionais também saíram na defesa de Lula e sua intervenção contra o que denominaram “atentados golpistas”.

Dessa forma, o governo Lula tem total carta branca para atuar no sentido de reestruturar sua relação com as Forças Armadas e forças auxiliares e com as instituições da democracia burguesa na sua relação com as massas. Desde a sua posse, Lula tem atuado para fortalecer a ideia do estado forte e “acolhedor”. Todas as cerimônias de posse, do presidente e ministros, foram pensadas para transmitir a mensagem de que o estado burguês serve ao povo brasileiro, que os últimos quatro anos foram um problema de má administração desse aparato e que, portanto, é possível que o estado esteja e atue em favor dos interesses da classe trabalhadora. O discurso da “ameaça golpista” tem sido utilizado pelas direções sindicais e políticas reformistas para controlar e calar o movimento operário desde as eleições de 2018. Exemplo mais recente é o ataque sistemático do reformismo às lideranças dos trabalhadores de aplicativos que estão construindo uma greve para o próximo dia 25/01, acusando-os de “bolsonaristas” e de atuarem contra o governo Lula. Fica nítido que as burocracias sindicais atuarão com maior truculência nos próximos anos para controlar o movimento operário e blindar o governo Lula para evitar a “ameaça golpista” ou o crescimento da “extrema direita”.

O centrismo trotskista repete a defesa (equivocada) de atuação “independente” dos trabalhadores contra a “extrema direita” e “golpistas”, assim como o fizeram diante dos bloqueios de rodovias pelos bolsonaristas após resultado das eleições. Defendem assim, de forma mascarada, o respeito às instituições da democracia burguesa e ao governo Lula em última instância. Isso porque abandonaram a ideia de revolução e da ditadura do proletariado, transformando a ideia de “independência de classe” cada vez mais numa possível atuação parlamentar que responda melhor aos interesses dos trabalhadores.

É nesse contexto que são chamados os atos de hoje, dia 09 de janeiro, contra o golpismo. Movimentos sociais e centrais sindicais clamam por uma mobilização em defesa da democracia (burguesa), das instituições do estado burguês e do governo Lula. O centrismo defende a mobilização nas ruas contra o golpismo e a extrema direita. Em resposta à crise do estado e das disputas entre frações da burguesia e pequena burguesia semicolonial, não podemos estar refém de uma política que demanda maior estatismo com intervenção direta do imperialismo.

Dessa forma, repudiamos as medidas intervencionistas de Lula e dos demais poderes do estado. Para os trabalhadores, um poder estatal maior e mais centralizado é prejudicial aos nossos interesses, organização e luta. Não devemos alimentar nenhuma ilusão no estado burguês que é o instrumento de dominação dos nossos inimigos de classe. É preciso denunciar seu invólucro democrático e seu caráter de classe!

É necessária a atuação independente dos trabalhadores nessa crise aberta, com sua pauta e seus interesses. É preciso levantar medidas de autodefesa e assembleias em cada sindicato e central sindical que apontem para um plano de lutas contra o desemprego, contra o aumento da miséria nas condições materiais de vida, pela revogação das reformas que ampliaram a exploração e a retirada de direitos. Somente organizados na defesa das nossas bandeiras históricas será possível enfrentar, não apenas o bolsonarismo como oposição burguesa e pequeno burguesa ao governo, mas o próprio governo Lula, preparando as condições para o enfretamento ao estado burguês em seu conjunto. A única intervenção independente possível para nós, trabalhadores, é a de enfrentamento ao estado burguês e ao imperialismo, e não de seu fortalecimento!

Un incendio de grandes proporciones en la comuna de Viña del Mar, que aún no ha sido controlado en su totalidad, ha afectado a 125 hectáreas dejando 2 muertos, miles de damnificados y más de 500 viviendas siniestradas.

El gobierno de Boric decretó el Estado de Catástrofe y apareció, al igual que lo hiciera Piñera ante las catástrofes, camisa arremangada recorriendo el terreno para las cámaras. La alcaldesa de Viña del Mar, antes que dar solución y recursos, empezó a lanzar campañas de solidaridad para que sea la ayuda de la población la que parche las necesidades sociales y anticiparse a que el municipio sea el que regentee dichas ayudas.

