El “acuerdo por la paz, el orden público y una nueva constitución” que fraguaron el conjunto de los partidos del régimen burgués el pasado 13 de Noviembre, el día posterior a la histórica huelga general, fue la salida “por la razón” que encontró el gobierno de Piñera para salvarse al menos temporalmente de caer por la movilización de las masas y la acción de los trabajadores organizados. La salida “por la fuerza” de volver a sacar los militares a las calles, dada la coyuntura, hubiera provocado enfrentamientos convulsivos con resultados inciertos y sanguinarios.

Es así que este acuerdo fue el marco que ha teñido la acción parlamentaria desde entonces, en una seguidilla de proyectos de ley votados de modo express tanto para ofrecer paliativos sociales (tales como el aumento de las pensiones miserables, o ingreso mínimo subsidiado) como para endurecer la represión y penalización como la ley “antisaqueos” (con penas de hasta 3 años de cárcel por arrojar una piedra, de 1 y medio por realizar barricadas o de hasta 10 años por participar de un saqueo). Del mismo modo se otorgó la potestad al presidente para sacar los militares a “proteger” la “infraestructura crítica” (léase hospitales, puertos, minas, centrales eléctricas, en definitiva centros productivos) sin necesidad de decretar el estado de emergencia. El congreso en los hechos ha funcionado como un gobierno de unidad nacional.

Si bien este acuerdo provocó el repliegue momentáneo de amplios sectores de masas, las luchas y protestas en las calles no han cesado, haciéndose crónicas las manifestaciones de importantes sectores de trabajadores y la juventud, en particular los viernes en las plazas públicas, con el enfrentamiento a las fuerzas represivas, y el despliegue del conocimiento adquirido en la lucha por el activismo con la “primera línea”, las brigadas de emergencia, barricadas, etc. También se expresó la lucha de la juventud secundaria que boicoteó la PSU (prueba de selección universitaria) para que los “hijos de los trabajadores entren a la universidad”. Del mismo modo no ha cesado la represión sistemática de carabineros provocando nuevas mutilaciones oculares, torturas, secuestro de manifestantes por agentes de civil, nuevos detenidos y procesados por la justicia, prisión preventiva de luchadores, montajes, etc.

Así discurre el proceso de la lucha de clases que entre otras cosas hizo decantar las posiciones de los personeros del Frente Amplio quienes se han parado resueltamente en la vereda del continuismo de la democracia burguesa semicolonial que por otra parte les diera vida.

Este es el telón de fondo de la charlatenería parlamentaria abocada a fraguar los mecanismos por una “nueva constitución” con discusiones por la paridad de género de la eventual convención constituyente, inclusión de pueblos originarios, participación de independientes, etc. En rigor se trata de que, de aprobarse en le plebiscito de abril el paso al cambio constitucional, se elegiría en octubre, con el mismo método de la elección del actual parlamento burgués, una suerte de parlamento paralelo, una comisión ad hoc para la redacción de la carta constitucional que entre otras perlitas no puede trastocar los acuerdos internacionales tales como los TLC’s (tratados de libre comercio).

Para el gobierno, sectores de RN o de la DC, el acuerdo sirve para ganar tiempo en esta coalición tácita de unidad nacional e imponer en cuotas la represión del movimiento de masas hasta buscar los puntos de apoyo a una política más reaccionaria. Por su parte los sectores de la vieja concertación pretenden sortear la crisis via una reforma al Estado eliminando instituciones como el Tribunal Constitucional o los quorum parlamentarios. Las alas izquierdas de la democracia (FA, PC, PH, etc) buscan en el cambio constitucional una vía refundacional del Estado semicolonial, ya sea de corte más estatista, una suerte de “Estado de derechos sociales”, o aquellos que propician un “modelo” de Estado tipo la Venezuela chavista, o el Estado plurinacional masista.

Es así que la clase dominante está dispuesta a realizar cambios constitucionales y reformas al aparato jurídico del Estado, si eso implica cerrar el proceso abierto por la irrupción de las masas. Los procesos agudos de la lucha de clases tanto en la región como en distintas partes del planeta ponen en duda dicha perspectiva. Y es que más allá de las particularidades nacionales la lucha de clases se manifiesta de forma local pero es un proceso eminentemente internacional. La continuidad y profundización de las lucha en Colombia, Haití, Francia, Líbano, Iraq, etc, son una prueba de ello. Y es que la lucha de clases no es un evento episódico de crisis esporádicas o cíclicas como se lo figura un sector de la izquierda centrista, sino que la misma despliega sus leyes objetivas sobre toda la historia humana.

Por ello se vuelve necesario distinguir, o mas bien dilucidar, el contenido social bajo las formas políticas y no quedarse atrapado en las políticas y juegos superestructurales de la democracia para ricos. Que amplios sectores de las masas se encuentren apoyando el proceso democrático por un cambio constitucional no disminuye el hecho que constituye una herramienta de desvío para la burguesía, para intentar canalizar el torrente de lucha de las calles a las urnas, mientras comienza a poblar las cárceles de presos políticos.

Querer democratizar la democracia apunta a embellecer esta forma de Estado otorgándole cualidades que no tiene. “Marx considera el imperio de Napoléon III como ‘la única forma de gobierno aceptable en una época en que la burguesía ha perdido la capacidad de gobernar al pueblo y en que la clase obrera todavía no ha adquirido esa capacidad’. Así pues, no es la democracia, sino el bonapartismo lo que, desde el punto de vista de Marx, representa la fase última del poder de la burguesía.”[1]. El paso del capitalismo orgánico a su fase crítica, el imperialismo, hundió los programas nacionales y junto con la Revolución Rusa cambió la etapa histórica abriendo la era de la revolución proletaria. Abrigar esperanzas en una refundación del Estado burgués constituye una quimera reaccionaria. Más aún si al Estado que nos referimos es el de una semicolonia dominada por el imperialismo, en el marco de un proceso acelerado de descomposición del capitalismo.

Buscar en los mecanismos de la democracia burguesa las herramientas refundacionales de la sociedad es querer darse la cabeza contra un muro y creer que al mismo se le infringe dolor. "'En la sociedad burguesa, cuanto más considerable es el patrimonio social, menor es el número de los que se lo apropian. Lo mismo ocurre con el poder: a medida que crece la masa de ciudadanos que gozan de derechos políticos y de gobernantes nombrados por elección, el poder efectivo se concentra y llega a ser monopolio de un grupo de personalidades cada vez más reducido’. Tal es el misterio del régimen de mayorías.”[2]

Un proceso político, al igual que una revolución, puede tener muchas etapas, que implican el desarrollo en la experiencia de importantes sectores, pero esas etapas están dictadas por el devenir del proceso vivo de la lucha de clases y no como etapas necesarias. La adaptación pedagógica a las capas atradasdas del movimiento obrero no implica bajo ningún punto de vista la adaptación política.

Dialogar con las expectativas de las masas, acompañarlas en su luchas, organizar y preparar programáticamente a sus sectores de vanguardia, es parte del ejercicio militante para hacer avanzar lo más rápidamente los procesos, acelerar los tiempos, algo que no dependerá exclusivamente del actuar de la vanguardia, pero que forjará a esta para estar dispuesta a los grandes virajes de las historia y con ellos los flujos y reflujos del movimiento de masas, sus oscilaciones periódicas y sus saltos.

La izquierda centrista, al impulsar en la etapa actual y en todos los países la fórmula de Asamblea Constituyente, queda atrapada en diversas formas de exigencia al Estado y de adaptación a la democracia burguesa. Hay quienes siendo pequeños grupos están volcando toda su energía para conseguir la legalidad y eventualmente participar del proceso constituyente. No colocarse como norte la destrucción del aparato burocrático militar de la burguesía mediante la instauración del poder de la clase proletaria, de su dictadura, significa cederles terreno a las tendencias de la pequeñaburguesía que le darán sobrevida a la burguesía por su grado de dependencia a la misma.

