El pasado 15 y 16 de mayo se realizaron las elecciones a constituyentes, gobernadores, alcaldes y concejales comunales. A diferencia del plebiscito del 25 de Octubre del 2020, donde ganó la opción de realizar una Convención Constitucional 100% electa, la participación fue más baja[1] (además de un 7,74% de votos nulos y blancos a la convención) asemejándose a las anteriores elecciones municipales. Los medios de comunicación burgueses y la militancia populista y reformista en redes sociales llamaban insistentemente a votar, unos ante lo que consideraban una potencial falta de legitimación del acto "constituyente" como cierre y desvío del proceso abierto del 18-O, otros ante la posibilidad de que una baja participación le diera al bloque de la derecha oficialista una "sobrerrepresentación" llegando al ⅓ necesario para obtener el poder de veto.

Para sorpresa de la propia coalición oficialista, que iba en un bloque único junto a la ultraderecha de “Republicanos”, consiguieron un total de 37 constituyentes dejándolos muy por debajo del tercio de los 155 escaños[2]. También la vieja y disminuida Concertación obtuvo sólo 25 constituyentes (15 del PS) siendo superado por la coalición “Apruebo Dignidad” del PC y el FA con 28. Esta última coalición, en particular el FA, que en la víspera se encontraba cruzado por su desorientación característica y crisis interna, fue sorpresa también en los resultados municipales y de gobernadores. Así, alcaldías como Santiago fue obtenida por el PC, además de quedar en manos del FA comunas de importancia como Ñuñoa, Maipú, Valparaíso o Viña del Mar.

La gran novedad fue la elección de 48 (mal llamados) “independientes” entre los que destaca la Lista del Pueblo eligiendo a 27 constituyentes, que conformados como lista se beneficiaron por el sistema D’Hondt, cuyo programa no pasa de ser un conjunto de lugares comunes como la denuncia general al "neoliberalismo" en la búsqueda de un "equilibrio" entre un "Estado de derechos" que pretende limitar al "mercado". Reúnen en su interior a distintos referentes de organizaciones y activistas sociales, autodenominados ciudadanos o populares. Su composición refleja en buena medida el carácter heterogéneo de los distintos sectores que salieron el 18 de octubre en adelante y que en su mayoría representan a las capas bajas de la pequeña burguesía.

También dentro de los escaños reservados a los pueblos originarios ingresaron referentes de la causa mapuche como Francisca Linconao Natividad Llanquilleo.

Los resultados de estas elecciones profundizan la crisis del régimen bipartidista o duopolio de la "transición democrática". Algo que puede constatarse en la crisis casi terminal del otrora partido bisagra, la DC, qué aceleró su proceso de descomposición.

Tanto el alto grado de abstención como los resultados de estas elecciones son el fiel reflejo por un lado de la crisis en la cual se encuentran los semi Estados por la profundidad del proceso de descomposición del capitalismo imperialista, así como los realineamientos de las distintas fracciones de clase. Algo que puede verse de forma patente en la situación que atraviesa actualmente Colombia donde la lucha de la clase trabajadora y el pueblo enfrenta el mismo proceso de descomposición y crisis de gobiernos bonapartistas qué, recostados en el capital imperialista, imponen la dominación mediante el aparato policiaco-militar.

Esta crisis, que a la vez manifiesta la separación abrupta de las masas con ese aparato estatal, ante la profunda debilidad del gobierno de Piñera, lleva a distintos sectores a plantear salidas por la vía de desarrollar las contradicciones entre el congreso y la convención. Al punto tal de plantear supuestas "disputas de poder" entre un "poder constituido" y un "poder constituyente" o, en sus versiones más audaces, la existencia de un doble poder al interior del aparato de Estado.

Las "variopintas" tendencias al interior de la convención, así cómo el bloque PC-FA, plantean que es el momento de desarrollar una democracia popular, ciudadana o participativa. Pretenderán utilizar las posiciones conquistadas en municipios para practicar fórmulas de participación popular en la democracia para ricos.

De conjunto se fortalecen las tendencias políticas estatistas, sin que se gesten aún programas de nacionalizaciones burguesas, pese al alarmismo inicial con que reacciona la bolsa de comercio o las calificadoras de riesgo norteamericanas. También fenómenos políticos transitorios similares al Podemos español o al desaparecido Syriza griego, hoy ambos desaparecidos o en decadencia.

La izquierda trotskista (como el MIT-LITCI y el PTR-FT), intervinieron de conjunto con un programa de corte democrático y con el norte de impulsar una "verdadera" asamblea constituyente. En el caso del MIT, participando en la lista del pueblo, consiguieron colocar a María Rivera como constituyente quién planteó como objetivo de intervención, la libertad a los presos, "romper el pacto por la paz" y las limitaciones de la convención tales como el requisito de los ⅔ y el no cuestionamiento a los tratados internacionales. Al igual que otros sectores de la izquierda revolucionaria pretenden convertir la CC en una AC, e incluso algunos expresan que los "independientes" desarrollen la independencia de clase (?!) al interior de la convención.

De seguro las disputas internas de la convención llevarán más de una vez a plantear los límites de la discusión toda vez que lo que está en juego para la burguesía es una reforma al aparato de Estado. Del mismo modo la inevitable polarización política llevará a las tensiones propias de un año electoral en el que se define el sucesor de Piñera así como el nuevo parlamento.

Lo que sustenta al poder de la burguesía y a su aparato de estado, no es la mecánica electoral o la reconfiguración de las instituciones. Es el control que ejerce sobre los medios de producción, que manteniendo y profundizando la explotación de los trabajadores en medio de la crisis y la pandemia, expropia la riqueza creada por la clase trabajadora.

Los cantos de sirena de un "momento refundacional" o de un nuevo ciclo de la democracia, se verán acicateados por los avatares de la lucha de clases cuya forma es nacional pero su contenido es internacional.

Se vuelve más necesario que nunca la intervención independiente de la clase trabajadora, el fortalecimiento y recuperación de los sindicatos para luchar por una salida obrera a la crisis, enfrentando al conjunto del aparato de Estado burgués, luchando por expropiar a los expropiadores.

Hay que impulsar un congreso obrero de delegados de base que levante un programa para luchar contra el capitalismo y hacerlo temblar desde sus cimientos. Sólo la lucha por la conquista del poder de la clase trabajadora abrirá perspectivas superadoras de un sistema en descomposición.

[1] 43,35% Participación Nacional, destacándose en baja participación comunas de importancia como Santiago con 35%, o en poblaciones pobres como la Pintana con 36%, así como en regiones con un 36 % en la Araucanía o en la capital de Antofagasta. Destacándose por otro lado una alta participación en las comunas donde reside la burguesía y la alta pequeño burguesía, sin que en su condición de minoría afecte el resultado de conjunto.

[2] Cabe mencionar que el mecanismo de paridad de género favoreció a 12 hombres por sobre candidatas con mayor votación.

Na semana passada, no dia 06 de maio, uma operação realizada pela Polícia Civil, com 200 policiais, na favela do Jacarezinho, deixou 28 vítimas, assassinadas pela polícia. A operação, ainda que proibida pelo STF durante a pandemia, transformou a favela em um verdadeiro cenário de caça: casas foram invadidas, celulares aprendidos, pessoas torturadas, helicóptero sobrevoando e tiros, inclusive na estação de trem em pleno horário de ida ao trabalho. Segundo a polícia, a operação estava “planejada” há 10 meses e tinha como objetivo cumprir 21 mandados de prisão, resultantes de uma investigação sobre “aliciamento de menores” ao tráfico. O alvo da operação era o Comando Vermelho, facção que domina o território, disputado pelas milícias.

