Publicado en la edición #84 de El Impreso de la COR - Marzo 2023

Con 201 votos a favor y 115 en contra, el Senado francés aprobó este miércoles 8, la reforma previsional de Macron, la cual plantea, esencialmente, aumentar dos años la edad jubilatoria -de 62 a 64- y, desde el 2027, llevar a 43 los años de aportes necesarios para obtener el haber jubilatorio sin descuentos. En medio de jornadas crecientes de paros y movilizaciones, el gobierno apuesta a que el parlamento apruebe definitivamente la reforma en el plazo legal de los próximos 20 días. De lo contrario, podría apelar al artículo 49.3 de la constitución, suspendiendo el debate parlamentario y agudizando las contradicciones y la crisis política del bonapartismo senil francés. 

El senado votó a favor de la reforma un día después de una nueva jornada de lucha. El 7 de marzo, los trabajadores realizaron otro paro general y movilizaciones masivas convocadas por las centrales obreras. Si bien esta es la cuarta medida convocada por las centrales desde que en enero Macron metiera la ley en el congreso, la burocracia ya puso en evidencia su rol abiertamente traidor en el terreno de la lucha. Busca desesperadamente que el proceso no se le escape de las manos, para, en la primera oportunidad, retorcerle el cuello: la Intersindical apuesta una y otra vez al “diálogo” y a reuniones con el gobierno, buscando una salida pactada en los marcos del régimen burgués.

Ante la decidida ofensiva gubernamental y la traición de la burocracia, en el seno de la vanguardia se viene discutiendo cómo superar los límites impuestos desde las direcciones de las organizaciones de masas. Los ferroviarios, las refinerías, el sector energético, así como trabajadores de la educación desde sus ciudades y regiones impulsan asambleas y diversas modalidades de paros. Al cerrar esta edición, sábado 11, las movilizaciones se esparcen en todo el país.

Preparar la Huelga General

Está muy claro que con jornadas de luchas aisladas no alcanza para triunfar. Sin embargo, y si bien las precondiciones para la huelga general están establecidas, su preparación no se limita a una discusión metodológica. Se trata de programa, de organización, agitación y propaganda. Es necesario poner en pie comités de acción, ligados a la unidad de producción, donde se elijan nuevos delegados y se barra con la burocracia sindical. Es al calor de la lucha que se debe forjar una nueva dirección. En este sentido, la política de los revolucionarios hacia los sindicatos debe ser clara, ya que determina la relación entre el elemento consciente con las masas obreras. Así como subproducto de la vinculación con el Estado, los sindicatos y las centrales tienden a la degeneración, el proceso en curso muestra nuevamente que estas instituciones siguen albergando en su seno a los sectores más concentrados de la economía, con plena capacidad para golpear a la burguesía en donde sustenta su poder, en la producción.

Es necesario recuperar los sindicatos y, ampliando sus funciones, convertirlos en herramientas revolucionarias de lucha contra el capital. Para preparar la huelga general y votar un programa hace falta un congreso de delegados de todo el país.

Una lucha internacionalista

La intervención del proletariado con sus métodos y su programa no puede limitarse a frenar la reforma y conseguir un aumento de salarios, más alguna que otra demanda. Una concepción que se ubica aun por detrás del sindicalismo revolucionario francés, que inscribía en su programa la dictadura del proletario, pero negando erróneamente el rol insustituible del partido revolucionario.

Aunque Macron, como señaláramos en notas anteriores, juegue con una idea redistribucionista, la reforma previsional integra un paquete de reformas capitalistas que, ante la crisis y descomposición imperialista, buscan establecer un nuevo pacto entre capital-trabajo. Una nueva relación de fuerzas entre las clases a nivel mundial en la búsqueda de producir más plusvalía.

Ante los sucesivos ataques, la creciente inflación y pérdida del poder adquisitivo, una ola de huelgas se esparce por toda Europa: Portugal, Grecia, Italia, Gran Bretaña, etc.

Los revolucionarios debemos intervenir con un programa transicional, dando pasos en unificar al proletariado europeo junto al de sus semicolonias, que le declare la guerra a la ofensiva de la OTAN y la intervención de Putin, desorganice a la burguesía y luche por la destrucción del Estado burgués. 

Tras esta perspectiva, es necesaria y urgente una Conferencia Internacional con todas aquellas organizaciones que pelean por la dictadura del proletariado y por la reconstrucción de la cuarta internacional.

El tercer mandato de Lula/PT está cerca de cumplir 3 meses, elegido en la estela de la ola rosa, que vuelve a poner en el poder a gobiernos de frente popular en América Latina. Expone el desvanecimiento político de estos sectores y reafirma la fragilidad de estos gobiernos ante los procesos de crisis que se profundizan por las tendencias abiertas por la pandemia y la guerra en Ucrania y, sobre todo, ante la política del imperialismo norteamericano en la búsqueda de recuperar su hegemonía económica y la asimilación de los antiguos estados obreros, especialmente Rusia y China. Este escenario intensifica las disputas por los mercados, por el control de los recursos naturales, por el monopolio de los semiconductores y por el control de las cadenas de producción.

La prolongación de la guerra en Ucrania, la tendencia cada vez más concreta a la recesión mundial, recomendada por los organismos internacionales, la persistencia de la alta inflación y, en el plano interno, la presión del rentismo y de la oposición bolsonarista arraigada socialmente y mayoritaria en el congreso nacional, obligan al actual gobierno a alinearse estrechamente con sectores del capital monopolista y de la burguesía nacional.

Incluso con el ascenso del régimen después de los acontecimientos del 8 de enero, apoyado y aplaudido por la izquierda reformista, la polarización política permanece abierta y Lula pasa a actuar para reestructurar su relación con las fuerzas armadas y auxiliares y con las instituciones de la democracia burguesa en su relación con las masas. Sin embargo, está claro que la gobernabilidad y las condiciones políticas necesarias para cumplir las promesas de campaña dependerán de la consolidación del frente amplio, incluso con los bolsonaristas.

Contener la grave crisis social que azota a Brasil tendrá un alto costo político y económico. Desde el gobierno de transición, el discurso es que el presupuesto está agotado. La deuda pública bruta se acerca a los 7 mil millones, el 74% del PIB, y seguirá restringiendo severamente la capacidad de inversión del gobierno. La nota del directorio nacional del PT, publicada a mediados de febrero, presenta un proyecto de defensa de la democracia, de un gobierno popular y soberano. Sin embargo, desde el principio tuvo que recurrir al Congreso y financiar la elección de Arthur Lira y Rodrigo Pacheco, para aprobar una enmienda constitucional que permitiera gobernar fuera del techo de gastos. Esta nota busca convencer de que este gobierno pondrá el Estado burgués a favor de los trabajadores; no hay mayor carnada.