Es sabido que desde la Corte Suprema, así como del propio gobierno, propietarios e inmobiliarias, vienen preparando el terreno legal de los desalojos de las tomas. La explotación forestal de la zona también podría verse beneficiada por le extensión de la explotación hacia zonas protegidas, como ha ocurrido con frecuencia en los incendios forestales del sur. Por ello es que no resultaría nada extraño que el actual incendio haya sido intencional como señalan muchas fuentes.

El hacinamiento y falta de condiciones básicas habitacionales (agua, luz, alcantarillado, etc) es la moneda corriente de cientos de miles de familias que habitan en las periferias de la ciudades. Algo para lo que la burguesía no sólo no pretende darle solución, sino que en la actual crisis económica donde la especulación inmobiliaria está llevando a la parálisis de obras y faenas, incrementa el apetito por ganancias y subsidios estatales de las grandes constructoras y agrava a niveles históricos la falta de vivienda y la precariedad de las condiciones de vida.

Este es el fin del despliegue en terreno del gobierno que, junto con mantener militarizada la zona para evitar saqueos por hambre o sofocar cualquier manifestación de lucha ante la extrema necesidad, busca galvanizar los intereses de grandes grupos económicos, agrarios, forestales, inmobiliarios, etc.

Cientos de organizaciones sociales, estudiantiles y de trabajadores se han puesto a disposición para organizar e impulsar acciones de solidaridad como el levantamiento de centros de acopio o la realización de ollas comunes. Este es un reflejo constante de los trabajadores y el pueblo que sale en ayuda de su clase ante situaciones de este tipo. Bajo la consigna de “sólo el pueblo ayuda al pueblo” se desarrolla esta agitación solidaria. Apoyamos e impulsamos todas estas muestras de solidaridad y pugnamos porque los sindicatos de trabajadores se pongan a la cabeza de las mismas. Sin embargo, no dejamos de advertir que no es con la solidaridad entre los pobres que podamos arribar a una solución para las miles de familias afectadas. Esta perspectiva apuntaría a desarrollar una suerte de mendicidad paraestatal, que pronto puede ser relevada, y con mayores recursos, por las instituciones del aparato estatal para proteger la propiedad privada. Otros plantean la necesidad de impuestos a los ricos para financiar las ayudas, es decir, apuntar a la vieja receta de exigirle al gobierno o al congreso que introduzca reformas impositivas para “redistribuir la riqueza”. Es necesario que intervenga la clase obrera ente la emergencia.

Los sindicatos pueden organizar la solidaridad activa y movilizarse para imponer un Plan Obrero de Emergencia que contemple un plan de construcción de viviendas, la confiscación de los materiales de construcción y la expropiación de los terrenos en manos de privados. Es necesario luchar por un salario de emergencia igual a la canasta familiar de todos los trabajadores ocupados y desocupados. Los sindicatos de la construcción pueden movilizarse para exigir este plan de construcción disponiendo su fuerza de trabajo. Es necesario tomar todo inmueble ocioso, iglesias, casas patronales, etc, para albergar provisoriamente a las familias, levantar comedores comunes con recursos permanentes, etc.

Que la clase obrera y la juventud se pongan a la cabeza de este desafío

La situación en Perú sigue convulsionada, donde, por la represión, ya hay más de 20 muertos a manos de las fuerzas represivas que intentan derrotar los levantamientos en distintos puntos del interior del país. Los manifestantes piden elecciones anticipadas y algunos sectores la liberación de Castillo.

El gobierno actual mandó un proyecto de ley para llamar a elecciones anticipadas para fines del 2023, fecha muy lejana por el nivel de crisis del país. El Congreso rechazó el proyecto, ya que planean mantener sus mandatos hasta el 2026.

Ante este escenario, con la aceleración de la crisis y del deterioro de su relación con las masas, la presidenta decretó un toque de queda en las zonas más convulsionadas y realizó un discurso para que los legisladores voten la anticipación de elecciones.

Sectores importantes de trabajadores y campesinos del interior de Perú intervinieron en la crisis abierta, bloqueando caminos, destruyendo comisarías, organizando comités para defender el territorio, ocupando fábricas y otras medidas, demostrando que no van aceptar de forma pasiva el avance de las fracciones burguesas y pequeño burguesas aliadas del imperialismo sobre sus condiciones de vida.

