Un incendio de grandes proporciones en la comuna de Viña del Mar, que aún no ha sido controlado en su totalidad, ha afectado a 125 hectáreas dejando 2 muertos, miles de damnificados y más de 500 viviendas siniestradas.

El gobierno de Boric decretó el Estado de Catástrofe y apareció, al igual que lo hiciera Piñera ante las catástrofes, camisa arremangada recorriendo el terreno para las cámaras. La alcaldesa de Viña del Mar, antes que dar solución y recursos, empezó a lanzar campañas de solidaridad para que sea la ayuda de la población la que parche las necesidades sociales y anticiparse a que el municipio sea el que regentee dichas ayudas.

Es sabido que desde la Corte Suprema, así como del propio gobierno, propietarios e inmobiliarias, vienen preparando el terreno legal de los desalojos de las tomas. La explotación forestal de la zona también podría verse beneficiada por le extensión de la explotación hacia zonas protegidas, como ha ocurrido con frecuencia en los incendios forestales del sur. Por ello es que no resultaría nada extraño que el actual incendio haya sido intencional como señalan muchas fuentes.

El hacinamiento y falta de condiciones básicas habitacionales (agua, luz, alcantarillado, etc) es la moneda corriente de cientos de miles de familias que habitan en las periferias de la ciudades. Algo para lo que la burguesía no sólo no pretende darle solución, sino que en la actual crisis económica donde la especulación inmobiliaria está llevando a la parálisis de obras y faenas, incrementa el apetito por ganancias y subsidios estatales de las grandes constructoras y agrava a niveles históricos la falta de vivienda y la precariedad de las condiciones de vida.

Este es el fin del despliegue en terreno del gobierno que, junto con mantener militarizada la zona para evitar saqueos por hambre o sofocar cualquier manifestación de lucha ante la extrema necesidad, busca galvanizar los intereses de grandes grupos económicos, agrarios, forestales, inmobiliarios, etc.

Cientos de organizaciones sociales, estudiantiles y de trabajadores se han puesto a disposición para organizar e impulsar acciones de solidaridad como el levantamiento de centros de acopio o la realización de ollas comunes. Este es un reflejo constante de los trabajadores y el pueblo que sale en ayuda de su clase ante situaciones de este tipo. Bajo la consigna de “sólo el pueblo ayuda al pueblo” se desarrolla esta agitación solidaria. Apoyamos e impulsamos todas estas muestras de solidaridad y pugnamos porque los sindicatos de trabajadores se pongan a la cabeza de las mismas. Sin embargo, no dejamos de advertir que no es con la solidaridad entre los pobres que podamos arribar a una solución para las miles de familias afectadas. Esta perspectiva apuntaría a desarrollar una suerte de mendicidad paraestatal, que pronto puede ser relevada, y con mayores recursos, por las instituciones del aparato estatal para proteger la propiedad privada. Otros plantean la necesidad de impuestos a los ricos para financiar las ayudas, es decir, apuntar a la vieja receta de exigirle al gobierno o al congreso que introduzca reformas impositivas para “redistribuir la riqueza”. Es necesario que intervenga la clase obrera ente la emergencia.

Los sindicatos pueden organizar la solidaridad activa y movilizarse para imponer un Plan Obrero de Emergencia que contemple un plan de construcción de viviendas, la confiscación de los materiales de construcción y la expropiación de los terrenos en manos de privados. Es necesario luchar por un salario de emergencia igual a la canasta familiar de todos los trabajadores ocupados y desocupados. Los sindicatos de la construcción pueden movilizarse para exigir este plan de construcción disponiendo su fuerza de trabajo. Es necesario tomar todo inmueble ocioso, iglesias, casas patronales, etc, para albergar provisoriamente a las familias, levantar comedores comunes con recursos permanentes, etc.

Que la clase obrera y la juventud se pongan a la cabeza de este desafío

La situación en Perú sigue convulsionada, donde, por la represión, ya hay más de 20 muertos a manos de las fuerzas represivas que intentan derrotar los levantamientos en distintos puntos del interior del país. Los manifestantes piden elecciones anticipadas y algunos sectores la liberación de Castillo.

El gobierno actual mandó un proyecto de ley para llamar a elecciones anticipadas para fines del 2023, fecha muy lejana por el nivel de crisis del país. El Congreso rechazó el proyecto, ya que planean mantener sus mandatos hasta el 2026.

Ante este escenario, con la aceleración de la crisis y del deterioro de su relación con las masas, la presidenta decretó un toque de queda en las zonas más convulsionadas y realizó un discurso para que los legisladores voten la anticipación de elecciones.

Sectores importantes de trabajadores y campesinos del interior de Perú intervinieron en la crisis abierta, bloqueando caminos, destruyendo comisarías, organizando comités para defender el territorio, ocupando fábricas y otras medidas, demostrando que no van aceptar de forma pasiva el avance de las fracciones burguesas y pequeño burguesas aliadas del imperialismo sobre sus condiciones de vida.

La burguesía peruana cometió un error muy grande al eliminar una contención, como lo era Castillo, pensando que no iba a pasar nada. Las consecuencias están a la vista. Gran parte de los sectores que están en lucha están cuestionando los pilares de la democracia pequeño burguesa del semi Estado peruano, lo que le da a la situación en desarrollo características insurreccionales.

La burocracia sindical ha debido llamar a un paro ante la radicalización reinante. Los gobiernos de la región han comenzado a dar un tibio apoyo al ex presidente, modificando la posición que tuvieron cuando comenzó el conflicto de no apoyo a Castillo. Los gobiernos de México, Argentina, Bolivia, Colombia, para nombrar algunos, se pronunciaron a favor de Catillo. Los de Brasil, de Lula, y Chile, de Boric, mantuvieron su posición de que Castillo no respetó las instituciones.

La situación en Perú plantea la necesidad de que, al calor de los enfrentamientos y el desarrollo del proceso, se abra un gran debate en los sectores de lucha de que debemos echar al Boluarte y preparar las condiciones para instaurar un gobierno obrero y campesino, lo que va permitir comprimir y acelerar la combinación entre las tareas democráticas de la revolución agraria, la independencia nacional y lucha socialista para derrotar al semiestado burgués y al imperialismo. Por un Congreso de delegados de base obrero y campesino, con delegados mandatados de las unidades de producción, como las grandes mineras, y delegados por regiones, donde se vote un plan de lucha, se organice la autodefensa y una huelga general para derrocar al gobierno de turno y todos sus aliados.

Es menester que la vanguardia obrera y juvenil intervenga activamente en este proceso semiinsurreccional para fortalecer la organización de la clase obrera de las minas, las fábricas, los puertos, los hospitales, tomando su control, imponiendo la centralidad del proletariado como caudillo del conjunto de la nación explotada y oprimida.

