ABRAMOS LAS PUERTAS DE ESCUELAS Y UNIVERSIDADES
A LOS TRABAJADORES Y SUS HIJOS

FIN A LA PSU

INGRESO IRRESTRICTO Y DIRECTO
 A LAS UNIVERSIDADES

ABAJO LA LEY DE SEGURIDAD DEL ESTADO

LIBRERTAD Y DESPROCESAMIENTO DE LOS QUE LUCHAN

En los días 6 y 7 la juventud en lucha estudiantil, mediante el boicot en contra de la PSU se expresó en decenas de colegios con tomas, barricadas, etc , con medidas que se extendieron a nivel nacional, buscando que no se rindiera esta. En diversas sedes dispuestas para la rendición se suspendieron, el DEMRE anunció la suspensión de la prueba de Historia y Geografía. Esta lucha se da en el contexto nacional de proceso álgido de la lucha de clases que continúa y sigue abierto con lo que estas acciones avizoran renovar las energías. Los partidos del régimen, una vez más incluidos los adaptados del Frente Amplio,  han salido a cuestionar estas acciones, condenando la “violencia” y el “sufrimiento”  de los estudiantes que no pudieron rendirla. Son los mismos sectores que firmaron el “acuerdo por la paz, el orden público y una nueva constitución” que logró mantener en pie al debilitado gobierno del Piñera. Así se ha continuado con un gobierno que ha reprimido las manifestaciones con asesinatos, mutilaciones, violaciones, y un sin número de vejaciones en contra de los trabajadores y el pueblo. Respaldado por el marco de un plebiscito para una reforma al Estado, el gobierno busca reventar a la juventud que ha sido el sector que encendió  la chispa de este proceso, ya que no han logrado hacerlos entrar en el acuerdo, o al menos en la pasividad.

Así es que al día de hoy el gobierno se ha querellado con la ley de seguridad del Estado contra jóvenes detenidos por luchar, así como se encuentra persiguiendo a los dirigentes juveniles de la agrupación ACES. En el mismo sentido sectores del consejo de rectores se han pronunciado a favor de rendir la prueba en recintos militares!. Esta política es continuidad de la ley de aula segura, y del Estado de Emergencia, que busca por la vía represiva cumplir con la parte del acuerdo del régimen para restablecer el orden público poniendo el aparato de Estado, judicial y policial a perseguir y reprimir a la juventud.

Asimismo el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar ( PH ) se limita a decir “esta  que sea la última PSU”, despegándose de las acciones concretas para poner fin esta prueba filtro de clases, queriendo orientar la lucha hacia la vía de la presión de los cambios parlamentarios. Lógica que explica los ritmos de lucha de las direcciones burocráticas de la mesa de unidad social, porque está pelea se sale de su “cronograma  de movilizaciones veraniegas”. Bajo la lógica de presionar para mejor negociar, hay que recordar que la burocracia del CdP apostó a cerrar el conflicto con los profesores a mediados del el año pasado, maquillando las promesas de proyectos parlamentarios prestando ropa a la ministra Cubillos, que no ha cesado en su línea reaccionaria en contra de los estudiantes y profesores.

POR UN CONGRESO EDUCATIVO DE DELEGADOS DE BASE PARA DISCUTIR Y VOTAR UN PROGRAMA Y UN PLAN DE LUCHA.

La PSU, que es uno de los mecanismo donde  devela con mayor claridad el carácter burgués de la educación, que busca reproducir mano de obra con nuevos contingentes obreros que se incorporan a la producción capitalista, así como la generación de cuadros burgueses, donde en la aulas se naturaliza la explotación capitalista. Es por esto que la lucha contra la PSU debe ser el puntapié inicial para dar una pelea mayor en contra de la educación burguesa en su conjunto. Se equivocan los que plantean como medida defender el carácter “publico” de la educación distinguiéndola de la privada. Hay que disputar la orientación del proceso educativo a la burguesía. Se debe impulsar un congreso de delegados de la educación para votar un programa y plan de lucha que no siga la orientación, ritmos y tiempos de la burocracia sindical. Entre algunos puntos programáticos se debe levantar las consignas por el fin a la PSU; el ingreso irrestricto y directo a las universidades; se debe asimismo para asegurar a la clase obrera el derecho al trabajo y a estudiar; se deben impulsar por los sindicatos de la educación el derecho a tener  las 4 horas dedicadas  al trabajo y 4 horas para estudiar pagados por las empresas; estableciendo convenios con las  universidades, entre otros puntos. Para esto es prioritario unificarse a la clase trabajadora poniéndose al servicio de la lucha por un gobierno obrero, y en lucha contra de la educación burguesa levantar un sistema único de educación.

El inciendio de 245 casas Valparaíso deja en evidencia el problema de la vivienda de las familias obreras, desplazadas hacia la periferia por la especulación inmobiliaria y comercial de las ciudades, junto con el alto endeudamiento que conlleva y los magros sueldos, surgen y crecen los asentamientos y poblaciones callampas, situación endémica de Chile y en general de los países semicoloniales.

El gobierno ha respondido con la receta habitual, otorgando algunos bonos para enseres y subsidios para arriendo. También entregarán subsidios para la reconstrucción de la vivienda de aquellos que son propietarios del terreno, pero no a los que se asentaron ilegalmente desplazándolos de su lugar de residencia y endeudándolos de por vida con hipotecas o dividendos. Es decir allí donde avanzó el fuego, ahora avanza el Estado para hacer valer la propiedad privada, dar suculentas ganancias a inmobiliarias, bancos y constructoras y finalmente otorgar dádivas y limosnas a los damnificados.