La burguesía peruana cometió un error muy grande al eliminar una contención, como lo era Castillo, pensando que no iba a pasar nada. Las consecuencias están a la vista. Gran parte de los sectores que están en lucha están cuestionando los pilares de la democracia pequeño burguesa del semi Estado peruano, lo que le da a la situación en desarrollo características insurreccionales.

La burocracia sindical ha debido llamar a un paro ante la radicalización reinante. Los gobiernos de la región han comenzado a dar un tibio apoyo al ex presidente, modificando la posición que tuvieron cuando comenzó el conflicto de no apoyo a Castillo. Los gobiernos de México, Argentina, Bolivia, Colombia, para nombrar algunos, se pronunciaron a favor de Catillo. Los de Brasil, de Lula, y Chile, de Boric, mantuvieron su posición de que Castillo no respetó las instituciones.

La situación en Perú plantea la necesidad de que, al calor de los enfrentamientos y el desarrollo del proceso, se abra un gran debate en los sectores de lucha de que debemos echar al Boluarte y preparar las condiciones para instaurar un gobierno obrero y campesino, lo que va permitir comprimir y acelerar la combinación entre las tareas democráticas de la revolución agraria, la independencia nacional y lucha socialista para derrotar al semiestado burgués y al imperialismo. Por un Congreso de delegados de base obrero y campesino, con delegados mandatados de las unidades de producción, como las grandes mineras, y delegados por regiones, donde se vote un plan de lucha, se organice la autodefensa y una huelga general para derrocar al gobierno de turno y todos sus aliados.

Es menester que la vanguardia obrera y juvenil intervenga activamente en este proceso semiinsurreccional para fortalecer la organización de la clase obrera de las minas, las fábricas, los puertos, los hospitales, tomando su control, imponiendo la centralidad del proletariado como caudillo del conjunto de la nación explotada y oprimida.

También deberemos combatir las políticas de la burocracia sindical que pretenderá desviar la lucha hacia los cauces de la descompuesta democracia burguesa semicolonial. El impulso de reformas del aparato de estado en crisis, como las de asambleas o convenciones constituyentes, sólo retrasarán o desviarán la necesaria perspectiva de lucha de la clase obrera por el poder, como se evidenció en el proceso abierto en Chile por la semiinsurrección chilena de octubre del 19.

Para eso necesitamos crear un partido revolucionario que tome la dirección de la vanguardia obrera y las tareas históricas que se plantean como sección nacional por la reconstrucción de la IV Internacional.

La clase obrera latinoamericana y del continente puede comenzar a discutir acciones de solidaridad activa con los trabajadores y el pueblo peruano.

Llamamos a los grupos trotskistas de la región que aun levantan la dictadura del proletariado a una Conferencia latinoamericana para discutir las tareas para Latinoamérica y ayudar a un desarrollo revolucionario en Perú.

 

COR Chile - LOI Brasil - COR Argentina

 

 

Domingo, 11 Diciembre 2022 11:28

Ante la destitución de Pedro Castillo

El miércoles 7 de diciembre, el Congreso de Perú destituyó a Pedro Castillo después de que ese mismo día por la mañana, en un discurso para la República, planteara disolver el Parlamento, llamar a nuevas elecciones constituyentes y el toque de queda. Con estas medidas definió que estaban en un estado de excepción por la situación política reinante. Luego de los anuncios, el Congreso desoyó las órdenes del ejecutivo y se reunió para intentar, por tercera vez, la destitución del presidente. Esta vez pudo juntar los votos necesarios, debido a que hasta los legisladores que respondían a Castillo votaron por su vacancia. Así, con 101 votos afirmativos, 6 negativos y 10 abstenciones, fue apartado de su cargo por “incapacidad moral” y por “golpista”.  Ese mismo Congreso definió como línea sucesoria a la vicepresidenta de Castillo, Dina Boluarte, quien asumió el cargo de presidenta.

Los días anteriores a estos hechos Pedro Castillo había buscado apoyo en la OEA, organismo que, se sabe, está al servicio del imperialismo norteamericano y que tiene una larga historia de intervención en la región, el ejemplo más reciente ha sido su rol desestabilizador en Bolivia. Este organismo planteó que, ante la situación de parálisis del gobierno y su enfrentamiento con la oposición burguesa, debían llegar a una tregua de 100 días para ordenar la situación política, es decir, permitir que hubiera una transición ordenada, ya que el gobierno de Castillo no tenía futuro. Y, de hecho, a los pocos días de que se retiraran los funcionarios de la OEA que habían ida a mediar, el presidente fue obligado a dejar su cargo.