A presença da polícia ou das Forças Armadas nas favelas do Rio de Janeiro é constante e vem de longa data, inclusive pelas políticas de “pacificação” pelas UPP’s de Sérgio Cabral (PMDB) e de incursão das Forças Armadas no governo Dilma por diversos momentos, em especial, para garantir a realização da Copa do Mundo sem grandes “problemas”. Hoje, o domínio de maior parte das favelas do RJ está nas mãos das milícias, que atuam sob a proteção dos governos estadual e federal. Não é coincidência que o presidente Bolsonaro tenha se reunido com o atual governador, Claudio Castro (PSC), um dia antes da operação que resultou na maior chacina da história do RJ.

A violência policial, longe de ser expressão de manifestações isoladas, é parte do modus operandi das forças de segurança do estado semicolonial brasileiro. O papel da polícia e das Forças Armadas é fundamental nos bonapartismos sui generis, forma especial de poder estatal presente nas semicolônias, no controle social da classe trabalhadora e na manutenção da exploração mais perversa pela burguesia. Lembremos da “Minustah” que serviu para a formação das Forças Armadas brasileiras para atuação de guerra nas favelas cariocas e cujos militares da linha de frente na ocupação foram convidados a ocupar ministérios no governo Bolsonaro e os exemplos recentes na Colômbia, Chile, Equador, entre tantos outros. Até hoje, a prática institucional das forças de segurança carrega o formato delineado na ditatura militar. Um exemplo é o “auto de resistência”, instrumento do Estado para legitimar o extermínio dos considerados “inimigos”, criado em 1969 e vigente até hoje. Outros exemplos de chacinas e massacres são abundantes e não se restringem à polícia carioca: não esqueçamos dos 111 mortos no massacre do Carandiru, em 1992 ou da recente chacina em Paraisópolis, na qual 9 jovens foram assassinados em um baile funk.

A pandemia acentuou as tendências abertas pela crise econômica e potencializou os efeitos da desigualdade social com o desemprego massivo e reduções dos salários. A intervenção estatal no fluxo de mercadorias, incluindo a mão de obra, como tentativa de controle da pandemia e preservação de seu aparato, se concretizou também pelo seu braço armado contra os trabalhadores e população pobre. Só no primeiro semestre de 2020, o aumento do número de assassinatos pela polícia foi de 7%, com as medidas de restrição impostas. Na região metropolitana de São Paulo, só entre os meses de janeiro e maio de 2020, o aumento foi de 70%, com o maior número de assassinatos por policiais registrado desde o início da série histórica em 1996: 498 mortos. No mesmo período, foram registradas 58 ocorrências de violência policial denunciadas, incluindo tortura, sufocamentos e joelhadas no pescoço. No Rio de Janeiro, apesar da proibição do STF de operações nas favelas durante a pandemia, o aplicativo “Fogo Cruzado” (iniciativa popular de monitoramento dos tiroteios para proteção das comunidades) registrou 614 tiroteios com a presença da polícia, na região metropolitana, nos primeiros quatro meses de 2021. A média é de 5 tiroteios por dia. Já são 51 vítimas de “balas perdidas”, com 15 mortos apenas nesse ano. Em 2020, nos primeiros três meses da pandemia, foram 120 operações policiais, deixando 69 mortos. Muitos desses mortos são apenas crianças, com a impressionante média de duas crianças e adolescentes assassinados pela polícia por dia no país. Nos últimos 3 anos, foram 2.215 vidas interrompidas pelas forças de repressão do Estado.

Outro elemento que atravessa o desenvolvimento dos estados capitalistas semicoloniais, como o Brasil, é o racismo estrutural que influencia diretamente na atuação das forças repressivas, já que o estado burguês é incapaz de oferecer condições de superação das contradições sociais e econômicas impostas pela exploração do trabalho escravo como fundamento do desenvolvimento capitalista nas semicolônias. Em 2018, o Estado brasileiro assassinou, pelas mãos das polícias, 6.220 pessoas, com RJ e SP tendo as polícias que mais mataram respectivamente. Desses, 75% eram negros e periféricos. A população negra e periférica vive diariamente a violência policial nos “enquadros” constantes, humilhações verbais, surras e, inclusive, pela anulação de sua identidade. Mesmo depois de mortos, os assassinados pelas polícias recebem o rótulo de “bandidos”. O sistema prisional, expressão da política de encarceramento massivo da população pobre, também revela seu caráter racista da violência policial com uma média de 3 presos torturados por dia, 72% negros.

O genocídio imposto pelo estado brasileiro, seja pelas mãos das forças repressivas, pela fome como o resultado mais cruel do desemprego, ou pelo descontrole da pandemia tem um caráter de classe. É a eliminação da classe trabalhadora, cuja expressão maior da exploração e precarização é a população negra e periférica. As medidas estatais de controle da pandemia não serviram para salvar as vidas dos trabalhadores, mas para evitar o colapso dos sistemas de saúde, atacar a classe trabalhadora, reduzindo direitos e salários e rebaixando o valor da força de trabalho com as demissões massivas (atualmente, desemprego atinge 14,4% da população sem contar a sub ocupação e o número de desalentados). Aqui no Brasil, o governo Bolsonaro agiu intencionalmente para buscar a “imunidade de rebanho” ao custo da vida de centenas de milhares de pessoas, surgimento de novas cepas e média diária de mortes acima dos dois mil.

A luta contra a violência policial e o racismo estrutural não pode ocorrer através do sistema social que os engendra. Não é pela via de outras instituições do mesmo estado burguês que se dará o controle “humanizado” da polícia e o fim da desigualdade econômica e racial. Estão claros os exemplos como a determinação judicial do STF, que se comprovou ineficaz em manter suspensas as operações policiais nas favelas, ou a tentativa de se combater as milícias cariocas via parlamento, o que resultou na execução da vereadora e militante do PSOL, Marielle Franco. É preciso, portanto, rechaçar as saídas reformistas e eleitoreiras, que não atacam a raiz do problema, e levantar a organização da autodefesa dos trabalhadores nos sindicatos e nos bairros periféricos, bem como expulsar sindicatos policiais das nossas centrais sindicais. “O operário que se torna policial a serviço do estado capitalista é um policial burguês, e não um operário.” (Trotsky, 1932) Não há possibilidade conciliação da classe trabalhadora com o aparelho repressivo do estado burguês, ainda que alguns de seus representantes se coloquem como “progressistas”, como fez o PSOL ao lançar candidatura de um policial à vice prefeitura do RJ.

É urgente também que retomemos a unidade de luta nas ruas, impondo com os nossos métodos, a defesa das nossas vidas. Pela construção da greve geral que nos organize a lutar pela implementação da escala móvel de horas e salários para enfrentar o desemprego e o controle operário sobre a produção e a distribuição das vacinas. Toda a nossa luta, dentro do desenvolvimento histórico da relação entre capital e trabalho deve convergir na destruição do estado burguês e todas as suas instituições (incluindo seu aparato repressivo); na transição programática entre o sistema de dominação da burguesia e a ditadura revolucionária do proletariado, como forma de dominação da classe trabalhadora.