También deberemos combatir las políticas de la burocracia sindical que pretenderá desviar la lucha hacia los cauces de la descompuesta democracia burguesa semicolonial. El impulso de reformas del aparato de estado en crisis, como las de asambleas o convenciones constituyentes, sólo retrasarán o desviarán la necesaria perspectiva de lucha de la clase obrera por el poder, como se evidenció en el proceso abierto en Chile por la semiinsurrección chilena de octubre del 19.

Para eso necesitamos crear un partido revolucionario que tome la dirección de la vanguardia obrera y las tareas históricas que se plantean como sección nacional por la reconstrucción de la IV Internacional.

La clase obrera latinoamericana y del continente puede comenzar a discutir acciones de solidaridad activa con los trabajadores y el pueblo peruano.

Llamamos a los grupos trotskistas de la región que aun levantan la dictadura del proletariado a una Conferencia latinoamericana para discutir las tareas para Latinoamérica y ayudar a un desarrollo revolucionario en Perú.

COR Chile - LOI Brasil - COR Argentina

El miércoles 7 de diciembre, el Congreso de Perú destituyó a Pedro Castillo después de que ese mismo día por la mañana, en un discurso para la República, planteara disolver el Parlamento, llamar a nuevas elecciones constituyentes y el toque de queda. Con estas medidas definió que estaban en un estado de excepción por la situación política reinante. Luego de los anuncios, el Congreso desoyó las órdenes del ejecutivo y se reunió para intentar, por tercera vez, la destitución del presidente. Esta vez pudo juntar los votos necesarios, debido a que hasta los legisladores que respondían a Castillo votaron por su vacancia. Así, con 101 votos afirmativos, 6 negativos y 10 abstenciones, fue apartado de su cargo por “incapacidad moral” y por “golpista”.  Ese mismo Congreso definió como línea sucesoria a la vicepresidenta de Castillo, Dina Boluarte, quien asumió el cargo de presidenta.

Los días anteriores a estos hechos Pedro Castillo había buscado apoyo en la OEA, organismo que, se sabe, está al servicio del imperialismo norteamericano y que tiene una larga historia de intervención en la región, el ejemplo más reciente ha sido su rol desestabilizador en Bolivia. Este organismo planteó que, ante la situación de parálisis del gobierno y su enfrentamiento con la oposición burguesa, debían llegar a una tregua de 100 días para ordenar la situación política, es decir, permitir que hubiera una transición ordenada, ya que el gobierno de Castillo no tenía futuro. Y, de hecho, a los pocos días de que se retiraran los funcionarios de la OEA que habían ida a mediar, el presidente fue obligado a dejar su cargo.

Esta situación demuestra hasta dónde se había alejado Castillo de sus promesas electorales y cómo encontraba aliados en los restos del fujimorismo para que fueran parte de su gobierno, así como encaró un curso de mayor sumisión al imperialismo. Estaba completamente aislado, sin apoyo político de ningún sector, ni de las fuerzas armadas y menos de los sectores de la clase obrera y campesina que habían creído en su gobierno. Ese escenario de soledad se vio cuando, después de plantear la disolución del Congreso, pidió asilo político en la embajada de México, donde no pudo llegar porque fue arrestado y puesto en prisión por 7 días, hasta que definan su situación procesal.

En la noche del miércoles se produjeron algunas movilizaciones y otras más masivas al otro día, que fueron reprimidas. Éstas no fueron para apoyar a Castillo, sino más bien para defenderse del avance de las alas más reaccionarias de las fracciones burguesas y pequeñoburguesas que manejan el Congreso y responden en gran parte a la burguesía ligada a las mineras y al imperialismo.

Perú viene de una crisis política muy importante desde hace varios años, expresión de la crisis de los que se denominó el régimen “fujimorista”, instaurado por el Alberto Fujimori en el ’93. El bonapartismo pequeño burgués, característico de gran parte de las formas de dominación de las semicolonias, desarrolla regímenes inestables y esta inestabilidad se acelera aun más por la gran penetración imperialista, lo que descompone aún más las instituciones burguesas y el semi Estado.

Es muy importante tener en cuenta esta característica en su desarrollo histórico para entender la dinámica de clases en una semicolonia. La crisis histórica de una burguesía, que no puede ser independiente por su relación con el imperialismo y que, a la vez, debe lidiar con el proletariado y sectores de la pequeña burguesía democrática, le impide ya no solo realizar las tareas históricas de la burguesía, sino llevar adelante las tareas bonapartistas de supervivencia como clase amparadas en el semi Estado. El bonapartismo sui generis, que es la forma de dominación en las semicolonias, como una forma de poder estatal especial, en su descomposición, arrastra a las burguesías autóctonas o sub burguesías a una crisis política en su dominación y su relación con las masas.  

Cuando se desarrollen estas crisis, producto de diferencias en fracciones de clases enemigas y que utilizan las instituciones burguesas para dirimir sus conflictos de intereses, es central que los trabajadores actuemos de una forma independiente a estas manifestaciones de descomposición de los semi Estados.

Tenemos que intervenir con una política independiente para atacar las bases del régimen burgués, que está en la producción. El conflicto tiene que comenzar en las fábricas y después ir a las calles, debemos parar las grandes mineras y llamar a un paro general y así estaremos en condiciones de enfrentar y destruir el semi Estado peruano, que se asienta en la superexplotación de los recursos naturales y de nuestras vidas. Atacar a los grandes grupos mineros es atacar al imperialismo y, de esa forma, atacamos a sus agentes como son los legisladores del Congreso, la burocracia sindical y el empresariado local.

Debemos reunir nuestras fuerzas en la necesidad de formar una dirección revolucionaria organizada en partido. Nos solidarizamos con toda movilización que exprese el descontento a la situación actual, pero sin una dirección consciente a la cabeza esas movilizaciones terminarán, casi indefectiblemente, siendo cooptadas por el semi Estado y sus desvíos electorales o constituyentes, como ocurrió en Chile.

Los semi Estados en Latinoamérica no son Estados en formación, sino en descomposición, por eso el eterno llamado de las corrientes que se reivindican de izquierda, ante crisis políticas, a una Asamblea constituyente es una concesión a la pequeña burguesía democrática. No hace más generar confusión entre los trabajadores sobre cuáles son nuestras tareas, en la necesidad de que sea nuestra clase la que dirija a esos sectores de la pequeña burguesía.

Desde la TRCI somos conscientes de que no existe una salida “para Perú”, sino que el conjunto del proletariado latinoamericano debe unir sus fuerzas en la lucha para expulsar al imperialismo de la región y sus gobiernos títeres, por más que se disfracen de progres, e instaurar la Federación de Repúblicas Socialistas de América, en unidad con el proletariado de América del Norte.