La burguesía no se ha visto perjudicada sustancialmente en la actual situación. Por el contrario no ha hecho más descargar la crisis sobre las espaldas del pueblo. Desde el 18 O a la fecha se han incrementado alrededor de 200 mil nuevos cesantes, se esperan cifras de desempleo mayores al 10% y la masa salarial cada vez más cercana al sueldo mínimo. Como ya lo han manifestado desde la propias cámaras empresarias como la CPC, cualquier modificación (como el aumento de 6% del aporte a las pensiones) “tendrá repercusiones en el empleo y los salarios”. Así también su afronta contra los trabajadores se ha endurecido como lo muestra Codelco, quien en representación del Estado de los patrones, abre un juicio de desafuero y despidos contra más de 20 dirigentes sindicales como respuesta a una huelga de hambre de varios de ellos por no respetar los acuerdos ante los despidos masivos en Chuquicamata. Que en medio de la actual situación política la burguesía ataque al sector más concentrado de la clase obrera nacional, habla de las perspectivas de la clase dominante como de la debilidad organizativa y la crisis de dirección de nuestra clase.

Es de vital importancia fortalecer las organizaciones del movimiento obrero recuperando los sindicatos para la lucha, expulsando a las tendencias burocráticas, poniendo en pie una Central Única de sindicatos mineros e industriales, impulsando un Congreso de Delegados de base de toda la clase trabajadora, para votar un programa de salida a la crisis.

Que la izquierda se plantee forjar una fracción revolucionaria al interior de la clase trabajadora es una prioridad para el desarrollo de la independencia política. Esta militancia obrera será parte fundamental de superar la crisis de dirección revolucionaria de nuestra clase. La construcción de un partido revolucionario mundial, la reconstrucción de la IV Internacional, es una labor que puede partir por la comprensión común de situación y las tareas de los revolucionarios recuperando al marxismo como herramienta filosa para el derrocamiento de la burguesía. Esta tarea ardua de agrupar a los mejores elementos de las antiguas y nuevas generaciones, implica romper con los esquemas legados por las tendencias centristas, algo que no puede resolverse con experimentos de frente único, diluyendo en consignas vacías el programa de los revolucionarios.

[1] En “Terrorismo y Comunismo”, León Trotsky, 1920.

[2] Idem ant. Continúa la cita… “A los ojos del marxista Lafargue, el parlamentarismo subsiste mientras dura el dominio de la burguesía. ‘El día –escribe- en que el proletariado de Europa y América se apodere del Estado deberá organizar un poder revolucionario y regir dictatorialmente la sociedad, mientras la burguesía, en tanto clase social, no haya desaparecido.’”

Publicado el 08/01/20 en cor-digital.org/

Jueves 2 de enero por la madrugada. Drones asesinos enviados por Trump bajo el consejo del alto mando militar yanqui disparan sobre el general iraní Qasem Soleimani, que muere junto a varios colaboradores. Soleimani se encontraba en Bagdad y fue ajusticiado sin juicio previo, como otros tantos bajo el fuego imperialista. Pero en este caso, se trata de un funcionario de un Estado extranjero, y en territorio de otro Estado, en los papeles independiente, aunque queda claro que la ocupación de Irak por parte de los yanquis nunca cesó en 17 años.
Trump vacila. Su política era retirar a las tropas norteamericanas de Medio Oriente, incluyendo Afganistan e Irak. Quiere usufructuar que EE.UU. ya no depende tanto del petróleo de la región gracias a la “revolución del fracking” dentro de su propio territorio y a una eventual “recuperación” de Venezuela. Pero los altos mandos del Pentágono lo convencen de que debe responder al ataque a la embajada norteamericana en Irak, producido el último día del 2019. Ese ataque tuvo características particulares: fue una movilización popular contra la presencia norteamericana en Irak. Trump acepta que es necesario responder y ordena el asesinato del general iraní. Es un acto de guerra contra otro Estado, por fuera de cualquier paraguas de la legalidad imperialista internacional. Es una brutal demostración de fuerza de la potencia imperialista que dirige el planeta.
Pero el asesinato en realidad muestra la debilidad de EE.UU. No, desde luego, desde el punto de vista militar, donde su supremacía es indiscutible, por lo menos en el mediano plazo. Se trata de la debilidad de su posición en el sistema de Estados configurado como superestructura del capitalismo mundial. Es una debilidad estructural, producto del avance de la descomposición imperialista, y está asimismo determinada por el peligroso resquebrajamiento del equilibrio de la posguerra. El ataque contra Soleimani no estaba inscripto en un plan de acción. Los hechos posteriores así lo demuestran. El parlamento iraquí votó una solicitud al primer ministro “encargado” (toda una definición) Adel Abdul Mahdi, que había renunciado a su cargo bajo presión de las movilizaciones populares en noviembre, para que dé curso a la salida de las tropas norteamericanas del país. La jefatura de las fuerzas yanquis en Irak respondió en una carta que iban a salir, pero pidió que esto se hiciera en orden. Luego el pentágono desacreditó a su mando “en el terreno”, negando cualquier iniciativa de retirada de tropas. Por supuesto, en última instancia esa retirada configuraría una contundente victoria para Irán y una tremenda derrota para EE.UU.

Procesos de masas

La debilidad de EE.UU. no contradice la propia debilidad del gobierno iraní. Obviamente, se trata de una semicolonia que no puede enfrentar al imperialismo en una guerra abierta. Pero esta debilidad también se inscribe en la situación de las sub-burguesías nacionales de las semicolonias en la crisis capitalista, presionadas por la agresividad imperialista, por un lado, y, por el otro, por movilizaciones de masas que en Irán se desataron con fuerza en el mes de noviembre, como parte de un proceso regional que también atraviesa al Líbano, Irak, y se da en simultáneo con los procesos de lucha de clases en América Latina, el Caribe, Hong Kong, África, Europa, etc.
El elemento de los procesos de masas es cualitativo para analizar el conflicto actual. Si nos retrotraemos a los procesos anteriores (2010-11) que se dieron en la región a partir del estallido económico de 2008, con la caída de varios dictadores que gobernaban con puño de hierro sus países (Ben Alí en Túnez, Gadafi en Libia, Mubarak en Egipto) podemos ver cómo esos procesos llevaron a varias salidas fallidas, desde el golpe militar en Egipto, hasta el semibonapartismo semidemocrático tunecino, donde se desarrolló lo más cercano a una experiencia democrático-burguesa. Pero lo que primó fue la descomposición de los Estados en su forma más brutal: la guerra civil en Siria y el surgimiento del ISIS, un verdadero anti-Estado. Esta descomposición cerró los caminos a los procesos de masas a partir de su cooptación por direcciones burguesas o pequeño burguesas contrarrevolucionarias. Una vez más, la crisis de dirección revolucionaria del proletariado se manifestó como crisis de la humanidad. La confusión de objetivos de la nueva generación de luchadores ante esta crisis de dirección determina lo tortuoso del proceso.
Ahora bien, el surgimiento del ISIS y la guerra civil Siria llevaron al imperialismo a pactar con viejos enemigos para tratar de poner coto a la amenaza de este engendro, que cuestionaba la idea misma de Estado nación, que es la forma de dominación de clase de la burguesía. Surgen así los frentes anti-ISIS y los compromisos con Rusia (e Irán) para contenerlo. En el medio, hay otros hechos muy importantes como el golpe de Estado fallido en Turquía y el desarrollo de las experiencias autonómicas en Kurdistán, sobre los que no abundaremos aquí. Es importante destacar que el actual estacionamiento de tropas yanquis en Irak se da bajo el pretexto de esta guerra contra el ISIS. En 2019, las fuerzas imperialistas anuncian el fin del ISIS. Pero con su derrota, ninguna de las contradicciones en la región han sido cerradas y así lo demuestra la actual escalada militar con Irán.