Este 15 y 16 de mayo se realizan las elecciones a alcaldes, concejales, gobernadores regionales y constituyentes. Unas elecciones que son militadas por distintos sectores que señalan su carácter único e incluso “histórico” le llaman. Esto a raíz de que no sólo pasará a ser elegida la figura de gobernador regional, si es que tiene ésta alguna trascendencia, por sufragio electoral; y en particular las elecciones para la Convención Constitucional (CC). Éste último organismo, con “novedades” en su conformación, tales como paridad de género y escaños reservados para pueblos originarios, fue el subproducto de un acuerdo entre los partidos del régimen para dar una salida a la crisis aguda en que la lucha de clases había puesto al gobierno de Piñera mediante la huelga general del 12 de noviembre del 2019. Para que la burguesía se aviniera a convenir reformas al “modelo” de Estado chileno, modelo de país semicolonial, tenía que imponer condiciones que llevaran a que el proceso “constituyente” fuera lo más inocuo posible. Es así que cuidadosamente se elaboró un acuerdo donde la institucionalidad del aparato burocrático militar, pese a su grado de crisis y descomposición, no estuviera en cuestión. De este modo se impuso un régimen de quórums mayoritarios (los famosos 2/3), se impuso su carácter de comisión redactora sin ningún poder más que el de elaborar un texto de constitución y, por sobre todo, se le impidió cuestionar ningún tratado vigente, los que forman parte de la relación y sujeción del país al capital imperialista.

Hay quienes viendo el carácter limitado de la CC, reducida a la de una comisión redactora, la rechazan en favor de una verdadera Asamblea Constituyente democrática y soberana. Se apoyan en la idea abstracta y reaccionaria a favor de una “democracia pura”, en esa noción repetida por los medios burgueses de “construir la casa común”, para abordar la idea de establecer una suerte de “pacto social”. Esta idea, presentada de modos rimbombantes, impulsa la idea de una unidad nacional, la idea de la congregación fraternal entre explotados y explotadores. Al no partir de la existencia de clases sociales, y de la relación del conjunto de la nación oprimida con el capital financiero, embellecen una y otra vez a la dictadura de la burguesía, sobre el proletariado y el pueblo empobrecido. “Los marxistas siempre han dicho que cuanto más desarrollada y más ‘pura’ es la democracia, tanto más franca, aguda e implacable se hace la lucha de clases, tanto más ‘puras’ se manifiestan la opresión por el capital y la dictadura de la burguesía.”

Estas elecciones encuentran  al gobierno de Piñera debilitado luego de que quisiera bloquear el tercer retiro al 10% de las AFP, el que fue acelerado con el fuego de las barricadas en las poblaciones y las paralizaciones como las de los trabajadores portuarios. Pese a esta debilidad del gobierno, y de la coalición oficialista, como toda elección de renovación del personal del aparato burgués, no deja de ser un escenario favorable para los capitalistas.

Si bien la coalición gobernante arriesga por esta debilidad coyuntural a perder en la CC la posibilidad de veto obteniendo menos de 1/3 de electores, los resultados hablarán distorsionadamente de cambios en las relaciones de fuerza entre sectores de clases, pero no es como lo presentan algunos sectores, el centro de la disputa del poder o la continuidad de formas de lucha de clases con la posibilidad latente de una semi insurrección espontanea, similar al del 18-O. Significará por el contrario un elemento de crisis del semi-Estado chileno que en el contexto de una crisis social producto de la descomposición del sistema capitalista se hace más patente.

Es verdad que la burguesía sabe que la CC es un factor de inestabilidad política, no porque esta institución reaccionaria permita desarrollar la conciencia de clase de los trabajadores, sino porque estará cruzada por discusiones de reforma al estado, que sectores reformistas y estatistas como el PC, el FA, Humanistas y demás figuras de la pequeñaburguesía democrática, buscaran impulsar. En el mismo sentido se ha orientado la burocracia sindical que pasó directamente a postular para los cargos constituyentes, donde pretenden jugar un rol en la lucha de clases cobijando la charlatanería parlamentaria y buscando estatizar las demandas de la población.

Para la burguesía también es importante lograr que el proceso electoral pase la prueba de la blancura ante el imperialismo; es por eso que apuesta a que este proceso, donde la elección de alcaldes serán los más votados, defina las relaciones entre los partidos de cara a las presidenciales de fin de año. Es decir, delinear quien será el o los candidatos a verdugo del pueblo.

La pandemia ha acelerado la crisis social, incrementada por las políticas de salvataje a los capitalistas, con una definición de combinar represión con apertura económica de mantenimiento de colapso hospitalario periódico. La respuesta de la burguesía en varios países ante la pandemia y la lucha de masas ha sido similar. La represión de los gobiernos, y al igual que Chile, buscan cerrarlo mediante elecciones, como en Ecuador, Bolivia y hasta las luchas de la juventud en el corazón del imperialismo norteamericano. También la pandemia ha demostrado la importancia de la fuerza de trabajo como única mercancía que puede crear valor. Son los trabajadores la única clase progresiva, es por eso que las burguesías empujan a la presencialidad en los trabajos sin importar la vida de los trabajadores, buscando “dosificar” las muertes obreras.

El carácter de esta crisis es internacional. Así lo manifiesta Colombia, como el magnífico levantamiento del pueblo colombiano ante los ataques de reformas de Duque, donde la persistencia de la heroica lucha del pueblo ante la masacre reiterada de las fuerzas lúmpenes estatales y paraestatales debe ser respondida con la preparación de la huelga general, para paralizar la producción, base del poder burgués, y poner sobre la mesa la discusión de la autodefensa y el armamento de los sindicatos.

También vemos la descomposición del imperialismo y su andamiaje de posguerra derrumbarse en distintas partes como en Medio Oriente, en los ataques al pueblo Palestino por el Estado gendarme de Israel, y en el mismo corazón de este enclave imperialista.

Algunas organizaciones en la izquierda revolucionaria se llenan de eclecticismo en torno a la CC. Algunos se han limitado a cuestionar el carácter antidemocrático de esta institución burguesa. Otros desarrollan el planteo de un Estado combinado[1], asociando formas de constituyentes burguesas con formas de organización proletaria (asambleas o congresos). El embellecimiento de las instancias constituyentes llega al punto de plantear a las mismas como “un puente” en el desarrollo político de la clase obrera, o incluso como una forma de acceso al poder. Una práctica de orientación parlamentaria muy común en las organizaciones centristas de mayor peso como el FITU en Argentina, donde la lucha por un programa obrero revolucionario se desdibuja y diluye en catálogos de eslogans convertidos en proyectos de ley. Hay que recordarles que la toma del poder por la clase no vendrá de la mano de un desarrollo pacífico, ni menos de desarrollar la democracia burguesa, su aparato estatal, en una Asamblea Constituyente, sino precisamente mediante la destrucción de esta maquinaria, mediante la insurrección consciente.

Se plantea como fundamental el desarrollo de la conciencia de clase del proletariado en si para sí, el desarrollo de su vanguardia, algo que es necesario fortalecer en el proceso que abrió el 18 de Octubre. Pero esto no vendrá de la mano del apoyo o voto a los “candidatos buena onda” o “progres” que la izquierda intente auscultar en la dispersas papeletas electorales, sino del desarrollo programático y organizativo de la vanguardia obrera. No se trata por lo demás de establecer como un principio, como hacen algunas organizaciones, el criticar la “opción táctica” de determinadas organizaciones y militantes revolucionarios al presentarse a este escenario burgués por excelencia, sino de señalar su adaptación y la concentración de sus esfuerzos militantes.