COR Chile - LOI Brasil - COR Argentina

La actuación del gobierno en relación a la movilización de camioneros que involucró el lock out o cierre en carreteras en el país, demostró su carácter bonapartista, apoyándose en el aparato del estado con querellas y aplicación de ley de seguridad del estado para golpear a la fracción burguesa de los camioneros que cerraba las rutas y frenaba la distribución de mercancías.

En esta movilización arrastraban a sectores obreros a lo que la patronal les paga los días de detención, y otras dadivas, muy distinto a cuando los trabajadores efectivamente paralizan por sus interés de clases. Y es que la dirección de este conflicto fue llevada a cabo por las patronales del transporte de diversos gremios grandes, medianas y pequeñas. Su programa reflejaba los interés de clases de estas, se trataba de una disputa de una fracción burguesa (la camionera) por la renta, en lo que dice a rebajar los costes del transporte y condiciones de distribución de mercancías en los contratos con el estado y las patronales de otras ramas, además de pedir mayor contingente policial en determinadas zonas “ rojas”.

Se trataba de aprovechar el clima reaccionario acentuado por el gobierno y arco político burgués que piden mayor reforzamiento del estado para la represión de las luchas obreras, de la juventud, etc. Al gobierno que habla de “ terrorismo” en la Araucanía, que mete presos a luchadores mapuches, que mantienen los estado de excepción, las querellas contra los PP por luchar , que demuestra una y otra vez la sumisión al imperialismo con el TPP11, y la falsedad del gobierno progre, la patronal camionera vio una oportunidad de poder sacarle una tajada al estado en esta pasada. Mientras sectores hipócritas del gobierno, en especial del PC, llamaban a detener al “fascismo”, el gobierno bonapartista hizo equilibrismo entre los distintos sectores burgueses, siendo clave para su definición que la gran patronal de CPC le bajaran el pulgar a la movilización; es por eso que llegaron a un acuerdo primero con los sectores de la CNTC, Fedequinta, etc, manteniéndose los del norte, sur y otras, los que el día ayer sellaron un acuerdo con el gobierno donde ofició de mediador Juan Sutil el jefe de los empresarios locales.

Errados son los planteos de la izquierda que hablan de paro, ya que la dirección de la movilización era de un sector burgués, asimismo su programa donde fueron arrastrados sectores de la burocracia sindical camionera, históricamente apatronada.

Se hace indispensable la lucha por la independencia de clase del proletariado, de sus organizaciones, etc, frente a las patronales y su estado, por eso es indispensable recuperar nuestros sindicatos de las garras de la burocracia, recuperar nuestros métodos de lucha y un programa obrero para enfrentar la crisis.

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Uma semana após a divulgação dos resultados do segundo turno das eleições gerais, com a vitória de Lula sobre Bolsonaro para a presidência, a transição de governo começa a se desenhar em meio aos protestos bolsonaristas, disputa sobre o orçamento 2023, negociações e rearranjos parlamentares para construir a governabilidade na democracia burguesa semicolonial brasileira.

Desde que Lula foi liberto da prisão ao final de 2019, o petista já era o candidato definido para as eleições em 2022, quase sem nenhuma oposição dentro do próprio partido. O tempo que se seguiu após sua soltura foi usado para a consolidação da Frente Ampla em torno de seu nome e também para a reconstrução de vínculos entre os petistas e as frações burguesas que haviam participado de seus governos anteriores, mas que abandonaram o Partido dos Trabalhadores devido a lentidão em aprovar o pacote de reformas necessárias para que estas mantivessem ou recuperassem suas margens de lucro.

Os péssimos resultados econômicos do governo Bolsonaro, mesmo com a aplicação e aprofundamento de várias dessas reformas, somado a desastrosa gestão da pandemia, fez com que o governo perdesse força junto à algumas frações da burguesia, em especial a industrial, e fortalecesse ainda mais o “centrão” perante a débil gestão bolsonarista. A derrota eleitoral de Trump nos EUA também foi um duro golpe nesta administração, pois Trump era a principal ligação de Bolsonaro com o imperialismo.

Nessa conjuntura, e com Lula flertando abertamente com os setores mais estreitamente ligados ideologicamente ao bolsonarismo, como as igrejas evangélicas, ao governo restou lançar mão de todo o poderio da máquina estatal na tentativa de reeleição, junto de seu poderoso aparato de produção e disseminação de propaganda e notícias falsas. Bolsonaro retirou dinheiro de setores estratégicos e causou um enorme rombo nas contas, desviando esse dinheiro para o “orçamento secreto”, uma forma de destinar dinheiro público aos parlamentares de sua base para que realizem obras ou atividades de compras de voto junto às suas bases eleitorais. Também ampliou repasses a benefícios sociais, com a apelidada “PEC Kamikaze”, que criou um estado de emergência para manobrar a legislação eleitoral. 

Ainda assim, pela primeira vez na história eleitoral brasileira, um presidente não conseguiu se reeleger. Isso porque o aparato estatal, numa democracia burguesa, é utilizado sempre para manutenção da fração burguesa que ocupa o governo. Bolsonaro não foi exceção à regra; a novidade foi não ter obtido sucesso. Mesmo com o governo lançando mão violentamente de todos esses recursos, a eleição foi vencida pelo candidato petista. A diferença de votos entre os dois candidatos, no 2º turno, foi de 2 milhões. Perdendo por pouco na maior parte das regiões, Lula teve ampla margem de votos a seu favor nos estados da região Nordeste e também venceu, com pouca diferença, em Minas Gerais, 2º maior colégio eleitoral depois de São Paulo. 

Assim que o resultado foi decretado, Biden e Macron logo saíram a parabenizar Lula pela vitória, seguidos de outros líderes do imperialismo mundial e dos governantes de turno da América Latina, demonstrando que o governo Lula servirá bem aos interesses imperialistas na região. Também não demorou muito para que grande parte da base bolsonarista já desembarcasse de seu governo, acenando para o próximo governo a gerenciar seus negócios. O governador eleito por São Paulo, aliado de Bolsonaro, Tarcísio de Freitas (Republicanos), logo manifestou o interesse em colaborar com o governo federal. As igrejas evangélicas, que foram o principal sustentáculo ideológico do bolsonarismo nas periferias, já se pronunciaram, através de líderes como Silas Malafaia e Edir Macedo, que os resultados das eleições burguesas devem ser reconhecidos e respeitados, Edir Macedo, líder da Igreja Universal, chegou a afirmar que o PT deve ser perdoado pelos seus erros. O “centrão” parlamentar também deu as boas vindas ao novo governo, com figuras como Rodrigo Maia (ex-presidente da Câmara dos deputados) e Arthur Lira (atual presidente da Câmara), congratulando o novo/velho presidente e iniciando a negociação de cargos para apoiar o governo petista.