Frente a estas barreras, la estrategia fue pivotar las acciones hacia la política exterior y volver a colocar al país en el escenario político mundial después de los años de aislacionismo adoptados por Bolsonaro. Desde la cumbre de la CELAC, Lula intenta recomponer el papel de liderazgo en América Latina, pero, sobre todo, como socio de primer orden de EE UU, sin limitar los intereses chinos, ya que China es el principal socio comercial de Brasil.

De esta forma, EEUU quiere frenar el avance chino sobre las semicolonias de la región. Quieren que el Mercosur sea un obstáculo para los intereses de la nueva ruta de la seda de China. Para ello, ven en el actual gobierno brasileño un actor clave para que los Estados semicoloniales latinoamericanos se sometan a los intereses imperialistas. No es casualidad que Lula haya estado intentando acelerar el acuerdo de libre comercio entre la UE y Mercosur.

La visita del canciller alemán, Olaf Scholz, a Brasil y la reunión de Lula con Biden, en EEUU, a finales de febrero, sirvieron para acelerar este realineamiento. En Washington, la agenda fue la lucha contra la extrema derecha y la defensa de la democracia y, más centralmente, el debate sobre el papel norteamericano en el Fondo Amazonia, financiado por Noruega y Alemania. Biden ejerció presión para disciplinar a Lula en la cuestión de la guerra en Ucrania. Después de esta visita, Brasil votó a favor de la resolución que exigía la retirada de las tropas rusas de Ucrania en la ONU, un año después del conflicto. Pero más allá del alineamiento con el imperialismo y en un intento de mostrarse como un gran estadista, Lula propuso la creación de un "club de la paz" para negociar el fin de la guerra.

En cuanto al debate amazónico, está claro que la "preservación" de la selva y la defensa de los territorios de los pueblos originarios también están en el foco de los negocios burgueses. Detrás de la cuestión de la deforestación y del problema del calentamiento global, temas con fuerte atractivo popular en el imperialismo, está el interés en explotar los recursos naturales de la región amazónica, sus riquezas minerales, especialmente las tierras raras, materia prima fundamental para el control de la cadena de semiconductores, fundamental para el desarrollo de la Industria 4.0, la producción de coches eléctricos y las altas tecnologías. Por lo tanto, el discurso de la preservación del medio ambiente no es más que una cortina de humo si la superación del modo de producción capitalista no está en el orden del día. Tal como está, sólo servirá para camuflar el avance de los intereses de los monopolios mineros, del capital financiero ligado a la llamada economía verde.

Este movimiento en política exterior desplaza el foco de la crisis interna que sigue abierta. Las previsiones de crecimiento por debajo del 1%, la inflación que persiste y sigue erosionando el poder adquisitivo de los trabajadores, el elevado desempleo que refleja el profundo proceso de desindustrialización, la grave crisis de solvencia de las grandes empresas de distribución, (ver el caso "Americanas") y los despidos en los gigantes de la informática son elementos que implican la dimensión de la grave crisis social, que adquiere proporciones de barbarie con el flagelo del hambre en territorio yanomami, las denuncias de trabajo análogo al esclavo en grandes bodegas de Rio Grande do Sul y la catástrofe de las inundaciones en el litoral norte de São Paulo.

Este escenario obliga al gobierno a avanzar en el anuncio de medidas para paliar esta crisis. Todas las medidas del gobierno están en el campo de la acción afirmativa, que orienta las demandas del movimiento y expande las manos del Estado para remediar una posible explosión social. Esta agenda va al encuentro de las políticas presentadas por la izquierda reformista y centrista, en las que apuntan al estatismo como solución para los trabajadores. El gobierno de Lula se ha anclado en el ajuste del salario mínimo, en el ajuste de la beca para investigadores universitarios y en el mantenimiento de programas como el Subsidio Familiar, en el valor de 600 reales; programas que habían sido descuidados por el gobierno anterior. El discurso del PT es sobre la construcción de un estado de bienestar, que tiene que estar en la agenda del gobierno. Sólo olvidaron ponerse de acuerdo con sus socios del frente amplio.

Para dar cuenta de este supuesto Estado de bienestar de Petrobras, Fernando Haddad, ministro de Economía, hace equilibrios entre los exabruptos de Lula contra el mercado financiero, la política de precios de los combustibles de Petrobras, la elevada tasa de interés del Banco Central y la tarea de acelerar la economía. Para ello, señala la necesidad de aprobar la Reforma Fiscal. En esta línea, se presentó un paquete de medidas que apuntan a un ajuste fiscal. El objetivo es transformar el déficit de 231.550 millones de reales previsto por el gobierno federal para este año en un superávit de 11.130 millones de reales. Según Haddad, el déficit debe reducirse a entre el 0,5% y el 1% del PIB. Uno de los principales puntos de estas medidas es el retorno del impuesto federal sobre los combustibles, que había sido suspendido por Bolsonaro; una medida querida por el gobierno, ya que presiona sobre la inflación de los alimentos.

Para nosotros, trabajadores, no hay camino posible a través del Estado burgués. Por eso, es urgente luchar por la recuperación de nuestros sindicatos y centrales de las manos de la burocracia que ha actuado cada vez más para suprimir cualquier democracia sindical e impedir cualquier posibilidad de lucha organizada e, internamente, luchar contra la adaptación del centrismo al régimen democrático burgués. Sólo así podremos organizar la confrontación con los gobiernos de turno. Para nosotros, trabajadores, la política no puede ser la defensa de la democracia burguesa, sino la construcción del Partido Revolucionario, bajo la IV Internacional, que ponga en marcha el programa de transición hacia la dictadura del proletariado.

"Por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres" [Rosa Luxemburgo]

El 8 M conmemoramos el día internacional de la mujer trabajadora, fecha instaurada a partir de una gesta obrera de fines del siglo XIX en el corazón de EEUU que puso a las mujer trabajadora en primera fila contra la desigualdad salarial, por la disminución de la jornada de trabajo, el acoso y vejación de patrones y las condiciones laborales paupérrimas. Esa gran lucha fue respondida con el incendio de una fábrica textil donde murieron más de 120 trabajadoras, encerradas con llave por sus patrones para ser consumidas por las llamas, en un acto más de brutalidad de la esclavitud asalariada. Aunque el 8M fue fijado por el inicio de la Revolución Rusa en Febrero (8 de marzo según nuevo calendario) donde el impulso de la conquista del primer Estado Obrero fue dado por las mujeres trabajadoras rusas derrocando al zar.