Con las elecciones del  15 y 16 de mayo, la burguesía pretende el el cierre de un proceso insurreccional de masas, desviándolo a una salida institucional de reforma al Estado. La respuesta de las masas ante situaciones críticas mediante su intervención directa en las calles debe dar paso al fortalecimiento y la intervención independiente de la clase obrera mediante su propio programa, como caudillo de la nación explotada y oprimida. Ante la falta de una expresión política de independencia de clases interviniendo en un escenario burgués, es que llamamos a no votar en estas elecciones.

[1] “La ridícula tentativa de unir el sistema de los Soviets, es decir, la dictadura del proletariado, con la Asamblea Nacional, es decir, la dictadura de la burguesía, desenmascara por completo la indigencia mental de los socialistas y socialdemócratas amarillos, su carácter político reaccionario, propio de pequeños burgueses, y sus cobardes concesiones a la fuerza, en crecimiento incontenible, de la nueva democracia, de la democracia proletaria.”  Citas tomadas de, “Tesis e informe sobre la democracia burguesa y la dictadura del proletariado” V.I.Lenin.  Presentado al I Congreso de la III Internacional - 4 de marzo de 1919.

IMPULSEMOS UN GRAN PARO ACTIVO DE LOS TRABAJADORES DE LA SALUD CON MOVILIZACIÓN Y ADHESIÓN DE LAS ORGANIZACIÓNES OBRERAS, POPULARES Y DE LA JUVENTUD

La jugada de Piñera en cuanto a enviar al TC el proyecto de tercer retiro generó enorme bronca de las masas, hubo también paralizaciones de turnos de los trabajadores portuarios en 17 puertos, actuando como caudillos del pueblo, además de manifestaciones de diversos sectores de trabajadores contra la maniobra de Piñera. Se sacudió el fantasma de la semi insurrección del 18 octubre con la entrada en escena de importantes sectores obreros, populares y de la juventud lo que hizo temer al TC que esta papa caliente no recayera en sus manos evitando ser objeto de la furia de las masas. Lo que sí es seguro es la tremenda crisis del régimen burgués con un gobierno, coaliciones de partidos y el conjunto de las instituciones del semiestado debilitadas. Si el TC acogía a tramitación el requerimiento dilataba el retiro lo que generaba la bronca e irrupción violenta de las masas con la potencial intervención de la organizaciones obreras en una paralización general, si el TC él lo rechazaba, como ocurrió buscaba descomprimir la situación pero debilitaba al gobierno, optaron por aceptar esta derrota.

Mientras sectores de la oposición burguesa y pequeño burguesa quisieron darle una salida institucional mediante la amenaza de la acusación constitucional contra Piñera; buscaron además fortalecer medidas redistributivas y estatistas como el impuesto “por única vez” a los super ricos, el royalty minero, y la renta básica universal. 

La burocracia de la CUT convoca una “huelga sanitaria” a la que han adherido principalmente sindicatos de la salud y otros públicos, que en la práctica pretenden que sea un llamado a manifestarse “dese la casa”. Impulsan un llamado al gobierno a que siga los consejos de los “actores científicos y sociales” ante una epidemia que tiende a desbordarse. Mientras el gobierno miente y manipula datos sobre que la pandemia se mantiene estable, liberan los mall y la clase trabajadora se desplaza en masa hacia los centros de trabajo con o sin “cuarentena”; las dirigencias sindicales se cuadran con la oposición de la vieja “Nueva Mayoría”, para preparar el proscenio de las primarias y las elecciones constituyentes, aprovechando a pararse sobre los cadáveres para escalar en el reparto del botín del Estado.

Es necesario a partir del actual debilitamiento del gobierno, no para fortalecer a los partidos de la oposición burguesa en alguna suerte de coalición “antipiñerista” con los mismos sostenedores de la democracia para ricos, sino que sirva para fortalecer la organización y el programa de la clase obrera.

Las medidas estatales para la pandemia no se dirigen a salvar vidas, se dirigen a imponer el control represivo sobre la población. La crisis capitalista ha hecho a los ricos más ricos y a los pobre más pobres, descargando los efectos de la crisis sobre la clase trabajadora, con desocupación, bajas salariales, aumentos de cargas laborales, y el impacto de las condiciones sanitarias, que como se ha mostrado una y otra vez, golpean sobre las familias obreras, sobre las condiciones de hacinamiento, sobre la falta de vivienda, etc, etc.

Es necesario impulsar un gran paro nacional activo de los sindicatos de salud, donde adhieran y se sumen el conjunto de los sindicatos obreros. En este sentido es prioritario que instancias de luchas de masas sirvan para fortalecer en particular a los trabajadores ligados a la producción, donde reside el poder del capitalismo. La paralización efectiva de las industrias y las minas puede dejar en jaque a la burguesía y plantear la necesidad de desarrollar el control obrero de la producción. Es necesario que los trabajadores del área salud intervengan decididamente para controlar al conjunto del sistema sanitario colocando los insumos disponibles, incorporando personal, pasando a planta a los trabajadores honorarios y a contrata, imponiendo un sistema de turnos ante el agotamiento, etc, etc; en definitiva imponer un plan sanitario de los trabajadores para los trabajadores y el pueblo. En el mismo sentido la imposición de protocolos obreros en todos los lugares de trabajo, la creación o fortalecimiento de sindicatos, la incorporación de trabajadores desocupados vinculándolos a las diversas ramas económicas, la lucha por un salario de emergencia para el trabajador cesante o en reserva. Estas y otras medidas debemos discutir en la clase trabajadora. A partir de las asambleas sindicales se puede impulsar un congreso obrero de emergencia para desarrollar estos puntos y otros de este programa.

Solo la intervención independiente de la clase obrera puede dar una salida a la catástrofe social y sanitaria. Sólo confiando en sus propias fuerzas y organización es que puede imponer las verdaderas vías científicas y sanitarias que necesitamos para superar la pandemia y a al capitalismo mismo.

La decisión de Piñera de llevar al Tribunal Constitucional el proyecto del tercer retiro del 10% de fondos de pensión caldeó los ánimos de la población y azuzó el avispero político del conjunto de los partidos desde el propio oficialismo a la oposición burguesa y pequeñoburguesa.

El gobierno ya había pavimentado el camino de esta decisión, o eso creía, desde el envío al TC del segundo retiro junto con anticipar una serie de bonos “clase media” y una reedición del IFE ante la generalización de las cuarentenas. La molestia de amplios sectores ante unos miserables beneficios que llegaban a escasos sectores, hizo que el gobierno ampliara el IFE en un intento de generalizarlo, pero sólo para las familias registradas por el Estado como “vulnerables” en un 80%.

Esta “jugada” del gobierno ya había sido precedida por la colocación en el ministerio del trabajo de Patricio Melero, un pinochetista funcionario de la dictadura, quien fue reemplazado en su banca parlamentaria por otro pinochetista hijo de un político militar genocida (Labbé). Y es que la intención del gobierno, junto con la continuidad del toque de queda nocturno, la prorrogación del Estado de excepción, la militarización y despliegue represivo en la Araucanía, etc, se dirigen en una línea de asentar su gobierno en forma más reaccionaria, apoyándose en su base natural al tiempo que pretende fortalecer el ala dura de la derecha de cara a los procesos electorales, entre ellos el de reforma constitucional.