Por fim, restou o desespero da pequena burguesia e de alguns empresários bolsonaristas “radicalizados” pela máquina de profusão de “fake news” de Bolsonaro. Crentes de que houve alguma espécie de trapaça no processo eleitoral, e que seu presidente Jair Bolsonaro seja o vencedor de fato, se lançaram a ocupar avenidas e estradas em protesto, desejando de alguma forma reverter os resultados da eleição. Anseiam por uma recontagem de votos e também apelam às Forças Armadas para que garantam a ordem pelas armas. Tão embriagados estão em seu delírio, que não se deram conta que o próprio imperialismo já vinha há tempos sinalizando que Bolsonaro não serve mais aos seus interesses e portanto não há a mínima hipótese de uma ação nesse sentido. O próprio vice de Bolsonaro, o Gal. Hamilton Mourão tentou acalmar os ânimos dos manifestantes, que apelam às Forças Armadas por uma intervenção, afirmando que tal ação colocaria o Brasil em uma “situação difícil perante a comunidade internacional” e que a resistência ao governo Lula deve ser realizada de forma política.

Diante dos fechamentos de rodovias por caminhoneiros, empresários e pequena burguesia bolsonarista, as organizações centristas defendem a intervenção “independente” do proletariado para desobstrução das mesmas e a autodefesa como política às manifestações e atos de cunho fascista, pelo respeito à democracia e ao resultado eleitoral. Chega a ser um escárnio afirmar que a intervenção proletária em defesa da democracia (burguesa) ou do respeito ao resultado eleitoral, logo após ter defendido a participação nas eleições e o voto em Lula, seja uma política independente de classe. Ainda mais quando o fechamento de vias é uma das formas de manifestação e luta operária, pois impede a circulação de mercadorias e atinge a produção, junto com as ocupações de fábricas, locais de trabalho e estudo. Se a pequena burguesia faz uso dos métodos de luta históricos da classe operária para defender os interesses de uma fração da burguesia, é necessário que os trabalhadores imponham seus interesses e levantem suas bandeiras de classe em contraposição política e não atacando o método em si. 

 A população pobre, trabalhadores e torcedores organizados demonstraram que a ação direta contra os bloqueios bolsonaristas deve ocorrer e estar relacionada aos seus interesses, como a sua própria circulação e defesa contra os ataques covardes. Contudo, não é tarefa da classe trabalhadora garantir a circulação e a reprodução do capital, sendo essa garantia geralmente exercida pelo braço repressor do estado burguês, que é a polícia. Tanto que não demorou nem um dia para que o poder judiciário e os governos estaduais determinassem o desbloqueio das vias, inclusive com o uso da força, e que o próprio Bolsonaro tivesse que dar as caras para dizer que o bloqueio de rodovias é “coisa da esquerda”, solicitando que os manifestantes utilizassem outros métodos. Isolado e apesar de não reconhecer formalmente a vitória de Lula, Bolsonaro não tem se colocado à frente destas manifestações, limitando-se a fazer declarações dúbias sobre o respeito ao processo de transição e a legitimidade dos protestos que questionam o resultado.

O processo de transição iniciou-se oficialmente com a nomeação de Geraldo Alckmin, vice de Lula, pelo Ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, mediante suposições sobre o tamanho do rombo nos cofres públicos que será deixado pelo atual governo. Henrique Meirelles, ex-presidente do Banco Central e ex-ministro da Fazenda dos governos petistas e cogitado pelo mercado para ser o Ministro da Economia do novo governo, declarou que o rombo estimado por organizações independentes é três vezes maior do que o declarado pelo governo, aproximando-se de R$400 bilhões. Com isso, defende a flexibilização fiscal para o início do mandato e uma reforma administrativa “bem feita”. Alckmin já negocia com o relator do orçamento, Marcelo Castro (MDB), uma PEC “da Transição” para retirar do teto de gastos, as despesas “inadiáveis” e para as quais não há recursos disponíveis para o próximo ano, as quais incluem as promessas de campanha de Lula, como a manutenção do auxílio de R$600, recursos para merenda escolar, reajuste do salário mínimo, receitas para programa de saúde como o Farmácia Popular, dentre outros.

A política independente da classe trabalhadora, com a defesa de nossas pautas, em si mesma, é a contraposição e o enfrentamento direto não só contra as manifestações da pequena burguesia bolsonarista, mas principalmente contra a política do estado burguês em sua crise histórica que, sob qualquer governo de turno, avançará sobre a nossa classe. Está posto que, com o brutal endividamento público, com a queda histórica da produtividade e do investimento, o governo Lula, aliado com a burguesia, deverá aprofundar as reformas que impõem uma relação maior de exploração do capital sobre o trabalho, sob a total conivência das direções que blindarão o governo como forma de defesa da “democracia”. Ao defender a intervenção proletária em respeito à democracia e ao resultado das eleições, as direções políticas e sindicais dão carta branca ao governo Lula para fazer a transição com o governo Bolsonaro sem maiores incômodos. 

É preciso, portanto, levantar em cada sindicato e organização estudantil a necessidade de realização de assembleias que exijam das centrais sindicais a realização de um congresso de delegados eleitos pela base para a construção de um plano operário de saída da crise e de enfrentamento aos ataques; que coloque abaixo as reformas trabalhista, previdenciária, educativa e administrativa; que levante a luta pela escala móvel de horas e salários e a necessidade de expropriação dos expropriadores. É necessário também que, a partir de nossas estruturas, organizemos a autodefesa contra os ataques proto fascistas da pequena burguesia bolsonarista e, principalmente, contra o braço armado do estado burguês.

A tres años del 18-O, cuando las masas irrumpieron violentamente en la escena. En ese momento gobernaba Piñera, el que no escatimó recursos para imponer una salida represiva, desplegando carabineros y militares en todo el territorio nacional, encarcelando, asesinando, torturando, mutilando a cientos de luchadores obreros y populares. De esta semi insurrección espontánea, seguida de una huelga general del 12 de Noviembre con la irrupción de la clase obrera paralizando la producción, la burguesía buscó un desvío constituyente y con elecciones tras elección buscó poder cerrar el proceso. El proceso no cuajó el desvío, pero sí logró desarmar y absorber a sectores organizados de los “movimientos sociales” (como No + AFP’s, Coordinadora 8M) algunos de ellos diluyéndose por completo en la convención; mediante el texto constitucional buscaron estatizar sus demandas.