Cientos de luchas revolucionarias protagonizadas por la clase obrera y el pueblo, teniendo como protagonista decidido y abnegado a la mujer trabajadora, lograron arrancar a la burguesía algunas concesiones mínimas como el derecho al voto, la incorporación al trabajo o los derechos de descanso pre y posnatal entre otros.

Sin embargo, la sociedad capitalista en descomposición torna cualquier reforma en ilusoria volviendo a relegar a la mujer trabajadora a labores domésticas continuamente, siendo parte del ejército de reserva, utilizada su fuerza de trabajo para bajar los salarios y precarizar las condiciones de vida de las familias obreras.

La farsa del feminismo burgués y pequeñoburgués de colocar paridad o cupos de mujeres en cargos políticos, de dirección de empresas o en las instituciones represivas, puede haber aumentado la presencia mujeres en los cargos de administración de los negocios de la burguesía, mientras las condiciones de explotación de nuestra clase y de la mujer trabajadora en particular siguen empeorando. La política de “no discriminación” por género hecha ley, sólo aplica para cargos iguales, no para las concentraciones obreras como la industria alimenticia, supermercado o las empresas de limpieza donde la mayoría son mujeres trabajadoras que apenas ganan un poco más que el salario mínimo. La crisis que acentuó la pandemia aumentó la desocupación de la mujer trabajadora en mayor medida sin considerar el impacto en el sistema de salud, lo que agrava las deplorables condiciones de la salud reproductiva, las labores de cuidados, etc.

El 8 M fue puesto en el centro por las mujeres socialistas a principios del siglo XX. Ellas se delimitaban claramente del feminismo “las feministas burguesas aspiran a conseguir las reformas en favor del sexo femenino en el marco de la sociedad burguesa, a través de una lucha entre los sexos y en contraste con los hombres de su propia clase, no cuestionan la existencia misma de dicha sociedad. Las mujeres proletarias, en cambio, se esfuerzan a través de una lucha de clase contra clase, en estrecha comunión de ideas y de armas con los hombres de su clase – los cuales reconocen plenamente su igualdad – por la eliminación de la sociedad burguesa en beneficio de todo el proletariado.” [Clara Zetkin]

Las actuales marchas del 8M han tomado un carácter reaccionario al expulsar de su participación y lucha a trabajadores, jóvenes y militantes que levantan la liberación de la mujer de toda forma de opresión. Central responsabilidad la tienen las direcciones de la izquierda centrista quienes de forma oportunista se han hecho eco del feminismo burgués y pequeñoburgués llegando a modificar sus programas, suplantando la necesidad que los militantes se levanten contra toda injusticia y forma de opresión, por exigencias de reformas de inclusión al aparato estatal burgués o institucional. Del mismo modo han obrado con las “posmodernas” políticas burguesas “identitarias” relegando la lucha de clases y fragmentando a nuestra clase en disputas de géneros e individualidades.

Es prioritario recuperar el 8M como un día de lucha, organización y combate de nuestra clase, con la mujer trabajadora en la primera fila, por la liberación de la mujer de toda forma de opresión que inscribirá la clase obrera en la tumba del capitalismo.

“El grado de emancipación de la mujer es la medida natural de la emancipación general” [Marx]

Paso a la Mujer Trabajadora

El 24 de febrero de 2022, Putin, en lo que denominó “Operación especial”, invadía Ucrania para impedir el avance de la OTAN en la zona y la posible incorporación de este país a ser miembro de dicha institución.

A un año de esa invasión, la operación especial fracasó y la guerra se sigue desarrollando. Ucrania, con el apoyo de la OTAN, sigue resistiendo el ataque ruso y ha logrado empantanar el frente militar de Rusia, inclusive haciendo que retroceda en algunas zonas conquistadas a lo largo del conflicto.

La guerra se desarrolla en medio de una crisis mundial, con los coletazos de la pandemia, por lo que se ha agudizado y acelerado esta situación, llevando a la economía mundial a un proceso de recesión, con inflación y tendencias a la depresión. La extensión de la guerra sin salida aparente, por lo menos en el corto plazo, genera grandes desequilibrios políticos en los regímenes con intervención en algunos lugares de procesos de masas; algunos más directamente vinculados a la guerra, como las movilizaciones que llevaron a la caída del gobierno en Moldavia, y otros espoleados por las consecuencias de la misma, como las huelgas por salario en Gran Bretaña, Francia y otros países europeos.

En este escenario se mezclan una línea diplomática de salida al conflicto con una política más guerrerista de preparación ante una escalada militar más ampliada. Rusia rompe pactos en los acuerdos nucleares y amaga con una ofensiva en el campo militar en Ucrania. EEUU anuncia mayor apoyo militar y económico para Ucrania y detrás de esta línea disciplina a la UE y los países que son parte de la OTAN. China intenta mediar ante estas líneas, buscando mantener su alianza con Rusia, pero buscando otro interlocutor interno en Rusia que no sea Putin. China busca una negociación para un hipotético proceso de paz, planteando plebiscitos por la autonomía en la zona del Donbass, que Crimea siga en manos de Rusia, pero que se repliegue militarmente en el resto de Ucrania.

La OTAN utiliza este conflicto bélico para acelerar el proceso de asimilación de los ex Estados obreros, tratando de imponerles condiciones de carácter semicolonial. Por eso, en el territorio ucraniano se están definiendo procesos históricos inconclusos, en la necesidad de supervivencia del sistema capitalista.

La asimilación de los ex Estados obreros se plantea en la arena mundial y no en las particularidades de cada país. Es un grave error caracterizar esta guerra como un problema de autodeterminación nacional o defensa de la soberanía de alguno de los bandos en disputa, dejando de lado el problema fundamental de las relaciones sociales de producción y las contradicciones aun no resultas en el proceso de restauración capitalista de los ex estados obreros. Por eso sostenemos la unidad revolucionaria del proletariado ucraniano y ruso en contra de sus gobiernos actuales, contra esta guerra que no defiende ninguno de nuestros intereses como clase. Para que se desarrolle el internacionalismo es de primer orden la reconstrucción de la IV Internacional.