Por su parte la intendencia al mando del frenteamplista Sharp, se dedicó a colocarse rápidamente en la foto con el Piñerismo y represores como el intendente Guevara, cuadrándose con las mismas soluciones que declamativamente critica. Además de la alta desidia en la aportación de los míseros recursos municipales (ni baños de emergencia siquiera habilitó), pretende capitalizar y canalizar la alta solidaridad obrera y popular que despertó el siniestro, colocando hasta la cuenta bancaria del municipio para llamar a hacer donaciones. Cinismo extremo e impotencia de este representante del autonomismo municipal.

La primera y más enérgica ayuda llegó desde los sectores en lucha y organizaciones de trabajadores que no dudaron ni un minuto en comenzar las recolecciones, colocar el cuerpo para enfrentar los incendios, remover escombros y ponerse a disposición.

Es necesario levantar un plan de viviendas para la reconstrucción inmediata sobre los mismos terrenos de las poblaciones afectadas. Dicho plan debe abarcar a todas las familias obreras para hacer efectivo el derecho a la vivienda. Es necesario disponer de todos los recursos, financieros, técnicos y de materiales para este objetivo. Por ello es impresindible que junto con solidarizar, se imponga el control obrero sobre las empresas ligadas a la construcción y se disponga de todos los edificios públicos y privados, y viviendas ociosas, para utilizarlos como casa habitación donde se requiera.

El engaño del acuerdo por una nueva constitución, amañada por los partidos del régimen burgués, en un intento de estatizar las demandas de los sectores en lucha, no resolverá ni este problema y el resto. Es necesario avanzar en la organización independiente de la clase trabajadora para pelear por un programa de salida a la crisis, y luchar por un gobierno obrero.

El acuerdo por la paz, el orden público, y una nueva constitución, que significó un gran gesto de unidad nacional para salvar al gobierno de Piñera, dio un salto el miércoles 04 de diciembre con la votación por el parlamento y el senado de la llamada “ley antisaqueos”.

Esta ley contempla reclusión de hasta 5 años a trabajadores por “paralizar o interrumpir un servicio público… de transportes, hospitalario, de emergencia, de electricidad, de combustible, de agua potable y de comunicaciones”, este proyecto fue aprobado por prácticamente la totalidad del parlamento y el senado. También persigue a los que luchan penalizando a quienes lancen “elementos contundentes” o que realicen barricadas o que ocupen “bienes inmuebles de carácter industrial, comercial o agrícola…públicos o privados”. Toda una defensa de la propiedad privada capitalista y de las fuerzas represivas a su servicio.

La abstención del PC indicando que ellos sólo aprueban la penalización contra los saqueos, demuestra que están a favor de criminalizar la pobreza defendiendo la propiedad y acaparamiento de verdaderos saqueadores del pueblo, defendiendo a las grandes cadenas de supermercado como WallMart o Cencosud.

Además de esta ley se encuentra en trámite y con amplia adhesión de los partidos burgueses y pequeñoburgueses una reforma constitucional que implementará una especie de “Estado de Emergencia de grado menor” para colocar militares en la llamada “infraestructura crítica”, puertos, aeropuertos, hospitales, centros de abastecimiento de agua y luz, con el objetivo de una nueva intervención de las fuerzas armadas, esta vez contra algunos de los sectores obreros que han salido a luchar con más decisión como los trabajadores de la salud y los portuarios.

Con la vieja política del garrote y la zanahoria, estas medidas son presentadas por el ministro Blumel como la precondición para la puesta en marcha de la “agenda social”, basada en repartir algunas migajas tales como el incremento de la pensión básica solidaria en niveles de muy miserable a bastante miserable (a 165 mil pesos, U$200).

La profundización de la crisis económica, donde hoy hablan una “recesión técnica” (algo así como solucionable en el corto plazo según sus pronósticos de ajuste), ya han dejado más de 76 mil despidos desde octubre a esta parte. Una prueba más de que la burguesía revanchista descargará sin piedad los costos de la crisis sobre las espaldas de la clase trabajadora. Para aminorar los despidos el gobierno propone que las empresas en crisis eviten despidos disminuyendo jornadas laborales y salarios compensando parcialmente las pérdidas con los fondos acumulados por propios de los trabajadores en el seguro de cesantía, una verdadera ganga.

También discuten un ingreso mínimo de 300 mil pesos (U$ 360) consistente en un subsidio estatal para las empresas que paguen menos de esa suma, cuya discusión en el parlamento pasa por si va dirigido a todas las empresas y sólo a las pymes.  En rigor un verdadero incentivo para que los capitalistas reemplacen mano de obra barata por más barata, o aumenten el volumen de trabajadores subcontratados según las fórmulas de quienes defienden a los pequeños explotadores.

Luego del gran acuerdo por el orden público y la nueva constitución las luchas y movilizaciones disminuyeron su masividad, aunque no su contundencia. Las energías de amplias masas se disipan si no encuentran las vías organizativas y las perspectivas adecuadas para dar salida a la crisis, junto con el accionar de los lúmpenes organizados (carabineros) y no organizados (desclasados) que constituyen las arenas movedizas del caos sin organización y dirección. Las direcciones burocráticas de la mesa de unidad social, si bien se colocaron en la vereda crítica del acuerdo, intentaron impulsar paros de presión para sentarse a negociar exigiendo cambios al acuerdo constituyente y al mismo tiempo servir la mesa de negociación del sector público, sin denunciar la ofensiva de despidos y represión en curso buscando un modesto reajuste dado el marco de la crisis.

Es necesario indicar que un cambio a la constitución impulsado principalmente por aquellos que desean establecer un modelo de “redistribución de la riqueza” en la misma no resolverá los grandes problemas planteados por las luchas de los trabajadores y la juventud. El intento de refundar al semiestado chileno, atado por mil lazos a la dominación del imperialismo, como lo expresó el secretario de estado norteamericano Mike Pompeo ofreciendo ayuda para impedir que “protestas se conviertan en revueltas” en su “patio trasero”, es una perspectiva de corto aliento para edulcorar la democracia para ricos. No sólo porque no es un proceso estrictamente nacional, como lo demuestra la resistencia obrera y campesina contra la ofensiva reaccionaria en Bolivia o en Colombia con su tercer paro nacional, sino porque no existe viabilidad histórica para un nuevo tipo de Estado burgués.

