Por Marcos Álvarez

Este domingo 14 de diciembre se realizará el balotaje electoral, donde se determinará quien compondrá la junta de administradora de los intereses capitalistas.

Ambos candidatos tanto la oficialista Jara (PC- Frente Amplio y ex concertas) y el ultraderechista Kast (representante de partidos pinochetistas), se aprestan bajo distintos matices a administrar los intereses de la burguesía. Ambos candidatos coinciden en el reforzamiento del aparato represivo del estado burgués y la criminalización de la clase obrera. Ambos coinciden en continuar con esta línea de “orden burgués” y reivindican los desalojos y la represión a las tomas por vivienda, solo que se diferencian en los ritmos en que se llevara a cabo, y si se hará mediante el garrote y la zanahoria como lo hace el gobierno de Boric (con la maniobra ante las  elecciones de expropiación parcial que solo significa división y engaño para la toma de San Antonio), o con la línea de respetar los fallos judiciales, lo que significa el garrote directamente como lo anuncia el ultraderechista Kast.

La línea del imperialismo para Latinoamérica es la de reforzar su dominación sobre su patio trasero, mediante una política más agresiva. Como lo vemos en Venezuela, o con los planes de reformas laborales como la que busca imponer Milei en Argentina, que toma la receta del gobierno “progresista del PC- Frente Amplio” para establecer flexibilidad de jornada y acuerdos individuales, o con la burocracia sindical.

Para la burguesía se trata de imponer una relación capital- trabajo para asegurar su pervivencia como clase parasitaria. En ese sentido se inscribe el debate sobre el fin de la “indemnización por años de servicio”, que amaga Kast para añadir aún más flexibilidad concediéndole uno de los anhelos más importantes que ha tenido la patronal. En todo caso, con Piñera las patronales buscaron que se hiciera una reforma a las indemnizaciones pero esto hizo mucho ruido en la clase obrera que lo tiene como una conquista mínima ante el despido arbitrario de los patrones, y que puede convertirse en un factor que incendie la pradera. No es descartable que la burguesía reavive este plan, tomando en cuenta la fragmentación y estatización de los sindicatos que se encuentran atados a la legalidad burguesa, y al accionar traidor de la burocracia, que durante el gobierno actual pactó una tregua con la burguesía para dejar pasar los ataques contra la clase obrera con despidos, flexibilidad, y ajustes.

En este escenario burgués de elecciones llamamos a votar nulo.

Por una salida obrera

Ante la crisis de la vivienda, los despidos, y ataques a las condiciones de la clase obrera y el pueblo, debemos imponer el control obrero por rama de la producción, la escala móvil de salario y de horas de trabajo. Debemos impulsar un congreso obrero con delegados con mandatos y revocables para discutir un plan de lucha ante estos ataques y forjar una salida obrera.

Debemos saldar la crisis de dirección revolucionaria, unificando a la vanguardia para preparar las próximas batallas. Se hace necesaria la construcción del partido de la revolución proletaria mundial, la Cuarta Internacional.

Por Carlos Reyes

La dominación capitalista en su afán de acumulación y ganancias de riquezas a costa de la superexplotación de la clase trabajadora y el pueblo pobre, es indiferente en torno a las necesidades básicas de las masas oprimidas. Solo a costa de lucha y organización obrera y popular se han podido conquistar mínimos derechos sociales, los que constantemente corren el riesgo de ser arrebatados.

En los países dominados por el imperialismo (semicolonias) la situación es aún más grave. La dependencia económica y el saqueo de las riquezas, garantizada por gobiernos títeres, imposibilitan obtener o sostener en el tiempo mínimos derechos en salud, educación, entre tantos otros.

En la larga lista de carencias que impone el capitalismo, una de las que más duele es la negación al derecho a vivienda.

Históricamente las clases oprimidas han sido abandonadas a su suerte con el tema de disponer de un espacio donde residir. Las privaciones de todo tipo siempre han sido la norma.

Pero en la medida en que el capitalismo surgía y se expandía hacia cada rincón del planeta esta situación se exacerbo. Los centros urbanos crecieron como nunca antes, a costa de la explosión demográfica que produjo la presionada migración campo-ciudad, única forma para garantizar la dominación capitalista sobre la clase obrera y el pueblo pobre.