Llamamos a una Conferencia Internacional a las corrientes trotskistas que aun reivindiquen la dictadura del proletariado. Por la unidad internacionalista de los trabajadores en contra del imperialismo y la OTAN. ¡Por la expulsión de las tropas rusas de Ucrania! Por una federación de repúblicas socialistas de Europa y Asia.

COR Chile - LOI Brasil - COR Argentina

Conmemoramos 10 años del asesinato del dirigente sindical Juan Pablo Jiménez, cuando se encontraba dando lucha contra la patronal Azeta, contratista de Chilectra e impulsaba la organización de los trabajadores subcontratados.

Su asesinato ha quedado impune a manos de la justicia burguesa, donde salieron ridículas teorías como lo de “la bala loca” que habría matado a Juan Pablo. En su momento nuestra corriente señaló la necesidad de que, al mismo tiempo que exigíamos verdad y justicia, no depositáramos un ápice de confianza en el Estado y sus descompuestas instituciones como la PDI y sus peritajes.

La lucha de Juan Pablo y de cientos de luchadores contra el subcontrato es fundamental. Con el subcontrato la burguesía asestó un golpe a la organización sindical, fragmentando y atomizando a la clase obrera, así como redoblaron la explotación para maximizar sus ganancias.

No fue sólo mediante contratos, tercerizaciones y precarización, sino que impulsaron ataques a los intentos de lucha y organización que incluyeron asesinatos obreros, como el del trabajador forestal Rodrigo Cisternas o del obrero minero Nelson Quichillao, donde -bajo la dirección del PS y el PC, la CUT entregó la lucha de los subcontratistas durante los gobiernos concertacionistas.

Nuevamente la burocracia sindical vuelve a jugar un rol pérfido de colaborador con el gobierno “progre de turno” pactado un miserable reajuste que pulveriza el salario. Así como la burguesía impuso la subcontratación para “regular” la responsabilidad de las empresas mandantes, o mediante la reforma laboral del 2016, donde acabo la huelga de los trabajadores del subcontrato; ahora lo hará con el proyecto de ley de 40 horas, donde la burguesía ya empezó a desplegar la flexibilidad laborar y los aumento de los ritmos de producción en las empresas para mantener las tasas de explotación y plusvalía, incluso a incrementarla.

La lucha de las organizaciones sindicales debe tomar las banderas de lucha de Juan Pablo, es necesario organizar a los trabajadores y cuestionar la subcontratación de raíz. El actual gobierno inició su mandato reprimiendo la lucha de los trabajadores subcontratistas de Enap que exigían condiciones de trabajo equivalentes a las de los trabajadores de planta.

Es necesario organizar a nuestra clase y golpear a la burguesía en el plano de la producción imponiendo el control obrero y establecer escala móvil de salario y horas de trabajo.

Levantemos bien alto la bandera la lucha contra la impunidad del asesinato de Juan Pablo y de todos nuestros caídos.

Publicado en la web de COR Argentina

El martes 10 de enero el gobierno francés anunció un proyecto para retrasar la edad de jubilación de 62 a 64 años y la exigencia de 43 años de aportes a partir de 2027. La bronca ha estallado en las calles, con tres masivas jornadas de protesta, que continuarán.

El redistribucionismo imperialista: quitarle al trabajador para sostener al capitalista

Emmanuel Macron era consciente de la antipatía que generaría lo que en Francia ha sido llamada como “la madre de todas las reformas” y por eso aplazó el anuncio que estaba preparado para diciembre. Intenta a toda costa mostrar que esta reforma tiene un espíritu de justicia social, al plantear que hay que “equilibrar” el sistema redistributivo, haciendo que los trabajadores activos aporten más años y por más tiempo a lo largo de su vida. Esta no es una idea nueva, en 2014 el “socialista” François Hollande ya había pasado una ley para aumentar los años de aportes a partir de 2030, lo cual ahora Macron propone adelantar a 2027. Ya hemos escuchado al FMI pedir que se bajen las pensiones por “riesgo de que la gente viva más de lo esperado” (GFSR 2012).

El gobierno defiende el proyecto planteando que la edad de jubilación de Francia es una de las más bajas de Europa. Las mentiras capitalistas ya no pueden tapar el sol con la mano. Lo cierto es que el imperialismo francés no escapa a la tendencia generalizada de decadencia capitalista y, sumido en más de una década de crisis económica, social y del andamiaje institucional nacional y supranacional (UE), sumado a las consecuencias económicas de la pandemia y la guerra en Ucrania, desnuda su verdadero carácter reaccionario. Si el Estado de bienestar y la redistribución de la riqueza en pos de la equidad social fueron en los tiempos de posguerra el estandarte de este imperialismo para dominar, sobre la explotación del pueblo trabajador de la metrópolis, semicolonias y colonias, ahora ya no hay forma de sostenerlo. Macron dice defender la redistribución, atacando a los trabajadores y sus condiciones de vida, para sostener a los capitalistas y rescatar sus ganancias de la crisis. La respuesta obrera no se ha hecho esperar y los sindicatos responden con la preparación de “la madre de todas las batallas”.

19 y 31 de enero, 7 de febrero, las protestan continúan

Macron apuesta a que la reforma previsional se apruebe rápido, pero, para hacerlo por el parlamento, necesita de alianzas por ahora endebles y mínimo seis semanas para que salga. De lo contrario, puede sacar un decreto, lo cual agravaría la crisis política en medio de un proceso de masas, y enfrentando a la clase trabajadora y al proletariado industrial. Estas primeras tres jornadas de movilizaciones han llegado a superar los dos millones de manifestantes en todo el país, en lo que ha sido hasta ahora la jornada pico del 31 de enero. Pero estas no son las primeras movilizaciones masivas que enfrenta el Macron, en su mandato anterior, los chalecos amarillos desataron una marea de protestas callejeras. Lo distintivo en esta ocasión es que el movimiento obrero está nuevamente en el centro de la escena.

De cara a este fenómeno, que se ha llegado a comparar con las históricas luchas de 1995 contra el llamado “Plan Juppé” de las privatizaciones, se está dando un importante proceso de politización y deliberación al interior de la clase obrera. Aun viendo lejana la cuestión de la jubilación, una nueva generación de trabajadores para y se manifiesta porque la carestía de la vida golpea cada vez más fuerte en una potencia imperialista en decadencia. Y no se avizora una mejoría en lo inmediato, sino todo lo contrario. Este mes habrá subas en las tarifas del gas y la electricidad.