Esta situación demuestra hasta dónde se había alejado Castillo de sus promesas electorales y cómo encontraba aliados en los restos del fujimorismo para que fueran parte de su gobierno, así como encaró un curso de mayor sumisión al imperialismo. Estaba completamente aislado, sin apoyo político de ningún sector, ni de las fuerzas armadas y menos de los sectores de la clase obrera y campesina que habían creído en su gobierno. Ese escenario de soledad se vio cuando, después de plantear la disolución del Congreso, pidió asilo político en la embajada de México, donde no pudo llegar porque fue arrestado y puesto en prisión por 7 días, hasta que definan su situación procesal.

En la noche del miércoles se produjeron algunas movilizaciones y otras más masivas al otro día, que fueron reprimidas. Éstas no fueron para apoyar a Castillo, sino más bien para defenderse del avance de las alas más reaccionarias de las fracciones burguesas y pequeñoburguesas que manejan el Congreso y responden en gran parte a la burguesía ligada a las mineras y al imperialismo.

Perú viene de una crisis política muy importante desde hace varios años, expresión de la crisis de los que se denominó el régimen “fujimorista”, instaurado por el Alberto Fujimori en el ’93. El bonapartismo pequeño burgués, característico de gran parte de las formas de dominación de las semicolonias, desarrolla regímenes inestables y esta inestabilidad se acelera aun más por la gran penetración imperialista, lo que descompone aún más las instituciones burguesas y el semi Estado.

Es muy importante tener en cuenta esta característica en su desarrollo histórico para entender la dinámica de clases en una semicolonia. La crisis histórica de una burguesía, que no puede ser independiente por su relación con el imperialismo y que, a la vez, debe lidiar con el proletariado y sectores de la pequeña burguesía democrática, le impide ya no solo realizar las tareas históricas de la burguesía, sino llevar adelante las tareas bonapartistas de supervivencia como clase amparadas en el semi Estado. El bonapartismo sui generis, que es la forma de dominación en las semicolonias, como una forma de poder estatal especial, en su descomposición, arrastra a las burguesías autóctonas o sub burguesías a una crisis política en su dominación y su relación con las masas.  

Cuando se desarrollen estas crisis, producto de diferencias en fracciones de clases enemigas y que utilizan las instituciones burguesas para dirimir sus conflictos de intereses, es central que los trabajadores actuemos de una forma independiente a estas manifestaciones de descomposición de los semi Estados.

Tenemos que intervenir con una política independiente para atacar las bases del régimen burgués, que está en la producción. El conflicto tiene que comenzar en las fábricas y después ir a las calles, debemos parar las grandes mineras y llamar a un paro general y así estaremos en condiciones de enfrentar y destruir el semi Estado peruano, que se asienta en la superexplotación de los recursos naturales y de nuestras vidas. Atacar a los grandes grupos mineros es atacar al imperialismo y, de esa forma, atacamos a sus agentes como son los legisladores del Congreso, la burocracia sindical y el empresariado local.

Debemos reunir nuestras fuerzas en la necesidad de formar una dirección revolucionaria organizada en partido. Nos solidarizamos con toda movilización que exprese el descontento a la situación actual, pero sin una dirección consciente a la cabeza esas movilizaciones terminarán, casi indefectiblemente, siendo cooptadas por el semi Estado y sus desvíos electorales o constituyentes, como ocurrió en Chile.

Los semi Estados en Latinoamérica no son Estados en formación, sino en descomposición, por eso el eterno llamado de las corrientes que se reivindican de izquierda, ante crisis políticas, a una Asamblea constituyente es una concesión a la pequeña burguesía democrática. No hace más generar confusión entre los trabajadores sobre cuáles son nuestras tareas, en la necesidad de que sea nuestra clase la que dirija a esos sectores de la pequeña burguesía.

Desde la TRCI somos conscientes de que no existe una salida “para Perú”, sino que el conjunto del proletariado latinoamericano debe unir sus fuerzas en la lucha para expulsar al imperialismo de la región y sus gobiernos títeres, por más que se disfracen de progres, e instaurar la Federación de Repúblicas Socialistas de América, en unidad con el proletariado de América del Norte.