De este modo la burguesía impuso una configuración de las ciudades acorde a un diseño clasista, segregador y físicamente muy limitado, del que también sacan jugosas ganancias los capitales dueños de constructoras e inmobiliarias, quienes en la práctica controlan la edificación de las llamadas viviendas “sociales”.

Al dejar esta problemática al mercado, el estado burgués jamás pudo y podrá dar solución al derecho a techo. Siempre pondrá en primer lugar la propiedad privada ante las “soluciones habitacionales”.

Chile no ha sido la excepción a esta realidad. Los trabajadores hemos tenido que luchar constantemente por conquistar un sitio donde vivir.

A mediados de la década del 50’ del siglo pasado comenzaron una serie de tomas en las periferias de las ciudades que decantaron en grandes poblaciones. Se debió enfrentar al estado y sus fuerzas represivas para imponer el derecho a casa.

Posteriormente se establecieron desde los gobiernos de turno, escuálidas políticas públicas sobre la vivienda; en donde reina la especulación por parte de los propietarios de terrenos y la banca se enriquece a costa de endeudar de por vida a las familias de escasos recursos.

A partir de ese contexto han surgido múltiples organizaciones de pobladores que se organizan en torno a la demanda habitacional. Algunas de ellas solo con el afán de escalar en puestos de la institucionalidad burguesa, como lo es actualmente “UKAMAU”, y otras ubicándose desde una izquierda critica al modelo, pero en una lógica de presión al régimen que a larga altera muy poco la desidia del régimen en torno a esta materia.

La democracia burguesa al servicio de la propiedad privada y el capital inmobiliario.

La demanda de la “casa propia” siempre ha sido un factor de organización y lucha contra el estado y la propiedad privada.  Desde el nacimiento de históricas poblaciones con las tomas, las protestas contra la paupérrima infraestructura de las viviendas “sociales” (“casas Copeva” “casas chubi”) y el surgimiento de comités de allegados y agrupaciones de deudores habitacionales, hasta hoy se ha mantenido una continuidad organizacional en torno a esta problemática.

Los muy escasos avances en esta materia solo han sido fruto de la lucha de los cientos de organizaciones que se desenvuelve en este plano de la lucha contra el capitalismo. Pero es insuficiente.         La crítica situación que afecta a miles de familias trabajadores sin hogar nos obliga a desconfiar de los gobiernos y sus migajas.

Modestamente afirmamos que el derecho a vivienda se debe conquistar desde la clase obrera y sus sindicatos. Golpeando donde más le duele al capital, en sus industrias, faenas y servicios. Ejerciendo el control de los trabajadores sobre la patronal, la producción y la administración. De esa manera se podrá instalar e imponer la demanda hasta el final.

Al gobierno Boric no le ha temblado la mano a la hora de desalojar y reprimir con fuerza decenas de tomas, dejando a cientos de familias en la calle (toma “Dignidad”, “Cerro 18”, etc.).

Un caso dramático es el de la toma de San Antonio. Mas 4500 de familias trabajadoras se han enfrentado a meses de estigmatización y de amenazas de desalojos que se concretarían en enero del 2026.  Ante la potencial crisis humanitaria que produciría tal situación, el ministro de vivienda salió a poner paños fríos anunciando una falsa “expropiación” y un programa de construcción a largo plazo.

No debemos confiar en las instituciones del estado ni en las organizaciones que nos hacen sembrar esperanza en ellas.

Se debe expropiar esos terrenos y el de todas las tomas existentes sin indemnización y su reconstrucción y mejoras deben ser bajo control de las organizaciones obreras y populares. Todo esto en coordinación con los sindicatos de la construcción e industrias afines que deberán poner a disposición mano de obra pagada por sus patronales y también expropiar los materiales necesarios para las obras

Debemos imponer a la burocracia sindical un congreso de delegados de base que defina un plan de lucha para alcanzar una solución habitacional definitiva para todos los trabajadores.

En ese congreso se deberá desde señalar los métodos de cómo enfrentar la represión en los desalojos hasta pensar la planificación de los nuevos y mayores barrios obreros que se construirán sobre las ruinas del régimen burgués.

Saturday, December 13th. 6pm (France-Italy) - 12pm (US-East) - 9am (US-West).

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Confront the imperialist aggression of Trump and his puppets with the methods of the working class.
For a Federation of Socialist Republics of America.