Está claro que la burocracia sindical que convoca en “unidad” a las jornadas de protesta y dirige las principales centrales sindicales buscará una salida dentro del orden burgués. Sin embargo, no está descartado que sean desbordadas. Desde el verano (boreal) se vienen dando importantes procesos de luchas, especialmente en la industria petrolera y los servicios de transporte. Pero también ha habido importante adhesión a las recientes movilizaciones en las automotrices, a las que, a su vez, se han sumado docentes y estudiantes de varios niveles educativos, etc. Esto pone a la orden del día la tarea de recuperar los sindicatos y ampliar sus funciones, con un programa de transición que ataque las bases del orden burgués. Esta es una perspectiva a plantear a los cientos de delegados y activistas de vanguardia que están surgiendo al calor de estas luchas. Debemos impulsar Comités de Acción en cada región, con delegados votados en sus unidades de producción, que preparen una verdadera huelga general, llamando a la solidaridad de todos los trabajadores de la UE, las colonias francesas y al proletariado británico, que está protagonizando enormes huelgas. Nuestro objetivo no se debe detener en parar la reforma de Macron, sino en la intervención independiente del proletariado europeo ante la guerra en Ucrania, para frenar la ofensiva imperialista de la OTAN y derrotar la restauración de Putin.

Por una dirección revolucionaria

Es en este escenario tan candente en el que se plantea la necesidad urgente de saldar la cuestión de la crisis de dirección revolucionaria del proletariado, no ya para plantear una salida para Francia, sino para abrir una perspectiva mundial de derribar al capitalismo decadente.

La izquierda francesa -y con esto nos referimos a aquellas corrientes que no fueron asimiladas al régimen imperialista, como lo hicieron el PS y el PC- viene atravesando crisis tras crisis y ahora se enfrenta a otra. El NPA, partido “anticapitalista” que se fundó sobre la base de distintas corrientes que provienen del centrismo trotskista de posguerra para armar una organización “amplia” con un programa lo suficientemente laxo como para albergar varias líneas políticas en su interior (recordemos que en su fundación eliminaron del programa la dictadura del proletariado), viene de sufrir una nueva ruptura por parte de un sector que se inclina por entrar a la Francia Insumisa, del ex Partido Socialista y fundador del Partido de Izquierda, Jean-Luc Mélenchon, quien se ha posicionado como figura pública electoral de la izquierda parlamentaria. Aun así, varias tendencias, ya sean internas o externas al NPA, se están planteando la discusión de la necesidad de poner en pie un partido revolucionario.

Sin duda, la cuestión de la dirección es clave para que la situación se desarrolle de manera revolucionaria. Por eso es fundamental abrir una discusión programática de cara al conjunto de la vanguardia obrera para desarrollar esta perspectiva. Entre los debates que están surgiendo en estas jornadas se plantean: “¿cómo seguir? ¿cómo ganar? ¿cómo imponer una estrategia?”

Desde la COR queremos aportar nuestra visión. La clase obrera no puede esperar a que las columnas capitalistas caigan por su propio peso, ni mucho menos sustituirlas por “nuevas” instituciones burguesas “democráticas”. El desafío del proletariado y su vanguardia es poner en pie sus propias instituciones para quebrar la dominación capitalista. Hay que adelantarse a los planes imperialistas -que, ante la imposibilidad de cooptar económicamente, intentará hacerlo políticamente generando nuevas mediaciones- quebrando la voluntad del enemigo y, en base a esto, construir la dirección revolucionaria internacional. Las corrientes de izquierda persisten en tomar el Programa de Transición como un método de presión sobre el Estado o de exigencia al mismo. De este modo, no podrán salir del fetichismo democrático y alejarán a la vanguardia de las tareas de preparación de las etapas de la dictadura del proletariado. Por eso, el Programa de Transición no pretende “desorganizar a la burguesía” en el terreno del régimen político -por más de que incorpore demandas democráticas-, como creen los centristas, sino que la concepción de desorganización es en la producción y, desde allí, se irá formando una nueva dirección obrera que pueda tomar en sus manos la tarea de destruir al Estado burgués y poner en pie un Estado de transición con una economía planificada.  

Nuestra corriente acepta el desafío propuesto por Trotsky: completar el programa y ponerlo en marcha. Esto implica colaborar, recuperar y complejizar el método de análisis de las tendencias imperialistas y las tareas de los revolucionarios, en la superación de la crisis de dirección revolucionaria mundial y la reconstrucción de la IV. El Programa de Transición es el programa de acción de la injerencia del Estado obrero en la sociedad capitalista. En esa transición está inscripta la revolución mundial y la dictadura del proletariado mundial.

Desde la COR, y la corriente internacional de la que formamos parte, la TRCI, reiteramos nuestro llamado a todas las corrientes que reivindican la lucha por la dictadura del proletariado y la refundación de la IV Internacional a preparar una Conferencia Internacional para discutir y poner en marcha las tareas que nos impone este periodo.

Los incendios de enorme magnitud asola el sur del país, afectando a miles de familias, más de 1200 casas quemadas, ciudades y pueblos, con más de 25 muertos, enormes hectáreas arrasadas completas por la voracidad de las llamas.

El gobierno, reaccionando tarde al naturalizar una “época de incendios”, ha salido a plantear la “alianza público y privada” que otorga manga ancha para que las forestales e inmobiliarias hagan jugosos negocios en las zonas afectadas, lo que muestra una vez más el carácter depredador y anárquico del capitalismo.

Las patronales forestales son las responsables directas o indirectas, por la resequedad del suelo, la expansión de las plantaciones, las medidas de eliminación de plagas, la falta absoluta de medidas de prevención, contención y eliminación de focos de incendio. Sobre las cenizas y los cadáveres volverán a expandir su dominio y a llenar sus suculentas arcas como lo vienen haciendo en las zonas de la V región, ya lo vienen haciendo todos los años en las regiones del sur.