 

COR Chile - LOI Brasil - COR Argentina

 

 

 

Martes, 29 Noviembre 2022 15:42

NO FUE UN PARO, FUE LOCK OUT PATRONAL

La actuación del gobierno en relación a la movilización de camioneros que involucró el lock out o cierre en carreteras en el país, demostró su carácter bonapartista, apoyándose en el aparato del estado con querellas y aplicación de ley de seguridad del estado para golpear a la fracción burguesa de los camioneros que cerraba las rutas y frenaba la distribución de mercancías.

En esta movilización arrastraban a sectores obreros a lo que la patronal les paga los días de detención, y otras dadivas, muy distinto a cuando los trabajadores efectivamente paralizan por sus interés de clases. Y es que la dirección de este conflicto fue llevada a cabo por las patronales del transporte de diversos gremios grandes, medianas y pequeñas. Su programa reflejaba los interés de clases de estas, se trataba de una disputa de una fracción burguesa (la camionera) por la renta, en lo que dice a rebajar los costes del transporte y condiciones de distribución de mercancías en los contratos con el estado y las patronales de otras ramas, además de pedir mayor contingente policial en determinadas zonas “ rojas”.

Se trataba de aprovechar el clima reaccionario acentuado por el gobierno y arco político burgués que piden mayor reforzamiento del estado para la represión de las luchas obreras, de la juventud, etc. Al gobierno que habla de “ terrorismo” en la Araucanía, que mete presos a luchadores mapuches, que mantienen los estado de excepción, las querellas contra los PP por luchar , que demuestra una y otra vez la sumisión al imperialismo con el TPP11, y la falsedad del gobierno progre, la patronal camionera vio una oportunidad de poder sacarle una tajada al estado en esta pasada. Mientras sectores hipócritas del gobierno, en especial del PC, llamaban a detener al “fascismo”, el gobierno bonapartista hizo equilibrismo entre los distintos sectores burgueses, siendo clave para su definición que la gran patronal de CPC le bajaran el pulgar a la movilización; es por eso que llegaron a un acuerdo primero con los sectores de la CNTC, Fedequinta, etc, manteniéndose los del norte, sur y otras, los que el día ayer sellaron un acuerdo con el gobierno donde ofició de mediador Juan Sutil el jefe de los empresarios locales.

Errados son los planteos de la izquierda que hablan de paro, ya que la dirección de la movilización era de un sector burgués, asimismo su programa donde fueron arrastrados sectores de la burocracia sindical camionera, históricamente apatronada.

Se hace indispensable la lucha por la independencia de clase del proletariado, de sus organizaciones, etc, frente a las patronales y su estado, por eso es indispensable recuperar nuestros sindicatos de las garras de la burocracia, recuperar nuestros métodos de lucha y un programa obrero para enfrentar la crisis.

 

Martes, 15 Noviembre 2022 06:15

El Nuevo Curso # 32

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Uma semana após a divulgação dos resultados do segundo turno das eleições gerais, com a vitória de Lula sobre Bolsonaro para a presidência, a transição de governo começa a se desenhar em meio aos protestos bolsonaristas, disputa sobre o orçamento 2023, negociações e rearranjos parlamentares para construir a governabilidade na democracia burguesa semicolonial brasileira.

Desde que Lula foi liberto da prisão ao final de 2019, o petista já era o candidato definido para as eleições em 2022, quase sem nenhuma oposição dentro do próprio partido. O tempo que se seguiu após sua soltura foi usado para a consolidação da Frente Ampla em torno de seu nome e também para a reconstrução de vínculos entre os petistas e as frações burguesas que haviam participado de seus governos anteriores, mas que abandonaram o Partido dos Trabalhadores devido a lentidão em aprovar o pacote de reformas necessárias para que estas mantivessem ou recuperassem suas margens de lucro.

Os péssimos resultados econômicos do governo Bolsonaro, mesmo com a aplicação e aprofundamento de várias dessas reformas, somado a desastrosa gestão da pandemia, fez com que o governo perdesse força junto à algumas frações da burguesia, em especial a industrial, e fortalecesse ainda mais o “centrão” perante a débil gestão bolsonarista. A derrota eleitoral de Trump nos EUA também foi um duro golpe nesta administração, pois Trump era a principal ligação de Bolsonaro com o imperialismo.

