sábado 7 noviembre , 2026 | 12:59
Las elecciones de 2026 pusieron de manifiesto la descomposición del bonapartismo sui generis en el Estado semicolonial brasilero. La tarea de los revolucionarios es transformar la energía de las calles en lucha, con el programa, los métodos y la independencia de clase, y no en base de otro gobierno del Frente Amplio burgués.
Tras terminar la primera ronda con una desventaja de 2,2 millones de votos, Lula venció a Flávio Bolsonaro por 51,79 % contra 48,21 %, sumando 10,4 millones de votos a su total en tres semanas. Sin embargo, esta recuperación no alteró el panorama político general que se había conformado en la primera vuelta, cuando el PL obtuvo 121 escaños en la Cámara de Diputados y el bolsonarismo en su conjunto se aseguró un tercio del Senado y seis gobiernos estaduales. El PT conservó la Presidencia, pero la oposición avanzó en el Congreso. La victoria de Lula por un estrecho margen y ante un Congreso dominado por la oposición bolsonarista plantea un escenario de mayor dificultad para la implementación de sus planes de gobierno, lo que agrava la débil gobernabilidad de la actual administración. La tendencia para el próximo período es, precisamente, el aumento de la crisis política entre los tres poderes.
Aun así, la idea ampliamente difundida entre sectores de izquierda de que el giro electoral y la reelección de Lula representan una victoria, o el «mal menor» para la clase trabajadora, debe ser refutada a partir de un análisis basado en los principios de clase. Es necesario examinar qué cambió entre las dos rondas, qué sectores sociales se movilizaron y qué posibilidades se abrieron para una intervención directa e independiente de los trabajadores. La definición de una política revolucionaria depende de este análisis, no de la adhesión a uno de los bandos que se disputan la administración del Estado.
Lo novedoso de las elecciones no estuvo en las urnas, sino en las calles y en las redes sociales. El 5 de octubre, un día después de la primera vuelta, una asamblea de estudiantes de la Facultad de Derecho de la UFF, en Niterói, se convirtió en una marcha contra el bolsonarismo. En pocos días, las marchas y asambleas se extendieron por más de cuarenta universidades en catorce estados y en el Distrito Federal, al grito de «Bolsonaro nunca más», en contra de la amnistía a los golpistas, por el fin del sistema de 6x1 y en defensa de la universidad pública. En cuestión de semanas, en la Avenida Paulista, se habló de cerca de un millón de personas. Al votar, el propio Lula admitió: «Nunca había visto nada igual». En las redes sociales, esta movilización cobró una forma organizada con la creación del «Ejército de Lula», un canal de WhatsApp creado por el diputado federal André Janones (Rede), que llegó a contar con 11 millones de «soldados». A través de mensajes, audios y «misiones», Janones convocaba a los simpatizantes a compartir publicaciones, comentar contenidos y promover hashtags, ampliando la circulación de mensajes a favor de la reelección de Lula.
Hay que tomar en cuenta el peso de la maquinaria gubernamental, que se vio obligada a hacer concesiones para intentar institucionalizar una posible radicalización de sectores del movimiento de masas y allanar el camino para el giro. Entre las rondas electorales, el Senado aprobó por 75 votos contra 1 la enmienda constitucional (PEC) para eliminar la semana de trabajo 6x1, promulgada el 16 de octubre. El gobierno ya había reajustado el programa Bolsa Familia antes de la primera vuelta y comenzó a prometer transporte gratuito los fines de semana. Y, para competir por el voto de los seguidores de Bolsonaro que buscan «seguridad», Lula apareció en televisión para defender la reducción de la mayoría de edad penal a los 16 años en el caso de delitos atroces. Las concesiones y la reacción en las calles fueron de la mano, con el mismo objetivo: salvar al gobierno y a la «democracia».
La reducción de la jornada laboral está sujeta a límites y contrapartidas. La Enmienda Constitucional 141 prevé una transición a 42 y luego a 40 horas semanales, dos días de descanso y sin reducción salarial, pero admite regímenes compensatorios mediante negociación colectiva y establece excepciones. El próximo período será de una batalla política de gran envergadura por la aplicación efectiva de la ley, contra la intensificación del trabajo y por el reconocimiento de los trabajadores precarizados. La medida favorece a los asalariados formales y deja fuera al 37,4 % de los trabajadores informales, repartidores y conductores de aplicaciones, para quienes no existe ningún horario. El hecho es que una ley complementaria aún determinará cómo quedará la situación de las pequeñas empresas. La redistribución de las horas queda a criterio del patrón, lo que abre la puerta a la intensificación de la explotación y a la búsqueda de productividad.