La catástrofe afecta a miles de hogares obreros y de campesinos pobres que se traduce en las pérdidas de sus precarias casas y enseres. La solidaridad obrera mostrada por la población en este tipo de sucesos debe ser el impulso para que los sindicatos planteen un Plan Obrero de Emergencia, que junto con exigir y disponer de todos los recurso para el combate a los incendios y ayuda a los damnificados, contemple un plan de construcción de viviendas (no de cajas de emergencia), la confiscación de los materiales de construcción y la expropiación de los grandes terrenos en manos de privados. Es necesario luchar por un salario de emergencia igual a la canasta familiar de todos los trabajadores ocupados y desocupados. Los sindicatos de la construcción pueden movilizarse para exigir este plan de construcción disponiendo su fuerza de trabajo, asimismo ante la desidia de la patronal forestal, debe impulsarse por los sindicatos de las empresas forestales brigadas de seguridad que impulsen el control obrero de CONAF y de todos los recursos para la prevención y el combate a los incendios.

El gobierno balbucea sobre que esto es producto ora del cambio climático, ora de individuos aislados que hacen un asado en medio del bosque, sobre los que dejarán caer “todo el peso de la ley”. Maniobras distractivas para sacar del foco a las patronales forestales e impulsar la expansión de sus negocios; muestra de ello es el llamado a los ex funcionarios experimentados, experimentados en la prestación de servicios a la burguesía como los ministros de Piñera y Bachelet.

El control obrero de la industria forestal se vuelve de vital importancia para imponer la planificación consciente de la producción, imponiendo como, cuanto, que, donde y para quien se produce.

La cumbre de la CELAC tuvo lugar el pasado martes 24 de enero en Buenos Aires. Fue una cumbre signada por la crisis de los gobiernos de los países que integran el foro, crisis políticas varias sobre el fondo de la crisis mundial, la sombra del estancamiento económico y del recrudecimiento de las tendencias militaristas a partir de la guerra en el este de Europa.

A destacar en primer lugar, la cumbre tomó una posición de complicidad con la salvaje represión del gobierno de Boluarte en Perú, que ya se ha cobrado más de 60 víctimas fatales. Solo el chileno Boric (luego de haber sido el primero en alinearse con Boluarte y la política de EEUU) ensayó una muy tibia denuncia y la representación mexicana enviada por AMLO, con igual cinismo, propuso una resolución de libertad a Castillo y fin de la represión que sabía de antemano no iba a ser aprobada; mientras, el resto de mandatarios se alineaban sin protesta a la orientación imperialista que intenta cerrar la crisis a través de la derrota de la insurrección espontánea, protagonizada por la población obrera y campesina, a través de los mecanismos de las instituciones establecidas del semiestado peruano. La presencia en la Cumbre de la ministra de relaciones exteriores peruana, Ana María Gervasi, fue repudiada por residentes peruanos autoconvocados y por la izquierda en un acto del que participamos. Pero limitarse a esto hace que el árbol tape el bosque: es solo la expresión más brutal y descarnada de una orientación general hacia los brazos del imperialismo por parte de los gobiernos de la región.

Otro punto notable fue la política activa del gobierno brasilero, con Lula a la cabeza, para ubicarse como líder de un orden regional, que le permita negociar con Europa y EEUU el precio del alineamiento. Para ello, la CELAC en sí es una organización demasiado amplia y difusa, por lo que buscó en primer lugar el apoyo del gobierno argentino en la necesidad de reflotar la UNASUR, a través del rescate del moribundo MERCOSUR. Esto permitiría dejar de lado a los (para estos cipayos) incómodos caribeños, Ortega incluido, centrándose en la “subregión” sudamericana. La divisa de “orden y progreso” tiene un contenido: recostarse en EEUU y apoyar la política exterior militarista de Biden. No por nada, dos de las principales discusiones del foro, la supuesta moneda única SUR y los desplantes de Lacalle Pou, versaron sobre el problema de la influencia China en la región. El otro gran problema, el de los derechos humanos y la democracia, apunta a utilizar a Venezuela como moneda de cambio ahora que Biden y la Casa Blanca se han visto obligados a negociar con Maduro bajo la presión de un mercado internacional de la energía tensionado por la guerra entre Rusia y Ucrania.

Hilando más fino, el ministro de economía brasilero Haddad explicó claramente que por el momento el único acuerdo entre Argentina y Brasil que existe es un financiamiento por 366 días por parte de los bancos oficiales a las empresas de cada uno de los países para las operaciones bilaterales de comercio exterior. Y fue explícito: esto permitirá a las empresas brasileras entrar en el negocio del gasoducto, del cual, de lo contrario, quedarían indefectiblemente afuera por la competencia China. Massa, su par argentino, indicó que este mecanismo permitirá evitar una mayor sangría de reservas del Banco Central, por un año, probablemente pensando en las elecciones. Por supuesto, esto no es una integración de abstractas “naciones”, sino la viabilización de determinados negocios a un puñado de monopolios brasileños y argentinos, asociados a los yanquis y a la UE.

Las bravatas de Lacalle Pou, sustentadas en la defensa de la democracia y los derechos humanos (aunque no para Perú), no terminan de ocultar la defensa del TLC Uruguay-China, que es una piedra en el zapato de la línea lulista. Por eso, Lula cruzó presto el Río de la Plata para intentar negociar el ordenamiento de un acuerdo más amplio entre el MERCOSUR de conjunto y China. Puso la condición de firmar antes el acuerdo con la UE, mostrando no una simpatía “eurocéntrica” sino a los negocios burgueses a los cuáles responde su gobierno.

La invitación a la cumbre al gobierno norteamericano no deja dudas de que este intento (porque por ahora no es más que eso) de Brasil de ubicarse como interlocutor privilegiado en la negociación de las sub burguesías regionales con el amo imperialista tiene el apoyo de Biden. Los yanquis saben lo que quieren, tal como revelaron las escandalosas declaraciones de la jefa del Comando Sur, Laura Richardson, sobre los recursos estratégicos de la región como el litio, las tierras raras en general, el oro, el petróleo, el gas y los acuíferos. Las negociaciones bilaterales (país por país, no por bloques) que había promovido a su turno Trump no solo abrieron brechas para que China integrara a varios países de la región a la ruta de la seda, sino que además generó una multiplicidad de conflictos y procesos de desorden institucional que impactan también en las putrefactas estructuras institucionales imperialistas. Es cierto que China actualmente está en graves problemas económicos producto de la guerra y del rebrote de la pandemia, pero es evidente que Biden sigue en esto a Trump y pretende hacer retroceder a su “competidor estratégico” (China) lo más posible, y la sub burguesía brasilera se postula como socio principal en esta tarea. No sin contradicciones internas, ya que no debemos olvidar la toma de los edificios federales en Brasilia protagonizada por los bolsonaristas y con la venia de sectores de las fuerzas armadas y de la patronal.