De todas maneras a pesar de la votación del 04 de septiembre donde ganó la opción rechazo, los  políticos de la burguesía ven la necesidad de una reforma constitucional en un proceso que será más amañado que el anterior, donde los viejos políticos “profesionales” –al servicio de la burguesía- se encierran a discutir un cambio constitucional. Lejana queda ya la ilusión de que la vieja “cocina” no actúe, ahora se les hace más que necesaria. La llegada al gobierno de Gabriel Boric, significó pasar por la ilusión de sectores de masas en reformas, o mejoramiento de sus condiciones de vida. Éste rápidamente demostró ser un gobierno para el capital y el imperialismo. Su halo de progresista ha sido muy útil para poder reforzar el aparato represivo, dando pleno respaldo a las policías, manteniendo los presos políticos, continuando con los estados de excepción, reprimiendo las movilizaciones estudiantiles, encarcelando y persiguiendo a luchadores por sus ideas, consagrando la impunidad de los responsables políticos, militares y policiales, ha recibido la aprobación de los empresarios y del imperialismo yanqui para seguir profundizando y reafirmando el carácter semicolonial del país con el visto bueno en la  aprobación del Senado del TPP11. Pese a que los sectores del gobierno del FA o del PC posan de críticos ante el accionar de su propio gobierno, o hablan de “relación de fuerzas” para echarle la culpa al pueblo de su propia política, impulsan una línea de unidad nacional del arco político burgués, donde buscan reformar la envoltura democrática del capital.

Por su parte la izquierda que se reclama trotskista entró de lleno en el desvío constituyente, lo que hace más irrisorio los llamados de los centristas “a luchar por una verdadera asamblea constituyente”, como una etapa necesaria hacia la toma del poder, lo que a estas alturas resulta una tozudez de parte las direcciones de esos grupos. Esta adaptación al régimen democrático burgués, que se expresó desde su adhesión “crítica” a la convención pasando por su llamado a votar a por Boric ante la amenaza del “fascismo”, ya no resulta una novedad y comienza a hacer una peligrosa trampa que los deja como furgón de cola de candidatos burgueses en las elecciones. Ahora grupos como el PSTU de Brasil (el MIT en Chile) llaman a votar por Lula para derrotar a Bolsonaro, un candidato que fue salvado por la burguesía para mejor controlar la crisis, alejándose sistemáticamente de la lucha por la independencia de clases.

La descomposición imperialista empieza verificarse con toda su crudeza en la guerra, la inflación y las condiciones materiales de la clase obrera comienzan a deteriorarse en los distintos países con diversas formas y profundidad. Asimismo a la juventud que sale a luchar contra el sistema capitalista solo le depara la represión, precariedad laboral o cesantía, por lo que urge la organización de una nueva generación que prepare los cimientos de la destrucción del capitalismo.

La democracia burguesa ya deja ser una forma de cooptación de masas estable para el imperialismo. La democracia burguesa esta caduca, eso que con las trompetas de guerra se anunciaba ya a principios del siglo pasado, y se le describía como un cadáver insepulto se vuelve patente. Es la clase obrera y su vanguardia la que debe sepultar al capitalismo, tal como ocurrió con la Revolución Rusa, que abrió la era de la revolución proletaria mundial. Para ello es necesario sacar lecciones de este y otros procesos de la lucha de clases, aprender de los procesos más avanzados que ha dado nuestra clase, pasar de la semiinsurreción espontánea a preparar el camino de la insurrección consciente. Por ello la necesidad de reconstruir la dirección revolucionaria mundial del proletariado, la IV internacional, se vuelve una tarea de primer orden

Libertad y desprocesamiento de los presos por luchar

Enfrentemos al Imperialismo. NO al TPP11

Impulsemos un Congreso de delegados de base de la clase trabajadora

Por un Gobierno Obrero

As eleições gerais do Brasil, sucedidas no último dia 02/10, não concretizaram a expectativa de que Lula venceria no 1º turno, apesar de as pesquisas dos principais institutos apontarem, até dois dias antes do pleito, uma margem de mais de 10% de Lula sobre Bolsonaro. Ainda com a apuração em andamento, os dados já indicavam que o Brasil aprofundaria sua guinada à direita, que se revelou maior que o próprio Bolsonaro. O candidato do PT somente ultrapassaria o atual presidente depois de 70% das urnas apuradas. Em todas as regiões a disputa no segundo turno segue apertada. A probabilidade de Lula vencer permanece maior, somente porque tem larga vantagem na Região Nordeste.

A disputa eleitoral se apresentou desde o início do governo de Bolsonaro, como pauta central da política nacional. Em todos os setores políticos só se pensava em 2023. Bolsonaro, que se elegeu como pretenso outsider por dentro da crise dos partidos à época, criticando a “velha política”, desembarca de mala e cuia, quando da metade do seu governo, nas fileiras do centrão. Vale ressaltar que Bolsonaro sempre foi e é um parasita desse setor, é oriundo do dito baixo clero da câmara dos deputados. Depois de ter loteado o governo ao caciques desse setor, construiu e bancou, sobretudo pela atuação de Ciro Nogueira, ministro da Casa Civil, uma mudança nas bases que sustentavam sua política econômica. Adotando, então, uma política de auxílio de renda a um contingente de precarizados, pauperizados e famintos, rompendo, dessa maneira, com a prerrogativa do teto de gastos, cara aos setores do capital financeiro e à Paulo Guedes, ministro da Economia. Tudo isso visando ampliar sua base eleitoral e ao mesmo tempo responder aos resultados catastróficos da economia, que catapultavam sua rejeição às vésperas da campanha.

Apesar de todo o discurso ultraconservador, negacionista, militarizante e antissistema, convertido em ataque ao regime democrático e suas instituições, à “lisura” da eleição, conseguiu se cacifar, não abrindo espaço para a “terceira via”, que durante todo o período tentou superar suas crises intestinas, sem obter sucesso. Importante ressaltar que apesar do jogo fascistóide do atual presidente, tal discurso retroalimenta pelas bases bolsonaristas, o que têm levado a cabo ameaças, atentados e até assassinatos de ativistas, figuras políticas, trabalhadores e qualquer um que se interponha entre seus interesses materiais e políticos, na relação capital versus trabalho.  

Essas eleições se desenrolam, objetivamente, em meio a um governo calamitoso, responsável por centenas de milhares de mortos na Pandemia, por uma grave crise em várias frentes na região amazônica que resultam num extermínio dos povos originários, pelos cortes sem precedentes em áreas como educação, ciência e cultura e pelo aprofundamento das reformas previdenciária e trabalhista que incidiram de forma brutal nas condições de trabalho e dos direitos dos trabalhadores. 