Vietnamizanción

Mucho se ha hablado de este término para describir la política de Irán en la región en los últimos años. Superficialmente, se la describe como una política de guerra asimétrica entre un Estado militarmente débil y la principal potencia mundial, sólo considerando el terreno de la táctica. Vietnamización así entendida sería la utilización de la de guerra de guerrillas o enfrentamientos “proxy” (a través de terceros). Sin negar este elemento táctico, Soleimani era el general a cargo de un desafío más complejo: unificar a las diferentes facciones étnicas y religiosas de Irak y, más en general, de toda la región en el objetivo común de liberarla del “gran Satán” norteamericano. De hecho, esa es la línea oficial que Irán ha hecho pública a través de declaraciones del Ayatollah Jamenei. Se trata entonces de una política que apunta a dar un objetivo de liberación nacional a los movimientos en la región, conformando el llamado “frente de la resistencia”, que incluye a Irán, Siria, Hezbollah, Hamas y otros agrupamientos nacionalistas burgueses y pequeñoburgueses. Esta política de Soleimani y su relativo éxito podría ser uno de los móviles más importantes de su asesinato, sobre todo teniendo en cuenta que el hecho inmediato que llevó al mismo fue la movilización contra la embajada yanqui en Bagdad, que obligó al gobierno de EE.UU. a evacuar a su personal diplomático. Ahora bien, la política del gobierno iraní no apunta a la liberación nacional de los pueblos de Medio Oriente, sino a fortalecer a su semi-Estado para mejor negociar con el imperialismo, utilizando como carne de cañón a las heroicas resistencias palestina e iraquí, y no dudando en apoyar a Al Asad, uno de los principales criminales de guerra de la región, sólo por detrás de Trump, Obama y los gobernantes israelíes. El regateo por el plan nuclear, mesa de negociación de la que Trump se retiró en mayo de 2018 pero donde permanecen el resto de las potencias, es buen ejemplo del carácter de clase y de la naturaleza contrarrevolucionaria de esta política.
El empantanamiento en Irak resuena a la situación en Vietnam, eso es real. Como decíamos anteriormente, aún con una administración Trump ansiosa por dejar atrás la ocupación, no puede ahora hacerlo, ni se vislumbra ninguna salida para retirarse sin que esto sea interpretado como una enorme derrota del imperialismo. Por eso ahora es posible que el conflicto actual continúe en escalada. Por el momento, la primera respuesta iraní consistió en el bombardeo, bastante medido aunque humillante para EE.UU., de 2 bases militares en Irak el 8/1. La réplica de Trump se ha limitado a minimizar los daños provocados por estos bombardeos y a anunciar nuevas sanciones económicas; mientras pide al resto de los países imperialistas un compromiso para aislar a Irán abandonando el acuerdo nuclear e imponiendo sanciones, y a la OTAN una intervención más activa en la región.

Panorama incierto

Mucho se ha hablado del frente interno en EE.UU. como acicate para el ataque. Hablamos de las consideraciones relativas al proceso de impeachment contra Trump y de las elecciones presidenciales. Aunque esto pueda pesar, los elementos estratégicos (o de debilidad de esta estrategia) creemos que son más importantes para desarrollar una caracterización de la posible nueva guerra del imperialismo norteamericano. Y acá sí existe un factor determinante del llamado frente interno, que es la imposibilidad del Estado imperialista de ganarse una base social sólida, donde debe tener un rol la aristocracia obrera, para lanzar una ofensiva militar a gran escala. Creemos que la conquista de semejante base social, que fue un objetivo de Trump, no ha sido concretada, como puede vislumbrarse en el desarrollo de una variedad de conflictos sindicales en la industria, los servicios y los sectores estatales, y como muestran también las movilizaciones contra una intervención en Irán que se llevaron adelante el fin de semana inmediato al asesinato de Soleimani en muchas ciudades estadounidenses. Por ahora las manifestaciones no son masivas, pero marcan la posibilidad de desarrollar la movilización contra una mayor intervención imperialista.
Otro factor importante son las consecuencias económicas de la guerra, que podrían acelerar una entrada en recesión de la economía mundial, la cual se viene pronosticando y, por ahora, se viene retrasando. La inestabilidad geopolítica ha hecho tambalear a los mercados financieros y de las commodities. Esta inestabilidad geopolítica se vuelve incertidumbre y la retirada de tropas de Irak de algunos aliados de la OTAN, la tibieza europea frente a los hechos e incluso las vacilaciones israelíes en relación al asesinato de Soleimani así lo indican. Si desde hace algún tiempo venimos ponderando las contradicciones de la política trumpista de implementar un cambio de rumbo en la política imperialista, hoy aparecen dudas sobre la posibilidad de un fracaso que lleve a que el resquebrajamiento del equilibrio de posguerra se convierta en una situación mundial mucho más caótica.

Fuera el imperialismo de Medio Oriente

Irak está ocupado militarmente por EE.UU. desde hace 17 años. Palestina, desde 1948, por el engendro israelí que responde a las necesidades imperialistas de control sobre Medio Oriente. La expoliación imperialista de la región viene de larga data, pero la actual descomposición imperialista, agudizada por la crisis mundial, acelera la situación de descalabro del equilibrio del sistema de Estados y la descomposición del Estado-nación burgués. Frente a esto, no han faltado respuestas de las masas, que han salido de forma espontánea y con una gran confusión de objetivos, lo que permitió que direcciones contrarrevolucionarias hayan llevado los diferentes procesos nacionales a la encerrona. Pero el imperialismo no ha conseguido cerrar la crisis y, por lo tanto, los procesos vuelven a abrirse poniendo ante los revolucionarios el desafío central de intervenir decididamente en los mismos, para que las lecciones de los anteriores fracasos sirvan para desarrollar un programa de transición entre la actual descomposición capitalista y el futuro socialista de la humanidad. La centralidad de la clase obrera en estos procesos queda marcada por la necesidad de disputar la lucha contra el imperialismo a las direcciones nacionalistas burguesas y pequeñoburguesas. Para ello, es necesario una política y una dirección internacionalista, planteando la unidad del proletariado de la región, centrado en los trabajadores del petróleo, con la clase obrera de los países imperialistas, centralmente de Estados Unidos. Por eso es necesario que los revolucionarios luchemos para que los sindicatos estadounidenses y europeos declaren la paralización de la maquinaria militar imperialista, ocupando las plantas y bloqueando el abastecimiento de las tropas estacionadas en la región y de Israel. En los países de Latinoamérica, además de desarrollar la movilización en las calles y denunciar la complicidad de los Fernández, los Bolsonaro, los Piñera y demás cipayos, debemos proponernos paralizar las empresas imperialistas contra la intervención militar en Medio Oriente, lucha que está entrelazada con la lucha contra las reformas fondomonetaristas que esos mismo gobiernos pretenden aplicar en nuestra región. Tenemos que desarrollar la organización y la lucha para que se vayan todas las tropas imperialistas de Medio Oriente y demás países semicoloniales. Por la derrota militar de EE.UU. en Irak e Irán. Por la destrucción de Israel. Por una Federación de Repúblicas Socialistas de Medio Oriente. Por la reconstrucción de la IV Internacional.

ABRAMOS LAS PUERTAS DE ESCUELAS Y UNIVERSIDADES
A LOS TRABAJADORES Y SUS HIJOS

FIN A LA PSU

INGRESO IRRESTRICTO Y DIRECTO
 A LAS UNIVERSIDADES

ABAJO LA LEY DE SEGURIDAD DEL ESTADO

LIBRERTAD Y DESPROCESAMIENTO DE LOS QUE LUCHAN

En los días 6 y 7 la juventud en lucha estudiantil, mediante el boicot en contra de la PSU se expresó en decenas de colegios con tomas, barricadas, etc , con medidas que se extendieron a nivel nacional, buscando que no se rindiera esta. En diversas sedes dispuestas para la rendición se suspendieron, el DEMRE anunció la suspensión de la prueba de Historia y Geografía. Esta lucha se da en el contexto nacional de proceso álgido de la lucha de clases que continúa y sigue abierto con lo que estas acciones avizoran renovar las energías. Los partidos del régimen, una vez más incluidos los adaptados del Frente Amplio,  han salido a cuestionar estas acciones, condenando la “violencia” y el “sufrimiento”  de los estudiantes que no pudieron rendirla. Son los mismos sectores que firmaron el “acuerdo por la paz, el orden público y una nueva constitución” que logró mantener en pie al debilitado gobierno del Piñera. Así se ha continuado con un gobierno que ha reprimido las manifestaciones con asesinatos, mutilaciones, violaciones, y un sin número de vejaciones en contra de los trabajadores y el pueblo. Respaldado por el marco de un plebiscito para una reforma al Estado, el gobierno busca reventar a la juventud que ha sido el sector que encendió  la chispa de este proceso, ya que no han logrado hacerlos entrar en el acuerdo, o al menos en la pasividad.