Es vital que los trabajadores organizados en los grandes medios de producción intervengan en esta crisis para aportar una salida. Es necesario que los luchadores y la juventud vuelquen toda su energía para impulsar los métodos de acción y organización junto a los sectores obreros. Se debe establecer el control obrero junto a comités de abastecimiento en las grandes cadenas de supermercado; es necesario levantar comités de autodefensa ante cada lucha obrera incorporando a los juventud de la primera línea; se debe levantar un programa para incorporar masivamente a los desocupados a la producción ligándolos a los sindicatos, recuperándolos para la lucha de manos de la burocracia, imponiendo escalas móvil de salarios y horas de trabajo partiendo de un salario base igual al costo de la canasta familiar, los trabajadores retirados no deben tener pensiones inferiores al costo de una canasta de adulto; luchar por el pase a planta de los subcontratados como se conquistó recientemente en la USACH luego de años de lucha junto a los estudiantes; además de luchar por el derecho a la salud, la educación, la vivienda. Es prioritario que impulsemos un Congreso de Delegados de base de toda la clase trabajadora, que recupere los sindicatos, y vote un programa y un plan de lucha para enfrentar la política de miseria social y reacción en toda línea del gobierno, los partidos de oposición y el conjunto de las instituciones de la democracia para ricos.

Libertad y desprocesamiento de los luchadores obreros y populares

Comités de autodefensa para enfrentar la represión

Juicio y castigo a los represores, asesinos, violadores y torturadores

Por el control obrero de los de los grandes medios de producción

Impulsemos un Congresos de Delegados de Base para poner en pie una salida obrera a la crisis.

Abajo Piñera

Por un Gobierno Obrero

A crise política na qual está imerso o governo Bolsonaro não se traduziu em obstáculo para avançar em seu projeto de governo. As ligações cada vez mais claras do clã Bolsonaro com as milícias cariocas (relações que envolvem, inclusive, o assassinato da vereadora Marielle Franco/Psol em 2018), as quedas de braço com o STF, os vazamentos de conversas de procuradores da Lava Jato que implicam o atual ministro Sérgio Moro, a crise interna no PSL (acirrada por denúncias de corrupção em campanha) que resultou na saída de Bolsonaro da legenda e a criação de um novo partido, não impediram que o plano do governo de transferir os custos da crise econômica para a classe trabalhadora avançasse nas últimas semanas. Com estas medidas, o governo escancara a política imposta pelo imperialismo em sua decadência para reverter os efeitos da crise econômica e seu prolongamento por mais de uma década, repassando aos trabalhadores o custo da manutenção do aparato estatal como instrumento de dominação da burguesia. Tal política imperialista é hoje responsável pelos processos de luta radicalizados abertos em toda a América Latina.

O desmonte dos serviços sociais no Plano Mais Brasil

Após a Reforma da Previdência ser aprovada no Senado, o ministro Paulo Guedes apresentou um pacote com 3 PECs (Projeto de Emenda Constitucional) caracterizado, para os economistas burgueses, como um “novo marco da economia”. O “pacotaço”, cujo nome fantasia é “Plano Mais Brasil” tem como principal objetivo retirar a proeminência do Estado na economia, deixando prevalecer o setor privado. Segundo o governo, são medidas necessárias para retomar o crescimento e melhorar as contas públicas. Para nós, trabalhadores, o pacotaço tem um significado claro: perda de direitos e serviços sociais e maior exploração.

A PEC “Emergencial” possibilita a antecipação de gatilhos já previstos na regra do teto de gastos para frear o crescimento de despesas públicas. Para isso, permite que a União, estados e municípios possam deixar de promover funcionários (exceto para militares, policiais e servidores do judiciário), frear reajustes salariais, bem como reestruturações de carreiras e concursos públicos. Permite ainda que governos possam reduzir em até 25% a jornada e os salários dos servidores. A PEC dos “Fundos Públicos” permite que o governo utilize recursos “parados” em fundos para pagamento da dívida pública. Segundo o governo, existem 281 fundos que, juntos, possuem R$220 bilhões. A PEC também prevê a extinção da maior parte dos fundos no fim do segundo ano após sua aprovação.

Já a PEC do “Pacto Federativo”, prevê uma nova divisão dos recursos arrecadados entre União, Estados e Municípios, além das obrigações de cada governo com o uso destas arrecadações (dentre estes recursos, estão os provenientes das reservas do pré-Sal). Por exemplo, em relação à educação, a PEC desobriga o poder público a construir novas escolas. Atualmente, a Constituição prevê o investimento prioritário na expansão do ensino público quando houver falta de vagas e cursos regulares da rede pública em alguma localidade; com a aprovação da PEC do Pacto Federativo, os governos ficarão desobrigados a ofertar essas vagas. Segundo o governo, as vagas demandadas serão oferecidas via bolsas pagas pelo governo para instituições privadas, como um vaucher. Além disso, o ataque mais profundo neste pacote é a tentativa de incluir um dispositivo na Constituição que condicione os direitos sociais à sustentabilidade fiscal do Estado para as gerações futuras. A premissa é de que os “direitos não se sobrepõem à escassez”, ou seja, o Estado estará desobrigado a oferecer serviços sociais básicos como saúde, educação, moradia, previdência social se estes afetarem a sustentabilidade fiscal não apenas desta, mas das gerações futuras!