Além disso, se desenrolam também perante as tendências políticas que se desenvolvem em função da recessão econômica que assola o país, resultado da crise econômica que se aprofundou na pandemia e, agora, com a Guerra na Ucrânia. Recessão que se realiza na alta inflacionária, nos altos índices de desemprego, na profunda desindustrialização, o que repercute nas condições concretas de vida do conjunto dos trabalhadores com o rebaixamento de salários e a inevitável volta da fome e da miséria.

A polarização política decorre dessa conjuntura e revela uma sociedade fraturada pelas disputas de interesses entre frações de uma débil burguesia diante da demanda capitalista de aprofundamento da exploração e ampliação da extração da mais-valia e aplicação do receituário de reformas e redução da máquina estatal. A burguesia tinha o objetivo claro de erguer a dita terceira via que não se concretizou e, rapidamente, definiram-se entre Lula e Bolsonaro.

No rescaldo final da eleição, observamos o fortalecimento da direita com o crescimento de apoiadores e de nomes ligados ao governo de Jair Bolsonaro. Pelos resultados obtidos, houve avanço nos governos estaduais, na Câmara dos Deputados terão a maior bancada, ampliando no Senado a base aliada. Esse desempenho dos candidatos ancorados nas pautas reacionárias consolida no país a onda da extrema-direita que surgiu nas eleições de 2018.

Há um retrocesso no nível de consciência que passa a classe trabalhadora impulsionado pela renúncia das lutas pelas direções políticas e sindicais da classe em prol da atuação por dentro do regime democrático burguês. Isso leva amplos setores da classe trabalhadora a se convencerem que por meio do voto podem alcançar mudanças concretas na realidade. Esse movimento se converte em derrota e recuo da luta necessária, que não está sendo erguida para derrotar os ataques do governo e todo ascenso reacionário. 

Nessa questão, é fundamental considerarmos também o processo de desindustrialização, que há décadas se desenrola no Brasil, e que se intensifica na atual conjuntura, e ainda levarmos em conta a aplicação das reformas como a trabalhista e a da previdência. Isso tem lançado um contingente enorme de trabalhadores para informalidade e a “Uberização”, que desestruturados e desorganizados, são cooptados em sua consciência pelas ideologias da “teologia da prosperidade”, a crença no empreendedorismo, e toda e qualquer solução imediata no campo meritocrático. Tal situação se sustenta pelo ascenso da atuação religiosa, sobretudo, os neopentecostais, que definem as periferias pauperizadas como arena de disputa ideológica que precisa se converter em voto.  Esse é o centro da militância bolsonarista atuante nessas regiões, capitaneadas pela propagação em massa de um discurso conservador via redes sociais. Vale lembrar, que Bolsonaro lidera também nesses setores de baixa renda, historicamente eleitores do PT. No segundo turno, intensifica o uso da máquina do governo para avançar ainda mais sobre os votos desses setores. A própria constituição das classes sociais indicam a inviabilidade da igualdade social no sistema capitalista. A crise econômica expressa o choque entre as forças produtivas e as relações sociais de produção, mas é somente na dinâmica da luta de classes que o nível de consciência se eleva.

Fato é que o reformismo blindou o governo Bolsonaro, ocupado unicamente em fazer palanque eleitoral, não mobilizando as massas nem mesmo para a política burguesa do impeachment, durante a CPI da Pandemia. Em contrapartida, o discurso antissistema de Bolsonaro criou o ambiente propício para os partidos reformistas intensificarem a constituição de uma Frente Ampla contra o “fascismo, o golpismo” e pela democracia. Essa política serviu para que o reformismo assumisse sem nenhum constrangimento uma aproximação com setores políticos da direita e acenasse com o dois braços para todos os setores burgueses, dando totais indícios de que não fará grandes mudanças na política econômica, que, inclusive, o atual governo também aplica, uma vez que é uma política de Estado e não de governo. Desta forma, em nome da democracia, partidos como o PSOL, por exemplo, não tiveram problema algum em se lançar de corpo e alma à conformação dessa frente ampla, assumindo o plano petista, que unirá “capital e trabalho” para defender a democracia burguesa, derrotando Bolsonaro nas urnas. 

É nesse contexto que Lula, seguido por todos os segmentos reformistas e as centrais sindicais, se mostra viável à burguesia como o próximo gerenciador de seus negócios. Lula é o nome do capital nessas eleições. Não à toa definiu Geraldo Alckmin (PSB e ex-PSDB), como vice, além de buscar, desde o início da campanha, se mostrar fiador de um programa político que garanta a manutenção da acumulação de capital pela burguesia nacional e imperialista e reforce a tarefa de controle do ascensão das massas na América Latina, seria a cereja do bolo dentro do cenário da denominada “onda rosa” que se desenrola na região. Para tanto, tem dialogado com os organismos de dominação dos trabalhadores como a FIESP e a FEBRABAN, tentáculos do capital financeiro. Também indicou garantias aos burgueses do agronegócio, setor mais colado no Bolsonarismo. 

Essa é uma frente que se apresenta como nacional-desenvolvimentista aos seus aliados burgueses, lança o engodo aos trabalhadores do Estado supraclasses e da democracia extraclasses, ofuscando o caráter de classe do Estado, que é burguês, e a democracia como forma de dominação ditatorial da burguesia sobre a classe trabalhadora. O Partido dos Trabalhadores é um partido pequeno burguês, com as vicissitudes e desvios burocráticos, seu arrivismo eleitoral busca no Parlamento burguês seu guarda-sol, demonstra que há tempos o PT busca ser o elo entre a burguesia nacional e imperialistas e as massas trabalhadoras, tendem a garantir o jugo da opressão do capital sobre a classe trabalhadora. Se vencer as eleições, Lula governará para a burguesia dos grandes monopólios produtivos nacionais e internacionais.

É fundamental também não deixarmos de lado o papel que o centrismo tem cumprido no processo eleitoral, caminhando sem solavancos no terreno do pleito burguês, no campo da ordem e regras da manutenção da propriedade privada dos meios de produção, sem arranhar o sagrado direito à propriedade. O alcance do "Polo Socialista Revolucionário" se mostrou débil, sem o recorte de classe, substituído pelo discurso da "democracia universal". Essa adaptação distancia importantes setores dos trabalhadores da luta pela revolução proletária, considerando a democracia abstrata e não a democracia burguesa em sua época decadente. Assim como o reformismo, estiveram durante todo o atual governo ancorados na defesa do antigolpismo, limitando-se às ações pelo “Fora Bolsonaro” e na luta por pautas identitárias. Se firmam sob a bandeira do estatismo, simplesmente se sentam sobre o programa de transição, deixando de lado as bandeiras da luta de classes, da ditadura revolucionária do proletariado, da tomada do poder político pelo proletariado, da expropriação da burguesia.