Así es que al día de hoy el gobierno se ha querellado con la ley de seguridad del Estado contra jóvenes detenidos por luchar, así como se encuentra persiguiendo a los dirigentes juveniles de la agrupación ACES. En el mismo sentido sectores del consejo de rectores se han pronunciado a favor de rendir la prueba en recintos militares!. Esta política es continuidad de la ley de aula segura, y del Estado de Emergencia, que busca por la vía represiva cumplir con la parte del acuerdo del régimen para restablecer el orden público poniendo el aparato de Estado, judicial y policial a perseguir y reprimir a la juventud.

Asimismo el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar ( PH ) se limita a decir “esta  que sea la última PSU”, despegándose de las acciones concretas para poner fin esta prueba filtro de clases, queriendo orientar la lucha hacia la vía de la presión de los cambios parlamentarios. Lógica que explica los ritmos de lucha de las direcciones burocráticas de la mesa de unidad social, porque está pelea se sale de su “cronograma  de movilizaciones veraniegas”. Bajo la lógica de presionar para mejor negociar, hay que recordar que la burocracia del CdP apostó a cerrar el conflicto con los profesores a mediados del el año pasado, maquillando las promesas de proyectos parlamentarios prestando ropa a la ministra Cubillos, que no ha cesado en su línea reaccionaria en contra de los estudiantes y profesores.

POR UN CONGRESO EDUCATIVO DE DELEGADOS DE BASE PARA DISCUTIR Y VOTAR UN PROGRAMA Y UN PLAN DE LUCHA.

La PSU, que es uno de los mecanismo donde  devela con mayor claridad el carácter burgués de la educación, que busca reproducir mano de obra con nuevos contingentes obreros que se incorporan a la producción capitalista, así como la generación de cuadros burgueses, donde en la aulas se naturaliza la explotación capitalista. Es por esto que la lucha contra la PSU debe ser el puntapié inicial para dar una pelea mayor en contra de la educación burguesa en su conjunto. Se equivocan los que plantean como medida defender el carácter “publico” de la educación distinguiéndola de la privada. Hay que disputar la orientación del proceso educativo a la burguesía. Se debe impulsar un congreso de delegados de la educación para votar un programa y plan de lucha que no siga la orientación, ritmos y tiempos de la burocracia sindical. Entre algunos puntos programáticos se debe levantar las consignas por el fin a la PSU; el ingreso irrestricto y directo a las universidades; se debe asimismo para asegurar a la clase obrera el derecho al trabajo y a estudiar; se deben impulsar por los sindicatos de la educación el derecho a tener  las 4 horas dedicadas  al trabajo y 4 horas para estudiar pagados por las empresas; estableciendo convenios con las  universidades, entre otros puntos. Para esto es prioritario unificarse a la clase trabajadora poniéndose al servicio de la lucha por un gobierno obrero, y en lucha contra de la educación burguesa levantar un sistema único de educación.

El inciendio de 245 casas Valparaíso deja en evidencia el problema de la vivienda de las familias obreras, desplazadas hacia la periferia por la especulación inmobiliaria y comercial de las ciudades, junto con el alto endeudamiento que conlleva y los magros sueldos, surgen y crecen los asentamientos y poblaciones callampas, situación endémica de Chile y en general de los países semicoloniales.

El gobierno ha respondido con la receta habitual, otorgando algunos bonos para enseres y subsidios para arriendo. También entregarán subsidios para la reconstrucción de la vivienda de aquellos que son propietarios del terreno, pero no a los que se asentaron ilegalmente desplazándolos de su lugar de residencia y endeudándolos de por vida con hipotecas o dividendos. Es decir allí donde avanzó el fuego, ahora avanza el Estado para hacer valer la propiedad privada, dar suculentas ganancias a inmobiliarias, bancos y constructoras y finalmente otorgar dádivas y limosnas a los damnificados.

Por su parte la intendencia al mando del frenteamplista Sharp, se dedicó a colocarse rápidamente en la foto con el Piñerismo y represores como el intendente Guevara, cuadrándose con las mismas soluciones que declamativamente critica. Además de la alta desidia en la aportación de los míseros recursos municipales (ni baños de emergencia siquiera habilitó), pretende capitalizar y canalizar la alta solidaridad obrera y popular que despertó el siniestro, colocando hasta la cuenta bancaria del municipio para llamar a hacer donaciones. Cinismo extremo e impotencia de este representante del autonomismo municipal.

La primera y más enérgica ayuda llegó desde los sectores en lucha y organizaciones de trabajadores que no dudaron ni un minuto en comenzar las recolecciones, colocar el cuerpo para enfrentar los incendios, remover escombros y ponerse a disposición.

Es necesario levantar un plan de viviendas para la reconstrucción inmediata sobre los mismos terrenos de las poblaciones afectadas. Dicho plan debe abarcar a todas las familias obreras para hacer efectivo el derecho a la vivienda. Es necesario disponer de todos los recursos, financieros, técnicos y de materiales para este objetivo. Por ello es impresindible que junto con solidarizar, se imponga el control obrero sobre las empresas ligadas a la construcción y se disponga de todos los edificios públicos y privados, y viviendas ociosas, para utilizarlos como casa habitación donde se requiera.

El engaño del acuerdo por una nueva constitución, amañada por los partidos del régimen burgués, en un intento de estatizar las demandas de los sectores en lucha, no resolverá ni este problema y el resto. Es necesario avanzar en la organización independiente de la clase trabajadora para pelear por un programa de salida a la crisis, y luchar por un gobierno obrero.

El acuerdo por la paz, el orden público, y una nueva constitución, que significó un gran gesto de unidad nacional para salvar al gobierno de Piñera, dio un salto el miércoles 04 de diciembre con la votación por el parlamento y el senado de la llamada “ley antisaqueos”.

Esta ley contempla reclusión de hasta 5 años a trabajadores por “paralizar o interrumpir un servicio público… de transportes, hospitalario, de emergencia, de electricidad, de combustible, de agua potable y de comunicaciones”, este proyecto fue aprobado por prácticamente la totalidad del parlamento y el senado. También persigue a los que luchan penalizando a quienes lancen “elementos contundentes” o que realicen barricadas o que ocupen “bienes inmuebles de carácter industrial, comercial o agrícola…públicos o privados”. Toda una defensa de la propiedad privada capitalista y de las fuerzas represivas a su servicio.

La abstención del PC indicando que ellos sólo aprueban la penalización contra los saqueos, demuestra que están a favor de criminalizar la pobreza defendiendo la propiedad y acaparamiento de verdaderos saqueadores del pueblo, defendiendo a las grandes cadenas de supermercado como WallMart o Cencosud.

Además de esta ley se encuentra en trámite y con amplia adhesión de los partidos burgueses y pequeñoburgueses una reforma constitucional que implementará una especie de “Estado de Emergencia de grado menor” para colocar militares en la llamada “infraestructura crítica”, puertos, aeropuertos, hospitales, centros de abastecimiento de agua y luz, con el objetivo de una nueva intervención de las fuerzas armadas, esta vez contra algunos de los sectores obreros que han salido a luchar con más decisión como los trabajadores de la salud y los portuarios.

Con la vieja política del garrote y la zanahoria, estas medidas son presentadas por el ministro Blumel como la precondición para la puesta en marcha de la “agenda social”, basada en repartir algunas migajas tales como el incremento de la pensión básica solidaria en niveles de muy miserable a bastante miserable (a 165 mil pesos, U$200).