Lo cierto es que pese a estos movimientos de “toma de iniciativa”, éstos se despliegan sobre la base de una de las crisis sociales más grandes de los últimos tiempos. La pandemia, epidemia mundial que no ha podido ser ni contenida ni combatida por el capitalismo, se ha desatado en el país que ha servido una vez más de laboratorio, de experimentación. Así Chile podía ser un ejemplo en la aplicación masiva de la vacunación, a la que le dió acceso el imperialismo, y al mismo tiempo la orientación del gobierno y el conjunto de los capitalistas, de declarar la pandemia como superada para los efectos de hacer funcionar las grandes empresas, tornó a Chile como el ejemplo de lo que NO hay que hacer, enfrentando prontamente un nuevo peak pandémico. Esta vez, colapsando los hospitales y servicios de salud, donde los tecnócratas ministeriales iban sumando camas, sin el personal ni la infraestructura, quedando aún así una y otra vez personas sin atención o cuidados intensivos, situaciones cuidadosamente ocultas en los números mientras las morgues colapsan periódicamente.

Esto por no hablar de los golpes sobre la clase trabajadora donde los empresarios vienen haciendo un festín de despidos, reducciones salariales con contratación de mano de obra barata y precaria, aumentos de los ritmos de producción, entre otras joyitas. Justamente empresarios como el presidente de la cámara chilena de la construcción salió a decir que el problema del tercer retiro o los bonos era que iban a tener que “subir los sueldos” para que los trabajadores prefirieran estar en la obra que en la casa; o en su expresión más grotesca en la voz del empresario avícola Ariztía que dijo directamente que en Chile eran “flojos”; sí, el mismo empresario que se negó un mísero aumento en el proceso de negociación colectiva de los trabajadores de la planta de Arica en plena pandemia, los que mantuvieron firmemente en huelga durante 27 días. Y esta clase parasitaria se atreve a llamarnos flojos!

La respuesta ante el bloqueo al tercer retiro de parte de sectores obreros y de la juventud no se hizo esperar. El mismo día del anuncio sonaron las cacerolas y se encendieron las barricadas en las poblaciones, prolongándose las acciones de protestas y enfrentamientos con las fuerzas represivas hasta altas horas de la madrugada.

En el movimiento obrero se pusieron a la cabeza de la lucha una vez más los trabajadores portuarios planteando una serie de bloqueos progresivos a los terminales. Las relaciones con organizaciones de portuarios a nivel internacional llaman a bloquear las cargas de procedencia chilena en un ejemplo de solidaridad de clase internacionalista. También se ha levantado adhesión y convocatoria de los sindicatos y federaciones de la salud que hoy han comenzado a movilizarse luego de que la situación de agobio y colapso sanitario los ha llevado a un límite, el mismo límite al que le llevaron sus direcciones al apostar al inmovilismo del “quédate en casa” y la exigencia de “cuarentenas” al gobierno, sin detenerse a evaluar que esta política reaccionaria no buscaba salvar vidas. Lo mismo para los sindicatos de docentes donde el colegio de profesores tuvo que retroceder en chalas de prestar su apoyo a la presencialidad, mientras se cerraban escuela por escuela por brotes Covid o “cuarentenas” comunales. De igual modo para los sindicatos mineros los que se están coordinando y amenazan hoy con acciones, donde la política de despidos y sobreexplotación ha sido furiosa. Es aquí donde queda en evidencia el actuar de la burocracia sindical, que buscando los favores del Estado o de los patrones, mantiene maniatados a los trabajadores.

La propia CUT ha reafirmado el llamado a “paro sanitario” para el 30 de abril siendo que hace rato se trasladó con camas y petacas a las elecciones de constituyentes donde pretende disputar una orientación estatista de salvataje al capitalismo. Con fórmulas de distribución de la riqueza como el “impuesto a los superricos” que pretende que equilibrará la balanza entre las clases, como si los impuestos no fueran parte del andamiaje del aparato del Estado burgués

La amenaza constante al “se viene un nuevo estallido” no significa otra cosa que las masas no han sido derrotadas sustancialmente desde la semi insurrección espontánea del 18 de octubre 2019, pese a los desvíos electorales y las devaluadas ilusiones de reformas constitucionales con que pretenden darle curso reaccionario en un “nuevo pacto social”. Aunque la propia burguesía sabe que el pacto social, no es el de la elaboración de una carta magna, sino que es el de imponer una relación entre el capital y el trabajo sobre la base de golpes importantes sobre la clase trabajadora. Asustados con un escenario que desean controlar a su antojo, la oposición burguesa esgrime la bandera de la acusación constitucional, para tratar de atenuar el carácter de charlatanería burguesa del parlamento, así como preparar el terreno en caso de que la situación eventualmente vuelva a ponerse caótica por la lucha de masas.

Y si bien las masas no están derrotadas tampoco ha sido significativo su avance en conciencia y organización. Entendemos a los fondos de pensión como una fracción del salario expropiada en manos de las AFP, consideramos correcta la lucha por recuperarlos, luchando al mismo tiempo, contra los cantos de sirena de un sistema de reparto, luchamos por un salario vital para el trabajador retirado. En este sentido es prioritario que instancias de luchas de masas sirvan para fortalecer en particular a los trabajadores ligados a la producción, donde reside el poder del capitalismo. La paralización efectiva de las industrias y las minas puede dejar en jaque a la burguesía y plantear la necesidad de desarrollar el control obrero de la producción. Es necesario que los trabajadores del área salud intervengan decididamente para controlar al conjunto del sistema sanitario colocando los insumos disponibles, incorporando personal, pasando a planta a los trabajadores honorarios y a contrata, imponiendo un sistema de turnos ante el agotamiento, etc, etc, en definitiva imponer un plan sanitario de los trabajadores para los trabajadores y el pueblo. En el mismo sentido la imposición de protocolos obreros en todos los lugares de trabajo, la creación o fortalecimiento de sindicatos, la incorporación de trabajadores desocupados vinculados a ramas productivas, la lucha por un salario de emergencia para el trabajador cesante o en reserva. Estas y otras medidas debemos discutir en la clase trabajadora. Es preciso aprovechar estos llamados de la burocracia sindical para imponer en las asambleas de base el llamado a un congreso de delegados de bases de toda la clase trabajadora para intervenir en la actual crisis y darle una salida con independencia de clase.

No último dia 17, o Brasil bateu novo recorde de mortes diárias pela covid-19, com o registro de 3149 óbitos nas últimas 24h. A média móvel diária, no dia 18, bateu recorde pelo 20º dia consecutivo, ultrapassando os 2 mil óbitos, chegando ao índice de 2096 mortes. O total de mortes, após 1 ano de pandemia no país, é de 287.795 com um aumento de 48% na média móvel nos últimos 15 dias. A aceleração da contaminação e do número de mortes deve-se, além da condução trágica do estado no controle da pandemia, à disseminação da variação P.1 (a “cepa de Manaus”), que é mais transmissível, mais letal e atinge a população mais jovem. Com 3% da população mundial, o Brasil acumula 10,3% das mortes por covid-19 no mundo. Em 24 estados do país e o distrito federal, o índice de ocupação hospitalar ultrapassa os 80%, sendo que em 15 destes, o índice já ultrapassa os 90%. Para a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), o Brasil vive “o maior colapso sanitário e hospitalar da história”. Milhares de pacientes já começam a morrer nas filas para leitos. E, além dos leitos, também começam a faltar insumos hospitalares, como a medicação necessária para fazer a intubação de pacientes que precisam da ventilação mecânica, com estoque apenas para os próximos dias.