A noção de “democracia que precisamos” ou uma democracia com “conteúdo democrático dos trabalhadores”, através da luta com “independência de classe e auto-organização pela base” defendida pelo MRT, evidencia uma confusão entre “democracia” com governo, como se fosse possível uma democracia dos trabalhadores sob o capitalismo. Já o PSTU, afirma que é necessário um “programa socialista, operário e revolucionário” para derrotar a extrema-direita junto com o “sistema” que a gerou. Assim está claro, que tal programa não é um programa transitório para aproximar os necessários enfrentamentos à revolução socialista. Não é outra coisa que um plano de governo do Polo Socialista e a conclusão disso é: “por isso é um erro apoiar Lula no primeiro turno”, deixando claro que “entrar em ação com independência de classe” tem um prazo de validade. Já no segundo turno, apresenta o voto crítico em Lula, abandonando o pretenso programa revolucionário para dedicar-se a primeira tarefa que é derrotar Bolsonaro nas urnas.

Fato é que os malabarismo discursivos sobre a ideia de “independência de classe” deixa claro o avanço na adaptação do centrismo ao estado burguês. Dessa forma, lança fumaça nos olhos da classe trabalhadora, abraça a pequena burguesia, renuncia-se a denunciar que o Estado burguês é o braço articulado opressivo e repressivo da relação capital versus trabalho, num momento de acirramento da luta de classes.  

Diante desse cenário político brasileiro, fica cada vez mais claro que a polarização posta nessas eleições seguirá como a tônica na política brasileira, não será superada após o segundo turno. O fato é que a burguesia seguirá buscando um ordenamento político que melhor atenda a seus interesses e está claro que isso passa pela eleição de Lula e Alckmim, logo é evidente que Lula não governará para os trabalhadores. Temos que saber que tanto a conformação de uma frente ampla, quanto o bolsonarismo ampliam a necessidade de os trabalhadores se voltarem para suas tarefas históricas e colocarem a luta de classe na ordem do dia. 

Para tanto, a conjuntura de aprofundamento da crise econômica e política posta nessas eleições exige a necessidade de os trabalhadores votarem nulo. Anular o voto é uma tomada de posição nos marcos da independência de classe, uma vez que a saída para os trabalhadores não será por dentro das instituições do regime democrático burguês e sim pela ação direta nas ruas, com as greves e ocupações, logo, pela recuperação dos métodos de luta acumulados historicamente. Como preconizou Lênin, “A burguesia é obrigada a falsificar a verdade e chamar de “governo do povo”, ou de democracia em geral, ou democracia pura, a república democrática (burguesa), que representa, na prática, a ditadura da burguesia, a ditadura dos exploradores sobre as massas de trabalhadores...” (1918)

Qualquer um desses pretensos governos vão intensificar o choque entre capital e trabalho. É fundamental que nos voltemos às nossas bases enfrentando as burocracias traidoras e erguendo uma política que remonte a estratégia da revolução proletária, adiada pela política reformista e centrista de ocupação de espaços no campo democrático como tarefa premente para a classe trabalhadora. Para nós, trabalhadores, a política central passa pela construção do Partido Revolucionário, sob a IV Internacional, que coloque em marcha o programa transicional à ditadura do proletariado.

 No Al TPP11

El gobierno de Boric avanza en la aprobación del TPP11, según se lo ha mandatado el imperialismo norteamericano. Las side letters (o cartas laterales) es el espejismo que pretende elevar la idea de que Chile puede imponer al resto de los países firmantes y a las trasnacionales condiciones diferenciadas para salvaguardar algún resto de lo que llaman “soberanía nacional”.

El  ideal para el gobierno hubiese sido aprobar el TPP11 con la cobertura de una Nueva Constitución “feminista, ecológica, inclusiva, de derechos, etc, etc”, la misma carta que mantenía inamovibles los tratados de libre comercio, además de mantener incólume el aparato burocrático militar del Estado burgués. Sin embargo, el rechazo contundente a esta farsa montada para intentar desviar y liquidar la semiinsurrección de masas del 18 de Octubre del 2019, coloca hoy al desnudo el carácter de clase de un gobierno bonapartista al servicio del imperialismo.

El TPP 11, comenzado en el gobierno de bachelet, no es sólo un tratado de libre comercio más, sino que constituye un alineamiento con el amo yanqui. Si bien Trump había retirado a EEUU de los países firmantes, el rol de sus monopolios y del capital financiero hace que sean sus bancos y empresas trasnacionales las que en verdad controlen los recursos y beneficios de esta “zona de libre comercio”.

Discursivamente el tratado empalma del todo con “los protocolos ambientales, paridad de género en los altos cargos de las empresas”, etc donde la burguesía imperialista, que no tiene ningún interés en el medio ambiente, se garantice la explotación de la clase obrera y la expoliación de los recursos de las semicolonias. Hay que decir que el tratado viene a reforzar la política de “apertura económica” de la sub burguesía local, de dar "certezas" a la inversión extranjera y la gravitación del capital financiero en la economía. Por ello las giras de Boric en Canada, EEUU y Europa, fueron para recibir las directrices de los CEO’s de las trasnacionales combinando alocuciones “poéticas” en su pose de presidente progre. Convenga aclarar que con una firma del Presidente bastaría para retirarse del TPP11, pero la sumisión al imperialismo de este bonapartismo pequeño burgués se manifiesta mediante las volteretas de Boric que se desdice a cada paso, como cuando posaba como el “diputado irreverente” de la bancada estudiantil en contra del TPP11.

Mucha letra muerta ha corrido sobre que el tratado sería una forma de protegerse contra las disputas entre EEUU y China, o sobre que sería un resguardo ante los efectos de la guerra en Ucrania. La profundización de la tendencia a la ruptura del equilibrio capitalista, vuelve ridícula todas estas especulaciones, y al mismo tiempo evidencian cómo las 7 familias que controlan Chile, se disponen a ser los socios menores de la burguesía imperialista en la expoliación de los recursos naturales, productivos y la explotación de la clase obrera en la dominación del imperialismo.

Los roces al interior del Apruebo Dignidad, no han significado más que un posicionamiento para las cámaras para intentar no perder la poca “base por izquierda” que les queda. Sin embargo, nuevamente comienzan a lamentar que producto del "rechazo" y la falta de movilización en las calles, hacen que el gobierno no tenga otra opción que ceder. Esas son las explicaciones que, entre otros, el Partido Comunista, trata de esgrimir culpando a las masas la falta de lucha; el mismo partido de gobierno que reprime las luchas obreras, estudiantiles, de la juventud, mantiene la militarización del sur, el hostigamiento a las comunidades mapuches, los desalojos a las familias sin techo, que mantiene los presos políticos tras la rejas, que persevera con las querellas contra los que luchan, etc, etc.