En la primera sesión bursátil tras las elecciones, el Ibovespa cayó un 13,88 % y el dólar subió un 8,21 %. La caída reflejó la expectativa de victoria de Flávio por parte de las fracciones burguesas vinculadas al capital financiero y más directamente al imperialismo, a pesar de todos los gestos de austeridad del «Lula 4.0».
Sin embargo, desde el punto de vista político, la turbulencia aumenta la presión para que el gobierno demuestre su compromiso con las metas fiscales y respete los límites de gasto. Dario Durigan, actual ministro de Economía, anunció propuestas para alcanzar el objetivo central de 2027: un superávit primario de 73,2 mil millones de reales, frente a los 36,6 mil millones de reales del límite inferior. La diferencia indica un esfuerzo fiscal aún mayor. El resultado dependerá de la recaudación y de las medidas adoptadas ante un panorama de recesión en la economía mundial. La pregunta es: ¿quién pagará el ajuste? ¿Los rentistas de Faria Lima o los servicios públicos y los trabajadores? ¿El Ejército de Lula/Janones estará en primera línea contra los ataques del Frente Amplio burgués?
Las movilizaciones fueron una expresión distorsionada del descontento de amplios sectores, sobre todo de la juventud y la pequeña burguesía. Hay en ellas algo de embrionario, pero su espontaneidad no es, como en un proceso que avanza de la seminsurrección a la revolución, «la forma embrionaria de lo consciente» de la que hablaba Lenin en el «¿Qué hacer?». Se explica más bien por la desaparición de las mediaciones. El PT se disolvió en una coalición electoral con sectores burgueses, con Alckmin como vice y el Centrão en los ministerios, y con una base social cada vez más reducida, principalmente de trabajadores. No fue el PT quien dirigió las manifestaciones, sino que se subió a la ola de ellas, y Lula, al reivindicarlas, ya está tendiendo el puente para convertirlas en la base social que el partido perdió hace mucho tiempo. El mismo agotamiento de las mediaciones atraviesa a Europa, con la crisis de la socialdemocracia y de sus burocracias sindicales, donde se combina con procesos de masas más agudos. La inestabilidad de los regímenes es la regla de esta etapa.
Por otro lado, el bolsonarismo, aunque en crisis, representa al bloque social sintetizado en las tres «B»: «Biblia, buey y bala», así como a las fracciones burguesas de esos sectores. Su figura más prometedora es Tarcísio de Freitas, reelegido en São Paulo con el 62,65 %, quien reconoció el resultado y pidió una oposición «vigilante». El clan se dispersa. Jair cumple arresto domiciliario; Eduardo vive en Estados Unidos con una orden de detención pendiente; Flávio se negó a reconocer la derrota, desobedeció la orden de la Corte Suprema Federal (STF) de entregar los pasaportes y huyó a EE. UU. con una visa otorgada por el gobierno de Trump. El PL, por su parte, reconoció la victoria de Lula. El bolsonarismo perdió a su caudillo de turno, pero cuenta con el aparato de las cámaras legislativas y los gobiernos estatales.
Se abre así un período de disputas entre las facciones de la burguesía representadas en las coaliciones electorales encabezadas por el PT y por el bolsonarismo para intentar reconstruir el régimen y cerrar la crisis abierta en las instituciones del poder. El caso del Banco Master, que la Policía Federal describe como el mayor fraude jamás registrado contra el sistema financiero, abarca desde el presidente del PP, Ciro Nogueira, hasta el propio Flávio, quien le pidió 134 millones de reales a Daniel Vorcaro para financiar una película sobre su padre. En este contexto, el Centrão desempeña un papel doble. Funciona como factor de estabilización del régimen en un sentido reaccionario —vale recordar que Motta y Alcolumbre pasaron dos horas con Lula el día siguiente a las elecciones para prometer «armonía entre los poderes»— y, al mismo tiempo, muestra el avance de su propia descomposición.