Por los Estados Unidos Socialistas de América Latina y el Caribe

El decadente revival de los años 2000 que escenifican los gobiernos de la región tiene como contenido intentar capear la profunda descomposición de los semi estados latinoamericanos y sus instituciones, parte de una situación mundial signada por la descomposición general del sistema capitalista en su fase imperialista y la asimilación (cada vez más violenta) de los ex estados obreros como Rusia y China. El avance de la penetración imperialista descompone a las instituciones y vuelve aún más farsescos a los bonapartismos sui generis. Sin embargo, el rol más nefasto que tienen estos gobiernos “semidemocráticos” es dar lugar al engaño del proletariado por sus direcciones burocráticas, que lamentablemente tienen el flanco cubierto por el centrismo trotskista que se limita a plantear una línea democrática contra “la derecha”, “antifascista” o a lo sumo de “unidad antiimperialista” sin plantear un programa obrero que permita al proletariado erigirse como caudillo de las naciones oprimidas latinoamericanas. Así, las corrientes de la región como la FT, LIS, UIT, LIT, etc, levantan acríticamente la consigna “asamblea constituyente libre y soberana”, que sostienen los movimientos en lucha en Perú, y plantean el rechazo al gobierno “golpista”… para defender las instituciones supuestamente democráticas del país. Ven golpes oponiendo democracia a dictadura en todos lados, cuando en realidad la burguesía aún no ha tomado ese rumbo porque cuenta con las instituciones, por supuesto que totalmente derruidas y en crisis, de los semiestados para ejecutar sus maniobras contra las masas y apoyar sus ofensivas más sanguinarias, ejerciendo la dictadura del capital. Esto no quiere decir que no debamos levantar el "abajo Boluarte" en Perú, todo lo contrario, pero no para ir hacia una salida dentro de los marcos de la institucionalidad capitalista, sino para imponer un gobierno obrero y campesino basado en las organizaciones de los trabajadores y el pueblo pobre que imponga las medidas para atacar al imperialismo en la región, expropiando a las mineras y a los grandes terratenientes, imponiendo el control obrero de las industrias y los servicios estratégicos, convocando al movimiento obrero de todo el continente, sobre todo de EEUU, a apoyar la lucha contra el imperialismo en toda la región. No existe democracia en Latinoamérica sin la revolución agraria y la expropiación de las industrias y la banca extranjera. Cualquier monopolio del comercio exterior, o acuerdo de monedas, o nacionalización de la banca es una estafa sin estas medidas basadas en desbancar a los enemigos de clase del poder imponiendo la dictadura del proletariado. Es claro que la propia dinámica de la lucha de clases basada en la estructura económico/social de la región llevará a la extensión del proceso revolucionario a todo el continente, pero sin una dirección proletaria consciente, será la contrarrevolución imperialista la que podrá estrangular a nuestra clase. Por ello, luchamos por los Estados Unidos Socialistas de América Latina y el Caribe, preparando una dirección obrera internacionalista. Para ello, es urgente avanzar en la reconstrucción de la IV Internacional. Llamamos de manera urgente a las corrientes que defienden el programa de la Dictadura del Proletariado a una conferencia latinoamericana para discutir el programa y las medidas políticas y organizativas para avanzar en este objetivo.

COR Chile – LOI Brasil – COR Argentina

Polémica ha causado en la superestructura política burguesa los 13 indultos otorgados por el gobierno de Boric, lo que constituye en primer lugar un reconocimiento de la existencia de la prisión política en Chile, y que sirvió para tranquilizar a los sectores de apruebo dignidad (PC-Frente Amplio) que veían como Boric venía de aprobar el TPP11, alinearse con Dina Boluarte en Perú, etc. Es decir, no teniendo ningún atisbo siquiera de política estatista y reformista, que pudiese reivindicar ante las alas populistas de su militancia. 

De inmediato los sectores de derecha y ultraderecha pusieron el grito en el cielo anunciando acusaciones constitucionales, la Corte Suprema aludiendo a su "independencia de otros poderes", etc de inmediato el gobierno retrocedió sacando la ministra de justicia y un asesor de la confianza de Boric. Ninguna de las estas fracciones burguesas tiene la fuerza para imponer su agenda, que en todo caso coinciden en hacer pagar la crisis sobre los clase trabajadora, ya que solo diferencian en los tiempos y formas.

La burguesía sabe que una política abiertamente reaccionaria puede crispar a las masas y provocar otras insurrecciones como las que hace más de un mes sacuden al Perú, donde incluso han sido tomadas fabricas por trabajadores y comunidades, y se han desarrollado enfrentamientos con las fuerzas policiales. Coinciden todos los gobiernos de la región en su extrema debilidad y crisis, como el de Lula en Brasil.

El gobierno de Boric con esta medida y su actuación muestra claramente su carácter bonapartista, comenzando a jugar el rol asignado por el imperialismo de cerrar procesos y abrir paso a una transición, buscando mantener la casa ordenada. Estos indultos son el subproducto de la lucha que han dado organizaciones y familiares de presos políticos, pero aún quedan presos por liberar; no podemos conformarnos con las maniobras del gobierno de Boric al dar migajas para posar de izquierda.

Para el gobierno se trata de surfear la crisis social que golpea la clase trabajadora y el pueblo, donde los salarios han sido pulverizados. Ya el irrisorio aumento del salario mínimo, pactado y celebrado como un "acuerdo histórico" por la burocracia de la CUT aumentando en un 2,5% (10 mil pesos) mientras el truqueado y manipulado IPC subió un 12,8%. 

Es necesario que los sindicatos desarrollen el control obrero de la producción desarrollando comisiones para determinar la real canasta familiar de la familia obrera y no mediante la burocracia estatal que maquilla los precios. Está y otras medidas para luchar y defender a los que luchan, deben ponerse a la orden del día en un Congreso de delegados de base de la clase trabajadora.

La lucha también debe ser por arrancar de sus cárceles a todos los presos por luchar contra la democracia para ricos.

En eso será clave la organización obrera, por su centralidad en la los procesos de lucha de clases para acaudillar a la nación oprimida.