No se trata, como algunos reclaman, de que este tratado impediría la industrialización o “diversificación productiva del país”. La realidad internacional de las fuerzas productivas anulan por si mismos estos planteos y no apuntan al verdadero carácter del sometimiento que es la de la dominación imperialista. Significa sí, un salto en el carácter semicolonial del país. La respuesta a este enfrentamiento pasa por organizar a la clase trabajadora para imponer el control obrero de los medios de producción en una lucha abierta contra el imperialismo y en alianza con el proletariado de los países semicoloniales y de los países imperialistas.

Para ello es necesario forjar la dirección revolucionaria internacional que pueda ser capaz de conducir a la clase obrera a que intervenga en esta situación de crisis del capitalismo en descomposición y prepare las condiciones para la conquista del poder.

Se conmemoran 49 años del golpe contrarevolucionario desatado por la burguesía y el imperialismo contra la clase obrera y el pueblo, que persiguió y aniquiló a un sector importante de la vanguardia obrera y juvenil.

El proceso de los 70 se enmarca en un ascenso de la lucha de clases a nivel mundial donde el reformismo de esa época, con la “unidad popular” del PC y el PS, llevaron a las masas a confiar en la vía pacífica al socialismo (vía chilena le llamaban) embaucando al pueblo en la “supuesta neutralidad del Estado Burgués”, la “ supuesta tradición constitucionalista de las FFAA”, la conciliación de clases con una fracción de la burguesía, allanando de este modo el camino al golpe contrarevolucionario. Mientras la clase obrera tomaba el control de la producción, desarrollaba los cordones industriales y se organizaba para el enfrentar el golpe; la política de sus direcciones fue la de la conciliación con la burguesía, la del apoyo incondicional al gobierno, la mantención del parlamento, la del desarrollo del “área social” en la producción como la fórmula estatista para depositar confianza en una transformación reformista del carácter burgués del Estado.

Lo mismo podemos decir de las patas izquierda del Frente Popular como el MIR, que mediante que el “apoyo crítico” al gobierno y mediante golpes de efectos, hacían imposible el desarrollo de la independencia de clases, alejaban a la vanguardia de las fábricas para llevarlas a disputar el “territorio” y debilitaban con ello preparar nuestras fuerzas para la destrucción del estado y la toma del poder.

En el proceso semiinsurreccional que se abrió el 18-O (a 46 años de este golpe) la serie de paros, el desarrollo de las “primeras líneas” como organismos de autodefensa, la extensión de la lucha a las principales ciudades y, en particular, la huelga general del 12 N obligó al gobierno a decidir, para evitar su derrocamiento a manos de las masas, entre desatar una cruenta represión o jugársela por un “desvío democrático”. Este fue el origen del “acuerdo por la paz y el orden público” del 15 de Noviembre que dio inicio al proceso constituyente, donde Boric mostro sus credenciales de tipo confiable para la burguesía.

Por ello el resultado del plebiscito de salida del 04 de septiembre era tan importante para el oficialismo ya que son los partidos que buscaron abiertamente darle un desvío y cierre al proceso que abriera el 18-O.

Mientras se cocinaba este desvío, nos mostraban el rostro de la democracia para ricos desplegada, con estado de excepción en la Araucanía, represión a la juventud, fortalecimiento de las policías, precarización, cesantía, pandemia, caída de los salarios, presos políticos, etc.

El resultado del plebiscito rompe varias ilusiones reformistas que alimentaban este proceso y da por tierra con el fraude que montaba todo el arco del “apruebo” comandado por los políticos profesionales de la burguesía, que hoy se están incorporando de lleno al gobierno. Al mismo tiempo, este “rechazo” de las masas, no elimina ni mitiga los grandes problemas sociales, sino que los agrava, evidenciando la aguda separación de las masas con el aparato de Estado.

La juventud estudiantil ha respondido con organización e importantes movilizaciones. Desde varios sectores, principalmente universitarios y agrupamientos afines a la extinta convención, se insiste en una reedición del proceso constituyente o en el reclamo de una verdadera AC, vale decir, vuelven a poner en el norte la reforma al Estado.

Mientras el gobierno reprime las luchas, se coloca al servicio de los partidos de derecha y del gran empresariado, instala a los personeros de la concertación en los principales ministerios, y va retrocediendo paulatinamente con las “reformas” comprometidas, en el parlamento burgués se cocinan los “bordes” de la nueva reforma constitucional.

El poder de la burguesía reside en la producción. El aparato del Estado garantiza este poder y la dominación imperialista mediante la defensa de la propiedad privada de los medios de producción y el sometimiento de la clase trabajadora y el pueblo. Impulsar el norte de una reforma al aparato estatal para buscar la vía de un “nuevo trato” o “pacto social” entre las clases, para una “redistribución de la riqueza” o de “apertura democrática”, no solo es utópico en el capitalismo en descomposición, sino que es abiertamente reaccionario. Ya sin el norte de la “sociedad socialista”, se vuelve a colocar en escena la política de la “conciliación de clases”.

Pese a que las luchas no pasan en vano, el actual proceso nos encuentra a bastante distancia de la extensión y profundidad política y organizativa que tenía la clase obrera en el proceso revolucionario de los 70’s. Hoy la pelea es por poner en pie a la clase trabajadora recuperando sus organizaciones, expulsando a la burocracia y luchando por imponer un programa de independencia de clase, que parta por impulsar el control obrero sobre la producción. La energía desplegada por la juventud en lucha puede servir para cuestionar el carácter burgués de la educación, forjar las herramientas organizativas de las nuevas generaciones y, abrir con su lucha la entrada en escena de los batallones centrales del proletariado.

Sólo es por medio de la revolución, de la destrucción del estado burgués, y la instauración del poder obrero y de su extensión internacional, que podremos darnos a la tarea de transformar la sociedad de clases hacia la extinción de las clases y del propio Estado.

Se hace más necesario que nunca sacar las lecciones de los procesos nacionales como internacionales, que constituyen un acervo valioso para la conciencia histórica de la clase obrera.

La revancha histórica, que pondrá fin a la impunidad de los genocidas, la justicia para con los asesinados y desaparecidos, la libertad de los actuales presos por luchar, vendrá de la mano de organizar nuestras fuerzas para colocar a la clase obrera de pie hacia la conquista del poder.

Solo un partido mundial de la clase obrera, la IV Internacional reconstruida, puede preservar el legado teórico político e impulsar el desarrollo de la conciencia de clase del proletariado para los futuros combates de nuestra clase.