Estados e municípios aprovam novas medidas de isolamento e quarentena apenas em setores de comércio não essencial, reafirmando nossa caracterização de que essas medidas não são determinadas para salvar vidas, mas para evitar o colapso dos sistemas de saúde e efeitos mais catastróficos na relação entre as classes e o estado. Das quase 300 mil mortes brasileiras em 1 ano de pandemia, mais de 90 mil são decorrentes destes últimos 3 meses. O estado burguês administra apenas a ocupação de leitos e convive muito bem com milhares de mortes diárias, ainda mais quando estas mortes são, na sua amplíssima maioria, de trabalhadores.

A vacinação segue a passos lentos, apenas 1,85% da população já recebeu as duas doses das vacinas atualmente em uso no país, a CoronaVac produzida em São Paulo, pelo Instituto Butantan a partir de insumos chineses e a Oxford, produzida pela Fiocruz. A lentidão do governo federal somada aos equívocos logísticos do ex Ministro da Saúde, o Gal. Pazuello, impulsionou, a partir da permissão do STF, a compra e distribuição direta de vacinas pelas entidades federativas como uma forma de acelerar o débil plano de imunização federal. Através de consórcio, os governadores no Nordeste acertaram a compra de 37 milhões de doses da vacina Sputnik V e, mais recentemente, formou-se um consórcio de 1703 prefeituras para negociar, diretamente com os laboratórios, a compra das vacinas. A questão da vacina tem desgastado ainda mais a relação do governo federal com os governadores e prefeitos.

No início desse mês, foi divulgado que o governo Bolsonaro havia rejeitado a compra de 70 milhões de doses da vacina da Pzifer, aumentando ainda mais a crise do governo pela condução catastrófica da pandemia, além de todo o negacionismo propagado pelo próprio Bolsonaro em relação às medidas de segurança sanitária e tratamento médico sobre a covid-19. Crise que fez com que o “centrão” no Congresso aumentasse a cobrança pelo apoio a Bolsonaro, demandando a troca do ministro da Saúde, já realizada, e a indicação de mais 5 ministérios em mãos das alas que são alicerces do bolsonarismo: os militares e os conservadores ideológicos.

Apesar do Ministro da Economia, Paulo Guedes, declarar que “vê sinais de que a economia está decolando”, a expectativa é de que o país entre em um longo período de estagflação, ou seja, estagnação econômica e alto índice de desemprego combinado com a inflação alta. A inflação acumulada para o período foi de 5,2%, abaixo do previsto. Mesmo assim, o Copom (Comitê de Política Monetária) aumentou a taxa básica de juros, a taxa Selic, em 0,75%, estabelecendo 2,75%, numa clara tentativa de frear a rápida desvalorização do real. Como um país semicolonial, com economia dependente, tanto a alta do dólar e o aumento dos juros, numa tentativa de atrair investimentos, num processo econômico recessivo, produzem impactos diretos no aumento da carestia de vida da classe trabalhadora.

O Brasil vive também crise humanitária na qual, além das consequências da catástrofe pandêmica, o desemprego recorde, o fim do auxílio emergencial e o aumento da cesta básica elevaram a fome a patamares críticos. Segundo o IBGE, em 2020 eram 39 milhões de pessoas vivendo na miséria e 14 milhões em situação de extrema pobreza. Hoje, o quadro é bem pior. O preço dos alimentos aumentou três vezes mais do que a inflação oficial, 15% em um ano, incentivando a mídia burguesa a “auxiliar” na criação de “novos hábitos alimentares”: trocar arroz por macarrão, carne por ovo e comer alimentos com insetos. Os alimentos básicos tiveram uma alta bem maior do que a alta geral, como o arroz que aumentou 70% e o feijão com aumento de 60% em um ano. Este é o aumento mais rápido dos preços dos alimentos em 18 anos. Com o gás de cozinha custando cerca de R$90, a alimentação regular de milhões de famílias brasileiras tornou-se raridade.

A imensa crise econômica pressionou o governo a planejar um novo auxílio emergencial, já que em dezembro de 2020, 56 milhões de pessoas deixaram de contar com o auxílio. Dessa vez, contudo, o valor irrisório proposto (entre R$150 e R$375) veio através de uma PEC Emergencial que, com a justificativa de poder gastar mais R$44 bilhões por fora do teto de gastos para arcar com o auxílio, significou um duro ataque ao funcionalismo público, impondo restrições à contratação e concursos públicos e o congelamento salarial quando a relação entre despesas e receitas atingir 95% no governo federal. Estados e municípios podem impor as restrições quando esta relação chegar à 85%. Tais medidas também poderão ser impostas em situações de calamidade pública e tem validade para os próximos 15 anos.

É notável que a crise histórica brasileira tem movimentado as diferentes frações burguesas e pequeno burguesas no sentido de responder ao colapso sanitário e a recessão econômica frente a gestão catastrófica do governo Bolsonaro. Inclusive o imperialismo já busca meios de intervenção no governo, já que o Brasil está se tornando uma ameaça sanitária global, além do impacto da crise sobre as cadeias produtivas na região. A OCDE criou um grupo permanente de monitoramento sobre a corrupção no Brasil. O organismo imperialista demonstrou preocupação “com o fim surpreendente da Lava-Jato, o uso da lei contra o abuso de autoridade e as dificuldades no compartilhamento de informações de órgãos financeiros para investigações”. Para além das representações dessas diferentes frações no congresso nacional, principalmente pelo “centrão”, e da ala militar desenvolvimentista, ressurge neste momento a alternativa de conciliação de classes, com a anulação dos processos de Lula e sua elegibilidade em 2022. Essa alternativa, já denominada “efeito Lula” pelas implicações diretas no governo Bolsonaro, mais pressionado pelo Congresso, pelo cenário eleitoral de 2022 e pela relação do país com o imperialismo, promete arrastar grande parte da esquerda que, até o momento, tem assumido a política burguesa de “lockdown” e permanecido isolada de qualquer processo de lutas.

Também as direções sindicais permanecem cumprindo isolamento há um ano, abandonando toda a luta dentro dos métodos de classe e abraçando toda a adaptação aos meios digitais que serão plenamente utilizados no próximo período para o aumento da produtividade, com maior exploração dos trabalhadores aliada às demissões massivas. Nesta semana também, as direções das principais centrais sindicais (CUT, CTB, UGT e Força Sindical) reuniram-se com o governador de São Paulo, João Dória (PSDB), num esforço de colaboração e solidariedade com as políticas do governo do estado, oferecendo as estruturas sindicais para a vacinação, demonstrando apoio político às medidas de restrição e à defesa do auxílio emergencial de R$600 e sugerindo outras formas de segurança sanitária, como dispenser de álcool gel nos transportes públicos, escalonamento de horários de entrada e saída dos trabalhadores dos setores produtivos para desafogar o sistema de transporte. Um claro esforço de colaboração com um governo que, apesar do discurso de contraposição ao governo Bolsonaro, continua colaborando com a morte dos trabalhadores, seja da educação com a reabertura das escolas, seja dos setores produtivos que continuam trabalhando sem condições sanitárias, seja dos trabalhadores informais, prejudicados e reprimidos com as medidas de restrição de circulação, seja da juventude periférica, assassinada diariamente pela polícia militar sob o comando do governador.