Nessa conjuntura, e com Lula flertando abertamente com os setores mais estreitamente ligados ideologicamente ao bolsonarismo, como as igrejas evangélicas, ao governo restou lançar mão de todo o poderio da máquina estatal na tentativa de reeleição, junto de seu poderoso aparato de produção e disseminação de propaganda e notícias falsas. Bolsonaro retirou dinheiro de setores estratégicos e causou um enorme rombo nas contas, desviando esse dinheiro para o “orçamento secreto”, uma forma de destinar dinheiro público aos parlamentares de sua base para que realizem obras ou atividades de compras de voto junto às suas bases eleitorais. Também ampliou repasses a benefícios sociais, com a apelidada “PEC Kamikaze”, que criou um estado de emergência para manobrar a legislação eleitoral. 

Ainda assim, pela primeira vez na história eleitoral brasileira, um presidente não conseguiu se reeleger. Isso porque o aparato estatal, numa democracia burguesa, é utilizado sempre para manutenção da fração burguesa que ocupa o governo. Bolsonaro não foi exceção à regra; a novidade foi não ter obtido sucesso. Mesmo com o governo lançando mão violentamente de todos esses recursos, a eleição foi vencida pelo candidato petista. A diferença de votos entre os dois candidatos, no 2º turno, foi de 2 milhões. Perdendo por pouco na maior parte das regiões, Lula teve ampla margem de votos a seu favor nos estados da região Nordeste e também venceu, com pouca diferença, em Minas Gerais, 2º maior colégio eleitoral depois de São Paulo. 

Assim que o resultado foi decretado, Biden e Macron logo saíram a parabenizar Lula pela vitória, seguidos de outros líderes do imperialismo mundial e dos governantes de turno da América Latina, demonstrando que o governo Lula servirá bem aos interesses imperialistas na região. Também não demorou muito para que grande parte da base bolsonarista já desembarcasse de seu governo, acenando para o próximo governo a gerenciar seus negócios. O governador eleito por São Paulo, aliado de Bolsonaro, Tarcísio de Freitas (Republicanos), logo manifestou o interesse em colaborar com o governo federal. As igrejas evangélicas, que foram o principal sustentáculo ideológico do bolsonarismo nas periferias, já se pronunciaram, através de líderes como Silas Malafaia e Edir Macedo, que os resultados das eleições burguesas devem ser reconhecidos e respeitados, Edir Macedo, líder da Igreja Universal, chegou a afirmar que o PT deve ser perdoado pelos seus erros. O “centrão” parlamentar também deu as boas vindas ao novo governo, com figuras como Rodrigo Maia (ex-presidente da Câmara dos deputados) e Arthur Lira (atual presidente da Câmara), congratulando o novo/velho presidente e iniciando a negociação de cargos para apoiar o governo petista.

Por fim, restou o desespero da pequena burguesia e de alguns empresários bolsonaristas “radicalizados” pela máquina de profusão de “fake news” de Bolsonaro. Crentes de que houve alguma espécie de trapaça no processo eleitoral, e que seu presidente Jair Bolsonaro seja o vencedor de fato, se lançaram a ocupar avenidas e estradas em protesto, desejando de alguma forma reverter os resultados da eleição. Anseiam por uma recontagem de votos e também apelam às Forças Armadas para que garantam a ordem pelas armas. Tão embriagados estão em seu delírio, que não se deram conta que o próprio imperialismo já vinha há tempos sinalizando que Bolsonaro não serve mais aos seus interesses e portanto não há a mínima hipótese de uma ação nesse sentido. O próprio vice de Bolsonaro, o Gal. Hamilton Mourão tentou acalmar os ânimos dos manifestantes, que apelam às Forças Armadas por uma intervenção, afirmando que tal ação colocaria o Brasil em uma “situação difícil perante a comunidade internacional” e que a resistência ao governo Lula deve ser realizada de forma política.

Diante dos fechamentos de rodovias por caminhoneiros, empresários e pequena burguesia bolsonarista, as organizações centristas defendem a intervenção “independente” do proletariado para desobstrução das mesmas e a autodefesa como política às manifestações e atos de cunho fascista, pelo respeito à democracia e ao resultado eleitoral. Chega a ser um escárnio afirmar que a intervenção proletária em defesa da democracia (burguesa) ou do respeito ao resultado eleitoral, logo após ter defendido a participação nas eleições e o voto em Lula, seja uma política independente de classe. Ainda mais quando o fechamento de vias é uma das formas de manifestação e luta operária, pois impede a circulação de mercadorias e atinge a produção, junto com as ocupações de fábricas, locais de trabalho e estudo. Se a pequena burguesia faz uso dos métodos de luta históricos da classe operária para defender os interesses de uma fração da burguesia, é necessário que os trabalhadores imponham seus interesses e levantem suas bandeiras de classe em contraposição política e não atacando o método em si. 