El mismo día de las elecciones puso de manifiesto los límites de la democracia burguesa y su descomposición. En São Paulo, en Salvador y en varias otras ciudades, a pesar de la obligación de ofrecer transporte gratuito, gran parte de la flota de transporte público se quedó en los talleres, lo que impidió que un enorme número de votantes llegara a las urnas. La crisis de los transportes públicos fue «resuelta» por un ministro de la Suprema Corte, por encima del propio TSE, con la orden de posponer por dos horas el cierre de las urnas. Esa orden sólo llegó a los centros de votación después de que la mayoría de las urnas ya se hubieran cerrado, lo que provocó desacuerdos y confusiones en los colegios electorales, lo cual alimentaría la narrativa de fraude electoral, incluso por parte del trumpismo. El gobierno de Lula 4.0 será un Frente Amplio aún más ampliado, un bonapartismo sui generis aún más decadente, exprimido entre el capital financiero, el Congreso de la oposición bolsonarista y del Centrão y las respectivas fracciones de la burguesía que estos representan, y las masas que lo reeligieron.
La intervención del imperialismo estuvo presente durante toda la campaña electoral. La crisis del gobierno de Trump sigue agravándose ante la inflación, el endeudamiento público y el aumento de las tasas de interés. Calificó las elecciones de «fraudulentas» y quedó aislado: los gobiernos de la región alineados con el imperialismo felicitaron a Lula, y un sector de la burguesía brasileña se distanció para no quedar vinculado a un gobierno con perspectivas complicadas. Hay que dejar claro que la debilidad de Trump no es la fortaleza de la soberanía nacional, tan pregonada por los llamados «progresistas». La penetración imperialista no es un factor externo a las elecciones. Está presente en la deuda pública que da renta a una tasa de interés real cercana al 9 %, en la cuenta de capital abierta que permite la fuga de capitales en cuestión de horas, en la estructura de exportaciones reorientada hacia las materias primas y en las «inversiones» en minerales críticos que el propio Planalto le ofrece a Washington.
En este contexto, el centrismo reafirmó su política de adaptación total a la democracia burguesa y llamó a votar por Lula. El PSTU tuvo una presencia activa en las calles, haciendo campaña para cambiar el voto en las estaciones de metro y en las manifestaciones callejeras; el MRT también actuó en defensa del «mal menor», también en las calles y con la política de «cambiar el voto», aunque sin ninguna declaración oficial, es decir, la tarea que le ha impuesto a nuestra clase de derrotar a la «extrema derecha». En conjunto, uno de sus argumentos fue la injerencia estadounidense a favor de Flávio, tratada como un factor externo, como si la penetración imperialista no estuviera arraigada en la economía del país y en el propio programa del gobierno. Se justificó como un intento de diálogo con las masas, pero que llevó las movilizaciones al callejón sin salida de las instituciones burguesas. La dinámica va de las calles a las urnas, de las urnas a la «gobernabilidad». Las direcciones estudiantiles ya han advertido que elegir a Lula «no significa renunciar a las reivindicaciones», lo cual no es más que oportunismo, ya que esas mismas direcciones se suman a las filas para «recuperar» una base social volátil, puesto que son la tropa de choque del gobierno.
Los centristas quedaron sumergidos en el voto a favor de Lula. Es necesario dar la lucha política para avanzar en el debate con su militancia y con el activismo que surgió en las calles, porque el próximo gobierno intentará reclutarlos como base de apoyo. Las oscilaciones de las masas se combaten con un programa. Esa es la tarea de los revolucionarios.
Es evidente que las movilizaciones surgieron de las elecciones, pero, una vez iniciadas, la intervención revolucionaria debe servir para que un sector del movimiento —en el que el proletariado actúa de manera diluida— avance hacia posiciones de enfrentamiento contra la burguesía y sus facciones políticas, y para demostrar que la salida nunca está ni estará en las elecciones. Lula ganó; por lo tanto, hay que enfrentar a su gobierno.
El Frente Amplio burgués de Lula/Alckmin intentará apoyarse en los sectores que se han movilizado, no sólo para contener la reacción de la oposición dentro del gobierno, sino también contra los sectores organizados de trabajadores que se verán empujados a la lucha. Las primeras señales ya son evidentes: la orden a los ministros de no “explotar” la fuga de Flávio, la prisa por hacer las paces con el Centrão y la promesa de un superávit. Por eso es fundamental combatir al gobierno de Lula a partir de la lucha por recuperar los sindicatos de las manos de las burocracias que se han convertido en parte de la estructura estatal, para que la clase obrera rompa con las ilusiones pequeñoburguesas en la democracia burguesa. En este sentido, la tarea que se nos plantea es levantar el Programa de Transición en su sentido original, desorganizar a la burguesía, golpeándola en su eje de sustento, que es la producción y la circulación del capital, y forjar, en ese proceso, la vanguardia capaz de superar la crisis de dirección revolucionaria.