Las elecciones del pasado 16 de noviembre dieron un amplio respaldo al conjunto de los partidos de derecha y de extrema derecha llegando a obtener de conjunto más del 50% de los sufragios (Republicanos, Nacional Libertarios y ChileVamos).

Pese a obtener la primera mayoría (con un 27%) la candidata del oficialismo obtuvo un resultado que no le permitiría remontar en una segunda vuelta presidencial.

Se repite el escenario de votación de segunda vuelta presidencial del 2021 que enfrentó a Boric con Kast (hoy Jara con Kast), que terminó dando el voto al actual gobierno pretendiendo expresar un “programa de transformaciones” que daría respuestas al “estallido social del 2019”, en su enfrentamiento al “fascismo”.

Ya en aquella votación de voto voluntario fueron a votar poco más de la mitad del padrón, en una expresión de la separación de las masas con el Estado. Hoy, pese a que Jara proviene del PC, es muy difícil “vender” su figura como la de una adalid de lucha contra el fascismo. No sólo por batir el record de “volteretas” políticas que ostenta el presidente, sino por tratar de renegar una y otra vez del mote de “comunista” presentándose como una genuina “socialdemócrata”, representante de un escudo protector de la “república democrática”.

Ese desgaste del efecto de la opción del “mal menor” es cosecha directa de las políticas represivas, antiobreras y de maquillaje institucional que fueron la tónica del actual gobierno. Esto sin contar que la evidente disputa de cargos y fondos que implica la disputa del “botín del Estado” dejó al descubierto su “espíritu republicano” en decenas de casos de corruptelas.

Persecución y encarcelamiento de activistas sociales; represión de luchas obreras y estudiantiles; batería de elecciones burguesas (constituyentes) y leyes reformistas para imponer políticas reaccionarias (salvataje AFP, flexibilización laboral); impunidad para policías y militares; ajustes presupuestarios por vía administrativa; cooptación estatal de “movimientos sociales”; entre muchas medidas que pintan el cuerpo un gobierno que desenvolvió la política de reacción de la burguesía para intentar restablecer el sistema de dominación del capital imperialista luego que fuera cuestionado por la semiinsurrección espontánea del 19.

Pese a estas políticas de cooptación y represión (sumemos el efecto reaccionario de intervención estatal en la Pandemia) no lograron imponer una derrota categórica a la clase trabajadora, aunque sí lograron contener y desviar hasta desvirtuar todo proceso de lucha y organización.

Entendemos las elecciones burguesas como una expresión distorsionada de las relaciones entre las clases. Tanto el resultado favorable a las fuerzas burguesas más reaccionarias, así como las expresiones más “anticasta” “pro-clasemedia” de la tercera fuerza (Parisi), igualmente reaccionarias, no son una cheque en blanco que permita al gran capital arrasar con ajuste y represión. Eso es algo que lo resolverá la lucha de clases y no el escenario electoral para renovar el personal que administre los negocios capitalistas.

Figuras como Kast o Parisi, representan los sectores más parásitos de esa burguesía rentística del capital financiero. Las políticas que impondrán, distintas en matiz de las de un Boric o una Jara, serán las que la burguesía está ensayando en distintos países como Grecia o Francia, de mayor flexibilidad laboral, ajuste fiscal, aumento de la edad jubilatoria, etc. Así como Milei, el más disciplinado de los discípulos del imperialismo en la región, intentarán un mayor alineamiento con la ofensiva del capital en medio de su descomposición, no sin enfrentar procesos de lucha y organización.

Lamentablemente organizaciones que se llaman revolucionarias aún no sacan lecciones de su apoyo a Boric en las elecciones pasadas, como también es lamentable la adaptación del centrismo al régimen buscando “enfrentar a la derecha” desviviéndose por empatizar con la “opinión pública”.

La fragmentación y atomización de las filas obreras, y el accionar de la burocracia sindical, sus políticas estatistas, etc., son uno de los escollos primordiales para superar. Se vuelve necesario que la vanguardia se prepare con un programa revolucionario para levantar una dirección revolucionaria internacional, que apunte a organizar a nuestra clase y armarla con un programa de transición que nos coloque en el umbral del poder, en lucha por la revolución socialista.