A Carteira Verde e Amarelo e a destruição dos direitos trabalhistas

Dias após a apresentação do pacotaço de Paulo Guedes, o governo Bolsonaro proferiu mais um duro golpe aos trabalhadores. Com uma Medida Provisória (MP 905/19) instituiu um programa de incentivo ao emprego denominado “Contrato de Trabalho Verde e Amarelo” além de outras alterações na legislação trabalhista. Na prática a MP é uma nova reforma trabalhista, aprofundando a de 2017. Esta última, aprovada ainda no governo Temer, legitimou os contratos de trabalho precarizados através da insuficiência de horas trabalhadas e/ou pela redução de direitos. Além disso, reduziu as garantias relativas a salários, férias e isonomia; alterou medidas que facilitam a demissão e dificultam o acesso dos trabalhadores à justiça para reaverem direitos expropriados pelos patrões. Ampliou a terceirização e reduziu o papel dos sindicatos nas negociações entre patrão e trabalhador, implementando a negociação individual.

Após dois anos da aprovação da reforma trabalhista, o cenário de empregos no Brasil é desolador. Os dados apenas comprovam o que todos sabíamos: a reforma trabalhista não foi feita para gerar empregos, mas para possibilitar o aumento da exploração da classe trabalhadora para que os empresários mantenham suas margens de lucro. O desemprego atualmente atinge 12,5 milhões de pessoas. Desde 2017, o número de trabalhadores informais e autônomos supera o número de trabalhadores com carteira assinada. E esse número só cresce: dos trabalhadores com alguma ocupação, mais de 41% estão na informalidade (cerca de 39 milhões de pessoas), 26% trabalham por conta própria e 8% são subocupados por insuficiência de horas.

Com a nova MP, o governo Bolsonaro aprofunda a reforma trabalhista ao instituir a modalidade de trabalho precário, a “carteira verde e amarela” (em oposição à Carteira de Trabalho, regida pela CLT).  Esta MP desonera empresas que contratem jovens de 18 a 29 na condição de primeiro emprego e com salários de até 1,5 salário mínimo (R$ 1497), incluindo o “percentual” de férias e décimo terceiro salário que estarão “embutidos” no pagamento mensal. As empresas podem assumir até 20% dos contratos nesta modalidade até 2022 e os contratos poderão ser de, no máximo, dois anos. Para sustentar esta desoneração das empresas, a medida prevê a taxação do seguro desemprego, com a cobrança previdenciária de 7,5%. Dessa forma, o governo Bolsonaro possibilita que as empresas ampliem seus lucros tanto pela desoneração fiscal quanto pela máxima exploração do trabalho e, ainda mais, transfere essa conta para os trabalhadores desempregados!

A MP ainda reduz os custos da demissão e dificulta a fiscalização, flexibilizando os registros de trabalho. Com isso, colabora cada vez mais com a ampliação da informalidade. Também amplia a desregulamentação da jornada de trabalho, permitindo o trabalho aos domingos e feriados sem pagamento adicional, inclusive para professores (o que era proibido). Permite o aumento da jornada dos profissionais bancários e a abertura de agências aos sábados. Ao ampliar as jornadas de trabalho, a medida contribui para aumentar o desemprego, que se aproxima cada vez mais de uma situação estrutural.

Através desta MP, o governo Bolsonaro também ataca diretamente os sindicatos, enfraquecendo cada vez mais seu papel para os trabalhadores. A MP promove a negociação individual, fragmenta as normas de acordos coletivos, retira os sindicatos das negociações e acordos para programas de participação de lucros e resultados e, além disso, destitui sua autoridade para fiscalização e interdição de locais de trabalho com risco iminente.

A MP também avança na precarização da saúde do trabalhador dificultando auxílios acidentes, retirando a obrigatoriedade de vistorias em instalações para liberação de locais de trabalho, além de instituir conselhos de saúde e prevenção de acidentes sem a participação de trabalhadores, dentre outras perversidades contidas na edição da medida.

É preciso levantar um plano de lutas para derrubar as medidas de Bolsonaro / Guedes!

O anúncio das medidas econômicas e da nova reforma trabalhista no início do mês não foi capaz de despertar as centrais sindicais e os movimentos sociais do imobilismo em que se encontram desde a aprovação da Reforma da Previdência ainda na Câmara dos Deputados, em agosto deste ano. Aliás, ainda no período de votação da Reforma, as centrais já demonstravam sua política de desmobilização dos trabalhadores e centralização de esforços na pressão parlamentar, no desgaste político do governo e, claro, na campanha Lula Livre! Inclusive, a libertação de Lula da prisão coincidiu com o anúncio do pacotaço do governo e a prioridade para as direções, então, foi celebrar a “restituição do estado democrático de direito” ao invés de iniciar a construção de um plano de lutas pela base contra mais uma onda de ataque aos trabalhadores.

O reformismo, como oposição ao governo, tem centrado seus esforços no desgaste político de Bolsonaro e não no enfrentamento de suas medidas de governo. Com isso, buscam se alavancar para o próximo processo eleitoral. Já as correntes centristas, priorizam sua atuação “combativa” no parlamento – questionando representantes do governo em comissões e promovendo denúncias no Conselho de Ética – demonstrando credulidade e total adaptação às instituições da democracia burguesa. Dessa forma, auxiliam cada vez mais a dissimular o caráter de classe do Estado e suas instituições. Suas defesas políticas perpassam a manutenção do estado burguês com mudanças institucionais que amenizem os efeitos da desigualdade que, por sua vez, é intrínseca à sociedade de classes.

É preciso, portanto, retomar a luta contra esses ataques com os métodos próprios da classe trabalhadora. Não podemos nos deixar cair na ilusão de que a crise política do governo, a atuação parlamentar ou as próximas eleições derrubarão medidas econômicas e sociais que estão sendo impostas, não apenas no Brasil, como em grande parte dos países semicolonais. É preciso que nos levantemos contra estes ataques!