La profundización de la crisis económica, donde hoy hablan una “recesión técnica” (algo así como solucionable en el corto plazo según sus pronósticos de ajuste), ya han dejado más de 76 mil despidos desde octubre a esta parte. Una prueba más de que la burguesía revanchista descargará sin piedad los costos de la crisis sobre las espaldas de la clase trabajadora. Para aminorar los despidos el gobierno propone que las empresas en crisis eviten despidos disminuyendo jornadas laborales y salarios compensando parcialmente las pérdidas con los fondos acumulados por propios de los trabajadores en el seguro de cesantía, una verdadera ganga.

También discuten un ingreso mínimo de 300 mil pesos (U$ 360) consistente en un subsidio estatal para las empresas que paguen menos de esa suma, cuya discusión en el parlamento pasa por si va dirigido a todas las empresas y sólo a las pymes.  En rigor un verdadero incentivo para que los capitalistas reemplacen mano de obra barata por más barata, o aumenten el volumen de trabajadores subcontratados según las fórmulas de quienes defienden a los pequeños explotadores.

Luego del gran acuerdo por el orden público y la nueva constitución las luchas y movilizaciones disminuyeron su masividad, aunque no su contundencia. Las energías de amplias masas se disipan si no encuentran las vías organizativas y las perspectivas adecuadas para dar salida a la crisis, junto con el accionar de los lúmpenes organizados (carabineros) y no organizados (desclasados) que constituyen las arenas movedizas del caos sin organización y dirección. Las direcciones burocráticas de la mesa de unidad social, si bien se colocaron en la vereda crítica del acuerdo, intentaron impulsar paros de presión para sentarse a negociar exigiendo cambios al acuerdo constituyente y al mismo tiempo servir la mesa de negociación del sector público, sin denunciar la ofensiva de despidos y represión en curso buscando un modesto reajuste dado el marco de la crisis.

Es necesario indicar que un cambio a la constitución impulsado principalmente por aquellos que desean establecer un modelo de “redistribución de la riqueza” en la misma no resolverá los grandes problemas planteados por las luchas de los trabajadores y la juventud. El intento de refundar al semiestado chileno, atado por mil lazos a la dominación del imperialismo, como lo expresó el secretario de estado norteamericano Mike Pompeo ofreciendo ayuda para impedir que “protestas se conviertan en revueltas” en su “patio trasero”, es una perspectiva de corto aliento para edulcorar la democracia para ricos. No sólo porque no es un proceso estrictamente nacional, como lo demuestra la resistencia obrera y campesina contra la ofensiva reaccionaria en Bolivia o en Colombia con su tercer paro nacional, sino porque no existe viabilidad histórica para un nuevo tipo de Estado burgués.

Es vital que los trabajadores organizados en los grandes medios de producción intervengan en esta crisis para aportar una salida. Es necesario que los luchadores y la juventud vuelquen toda su energía para impulsar los métodos de acción y organización junto a los sectores obreros. Se debe establecer el control obrero junto a comités de abastecimiento en las grandes cadenas de supermercado; es necesario levantar comités de autodefensa ante cada lucha obrera incorporando a los juventud de la primera línea; se debe levantar un programa para incorporar masivamente a los desocupados a la producción ligándolos a los sindicatos, recuperándolos para la lucha de manos de la burocracia, imponiendo escalas móvil de salarios y horas de trabajo partiendo de un salario base igual al costo de la canasta familiar, los trabajadores retirados no deben tener pensiones inferiores al costo de una canasta de adulto; luchar por el pase a planta de los subcontratados como se conquistó recientemente en la USACH luego de años de lucha junto a los estudiantes; además de luchar por el derecho a la salud, la educación, la vivienda. Es prioritario que impulsemos un Congreso de Delegados de base de toda la clase trabajadora, que recupere los sindicatos, y vote un programa y un plan de lucha para enfrentar la política de miseria social y reacción en toda línea del gobierno, los partidos de oposición y el conjunto de las instituciones de la democracia para ricos.

Libertad y desprocesamiento de los luchadores obreros y populares

Comités de autodefensa para enfrentar la represión

Juicio y castigo a los represores, asesinos, violadores y torturadores

Por el control obrero de los de los grandes medios de producción

Impulsemos un Congresos de Delegados de Base para poner en pie una salida obrera a la crisis.

Abajo Piñera

Por un Gobierno Obrero

A crise política na qual está imerso o governo Bolsonaro não se traduziu em obstáculo para avançar em seu projeto de governo. As ligações cada vez mais claras do clã Bolsonaro com as milícias cariocas (relações que envolvem, inclusive, o assassinato da vereadora Marielle Franco/Psol em 2018), as quedas de braço com o STF, os vazamentos de conversas de procuradores da Lava Jato que implicam o atual ministro Sérgio Moro, a crise interna no PSL (acirrada por denúncias de corrupção em campanha) que resultou na saída de Bolsonaro da legenda e a criação de um novo partido, não impediram que o plano do governo de transferir os custos da crise econômica para a classe trabalhadora avançasse nas últimas semanas. Com estas medidas, o governo escancara a política imposta pelo imperialismo em sua decadência para reverter os efeitos da crise econômica e seu prolongamento por mais de uma década, repassando aos trabalhadores o custo da manutenção do aparato estatal como instrumento de dominação da burguesia. Tal política imperialista é hoje responsável pelos processos de luta radicalizados abertos em toda a América Latina.

O desmonte dos serviços sociais no Plano Mais Brasil

Após a Reforma da Previdência ser aprovada no Senado, o ministro Paulo Guedes apresentou um pacote com 3 PECs (Projeto de Emenda Constitucional) caracterizado, para os economistas burgueses, como um “novo marco da economia”. O “pacotaço”, cujo nome fantasia é “Plano Mais Brasil” tem como principal objetivo retirar a proeminência do Estado na economia, deixando prevalecer o setor privado. Segundo o governo, são medidas necessárias para retomar o crescimento e melhorar as contas públicas. Para nós, trabalhadores, o pacotaço tem um significado claro: perda de direitos e serviços sociais e maior exploração.

A PEC “Emergencial” possibilita a antecipação de gatilhos já previstos na regra do teto de gastos para frear o crescimento de despesas públicas. Para isso, permite que a União, estados e municípios possam deixar de promover funcionários (exceto para militares, policiais e servidores do judiciário), frear reajustes salariais, bem como reestruturações de carreiras e concursos públicos. Permite ainda que governos possam reduzir em até 25% a jornada e os salários dos servidores. A PEC dos “Fundos Públicos” permite que o governo utilize recursos “parados” em fundos para pagamento da dívida pública. Segundo o governo, existem 281 fundos que, juntos, possuem R$220 bilhões. A PEC também prevê a extinção da maior parte dos fundos no fim do segundo ano após sua aprovação.

Já a PEC do “Pacto Federativo”, prevê uma nova divisão dos recursos arrecadados entre União, Estados e Municípios, além das obrigações de cada governo com o uso destas arrecadações (dentre estes recursos, estão os provenientes das reservas do pré-Sal). Por exemplo, em relação à educação, a PEC desobriga o poder público a construir novas escolas. Atualmente, a Constituição prevê o investimento prioritário na expansão do ensino público quando houver falta de vagas e cursos regulares da rede pública em alguma localidade; com a aprovação da PEC do Pacto Federativo, os governos ficarão desobrigados a ofertar essas vagas. Segundo o governo, as vagas demandadas serão oferecidas via bolsas pagas pelo governo para instituições privadas, como um vaucher. Além disso, o ataque mais profundo neste pacote é a tentativa de incluir um dispositivo na Constituição que condicione os direitos sociais à sustentabilidade fiscal do Estado para as gerações futuras. A premissa é de que os “direitos não se sobrepõem à escassez”, ou seja, o Estado estará desobrigado a oferecer serviços sociais básicos como saúde, educação, moradia, previdência social se estes afetarem a sustentabilidade fiscal não apenas desta, mas das gerações futuras!