 A população pobre, trabalhadores e torcedores organizados demonstraram que a ação direta contra os bloqueios bolsonaristas deve ocorrer e estar relacionada aos seus interesses, como a sua própria circulação e defesa contra os ataques covardes. Contudo, não é tarefa da classe trabalhadora garantir a circulação e a reprodução do capital, sendo essa garantia geralmente exercida pelo braço repressor do estado burguês, que é a polícia. Tanto que não demorou nem um dia para que o poder judiciário e os governos estaduais determinassem o desbloqueio das vias, inclusive com o uso da força, e que o próprio Bolsonaro tivesse que dar as caras para dizer que o bloqueio de rodovias é “coisa da esquerda”, solicitando que os manifestantes utilizassem outros métodos. Isolado e apesar de não reconhecer formalmente a vitória de Lula, Bolsonaro não tem se colocado à frente destas manifestações, limitando-se a fazer declarações dúbias sobre o respeito ao processo de transição e a legitimidade dos protestos que questionam o resultado.

O processo de transição iniciou-se oficialmente com a nomeação de Geraldo Alckmin, vice de Lula, pelo Ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, mediante suposições sobre o tamanho do rombo nos cofres públicos que será deixado pelo atual governo. Henrique Meirelles, ex-presidente do Banco Central e ex-ministro da Fazenda dos governos petistas e cogitado pelo mercado para ser o Ministro da Economia do novo governo, declarou que o rombo estimado por organizações independentes é três vezes maior do que o declarado pelo governo, aproximando-se de R$400 bilhões. Com isso, defende a flexibilização fiscal para o início do mandato e uma reforma administrativa “bem feita”. Alckmin já negocia com o relator do orçamento, Marcelo Castro (MDB), uma PEC “da Transição” para retirar do teto de gastos, as despesas “inadiáveis” e para as quais não há recursos disponíveis para o próximo ano, as quais incluem as promessas de campanha de Lula, como a manutenção do auxílio de R$600, recursos para merenda escolar, reajuste do salário mínimo, receitas para programa de saúde como o Farmácia Popular, dentre outros.

A política independente da classe trabalhadora, com a defesa de nossas pautas, em si mesma, é a contraposição e o enfrentamento direto não só contra as manifestações da pequena burguesia bolsonarista, mas principalmente contra a política do estado burguês em sua crise histórica que, sob qualquer governo de turno, avançará sobre a nossa classe. Está posto que, com o brutal endividamento público, com a queda histórica da produtividade e do investimento, o governo Lula, aliado com a burguesia, deverá aprofundar as reformas que impõem uma relação maior de exploração do capital sobre o trabalho, sob a total conivência das direções que blindarão o governo como forma de defesa da “democracia”. Ao defender a intervenção proletária em respeito à democracia e ao resultado das eleições, as direções políticas e sindicais dão carta branca ao governo Lula para fazer a transição com o governo Bolsonaro sem maiores incômodos. 

É preciso, portanto, levantar em cada sindicato e organização estudantil a necessidade de realização de assembleias que exijam das centrais sindicais a realização de um congresso de delegados eleitos pela base para a construção de um plano operário de saída da crise e de enfrentamento aos ataques; que coloque abaixo as reformas trabalhista, previdenciária, educativa e administrativa; que levante a luta pela escala móvel de horas e salários e a necessidade de expropriação dos expropriadores. É necessário também que, a partir de nossas estruturas, organizemos a autodefesa contra os ataques proto fascistas da pequena burguesia bolsonarista e, principalmente, contra o braço armado do estado burguês.