Não podemos aceitar que as burocracias continuem entregando nossas conquistas. Para isso precisamos construir uma luta árdua com nossos próprios métodos de classe. É mais do que urgente que os trabalhadores deem uma batalha pela independência de classe no interior dos sindicatos, recuperando-os das burocracias sindicais, para colocar em pé um plano de lutas classista que derrube os ataques do governo. Não há saída para os trabalhadores dentro da democracia burguesa! É preciso construir a Greve Geral por tempo indeterminado para colocar abaixo o pacotaço de Guedes e os ataques de Bolsonaro!

El acuerdo por la paz y el orden público suscrito por todos los partidos del régimen, desde la UDI al Frente Amplio, le ha permitido a Piñera pasar revista en las escuelas de carabineros, levantar un proyecto de ley para que los militares intervengan en protección de “infraestructura crítica” (como hospitales!) y, por supuesto, imponer las condiciones del proceso electoral que impulsan. También envalentonó al matrimonio Allamand y Cubillos para exponer que nada cambiará con el cambio constituyente en un caso, y sacar el proyecto de “escuela sin partido” impulsado por el presidente brasilero Bolsonaro a raíz de videos donde jóvenes y niños corean consignas contra Piñera y los carabineros en las escuelas.

Con la vieja política de poner un huevo en cada canasta, los partidos que no firmaron el acuerdo del gobierno (PC, PH, PRO, Igualdad), impulsan su propio acuerdo levantando algunas demandas sociales y un catálogo de condiciones para el proceso constituyente, pretendiendo volverlo más democrático. Resulta llamativo que coloquen como norte el proceso de cambio constitucional de Colombia (1991), donde a 28 años del ajuste institucional del semi-estado Colombiano los trabajadores vienen de realizar una huelga general con amplias movilizaciones y enfrentamientos a las fuerzas represivas, contra las políticas de ajuste dictadas por el imperialismo.

Es justamente el problema de colocar el norte en una reforma o refundación de la democracia para ricos, sin cuestionar su contenido de clase. Lo que ha hecho eclosión como parte de un proceso regional de radicalización de la lucha de clases es la fachada democrática de la dictadura del capital, su envoltura acaramelada que recubre la dominación del imperialismo y que sólo puede atacarse si se llega a los cimientos del poder burgués, la producción.

Los llamados a paros y movilizaciones son respondidos por los trabajadores, las mujeres y la juventud con fuerza, audacia y creatividad. Sin embargo arrastramos las debilidades organizativas producto de la fragmentación y atomización de la clase trabajadora. A su vez las direcciones burocráticas en las organizaciones como la mesa de unidad social, pretenden utilizar al movimiento para fortalecerse como mediaciones en este proceso, levantan planes de lucha sólo como medidas de presión para las negociaciones parlamentarias.

Es necesario recuperar las organizaciones sindicales para los trabajadores expulsando a la burocracia, y al mismo tiempo unificar todas las organizaciones sindicales en una Central Única que aglutine a todo el movimiento obrero.  Es necesario que desde cada asamblea de sindicatos y federaciones, se impulse la necesidad de levantar un congreso de delegados de bases de toda la clase trabajadora. Donde se discuta un verdadero programa obrero para dar salida a la crisis, y un plan de lucha para ponerlo en marcha, basado en la independencia de las organizaciones obreras del Estado.

Por un salario igual a la canasta familiar

Por el derecho a la educación, salud y la vivienda

Libertad y desprocesamiento de los luchadores obreros, populares y de la juventud

Juicio y castigo a los represores.

Abajo Piñera

Por un Gobierno Obrero

Luego de un paro nacional el 12 de noviembre pasado, sin precedentes desde el retorno a la forma democrática del régimen burgués, el gobierno de Piñera evaluó volver a reponer el estado emergencia sacando a los militares a las calles. Según los trascendidos, éstos se habrían negado si no se les garantizaba la impunidad como sucede actualmente en Bolivia con el gobierno provisorio e inestable de Áñez quien mediante un decreto les garantizó que no habría consecuencias.

Independientemente de la veracidad de estos roces entre las instituciones del Estado, volver a sacar la carta de la confrontación militar luego de que la clase obrera interviniera decididamente en la escena hubiera resultado en una feroz resistencia de parte de los trabajadores y el pueblo, esta vez afectando a la base del poder burgués que se encuentra en la producción. Por esto es que Piñera, amenazando solapadamente con usar la “fuerza”, indicó que optó por “la razón” instando al conjunto de los partidos de la oposición a adoptar un acuerdo de unidad nacional “por la paz, el orden público y el total respeto de la institucionalidad democrática”.

Esto significó un cierre de filas de todos los bloques burgueses y contó con la adhesión de los partidos pequeñoburgueses del Frente Amplio, quienes se hoy atraviesan una crisis que los corroe por no poder respaldar semejante engaño ante los sectores en lucha. La base del acuerdo es ir hacia una “nueva constitución” mediante un plebiscito en abril y elecciones de constituyentes en octubre del 2020 junto con las elecciones municipales. Más allá de las argucias técnicas para reproducir los amañados mecanismos de representación parlamentaria, asegurando el peso de los partidos del régimen, este acuerdo no significa otra cosa que darle un tanque de oxígeno a un gobierno en crisis, pateando la crisis hacia adelante en un escenario altamente inestable. Ese mismo tiempo es el que está siendo aprovechado por la maquina burocrática y policial del Estado para encarcelar, reprimir y enjuiciar a los que luchan.

La separación de las masas y el Estado que se ha expresado de forma radical en distintos hitos de la lucha de clases no se va a cerrar intentando volver la política de las calles hacia el parlamento. El gobierno sabe esto perfectamente y trata de dar respuesta a los grandes problemas sociales planteados mediante algunas medidas redistributivas que otorguen algunas migajas aquí y allá, pretendiendo dar por cerrado temas, como la disminución del precio de los medicamentos o el aumento de las pensiones básicas solidarias en 50%, que pese al salto porcentual que significa, continuarán siendo pensiones de hambre sobrepasando apenas la mitad del salario mínimo.