A recente operação policial, denominada Operação Contenção, acionada nos Complexos do Alemão e da Penha, na Zona Norte do Rio de Janeiro, não pode ser compreendida senão como a expressão mais aguda e sangrenta da violência de classe inerente ao Estado burguês. Mobilizando 2.500 agentes, blindados e helicópteros, a ação resultou em um número de mortos que, após a mobilização dos moradores para resgate dos corpos, chegou a 121 vítimas, além de 113 presos, sendo a mais letal da história, ultrapassando o Massacre do Carandiru (1992), configura-se como um marco que evidencia os efeitos mais perversos das tendências abertas pela conjuntura de crise que se aprofunda diante da decomposição do imperialismo e sua expressão nos bonapartismos sui generis e a reação burguesa por meio dos seus governos de turno para a manutenção do seu poder político e econômico.

A operação impôs uma espécie de estado de exceção, paralisando escolas, universidades, postos de saúde e inviabilizando o transporte, gerando um colapso urbano e prejuízos objetivos à classe trabalhadora da cidade. O rescaldo final só ocorreu porque os próprios moradores resgataram e enfileiraram os corpos em uma praça, muitos deles apresentando sinais de execução sumária (tiros na nuca, facadas e decapitações). Essa cena é a mostra de uma tentativa de ocultação. O veto da Polícia à presença de Defensores Públicos no IML tinha a clara finalidade de esconder da opinião pública os sinais da barbárie. Para além do massacre, seguem agora as ações de assédio da Polícia Militar às famílias das vítimas e aos moradores que tentaram registrar em vídeos a execução dos extermínios.

O cotidiano da favela se torna, sistematicamente, uma zona de guerra permanente. Trata-se da materialização violenta de uma política de Estado semicolonial enraizada na superexploração de classe e  no racismo estrutural, legitimada pela máxima reacionária, amplamente difundida pela ideologia burguesa de combate ao crime “bandido bom é bandido morto” e instrumentalizada como ferramenta de disputa política na conjuntura pré-eleições gerais.

A violência do Estado no Brasil avança em meio a um aprofundamento da crise social, marcada pelos impactos diretos de políticas de corrosão de direitos, dos serviços sociais básicos e pelo aumento da exploração via precarização do trabalho na relação com o capital que avança via reformas, privatizações e políticas de austeridade fiscal. A flexibilização das relações de trabalho culmina na precarização das condições objetivas de vida da classe trabalhadora, sobretudo, os moradores em favelas e das periferias de conjunto.

O avanço da crise no mercado de trabalho, gerando a alta informalidade, a uberização e os baixos salários, produzem uma situação catastrófica, que empurra grande contingente da juventude moradora de favela, ao tráfico de drogas, algo que no Brasil é estrutural, pois totalmente atrelado aos atores e instâncias do Estado burguês, na sua divisão social do trabalho. No Rio de Janeiro, a proximidade física entre bairros abastados e favelas, onde cerca de 22% da população vive em situação informal e com acesso precarizado aos serviços básicos, evidencia a segregação e as disparidades nas condições de vida. A taxa de desemprego entre jovens (10 a 24 anos) é de 20,5%, sendo a maior taxa do país para este grupo. Cerca de 202 mil jovens fluminenses estão desempregados nesta faixa etária.

Para além do tráfico, o crescimento da presença das milícias no território e de seus representantes nas esferas de governo ampliam o terror nas comunidades. A guerra territorial entre traficantes e milícias  pode pressupor a ideia de "poder paralelo" e suas regras próprias. Esse controle coercitivo e extorsivo dos grupos armados impacta diretamente o cotidiano das comunidades. A dinâmica dos combates entre as facções e milicianos, somado às operações policiais frequentes, geram uma situação de barbárie, historicamente jamais superada. 