A tres años del 18-O, cuando las masas irrumpieron violentamente en la escena. En ese momento gobernaba Piñera, el que no escatimó recursos para imponer una salida represiva, desplegando carabineros y militares en todo el territorio nacional, encarcelando, asesinando, torturando, mutilando a cientos de luchadores obreros y populares. De esta semi insurrección espontánea, seguida de una huelga general del 12 de Noviembre con la irrupción de la clase obrera paralizando la producción, la burguesía buscó un desvío constituyente y con elecciones tras elección buscó poder cerrar el proceso. El proceso no cuajó el desvío, pero sí logró desarmar y absorber a sectores organizados de los “movimientos sociales” (como No + AFP’s, Coordinadora 8M) algunos de ellos diluyéndose por completo en la convención; mediante el texto constitucional buscaron estatizar sus demandas.

De todas maneras a pesar de la votación del 04 de septiembre donde ganó la opción rechazo, los  políticos de la burguesía ven la necesidad de una reforma constitucional en un proceso que será más amañado que el anterior, donde los viejos políticos “profesionales” –al servicio de la burguesía- se encierran a discutir un cambio constitucional. Lejana queda ya la ilusión de que la vieja “cocina” no actúe, ahora se les hace más que necesaria. La llegada al gobierno de Gabriel Boric, significó pasar por la ilusión de sectores de masas en reformas, o mejoramiento de sus condiciones de vida. Éste rápidamente demostró ser un gobierno para el capital y el imperialismo. Su halo de progresista ha sido muy útil para poder reforzar el aparato represivo, dando pleno respaldo a las policías, manteniendo los presos políticos, continuando con los estados de excepción, reprimiendo las movilizaciones estudiantiles, encarcelando y persiguiendo a luchadores por sus ideas, consagrando la impunidad de los responsables políticos, militares y policiales, ha recibido la aprobación de los empresarios y del imperialismo yanqui para seguir profundizando y reafirmando el carácter semicolonial del país con el visto bueno en la  aprobación del Senado del TPP11. Pese a que los sectores del gobierno del FA o del PC posan de críticos ante el accionar de su propio gobierno, o hablan de “relación de fuerzas” para echarle la culpa al pueblo de su propia política, impulsan una línea de unidad nacional del arco político burgués, donde buscan reformar la envoltura democrática del capital.

Por su parte la izquierda que se reclama trotskista entró de lleno en el desvío constituyente, lo que hace más irrisorio los llamados de los centristas “a luchar por una verdadera asamblea constituyente”, como una etapa necesaria hacia la toma del poder, lo que a estas alturas resulta una tozudez de parte las direcciones de esos grupos. Esta adaptación al régimen democrático burgués, que se expresó desde su adhesión “crítica” a la convención pasando por su llamado a votar a por Boric ante la amenaza del “fascismo”, ya no resulta una novedad y comienza a hacer una peligrosa trampa que los deja como furgón de cola de candidatos burgueses en las elecciones. Ahora grupos como el PSTU de Brasil (el MIT en Chile) llaman a votar por Lula para derrotar a Bolsonaro, un candidato que fue salvado por la burguesía para mejor controlar la crisis, alejándose sistemáticamente de la lucha por la independencia de clases.

La descomposición imperialista empieza verificarse con toda su crudeza en la guerra, la inflación y las condiciones materiales de la clase obrera comienzan a deteriorarse en los distintos países con diversas formas y profundidad. Asimismo a la juventud que sale a luchar contra el sistema capitalista solo le depara la represión, precariedad laboral o cesantía, por lo que urge la organización de una nueva generación que prepare los cimientos de la destrucción del capitalismo.

La democracia burguesa ya deja ser una forma de cooptación de masas estable para el imperialismo. La democracia burguesa esta caduca, eso que con las trompetas de guerra se anunciaba ya a principios del siglo pasado, y se le describía como un cadáver insepulto se vuelve patente. Es la clase obrera y su vanguardia la que debe sepultar al capitalismo, tal como ocurrió con la Revolución Rusa, que abrió la era de la revolución proletaria mundial. Para ello es necesario sacar lecciones de este y otros procesos de la lucha de clases, aprender de los procesos más avanzados que ha dado nuestra clase, pasar de la semiinsurreción espontánea a preparar el camino de la insurrección consciente. Por ello la necesidad de reconstruir la dirección revolucionaria mundial del proletariado, la IV internacional, se vuelve una tarea de primer orden

Libertad y desprocesamiento de los presos por luchar

Enfrentemos al Imperialismo. NO al TPP11

Impulsemos un Congreso de delegados de base de la clase trabajadora

Por un Gobierno Obrero

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