Las expectativas por el cambio constitucional, presentado por reformistas y centristas como la salida a la actual crisis, ha provocado un cierto repliegue momentáneo de sectores más amplios de masas a la espera de una resolución a los grandes problemas. La insurrección de fuerzas elementales que se ha expresado en este periodo si bien ha enfrentado decididamente la represión, ha movilizado millones en todas las ciudades del país y ha realizado un paro histórico en la producción, no ha sobrepasado el marco de la legalidad burguesa sin provocar derrotas al Estado, y esto no puede hacerlo de por sí mismo dado su carácter espontáneo.

Se equivocan quienes creen que el cierre de filas de los partidos del régimen en un acuerdo nacional para salvar la democracia para ricos, y eventualmente reformarla, puede dar vuelta la página para volver a la “normalidad”. Los agudos procesos de la lucha de clases que recorren la región, como en Ecuador o Bolivia, y ahora con la intervención de la clase obrera colombiana, ha forzado a los gobiernos proimperialistas a utilizar la salida represiva utilizando los militares, teniendo la misma respuesta de los trabajadores y el pueblo, grandes luchas de masas que cuestionan a los semi-estados latinoamericanos y la dominación imperialista.

Aquello que es espontáneo es al mismo tiempo embrionario de lo consciente. Es preciso que los activistas y la vanguardia en lucha impulsen con fuerza medidas organizativas que tiendan a aglutinar a los principales batallones de la clase trabajadora y la juventud para dar una salida obrera a la crisis abierta. Se vuelve necesario al mismo tiempo debatir  un programa transicional que luche por llevar a los trabajadores al poder enfrentando al Estado. Es necesario también que las formas de organización obrera conserven absoluta independencia de la burguesía evitando confundirla con las estructuras políticas del poder burgués como los ensayos constituyentes. La lucha por las demandas democráticas debe estar ligada al fortalecimiento de la clase obrera como clase dirigente del conjunto de los explotados y oprimidos. La conformación de un partido revolucionario internacionalista, que es la reconstrucción de la IV Internacional, se plantea como un debate urgente de la vanguardia obrera y de la juventud.

El paro del martes 12 de Noviembre convocado por la Mesa de Unidad Social y diversas organizaciones fue contundente. A diferencia de los paros anteriores, además de los trabajadores del sector público movilizado, se expresó la adhesión de los sectores de la minería y de la industria que mostraron la predisposición y capacidad de lucha de los sectores productivos, que encorsetados por la legalidad burguesa, se manifestaron adhiriendo en numerosas empresas, bloqueando caminos, realizando paralizaciones parciales, asambleas en los lugares de trabajo o manifestaciones en las puertas de las plantas. Durante toda la jornada se concentraron cientos de miles en las principales capitales de todo el país en marchas masivas que se prolongaron durante toda la tarde y noche, teniendo a la juventud como un protagonista principal que con inagotable energía se enfrentaba a los contingentes de las fuerzas represivas, haciéndolos retroceder en muchas ocasiones, mejorando a cada paso los métodos en las barricadas, con un despliegue de provisiones y atención de heridos en la retaguardia que prolongaban los combates durante horas.

Fue un paro que tuvo características de huelga general semiinsurreccional, al día 25 de lucha y movilización.

La política de un cambio constitucional ha calado en las expectativas de amplios sectores de masas que ven en esta perspectiva de reforma a las bases jurídicas del régimen semicolonial una puerta de entrada para dar respuesta a las penurias de la población.

El debilitado gobierno de Piñera, acicateado por una crisis que es incapaz de cerrar, se ha abierto a la opción de cambio constitucional y pretende un gran acuerdo nacional con la oposición burguesa para fraguar esta salida en el marco institucional, o sea del mismo Estado o semi-estado capitalista, junto con una feroz persecución del brazo judicial contra los que luchan.

En la semana precedente el gobierno intentó cerrar la situación con una respuesta de manual, otorgando concesiones a sectores de la pequeñaburguesía con una serie de puntos de prórrogas y exenciones impositivas, o acceso al crédito para las pymes. Creyendo que con ese solo gesto ya tenía a los sectores medios en el bolsillo, pasó (el jueves 7/11) a delinear una política represiva con una serie de leyes para castigar  severamente a los que enfrentan a carabineros, resucitó la ley Hinzpeter (del odiado exministro de su primer mandato) para prohibir las huelgas y manifestaciones, llamó al COSENA (Consejo de Seguridad Nacional), con los representantes de los cuerpos represivos y legislativos, para dar una salida de “orden público”. Esta decisión no hizo más que encender los ánimos de la población que vieron una reedición del estado de emergencia, provocando una nueva manifestación multitudinaria al día siguiente, luego de una semana tomada por aguerridas luchas estudiantiles de miles de jóvenes que derribaban rejas de colegios para concentrarse en las plazas públicas. Los más de 200  casos de manifestantes que han perdido un ojo por el uso de balines, se vino a sumar a la bronca por las vejaciones de todo tipo realizada por carabineros, constituyéndose una oposición de masas a las fuerzas represivas, que impide que se asiente una base social favorable a una represión desbocada, habiendo desgastado (al menos momentáneamente) el recurso de la intervención militar.

Las fuerzas de la oposición en el congreso, han cerrado filas por la salida de Asamblea Constituyente, preparándose para discutir fórmulas o consensuar un plebiscito. Asediados y cuestionados también por el movimiento de masas pretenden desesperadamente encausar la lucha y discusión dentro de los canales orgánicos del régimen burgués, procurando retornar con ello a la “normalidad” de la charlatanería parlamentaria.