Todavia, sendo o Estado o instrumento de dominação de classe - no caso, da burguesia no sistema de produção capitalista - não há materialidade na ideia de um “poder paralelo” ou de um “Estado ausente” utilizada para justificar o crescimento do narcotráfico no estado semicolonial brasileiro. O que ocorre no Rio de Janeiro, e também em outros estados e regiões dominados por facções e narcotráfico, é que o Estado negocia e regula sua forma de presença nos espaços populares. Objetivamente, funciona como um tipo de agência reguladora do crime que organiza ou desorganiza as facções desde dentro, garantindo a previsibilidade e a estabilidade dos arrendamentos territoriais que permitem a continuidade do negócio do crime. Vale observar que o massacre se concentrou no território do Comando Vermelho, mas poucas operações significativas ocorreram em áreas dominadas pelas milícias da Zona Oeste e Baixada Fluminense, que são a base eleitoral do Governador Castro. A letalidade seletiva, ao poupar líderes e milícias, revela que pessoas são assassinadas para fins políticos e econômicos. Vale lembrar que as cadeias produtivas do narcotráfico são internacionais e, cada vez mais, ampliadas globalmente pelo mercado financeiro e que, portanto, seus verdadeiros operadores encontram-se muito longe das favelas do Rio de Janeiro.  

O governo de Cláudio Castro (PL) adota uma política que avaliza a prática do homicídio em serviço como métrica de produtividade, incentivando a dita "gratificação faroeste" (bônus de até 150% do salário para policiais por aniquilar suspeitos). Embora o governador tenha vetado a lei do bônus, ele não vetou sua lógica, que continuou a ser estimulada. Meses antes da chacina, o governo atuou politicamente para esvaziar os freios jurídicos impostos pela ADPF 635 (ADPF das Favelas), buscando a liberação total da força letal.

Castro classificou publicamente os integrantes do CV como "narcoterroristas", uma terminologia que visa transformar o alvo em um inimigo de guerra cuja aniquilação é justificada, impondo um estado de exceção à própria justiça burguesa e delimitando o campo político ideológico mais reacionário. Isso também se alinha ao fato de o governo do Rio de Janeiro ter fornecido um relatório de inteligência ao Consulado dos EUA com o objetivo explícito de classificar o Comando Vermelho como uma Organização Terrorista Estrangeira (FTO). Essa busca pela classificação FTO, expressa mais uma frente de ação dos setores da burguesia nacional mais alinhados ao imperialismo e, especificamente, com a política intervencionista de Trump para a América Latina, pois a classificação permitiria aos EUA imporem sanções financeiras diretas e estender a jurisdição dos EUA sobre instituições e indivíduos no Brasil, que já fora concretizado no contexto político do julgamento de Bolsonaro. 

Está claro que a questão da violência urbana e o combate ao narcotráfico está sendo instrumentalizada como um dos debates centrais para o período eleitoral e a operação policial do Rio de Janeiro se reveste como arena crucial na disputa entre setores que polarizam a política burguesa no país. Há um ano das eleições, o débil governo de Cláudio Castro (PL), com a Operação Contenção, reativou momentaneamente a “extrema direita” que estava cambaleante, desde a crise dos Bolsonaro. Observava a reação da Frente Ampla a partir do tarifaço de Trump e a adoção da falácia da defesa da soberania nacional.

Após a Operação Contenção, acirrou-se a disputa no Congresso Nacional relacionada à pauta da segurança e sobre a forma de combate ao narcotráfico. A Frente Ampla burguesa Lula/ Alckmin propôs o projeto de lei "Antifacção", que busca definir legalmente facção criminosa e oferecer novas ferramentas de investigação às autoridades, como a possibilidade de infiltração em empresas e o monitoramento de comunicações em unidades prisionais. Adicionalmente, o governo busca aprovar a PEC da Segurança Pública, que tem como objetivo promover uma maior integração entre as polícias federais e estaduais, com foco em inteligência e coordenação. A oposição também se articulou, defendendo a equiparação de facções criminosas a grupos terroristas, o que resultaria em penas mais rigorosas e poderia facilitar a cooperação internacional. O setor mais reacionário também deu seguimento à instalação de uma CPI para investigar o crime organizado.

Os eventos deflagrados pela ação violenta do Estado do Rio de Janeiro, devem ser entendidos no marco da decomposição dos estados semicoloniais na relação com o imperialismo decadente. Nos bonapartismos sui generis as disputas interburguesas se acirram ainda mais, para definição de quem será aquele que melhor aplicará as políticas definidas pelo imperialismo e seus organismos. Lembremos que Lula uma semana antes da Operação tinha iniciado, na Malásia, negociações com Trump sobre o tarifaço, e uma semana depois ficaria com todo o holofote voltado para si na COP30. 