A Carteira Verde e Amarelo e a destruição dos direitos trabalhistas

Dias após a apresentação do pacotaço de Paulo Guedes, o governo Bolsonaro proferiu mais um duro golpe aos trabalhadores. Com uma Medida Provisória (MP 905/19) instituiu um programa de incentivo ao emprego denominado “Contrato de Trabalho Verde e Amarelo” além de outras alterações na legislação trabalhista. Na prática a MP é uma nova reforma trabalhista, aprofundando a de 2017. Esta última, aprovada ainda no governo Temer, legitimou os contratos de trabalho precarizados através da insuficiência de horas trabalhadas e/ou pela redução de direitos. Além disso, reduziu as garantias relativas a salários, férias e isonomia; alterou medidas que facilitam a demissão e dificultam o acesso dos trabalhadores à justiça para reaverem direitos expropriados pelos patrões. Ampliou a terceirização e reduziu o papel dos sindicatos nas negociações entre patrão e trabalhador, implementando a negociação individual.

Após dois anos da aprovação da reforma trabalhista, o cenário de empregos no Brasil é desolador. Os dados apenas comprovam o que todos sabíamos: a reforma trabalhista não foi feita para gerar empregos, mas para possibilitar o aumento da exploração da classe trabalhadora para que os empresários mantenham suas margens de lucro. O desemprego atualmente atinge 12,5 milhões de pessoas. Desde 2017, o número de trabalhadores informais e autônomos supera o número de trabalhadores com carteira assinada. E esse número só cresce: dos trabalhadores com alguma ocupação, mais de 41% estão na informalidade (cerca de 39 milhões de pessoas), 26% trabalham por conta própria e 8% são subocupados por insuficiência de horas.

Com a nova MP, o governo Bolsonaro aprofunda a reforma trabalhista ao instituir a modalidade de trabalho precário, a “carteira verde e amarela” (em oposição à Carteira de Trabalho, regida pela CLT).  Esta MP desonera empresas que contratem jovens de 18 a 29 na condição de primeiro emprego e com salários de até 1,5 salário mínimo (R$ 1497), incluindo o “percentual” de férias e décimo terceiro salário que estarão “embutidos” no pagamento mensal. As empresas podem assumir até 20% dos contratos nesta modalidade até 2022 e os contratos poderão ser de, no máximo, dois anos. Para sustentar esta desoneração das empresas, a medida prevê a taxação do seguro desemprego, com a cobrança previdenciária de 7,5%. Dessa forma, o governo Bolsonaro possibilita que as empresas ampliem seus lucros tanto pela desoneração fiscal quanto pela máxima exploração do trabalho e, ainda mais, transfere essa conta para os trabalhadores desempregados!

A MP ainda reduz os custos da demissão e dificulta a fiscalização, flexibilizando os registros de trabalho. Com isso, colabora cada vez mais com a ampliação da informalidade. Também amplia a desregulamentação da jornada de trabalho, permitindo o trabalho aos domingos e feriados sem pagamento adicional, inclusive para professores (o que era proibido). Permite o aumento da jornada dos profissionais bancários e a abertura de agências aos sábados. Ao ampliar as jornadas de trabalho, a medida contribui para aumentar o desemprego, que se aproxima cada vez mais de uma situação estrutural.

Através desta MP, o governo Bolsonaro também ataca diretamente os sindicatos, enfraquecendo cada vez mais seu papel para os trabalhadores. A MP promove a negociação individual, fragmenta as normas de acordos coletivos, retira os sindicatos das negociações e acordos para programas de participação de lucros e resultados e, além disso, destitui sua autoridade para fiscalização e interdição de locais de trabalho com risco iminente.

A MP também avança na precarização da saúde do trabalhador dificultando auxílios acidentes, retirando a obrigatoriedade de vistorias em instalações para liberação de locais de trabalho, além de instituir conselhos de saúde e prevenção de acidentes sem a participação de trabalhadores, dentre outras perversidades contidas na edição da medida.

É preciso levantar um plano de lutas para derrubar as medidas de Bolsonaro / Guedes!

O anúncio das medidas econômicas e da nova reforma trabalhista no início do mês não foi capaz de despertar as centrais sindicais e os movimentos sociais do imobilismo em que se encontram desde a aprovação da Reforma da Previdência ainda na Câmara dos Deputados, em agosto deste ano. Aliás, ainda no período de votação da Reforma, as centrais já demonstravam sua política de desmobilização dos trabalhadores e centralização de esforços na pressão parlamentar, no desgaste político do governo e, claro, na campanha Lula Livre! Inclusive, a libertação de Lula da prisão coincidiu com o anúncio do pacotaço do governo e a prioridade para as direções, então, foi celebrar a “restituição do estado democrático de direito” ao invés de iniciar a construção de um plano de lutas pela base contra mais uma onda de ataque aos trabalhadores.

O reformismo, como oposição ao governo, tem centrado seus esforços no desgaste político de Bolsonaro e não no enfrentamento de suas medidas de governo. Com isso, buscam se alavancar para o próximo processo eleitoral. Já as correntes centristas, priorizam sua atuação “combativa” no parlamento – questionando representantes do governo em comissões e promovendo denúncias no Conselho de Ética – demonstrando credulidade e total adaptação às instituições da democracia burguesa. Dessa forma, auxiliam cada vez mais a dissimular o caráter de classe do Estado e suas instituições. Suas defesas políticas perpassam a manutenção do estado burguês com mudanças institucionais que amenizem os efeitos da desigualdade que, por sua vez, é intrínseca à sociedade de classes.

É preciso, portanto, retomar a luta contra esses ataques com os métodos próprios da classe trabalhadora. Não podemos nos deixar cair na ilusão de que a crise política do governo, a atuação parlamentar ou as próximas eleições derrubarão medidas econômicas e sociais que estão sendo impostas, não apenas no Brasil, como em grande parte dos países semicolonais. É preciso que nos levantemos contra estes ataques!

Não podemos aceitar que as burocracias continuem entregando nossas conquistas. Para isso precisamos construir uma luta árdua com nossos próprios métodos de classe. É mais do que urgente que os trabalhadores deem uma batalha pela independência de classe no interior dos sindicatos, recuperando-os das burocracias sindicais, para colocar em pé um plano de lutas classista que derrube os ataques do governo. Não há saída para os trabalhadores dentro da democracia burguesa! É preciso construir a Greve Geral por tempo indeterminado para colocar abaixo o pacotaço de Guedes e os ataques de Bolsonaro!

El acuerdo por la paz y el orden público suscrito por todos los partidos del régimen, desde la UDI al Frente Amplio, le ha permitido a Piñera pasar revista en las escuelas de carabineros, levantar un proyecto de ley para que los militares intervengan en protección de “infraestructura crítica” (como hospitales!) y, por supuesto, imponer las condiciones del proceso electoral que impulsan. También envalentonó al matrimonio Allamand y Cubillos para exponer que nada cambiará con el cambio constituyente en un caso, y sacar el proyecto de “escuela sin partido” impulsado por el presidente brasilero Bolsonaro a raíz de videos donde jóvenes y niños corean consignas contra Piñera y los carabineros en las escuelas.

Con la vieja política de poner un huevo en cada canasta, los partidos que no firmaron el acuerdo del gobierno (PC, PH, PRO, Igualdad), impulsan su propio acuerdo levantando algunas demandas sociales y un catálogo de condiciones para el proceso constituyente, pretendiendo volverlo más democrático. Resulta llamativo que coloquen como norte el proceso de cambio constitucional de Colombia (1991), donde a 28 años del ajuste institucional del semi-estado Colombiano los trabajadores vienen de realizar una huelga general con amplias movilizaciones y enfrentamientos a las fuerzas represivas, contra las políticas de ajuste dictadas por el imperialismo.

Es justamente el problema de colocar el norte en una reforma o refundación de la democracia para ricos, sin cuestionar su contenido de clase. Lo que ha hecho eclosión como parte de un proceso regional de radicalización de la lucha de clases es la fachada democrática de la dictadura del capital, su envoltura acaramelada que recubre la dominación del imperialismo y que sólo puede atacarse si se llega a los cimientos del poder burgués, la producción.