Lo que no tienen en cuenta quienes pretenden festinar a esta democracia para ricos es que esta situación es parte de un proceso agudo de lucha de clases que recorre Latinoamérica. La salida intempestiva de Evo, huyendo cobardemente de Bolivia, plantea a la clase obrera Boliviana organizar la resistencia obrera ante la ofensiva reaccionaria de la derecha y el imperialismo para aplastar el movimiento de masas, disciplinándolo mediante nuevas facciones pequeñaburguesas. Así también en Argentina con una transición ordenada por el FMI y contenida por la burocracia sindical que parapetará el gobierno de Fernández. O recientemente con la liberación de Lula sectores de la burguesía brasilera tratan de anticiparse a contener procesos explosivos de lucha de masas. Es necesario que la clase obrera del continente busque unificar sus luchas para enfrentar decididamente al imperialismo y sus burguesías acólitas, poniendo en el norte la lucha por una Federación de Estados Obreros de Latinoamérica.

Es prioritario que ante el salto en el accionar de los trabajadores busquemos profundizar la organización y la discusión programática, para una salida obrera a la actual situación. Por ello, es necesario hacer un llamado a todas las organizaciones obreras a poner en pie un Congreso de delegados de bases, que discuta y vote un plan de lucha, junto a un pliego de reivindicaciones hasta hacer caer al gobierno e imponer una salida independiente de clases.

Es necesario para los sectores de vanguardia de la clase trabajadora y de la juventud no difuminar las energías del torrente de masas, sino por el contrario hacer los esfuerzos necesarios para poner en pie un partido revolucionario internacionalista, que impulse la militancia obrera, retomando las lecciones históricas de las luchas de nuestra clase, para la resolución de la crisis de dirección revolucionaria, para la reconstrucción de la IV Internacional.

La fórmula FF ganó las elecciones sin tener que ir a balotaje contra Macri. Si bien se esperaba un margen mayor de diferencia, el Frente de Todos se impuso por 8 puntos.

El FIT-U sólo logró un 2%, siendo una de sus peores elecciones desde que se formó este frente. Fracasó un método centrista de relacionarse con las masas, con el que degradaron el programa revolucionario para tratar de dialogar con un sector de la opinión pública, pero sin embargo no pudieron capitalizarlo en votos. Su debacle no está en el porcentaje obtenido, sino en la desviación parlamentaria, por la cual sólo se limitan a intentar llevar la lucha de clases al Parlamento.

Un resultado electoral que no cierra la crisis

Todas las alas de la oposición burguesa y pequeño-burguesa festejaron que la situación de crisis en la Argentina se haya dirimido en las urnas y no en las calles, como está pasando en gran parte de América Latina. Un festejo quizás de corto tiempo ante el agravamiento de la crisis, no sólo nacional, sino en el plano internacional.

La prensa burguesa se apresuró a decir que estamos ante una transición ordenada y que, después del resultado de las elecciones, en el que Cambiemos obtuvo 40%, estamos ante la aparición de un nuevo bipartidismo. Intentan mostrar una normalidad inexistente en esta transición. Más bien lo que estamos presenciando es una política burguesa de contención ante el nivel de crisis del régimen político, cuando lo que está en juego es su supervivencia como clase. La descomposición de los partidos patronales, que aún no han logrado recuperarse de la crisis del 2001, impide la aparición de un bipartidismo. El PJ se rejuntó de forma precaria en contra de Macri. Por otra parte, el macrismo es una coalición electoral anti-peronista que perdió. Son coaliciones que no han logrado actuar de forma organizada con un programa que incorpore a un sector de masas a la política. Este último escenario aún no está planteado. El caso del PJ es quizás la expresión descompuesta de lo que los marxistas analizamos en las semicolonias como un frente popular en forma de partido, que después del proceso del 2001 logró incorporar en su coalición a organizaciones piqueteras conciliadoras.

Transición

Alberto debe pasar esta transición hasta el 10 de diciembre intentando que no se desequilibre nada de los acuerdos con el macrismo y que sea el gobierno saliente quien haga el trabajo sucio, que acentuará aún más la crisis social: cepo al dólar, congelamiento de tarifas, dejar pasar los aumentos de los precios, cierre de fábricas, despidos y suspensiones en grandes fábricas... Hermosa transición pactada.

Otra fracción de clase, igualmente al servicio de los explotadores

El nuevo presidente votado ha generado mucha expectativa en sectores de masas que creen que van a mejorar sus condiciones de vida ante el desastre del macrismo. Difícil. Los únicos que seguro seguirán ganando -ya lo dan por descontado- son las grandes empresas imperialistas, las grandes empresas nacionales, la patronal agraria y algunas pymes para las cuales los economistas FF ya preparan un sinfín de medidas para garantizar sus ganancias. Se prepara un nuevo acuerdo con el FMI, que de seguro será más pauperización para los trabajadores y el pueblo pobre.

Nada bueno puede venir de un gobierno de Alberto, que es un agente de los negocios burgueses y pequeños burgueses y que defiende a una clase que no es la nuestra. La característica estructural de las semicolonias es que son bonapartismos sui generis, una forma de poder estatal especial. Ya que la relación de dependencia con el imperialismo impide que las burguesías autóctonas tengan un carácter independiente, por lo que deben subordinarse al capital imperialista y definir cómo se van a relacionar con el proletariado. El macrismo se disciplinó de forma directa con el imperialismo norteamericano y atacó muy fuertemente al proletariado, con la complicidad de la burocracia sindical. Alberto es de otra fracción pequeño burguesa, que intenta tener otra relación con el imperialismo apoyándose más en el capital nacional y la burocracia sindical para mejor negociar las migajas con el imperialismo. Para generar esa nueva relación de fuerzas interna debe dar concesiones a las masas, pero ante el nivel de crisis, debe apelar primero a un supuesto pacto o acuerdo social que es, de hecho, una tregua para pasar el ajuste.