Em meio às análises midiáticas e as disputas discursivas / eleitorais sobre quais as melhores políticas para administração dos negócios da burguesia e o enfrentamento da sua banda podre - de forma mais “inteligente e unificada” ou mais “bélica”- , a Operação Contenção demonstra que o terreno da disputa é econômico e não territorial. Levanta-se, inclusive, que a Operação tinha como objetivo a “queima de arquivo” de lideranças do Comando Vermelho que poderiam implicar figuras do governo no comércio do armamento pesado presente nas favelas. Enfim, a Operação desmascara que a classe trabalhadora é bucha de canhão do Estado como representante da burguesia e suas diferentes frações, que disputam por mercados, lucros e instrumentos de dominação.

Ante a essa conjuntura, as direções políticas e sindicais dos trabalhadores, seguem como muro de contenção e da política do governo federal. Sequer levantaram a paralisação dos locais de trabalho como forma de garantir a segurança dos trabalhadores em meio ao cenário de guerra instaurado. Está mais do que claro que todo movimento é orquestrado visando a disputa eleitoral do próximo ano. A Frente Ampla burguesa Lula/Alckmin defende os interesses da burguesia e busca se demonstrar um executor “responsável” da política do imperialismo.

Em última instância, é necessário a imposição do corte de classe na análise da questão da segurança pública. Os governos de plantão trabalham única e exclusivamente para construir saídas aos seus negócios e interesses, em sua maioria dirigidas pelo capital de monopólios internacionais, o que concretamente revela o grande engodo que se levanta junto ao combate ao Narcotráfico. 

Há cenário recessivo, inflacionário e de aprofundamento das crises, os limites das lutas dos trabalhadores esbarram na crise de direção revolucionária que se acentua na condução das direções reformistas e burocráticas agindo como muro de contenção das lutas políticas contra o capital e seus agentes.

A tarefa apresentada de conjunto pelo reformismo e o centrismo aos trabalhadores, mais uma vez, é vencer as eleições. O movimento de massa deve enfrentar essa Frente Ampla, mas também derrotar as políticas reformistas e da adaptação centrista ao Estado burguês. A política do centrismo (PSTU e MRT) resume-se às denúncias e exigências aos governos e ao Estado, passando pela desmilitarização imediata das polícias, fim da "Guerra às Drogas," que serviria de complexo ideológico para o extermínio, exigência de uma investigação imparcial das mortes e a responsabilização dos governantes que promovem a letalidade, ou seja, mais uma vez buscando uma melhor administração do Estado burguês como se o conteúdo de classe burguês pudesse ser descolado do Estado burguês.  

O fato é que não direcionam as ações da classe com impacto na produção. Qualquer ação deve estar atrelada, portanto, a um programa operário que de fato paralise a produção para a imposição de nossas demandas e pautas. Os sindicatos devem assumir um papel importante na organização dos trabalhadores frente à violência estatal. É preciso organizar a autodefesa e impor os métodos de classe que avancem na desorganização da burguesia e coloquem em xeque suas formas de dominação através de um programa transicional que ataque as bases da política imperialistas e suas expressões nos governos de turno das semicolônias.

Como caracterizou Trotsky, em 1938, o maior problema que se coloca, diante do estágio atual de decomposição do imperialismo, é a ausência de direção revolucionária, que coloque a centralidade da luta nos processos de produção do capital, desorganizando a burguesia. Para que essa direção consciente se forje na luta, é preciso levantar a necessidade da recuperação dos sindicatos e organismos de classe, da retomada dos nossos métodos próprios de luta, do internacionalismo proletário, da construção de um partido revolucionário, a IV Internacional.

El escándalo de corrupción por las coimas de Karina Milei y sus aliados Menem, sumado al descalabro económico de CosiToto, ha colocado al gobierno al borde del helicóptero. Esto ha mostrado la podredumbre de un régimen político, con carpetazos de la SIDE y acusaciones de conspiraciones de rusos, venezolanos y vaya a saber quién más. Expresa la derrota de una burguesía lumpen aliada al imperialismo que no logra estabilizar al semi Estado con un elenco dirigente que le garantice sus negocios. La burguesía parásita y sus aliados pequeñoburgueses en el gobierno son conscientes de que se están hundiendo, pero en el camino le dicen a los trabajadores y el pueblo: “soy consciente de mi debilidad, pero si yo me hundo me los llevo puesto también a ustedes”.  Ese es el discurso desesperado de una clase en peligro, que está dispuesta a todo.