Além da colaboração com o governo paulista, as centrais anunciam, para o dia 24 de março (próxima quarta-feira) um dia de “lockdown dos trabalhadores”, adaptando o que um dia já foi uma greve geral para uma política própria da burguesia. Segundo Sérgio Nobre, presidente da CUT, “O ‘fique em casa’ é um protesto contra as privatizações; por vacina já para todas e todos, pelo auxílio emergencial, pelos empregos; contra carestia e os aumentos dos preços do gás, combustível, arroz, feijão, entre outros, contra a reforma Administrativa e pelo Fora Bolsonaro. É um lockdown em defesa da vida. (...) Um lockdown de, no mínimo, 24 horas é para ficar em casa, é um dia de reflexão sobre o que acontece no Brasil”. Sem nenhuma convocação à paralisação total das atividades, muito menos assembleias em cada sindicato, a data será mais um dos eventos “simbólicos” das direções, sem nenhuma política para os trabalhadores.

É urgente que construamos uma saída operária para a crise sanitária e econômica que assola o país. Não podemos confiar ao estado burguês o controle da pandemia ou a implementação de medidas econômicas de proteção do emprego e da renda dos trabalhadores. Não nos esqueçamos que o estado é o instrumento de dominação da burguesia sobre os trabalhadores. Devemos contrapor às medidas estatais de controle da pandemia, os nossos métodos de classe, como a greve. Os professores de São Paulo, frente à reabertura das escolas sem segurança sanitária, medida que já matou dezenas de trabalhadores da educação e alunos, impuseram a greve como forma de resistência e de luta por condições salubres de trabalho.

É preciso construir em cada sindicato, através de assembleias de base, essa forma de resistência ao genocídio em curso e impulsionar as centrais para a convocação de uma greve geral. É preciso construir entre os trabalhadores, via centrais sindicais, um plano de lutas independente que responda ao desemprego massivo e à crise sanitária. É preciso impor a escala móvel de horas e salários, o controle operário da produção dos setores essenciais, especialmente das vacinas, bem como a sua distribuição. Para isso, precisamos combater com a máxima urgência, as burocracias pelegas que colaboram com a situação atual de colapso no país. Construir uma saída independente dos trabalhadores é, agora mais do que nunca, uma questão de sobrevivência para a nossa própria classe.

Em um episódio de suposto arroubo populista, no último dia 22 de fevereiro, o presidente Jair Bolsonaro anunciou a não renovação do mandato do presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, que encerra no final do mês de março. Em seu lugar, Bolsonaro anuncia que quem assumirá a presidência da empresa no próximo mandato é o general Joaquim Silva e Luna. O motivo alegado pelo presidente da república foi a política de preços praticada pela direção da estatal. Só em 2021, a gasolina teve um aumento de 41,5% se comparada com o último valor de 2020, já o diesel teve um aumento de 34,1% nesse mesmo período, aumentos que tornam os preços atuais os mais altos da história.

As diversas frações da burguesia que compõem o governo federal, que agregam o “Centrão” no parlamento - caracterizado principalmente pelo fisiologismo - e o setor liberal encabeçado pelo ministro da Economia Paulo Guedes, somados as facções militares que foram determinantes na eleição de Bolsonaro e também estão enraizados em seu governo, compõe o cenário de total instabilidade dentro do governo federal. O choque dos interesses muitas vezes opostos entre esses setores e outros grupos que foram parte da base eleitoral de Bolsonaro, mostra que a instabilidade predomina cada vez mais em seu governo, portanto, intencionamos aqui apontar que aquilo que a princípio pode aparentar ser uma mera decisão impulsiva e populista, na verdade possui elementos objetivos muito mais profundos e representa o embate latente entre as forças políticas que formam a base governista. Cabe aqui também avaliar e denunciar a postura que vem tendo as direções sindicais em relação a esse movimento, assim como também apontar a política correta a ser encaminhada aos trabalhadores da Petrobras.

O processo de privatização em 3 atos: leilões dos blocos de exploração, PPI e desinvestimento

Fundada em 1953, a Petrobras exerceu por 44 anos o monopólio da exploração de petróleo no Brasil. Essa situação foi modificada com a Lei do Petróleo de 1997 que permitia que a União contratasse outras empresas para explorar a commodity. Em 1999 foram leiloados os primeiros 27 blocos de exploração, adquiridos em sua maior parte pela própria Petrobras, porém, já caracterizando o início da abertura para a exploração do petróleo brasileiro por empresas privadas nacionais e principalmente internacionais.

A partir de então, os leilões aconteceram ininterruptamente em todos os governos subsequentes, com destaque aos governos de Lula e de Dilma Rousseff que foram responsáveis pela adição de áreas de 237 mil km² e de 181,4 mil km² respectivamente para exploração, dessa vez já contando com a áreas do pré-sal e tendo importante participação de empresas privadas estrangeiras.

Durante o governo Dilma, a política de preços da Petrobras foi utilizada como forma de intervenção na política macroeconômica do país. Os preços eram definidos artificialmente pelo governo, não acompanhavam a demanda internacional da cotação do petróleo e do dólar e como os combustíveis são essenciais para a circulação de mercadorias, feita predominantemente pela via rodoviária, essa intervenção direta do governo visava intervir também no preço final das mercadorias, sendo uma forma mecânica de se conter a inflação. Junto ao escândalo do “petrolão” - escândalo de corrupção envolvendo desvio de dinheiro da estatal por dirigentes ligados a diversos partidos políticos - a política de preços adotada por Dilma Rousseff, foram atacados duramente por especialistas e pela mídia como sendo os principais responsáveis pelo grande endividamento da empresa.

Em resposta a esse clamor anti-intervencionista vindo da grande imprensa e de setores da burguesia, após o impeachment de Dilma, seu sucessor Michel Temer adotou uma nova política de preços, dessa vez o valor dos combustíveis no Brasil estará alinhado ao preço internacional do petróleo e a cotação do dólar: a PPI - Preço Paritário de Exportação. Essa política visava inserir a Petrobras em um contexto de competição no mercado, favorecendo os importadores que tinham e têm o interesse de manter os preços elevados, em claro exemplo de submissão aos interesses do imperialismo. Junto a PPI, ganhou força também o discurso que defende a privatização da empresa.

A PPI, assim como a política privatista para a estatal avançam no governo Bolsonaro, agora com a empresa sob a régia de Roberto Castello Branco, economista árduo defensor da privatização de empresas públicas e amigo pessoal do ministro da Economia Paulo Guedes, e que já havia sido membro do conselho diretor da Petrobras entre 2015 e 2016, durante a gestão de Dilma Roussef. A intensificação dessa política de preços “flutuantes”, que chegou a avançar em reajustes diários, teve importante papel no aumento da inflação e da carestia de vida, e culminou em maio de 2018 com a paralisação dos caminhoneiros, afetados diretamente em suas condições de vida pelo baixo preço do frete e pelos constantes aumentos no preço do diesel, mas que não questionava a política de preços da Petrobras, somente os impostos que incidem sobre os preços.

Com Castello Branco no comando, até novembro de 2019, 70 bilhões em ativos da estatal já haviam sido vendidos para investidores privados. Entre 2020 e 2021 foram 8 subsidiárias que deixaram de estar sob o controle da Petrobras. Hoje são 17 refinarias no Brasil, 13(76,4%) pertencem à própria Petrobras, mas em capacidade de refino, o poderio da estatal petroleira ainda alcança 98% da capacidade de produção nacional. Ou seja, mesmo com o Brasil não sendo autossuficiente na produção de combustíveis, a participação da Petrobras ainda é muito importante e tende a desencorajar investidores externos, por isso a importância que a burguesia e seus agentes dão a política de desinvestimento que avança de forma agressiva desde o governo de Michel Temer. A intenção das administrações da petroleira desde então é reduzir essa capacidade de produção para 50%, tornando o mercado nacional mais atrativo e competitivo para as empresas estrangeiras que queiram investir no mercado brasileiro.