Na tarde de ontem (08 de janeiro), exatamente uma semana após a posse do presidente Lula, bolsonaristas invadiram, ocuparam e destruíram os prédios oficiais (Congresso Nacional, STF e Palácio da Alvorada) na Esplanada dos Ministérios, em Brasília. A ação que estava sendo planejada na semana anterior, pelas redes sociais e aplicativos de mensagens, mobilizou mais de 80 ônibus e cerca de 4 mil bolsonaristas bancados por setores de empresários do comércio varejista, do transporte e do agronegócio, e contou com a conivência do governo do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB) e seu Secretário de Segurança e ex-Ministro da Defesa de Bolsonaro, Anderson Torres (União Brasil). Abertamente bolsonaristas, permitiram e facilitaram a entrada dos apoiadores de Bolsonaro à Esplanada, diminuindo o efetivo policial e ordenando que não realizassem nenhuma resistência (os policiais presentes estavam tirando fotos e comprando água de coco).

Longe de ser uma tentativa de golpe de Estado, pois caracterizou-se por uma ação de uma minoria sem a atuação efetiva das Forças Armadas e/ou policiais e sem uma nítida tentativa de mudança ou controle do aparato estatal e destituição do presidente, o episódio é uma clara expressão da decomposição do bonapartismo sui generis em sua relação com o imperialismo e as massas. Ao incorporar e ampliar as Forças Armadas às tarefas do estado, o bolsonarismo ampliou as contradições e, portanto, a crise do estado semicolonial brasileiro. É nessa crise que buscam intervir o bolsonarismo por um lado e o atual governo por outro, reforçando a defesa das instituições do estado democrático de direito.

Nesse sentido, Lula responsabilizou o governo do Distrito Federal e decretou intervenção federal na capital até o final do mês; para isso, designou o assessor do Ministro da Justiça Flávio Dino (PCdoB), Ricardo Cappelli, como interventor federal da Segurança Pública no DF. Na sequência, a Advocacia Geral da União (AGU) solicitou ao STF o pedido de prisão de Torres e durante a madrugada, Alexandre de Moraes, ministro do STF determinou o afastamento de Ibaneis Rocha por 90 dias, além de determinar a prisão e oitiva de todos os bolsonaristas dos ônibus que chegaram à Brasília (que já somam cerca de 1200 prisões no momento de escrita desta nota) e desmonte de todos os acampamentos nos quartéis em todo o território nacional.

A intervenção federal de Lula deve ser ratificada pelo Congresso nas próximas horas, além de receber o apoio do Judiciário. A burguesia nacional, representada pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban), Confederação Nacional da Indústria (CNI), Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), entre outras entidades empresariais, também cobrou “reação firme” contra os atentados ao estado democrático de direito e pela retomada da ordem. Além disso, o imperialismo já deu o recado de que está acompanhando a situação em total e irrestrito apoio à Lula. Deputados estadunidenses do partido democrata também já levantaram a necessidade de extradição Bolsonaro ao Brasil, pressionando o Congresso pelo não abrigo e refúgio em solo estadunidense do ex-presidente brasileiro, numa clara associação deste com os atos de invasão à Esplanada e dessa com a invasão ao Capitólio há exatos dois anos atrás. Governos regionais também saíram na defesa de Lula e sua intervenção contra o que denominaram “atentados golpistas”.

Dessa forma, o governo Lula tem total carta branca para atuar no sentido de reestruturar sua relação com as Forças Armadas e forças auxiliares e com as instituições da democracia burguesa na sua relação com as massas. Desde a sua posse, Lula tem atuado para fortalecer a ideia do estado forte e “acolhedor”. Todas as cerimônias de posse, do presidente e ministros, foram pensadas para transmitir a mensagem de que o estado burguês serve ao povo brasileiro, que os últimos quatro anos foram um problema de má administração desse aparato e que, portanto, é possível que o estado esteja e atue em favor dos interesses da classe trabalhadora. O discurso da “ameaça golpista” tem sido utilizado pelas direções sindicais e políticas reformistas para controlar e calar o movimento operário desde as eleições de 2018. Exemplo mais recente é o ataque sistemático do reformismo às lideranças dos trabalhadores de aplicativos que estão construindo uma greve para o próximo dia 25/01, acusando-os de “bolsonaristas” e de atuarem contra o governo Lula. Fica nítido que as burocracias sindicais atuarão com maior truculência nos próximos anos para controlar o movimento operário e blindar o governo Lula para evitar a “ameaça golpista” ou o crescimento da “extrema direita”.

O centrismo trotskista repete a defesa (equivocada) de atuação “independente” dos trabalhadores contra a “extrema direita” e “golpistas”, assim como o fizeram diante dos bloqueios de rodovias pelos bolsonaristas após resultado das eleições. Defendem assim, de forma mascarada, o respeito às instituições da democracia burguesa e ao governo Lula em última instância. Isso porque abandonaram a ideia de revolução e da ditadura do proletariado, transformando a ideia de “independência de classe” cada vez mais numa possível atuação parlamentar que responda melhor aos interesses dos trabalhadores.

É nesse contexto que são chamados os atos de hoje, dia 09 de janeiro, contra o golpismo. Movimentos sociais e centrais sindicais clamam por uma mobilização em defesa da democracia (burguesa), das instituições do estado burguês e do governo Lula. O centrismo defende a mobilização nas ruas contra o golpismo e a extrema direita. Em resposta à crise do estado e das disputas entre frações da burguesia e pequena burguesia semicolonial, não podemos estar refém de uma política que demanda maior estatismo com intervenção direta do imperialismo.

Dessa forma, repudiamos as medidas intervencionistas de Lula e dos demais poderes do estado. Para os trabalhadores, um poder estatal maior e mais centralizado é prejudicial aos nossos interesses, organização e luta. Não devemos alimentar nenhuma ilusão no estado burguês que é o instrumento de dominação dos nossos inimigos de classe. É preciso denunciar seu invólucro democrático e seu caráter de classe!

É necessária a atuação independente dos trabalhadores nessa crise aberta, com sua pauta e seus interesses. É preciso levantar medidas de autodefesa e assembleias em cada sindicato e central sindical que apontem para um plano de lutas contra o desemprego, contra o aumento da miséria nas condições materiais de vida, pela revogação das reformas que ampliaram a exploração e a retirada de direitos. Somente organizados na defesa das nossas bandeiras históricas será possível enfrentar, não apenas o bolsonarismo como oposição burguesa e pequeno burguesa ao governo, mas o próprio governo Lula, preparando as condições para o enfretamento ao estado burguês em seu conjunto. A única intervenção independente possível para nós, trabalhadores, é a de enfrentamento ao estado burguês e ao imperialismo, e não de seu fortalecimento!