Los llamados a paros y movilizaciones son respondidos por los trabajadores, las mujeres y la juventud con fuerza, audacia y creatividad. Sin embargo arrastramos las debilidades organizativas producto de la fragmentación y atomización de la clase trabajadora. A su vez las direcciones burocráticas en las organizaciones como la mesa de unidad social, pretenden utilizar al movimiento para fortalecerse como mediaciones en este proceso, levantan planes de lucha sólo como medidas de presión para las negociaciones parlamentarias.

Es necesario recuperar las organizaciones sindicales para los trabajadores expulsando a la burocracia, y al mismo tiempo unificar todas las organizaciones sindicales en una Central Única que aglutine a todo el movimiento obrero.  Es necesario que desde cada asamblea de sindicatos y federaciones, se impulse la necesidad de levantar un congreso de delegados de bases de toda la clase trabajadora. Donde se discuta un verdadero programa obrero para dar salida a la crisis, y un plan de lucha para ponerlo en marcha, basado en la independencia de las organizaciones obreras del Estado.

Por un salario igual a la canasta familiar

Por el derecho a la educación, salud y la vivienda

Libertad y desprocesamiento de los luchadores obreros, populares y de la juventud

Juicio y castigo a los represores.

Abajo Piñera

Por un Gobierno Obrero

Luego de un paro nacional el 12 de noviembre pasado, sin precedentes desde el retorno a la forma democrática del régimen burgués, el gobierno de Piñera evaluó volver a reponer el estado emergencia sacando a los militares a las calles. Según los trascendidos, éstos se habrían negado si no se les garantizaba la impunidad como sucede actualmente en Bolivia con el gobierno provisorio e inestable de Áñez quien mediante un decreto les garantizó que no habría consecuencias.

Independientemente de la veracidad de estos roces entre las instituciones del Estado, volver a sacar la carta de la confrontación militar luego de que la clase obrera interviniera decididamente en la escena hubiera resultado en una feroz resistencia de parte de los trabajadores y el pueblo, esta vez afectando a la base del poder burgués que se encuentra en la producción. Por esto es que Piñera, amenazando solapadamente con usar la “fuerza”, indicó que optó por “la razón” instando al conjunto de los partidos de la oposición a adoptar un acuerdo de unidad nacional “por la paz, el orden público y el total respeto de la institucionalidad democrática”.

Esto significó un cierre de filas de todos los bloques burgueses y contó con la adhesión de los partidos pequeñoburgueses del Frente Amplio, quienes se hoy atraviesan una crisis que los corroe por no poder respaldar semejante engaño ante los sectores en lucha. La base del acuerdo es ir hacia una “nueva constitución” mediante un plebiscito en abril y elecciones de constituyentes en octubre del 2020 junto con las elecciones municipales. Más allá de las argucias técnicas para reproducir los amañados mecanismos de representación parlamentaria, asegurando el peso de los partidos del régimen, este acuerdo no significa otra cosa que darle un tanque de oxígeno a un gobierno en crisis, pateando la crisis hacia adelante en un escenario altamente inestable. Ese mismo tiempo es el que está siendo aprovechado por la maquina burocrática y policial del Estado para encarcelar, reprimir y enjuiciar a los que luchan.

La separación de las masas y el Estado que se ha expresado de forma radical en distintos hitos de la lucha de clases no se va a cerrar intentando volver la política de las calles hacia el parlamento. El gobierno sabe esto perfectamente y trata de dar respuesta a los grandes problemas sociales planteados mediante algunas medidas redistributivas que otorguen algunas migajas aquí y allá, pretendiendo dar por cerrado temas, como la disminución del precio de los medicamentos o el aumento de las pensiones básicas solidarias en 50%, que pese al salto porcentual que significa, continuarán siendo pensiones de hambre sobrepasando apenas la mitad del salario mínimo.

Las expectativas por el cambio constitucional, presentado por reformistas y centristas como la salida a la actual crisis, ha provocado un cierto repliegue momentáneo de sectores más amplios de masas a la espera de una resolución a los grandes problemas. La insurrección de fuerzas elementales que se ha expresado en este periodo si bien ha enfrentado decididamente la represión, ha movilizado millones en todas las ciudades del país y ha realizado un paro histórico en la producción, no ha sobrepasado el marco de la legalidad burguesa sin provocar derrotas al Estado, y esto no puede hacerlo de por sí mismo dado su carácter espontáneo.

Se equivocan quienes creen que el cierre de filas de los partidos del régimen en un acuerdo nacional para salvar la democracia para ricos, y eventualmente reformarla, puede dar vuelta la página para volver a la “normalidad”. Los agudos procesos de la lucha de clases que recorren la región, como en Ecuador o Bolivia, y ahora con la intervención de la clase obrera colombiana, ha forzado a los gobiernos proimperialistas a utilizar la salida represiva utilizando los militares, teniendo la misma respuesta de los trabajadores y el pueblo, grandes luchas de masas que cuestionan a los semi-estados latinoamericanos y la dominación imperialista.

Aquello que es espontáneo es al mismo tiempo embrionario de lo consciente. Es preciso que los activistas y la vanguardia en lucha impulsen con fuerza medidas organizativas que tiendan a aglutinar a los principales batallones de la clase trabajadora y la juventud para dar una salida obrera a la crisis abierta. Se vuelve necesario al mismo tiempo debatir  un programa transicional que luche por llevar a los trabajadores al poder enfrentando al Estado. Es necesario también que las formas de organización obrera conserven absoluta independencia de la burguesía evitando confundirla con las estructuras políticas del poder burgués como los ensayos constituyentes. La lucha por las demandas democráticas debe estar ligada al fortalecimiento de la clase obrera como clase dirigente del conjunto de los explotados y oprimidos. La conformación de un partido revolucionario internacionalista, que es la reconstrucción de la IV Internacional, se plantea como un debate urgente de la vanguardia obrera y de la juventud.

El paro del martes 12 de Noviembre convocado por la Mesa de Unidad Social y diversas organizaciones fue contundente. A diferencia de los paros anteriores, además de los trabajadores del sector público movilizado, se expresó la adhesión de los sectores de la minería y de la industria que mostraron la predisposición y capacidad de lucha de los sectores productivos, que encorsetados por la legalidad burguesa, se manifestaron adhiriendo en numerosas empresas, bloqueando caminos, realizando paralizaciones parciales, asambleas en los lugares de trabajo o manifestaciones en las puertas de las plantas. Durante toda la jornada se concentraron cientos de miles en las principales capitales de todo el país en marchas masivas que se prolongaron durante toda la tarde y noche, teniendo a la juventud como un protagonista principal que con inagotable energía se enfrentaba a los contingentes de las fuerzas represivas, haciéndolos retroceder en muchas ocasiones, mejorando a cada paso los métodos en las barricadas, con un despliegue de provisiones y atención de heridos en la retaguardia que prolongaban los combates durante horas.

Fue un paro que tuvo características de huelga general semiinsurreccional, al día 25 de lucha y movilización.

La política de un cambio constitucional ha calado en las expectativas de amplios sectores de masas que ven en esta perspectiva de reforma a las bases jurídicas del régimen semicolonial una puerta de entrada para dar respuesta a las penurias de la población.

El debilitado gobierno de Piñera, acicateado por una crisis que es incapaz de cerrar, se ha abierto a la opción de cambio constitucional y pretende un gran acuerdo nacional con la oposición burguesa para fraguar esta salida en el marco institucional, o sea del mismo Estado o semi-estado capitalista, junto con una feroz persecución del brazo judicial contra los que luchan.