Observa-se então que a política de privatização caminha a passos largos e vem se desenrolando por todos os governos de 1997 até hoje, pois envolve os leilões dos blocos de exploração para empresas privadas, a PPI, e o desinvestimento em setores estratégicos como o refino e a distribuição através da venda dessas empresas, não esqueçamos a privatização da subsidiária BR Distribuidora concretizada em 2019, responsável pela logística de distribuição dos combustíveis e chegada ao destino final.

O “rompante” intervencionista x O deus Mercado

O intervencionismo de Bolsonaro, através da dispensa do presidente Castello Branco para a condução de mais um general para a linha de frente de seu governo, causou um terremoto no mercado financeiro. As ações da Petrobras tiveram rápida queda de 26%, o que derrubou os índices de toda a bolsa de valores, a estatal também chegou a perder 102,4 bilhões de reais de seu valor de mercado. Essa rápida desvalorização adveio do temor dos agentes do mercado em torno da volta do controle artificial dos preços dos combustíveis.

Apesar de Bolsonaro reiterar várias vezes não estar interferindo na PPI, sua intenção é ter maior controle sobre os preços e aumentar a previsibilidade dos reajustes. Para isso, já editou decretos que versam sobre um ICMS único para os estados - anteriormente essa taxa variava de acordo com o preço na bomba - e zerando taxações como PIS e COFINS, nos meses de março e abril para o óleo diesel e o GLP. O gás de cozinha teria essas taxas zeradas permanentemente.

Cabe aqui pontuar alguns elementos que são importantes para analisar essa abrupta mudança de direção na condução das políticas para o petróleo desse governo.

Em primeiro lugar, Bolsonaro enfrenta uma queda considerável de sua aprovação, de acordo com pesquisa do Datafolha, 44% das pessoas entrevistadas consideram o governo ruim ou péssimo, enquanto 30% aprovam seu governo. Quando se trata da gestão da pandemia a avaliação piora para o presidente, 54% desaprova totalmente sua gestão enquanto 22% consideram boa sua gestão da crise sanitária.

De fato, além das momentâneas 300 mil mortes que se espalham pelo Brasil, Bolsonaro tem de lidar com as investigações do Ministério Público sobre as ações de seus filhos. Somente no último mês, novamente Flávio Bolsonaro foi protagonista na mídia por ter comprado uma mansão cujo valor ultrapassa e muito suas virtuais possibilidades de pagamento dessa dívida. Também seu filho mais novo, Renan, começa a ser investigado por possível tráfico de influência e lavagem de dinheiro com sua empresa atuando junto ao governo federal.

Também havia a ameaça de uma greve por parte dos caminhoneiros, um dos segmentos que foi cabo eleitoral do atual governo e que mesmo após a paralisação de 2018 não tiveram suas reivindicações, que envolviam principalmente o preço dos combustíveis, atendidas. Agora, os caminhoneiros recuam, novamente com a perspectiva da redução dos impostos sobre os combustíveis.

Por fim, como se os elementos elencados já não bastassem como pólvora para o “comportamento explosivo” do chefe de Estado brasileiro, foi noticiado que no dia anterior ao anúncio da troca de comando na Petrobras e o consequente tombo nas ações da empresa e no seu valor de mercado, algum investidor anônimo fez investimento apostando na desvalorização da petroleira estatal, amealhando assim um faturamento de 18 milhões de reais. A ação está sendo investigada e suspeita-se de que houve informação privilegiada por parte dos investidores.

Postos esses elementos é possível concluir que a decisão de mudança na direção da Petrobras não foi um mero improviso. A queda da popularidade do presidente da república, assim como as investigações sobre as relações criminosas de sua família não tiveram início agora, e mesmo as ameaças dos caminhoneiros se arrastam há tempos. Bolsonaro precisa dar respostas rápidas às suas bases - no caso os militares que não veem com bons olhos a privatização da Petrobras e os caminhoneiros - mesmo que seja em detrimento das demandas de parte dessas bases, neste caso os adeptos do liberalismo de Paulo Guedes.

A traição das direções e necessidade de uma política independente para a classe trabalhadora.

De fato, nenhum dos projetos - privatista ou estatista - serve a classe trabalhadora. O lema “O Petróleo é nosso” é entoado tanto pelo reformismo quanto por setores da burguesia, como se o controle estatal fosse o suficiente para garantir os interesses da classe trabalhadora, ora, enquanto o Estado tiver seu caráter de classe burguês, o controle estatal de uma empresa continuará representando os interesses da burguesia.

A classe trabalhadora está à mercê dos governos burgueses e abandonada pelas suas direções. Todo esse processo aconteceu e acontece com a leniência e a complacência das direções sindicais, totalmente adaptadas à democracia burguesa e suas leis, lançando mão de ações judiciais, rebaixando pautas, negociando pacificamente com os patrões e abandonando os métodos de luta da classe trabalhadora. Temos o exemplo do atual coordenador geral da FUP (Federação Única dos Petroleiros) que defendeu a mudança realizada por Bolsonaro, afirmando que os militares tiveram uma ação positiva em relação a Petrobras, ou seja, podemos novamente estar entregue aos militares desde que o petróleo seja nosso.

Em 2021 houve o caso emblemático da greve dos petroleiros da Refinaria Landulpho Alves (Rlam) na Bahia. Entre as reivindicações apresentadas pelas direções estão: a implementação de uma política efetiva de combate ao assédio moral nas unidades da Petrobras; a incorporação dos trabalhadores concursados da Petrobras Biocombustíveis (PBIO) à Petrobras, caso a Usina de Biocombustíveis de Candeias seja realmente vendida; o fim das dobras de turno e das prorrogações de jornada; e a revisão da política do efetivo mínimo do O&M (Organização e Método) nos diversos setores da estatal, em especial na RLAM.

Como se vê, as direções já dão como fato dado a privatização e lutam por migalhas aos trabalhadores. Os métodos envolvem campanhas solidárias, ausência de atos presenciais - alegando a questão sanitária causada pela pandemia - ações judiciais, enfim, total submissão às práticas burguesas e omissão dos métodos de luta historicamente construídos pela classe trabalhadora.

Esses são os rumos que as políticas reformista e centrista estão encaminhando a classe trabalhadora: desemprego, precarização das condições de trabalho e miséria. É preciso combater essa política no interior dos processos de luta que irrompem pela classe trabalhadora. Os revolucionários, devemos levantar a defesa da tomada da Petrobrás sob o controle operário como forma de exercer influência prática na produção petrolífera e, neste processo, forjar uma vanguarda operária que assuma as tarefas transitórias de um programa revolucionário.

Nessa conjuntura, na qual a crise pandêmica serve como complemento macabro aos ataques frontais a classe trabalhadora em diversas frentes é preciso romper com o imobilismo das centrais e avançar na luta com os petroleiros e demais setores produtivos, com independência de classe e em unidade com outros setores da classe trabalhadora, rumo a construção de uma Greve Geral por tempo indeterminado que coloque abaixo os planos do governo!