En este marco se inscriben las elecciones de medio término, que no pueden solucionar nada ante el nivel de crisis, pero intentarán configurar nuevas coaliciones políticas, vía la “liga de gobernadores” para darle alguna sustentabilidad para que el gobierno llegue al 2027. Un sector del arco político seguirá apostando a contener vía el parlamento las reivindicaciones inmediatas de las masas, por ejemplo, con las leyes para los discapacitados, las jubilaciones, la salud y las universidades, intentado legalizar el descontento para que no se salga de los marcos del régimen. Ese es el plan de los que van a defender al Estado y sus instituciones y van a intentar que esta crisis política, económica y social tenga una salida reaccionaria y no revolucionaria. Los que estuvimos desde el primer día en la calle contra Milei fuimos nosotros, no los K ni los Kicillof ni menos la burocracia sindical pero ahora ellos quieren volver como los salvadores, cuando fueron los cómplices.

Es tarea de los revolucionarios intervenir en este escenario, postulándonos como dirección revolucionaria con un programa transicional de salida a la crisis. Tenemos que impulsar asambleas en los lugares de trabajo con la moción de imponer un paro general activo en el camino a una huelga general que prepare las condiciones para echar a Milei y por un gobierno obrero. Tenemos que romper la envoltura democrática que nos impone el capitalismo y sus instituciones, ya que detrás de esa envoltura se esconden la dictadura del capital y sus leyes. Sólo debemos confiar en nuestras propias fuerzas y en nuestros métodos de lucha y de esa manera nos vamos a ganar a la mayoría de la población en la necesidad de la conquista del poder. Abramos este debate en la necesidad de construir un partido revolucionario y la reconstrucción de la IV internacional.

Desde la COR nos solidarizamos con la dirigente del Partido Obrero, Vanina Biasi, procesada por denunciar en redes sociales el genocidio contra el pueblo palestino. La causa fue iniciada por el fiscal Stonelli junto a la DAIA y la periodista Romina Mangel en 2023, el proceso confirmado por el juez Rafecas y recientemente se confirmó el procesamiento en la sala 1 de la Cámara Criminal y Correccional Federal. El pretexto con el cual se persigue a Biasi es “violar la ley antidiscriminatoria 23.592” que persigue a quienes aliente “persecución u odio contra una persona o grupos de personas a causa de su raza, religión, nacionalidad o ideas políticas”. Increíble contrasentido al que llegan los mecanismos de represión del Estado para defender un genocidio basado en los intereses del imperialismo yanki y sus aliados sionistas en Medio Oriente. Una vez más, la burguesía empuña a las instituciones que supuestamente igualan a todos ante la ley para perseguir a luchadores, demostrando que la justicia abstracta que pregonan es la injusticia del orden social de la clase dominante.

Además, resulta de gran importancia para el imperialismo y el sionismo reprimir toda expresión de solidaridad con el pueblo Palestino ya que está atravesando un momento de enorme debilidad y el cuestionamiento a su política se extiende a todo el mundo, con importantes expresiones de solidaridad obrera mediante bloqueos de buques enviados al enclave.

A pesar de la represión, en Argentina, en conjunto con el proletariado mundial, hemos tomado la causa palestina como una instancia de lucha contra el imperialismo en todo el mundo. El proletariado de Medio Oriente y del Magreb debe enfrentar a sus gobiernos y expulsar al imperialismo de la región y destruir el enclave de Israel y así frenar el genocidio en Gaza, formando una Federación de Repúblicas Socialistas de Medio Oriente y el Magreb como forma estatal de la dictadura del proletariado internacional. El proletariado de los países imperialistas debe derrotar a sus gobiernos y frenar la guerra. El proletariado ruso y ucraniano debe luchar en conjunto para derrotar el proceso de asimilación de los ex Estados obreros y transformar esa guerra en una guerra de autodefensa revolucionaria. El proletariado chino debe entrar en escena contra el proceso de asimilación y unirse a las luchas obreras de todo el mundo. En definitiva, debemos buscar la intervención de los batallones obreros en todos los países, de forma independiente, para que, con los métodos y la organización de la clase, logremos parar la masacre de una nueva guerra mundial, a la que nos quieren llevar.