En la semana precedente el gobierno intentó cerrar la situación con una respuesta de manual, otorgando concesiones a sectores de la pequeñaburguesía con una serie de puntos de prórrogas y exenciones impositivas, o acceso al crédito para las pymes. Creyendo que con ese solo gesto ya tenía a los sectores medios en el bolsillo, pasó (el jueves 7/11) a delinear una política represiva con una serie de leyes para castigar  severamente a los que enfrentan a carabineros, resucitó la ley Hinzpeter (del odiado exministro de su primer mandato) para prohibir las huelgas y manifestaciones, llamó al COSENA (Consejo de Seguridad Nacional), con los representantes de los cuerpos represivos y legislativos, para dar una salida de “orden público”. Esta decisión no hizo más que encender los ánimos de la población que vieron una reedición del estado de emergencia, provocando una nueva manifestación multitudinaria al día siguiente, luego de una semana tomada por aguerridas luchas estudiantiles de miles de jóvenes que derribaban rejas de colegios para concentrarse en las plazas públicas. Los más de 200  casos de manifestantes que han perdido un ojo por el uso de balines, se vino a sumar a la bronca por las vejaciones de todo tipo realizada por carabineros, constituyéndose una oposición de masas a las fuerzas represivas, que impide que se asiente una base social favorable a una represión desbocada, habiendo desgastado (al menos momentáneamente) el recurso de la intervención militar.

Las fuerzas de la oposición en el congreso, han cerrado filas por la salida de Asamblea Constituyente, preparándose para discutir fórmulas o consensuar un plebiscito. Asediados y cuestionados también por el movimiento de masas pretenden desesperadamente encausar la lucha y discusión dentro de los canales orgánicos del régimen burgués, procurando retornar con ello a la “normalidad” de la charlatanería parlamentaria.

Lo que no tienen en cuenta quienes pretenden festinar a esta democracia para ricos es que esta situación es parte de un proceso agudo de lucha de clases que recorre Latinoamérica. La salida intempestiva de Evo, huyendo cobardemente de Bolivia, plantea a la clase obrera Boliviana organizar la resistencia obrera ante la ofensiva reaccionaria de la derecha y el imperialismo para aplastar el movimiento de masas, disciplinándolo mediante nuevas facciones pequeñaburguesas. Así también en Argentina con una transición ordenada por el FMI y contenida por la burocracia sindical que parapetará el gobierno de Fernández. O recientemente con la liberación de Lula sectores de la burguesía brasilera tratan de anticiparse a contener procesos explosivos de lucha de masas. Es necesario que la clase obrera del continente busque unificar sus luchas para enfrentar decididamente al imperialismo y sus burguesías acólitas, poniendo en el norte la lucha por una Federación de Estados Obreros de Latinoamérica.

Es prioritario que ante el salto en el accionar de los trabajadores busquemos profundizar la organización y la discusión programática, para una salida obrera a la actual situación. Por ello, es necesario hacer un llamado a todas las organizaciones obreras a poner en pie un Congreso de delegados de bases, que discuta y vote un plan de lucha, junto a un pliego de reivindicaciones hasta hacer caer al gobierno e imponer una salida independiente de clases.

Es necesario para los sectores de vanguardia de la clase trabajadora y de la juventud no difuminar las energías del torrente de masas, sino por el contrario hacer los esfuerzos necesarios para poner en pie un partido revolucionario internacionalista, que impulse la militancia obrera, retomando las lecciones históricas de las luchas de nuestra clase, para la resolución de la crisis de dirección revolucionaria, para la reconstrucción de la IV Internacional.

La fórmula FF ganó las elecciones sin tener que ir a balotaje contra Macri. Si bien se esperaba un margen mayor de diferencia, el Frente de Todos se impuso por 8 puntos.

El FIT-U sólo logró un 2%, siendo una de sus peores elecciones desde que se formó este frente. Fracasó un método centrista de relacionarse con las masas, con el que degradaron el programa revolucionario para tratar de dialogar con un sector de la opinión pública, pero sin embargo no pudieron capitalizarlo en votos. Su debacle no está en el porcentaje obtenido, sino en la desviación parlamentaria, por la cual sólo se limitan a intentar llevar la lucha de clases al Parlamento.

Un resultado electoral que no cierra la crisis

Todas las alas de la oposición burguesa y pequeño-burguesa festejaron que la situación de crisis en la Argentina se haya dirimido en las urnas y no en las calles, como está pasando en gran parte de América Latina. Un festejo quizás de corto tiempo ante el agravamiento de la crisis, no sólo nacional, sino en el plano internacional.

La prensa burguesa se apresuró a decir que estamos ante una transición ordenada y que, después del resultado de las elecciones, en el que Cambiemos obtuvo 40%, estamos ante la aparición de un nuevo bipartidismo. Intentan mostrar una normalidad inexistente en esta transición. Más bien lo que estamos presenciando es una política burguesa de contención ante el nivel de crisis del régimen político, cuando lo que está en juego es su supervivencia como clase. La descomposición de los partidos patronales, que aún no han logrado recuperarse de la crisis del 2001, impide la aparición de un bipartidismo. El PJ se rejuntó de forma precaria en contra de Macri. Por otra parte, el macrismo es una coalición electoral anti-peronista que perdió. Son coaliciones que no han logrado actuar de forma organizada con un programa que incorpore a un sector de masas a la política. Este último escenario aún no está planteado. El caso del PJ es quizás la expresión descompuesta de lo que los marxistas analizamos en las semicolonias como un frente popular en forma de partido, que después del proceso del 2001 logró incorporar en su coalición a organizaciones piqueteras conciliadoras.

Transición

Alberto debe pasar esta transición hasta el 10 de diciembre intentando que no se desequilibre nada de los acuerdos con el macrismo y que sea el gobierno saliente quien haga el trabajo sucio, que acentuará aún más la crisis social: cepo al dólar, congelamiento de tarifas, dejar pasar los aumentos de los precios, cierre de fábricas, despidos y suspensiones en grandes fábricas... Hermosa transición pactada.

Otra fracción de clase, igualmente al servicio de los explotadores

El nuevo presidente votado ha generado mucha expectativa en sectores de masas que creen que van a mejorar sus condiciones de vida ante el desastre del macrismo. Difícil. Los únicos que seguro seguirán ganando -ya lo dan por descontado- son las grandes empresas imperialistas, las grandes empresas nacionales, la patronal agraria y algunas pymes para las cuales los economistas FF ya preparan un sinfín de medidas para garantizar sus ganancias. Se prepara un nuevo acuerdo con el FMI, que de seguro será más pauperización para los trabajadores y el pueblo pobre.

Nada bueno puede venir de un gobierno de Alberto, que es un agente de los negocios burgueses y pequeños burgueses y que defiende a una clase que no es la nuestra. La característica estructural de las semicolonias es que son bonapartismos sui generis, una forma de poder estatal especial. Ya que la relación de dependencia con el imperialismo impide que las burguesías autóctonas tengan un carácter independiente, por lo que deben subordinarse al capital imperialista y definir cómo se van a relacionar con el proletariado. El macrismo se disciplinó de forma directa con el imperialismo norteamericano y atacó muy fuertemente al proletariado, con la complicidad de la burocracia sindical. Alberto es de otra fracción pequeño burguesa, que intenta tener otra relación con el imperialismo apoyándose más en el capital nacional y la burocracia sindical para mejor negociar las migajas con el imperialismo. Para generar esa nueva relación de fuerzas interna debe dar concesiones a las masas, pero ante el nivel de crisis, debe apelar primero a un supuesto pacto o acuerdo social que es, de hecho, una tregua para pasar el ajuste.

El acuerdo que busca con los empresarios, la burocracia sindical y la Iglesia es acordar los mecanismos para que la crisis la paguemos los trabajadores. El plan de Alberto de redistribuir y segmentar -cobrando impuestos- las tasas de ganancias de las distintas ramas de la economía, apunta a que el Estado sostenga artificialmente los negocios del empresariado nacional e internacional. La intervención de un semi Estado en la economía desarrolla capas parasitarias a costa de la explotación de los trabajadores.

Por eso debemos enfrentar a este gobierno, como lo hicimos con el macrismo, mostrando al conjunto de la clase cuál es el proyecto de la fracción FF y desenmascarar sus políticas estatistas para garantizar el pago al FMI y de la deuda externa.

Nos apoyamos en los ejemplos de lucha de nuestros compañeros de Chile, Ecuador y de otros puntos del mundo, que se levantan contra sus gobiernos y sus ajustes.  

Por una salida obrera y socialista.

Publicado en : www.cor-digital.org