El acuerdo que busca con los empresarios, la burocracia sindical y la Iglesia es acordar los mecanismos para que la crisis la paguemos los trabajadores. El plan de Alberto de redistribuir y segmentar -cobrando impuestos- las tasas de ganancias de las distintas ramas de la economía, apunta a que el Estado sostenga artificialmente los negocios del empresariado nacional e internacional. La intervención de un semi Estado en la economía desarrolla capas parasitarias a costa de la explotación de los trabajadores.

Por eso debemos enfrentar a este gobierno, como lo hicimos con el macrismo, mostrando al conjunto de la clase cuál es el proyecto de la fracción FF y desenmascarar sus políticas estatistas para garantizar el pago al FMI y de la deuda externa.

Nos apoyamos en los ejemplos de lucha de nuestros compañeros de Chile, Ecuador y de otros puntos del mundo, que se levantan contra sus gobiernos y sus ajustes.  

Por una salida obrera y socialista.

Publicado en : www.cor-digital.org

El levantamiento del estado de emergencia de parte del gobierno significó el repliegue de los contingentes militares a los cuarteles pero no de la ofensiva represiva de carabineros, esos lúmpenes organizados por el Estado que no han escatimado en desatar todo tipo de acciones vejatorias como asesinatos, torturas o violaciones contra los trabajadores y jóvenes en lucha.

El cambio de gabinete, celebrado sólo por representantes del FA como Beatriz Sanchez, expresó el intento de moderar el discurso reaccionario para tender puentes con sectores medios ante la masividad y contundencia de la manifestación social. Sin embargo, este retoque cosmético no puede embaucar a las grandes masas y mucho menos a la juventud que en estos días ha mantenido un enfrentamiento constante en las calles con las fuerzas represivas, señalizando correctamente al Estado como el enemigo.

Pero no sólo las fuerzas represivas constituyen el enemigo, estas expresan la esencia de la democracia semicolonial de sujeción y dominación, de resguardo a la propiedad privada de los ricos. El puñado de familias burguesas que controlan Chile de la mano del capital imperialista, se encuentran resguardadas por el conjunto del andamiaje político jurídico, un aparato burocrático de cientos de hombres dedicados al salvataje de la dominación imperialista.

Ya ésta justicia para ricos ha mandado a perseguir a los activistas y luchadores que comenzaron a revelarse contra las alzas del pasaje boicoteando los torniquetes del metro.

También el parlamento, su ala izquierda FA y PC, quien luego de las medidas de “corte social” del gobierno, se allanaron afablemente a conversar sobre una salida reformista a la situación, con el mismo gobierno que desató una represión salvaje contra el pueblo. Eso sí, piden que se fortalezcan las mediaciones, pretenden que la burocracia sindical de la CUT se pueda sentar a la mesa de una negociación para fortalecerse como los interlocutores privilegiados de la burguesía. Es decir, se postulan para ejercer su rol de lugartenientes del capital pretendiendo un giro político del gobierno para que se asiente la dominación imperialista del semi-estado chileno apoyándose sobre concesiones a las masas para contener y desviar las luchas en curso. Que mejor ejemplo que evitar que a Piñera lo tire el pueblo embaucando con la vía de una acusación constitucional.

Se han escuchado voces que llaman a un “pacto social”. Una especie de intento de regenerar la sociedad burguesa con tono refundacional. Con este mismo objetivo llaman a una Asamblea Constituyente. Como si en la actual etapa histórica fuese posible volver a colocar de pie una estructura reaccionaria y perimida por la misma lucha de clases, una especie de Estado burgués de nuevo tipo. Desde hace más de un siglo, con la primera conquista del poder por los trabajadores, la Revolución Rusa, se abrió la etapa histórica de la revolución proletaria. No hay posibilidad alguna de que los procesos de la lucha de clases lleven a refundar la sociedad burguesa, menos aún en un proceso de descomposición abierta del capitalismo mundial. Los sucesos de Chile constituyen un proceso profundo de la lucha de clases que se está expresando de forma radicalizada en distintos países de la región, y empujan a los trabajadores y al pueblo a buscar las vías para derrotar al capitalismo y a la dominación imperialista. Es por esto que la única salida realista es buscar los medios y recursos para poner en pie a la clase trabajadora para que prepare las etapas de la conquista del poder obrero, de la dictadura del proletariado sobre la clase burguesa buscando su extensión internacional, y superando todas las formas distorsionadas y aberrantes que dio la lucha por el socialismo.

La lucha por un” nuevo pacto social” hoy implica una política de conciliación entre la burguesía y el proletariado, entre los explotados y los explotadores.

Los trabajadores mineros y portuarios vienen interviniendo con acciones decididas en la actual situación. Se abre una etapa crucial de organización que debemos aprovechar. Es necesario que convoquen a todas las organizaciones obreras a un Congreso de delegados de base donde discutir un plan de lucha para derribar al gobierno y un programa de salida a la crisis. La alianza de los trabajadores con sus hermanos del continente deberá ser una bandera de lucha permanente.

La batalla por el castigo a los represores será también una batalla contra los tribunales burgueses y exigirá poner en pie verdaderos tribunales obreros.

Trump ha confirmado su visita a Chile para la cumbre APEC que se realizaría en dos semanas. Es necesario recibir al representante del imperialismo con la paralización de las empresas imperialistas y la lucha en las calles contra la segura militarización de la capital.

Recibamos a Trump con una gran lucha antiimperialista

Juicio y castigo a los represores

Impulsemos la lucha por tirar a Piñera, no a la trampa parlamentaria de la acusación constitucional

Que intervenga la fuerza organizada de los trabajadores, por un Congreso Obrero de Emergencia

Abajo Piñera

Por un Gobierno Obrero

Por una Federación de Estados Obreros de América Latina

A una semana de la irrupción de las masas en Chile luego de un llamado a paro nacional el miércoles 23 donde trabajadores portuarios, mineros, de la salud, de la educación, funcionarios públicos se expresaran junto a la juventud, concentrándose por cientos de miles en todas las ciudades del país, de norte a sur, manteniendo manifestaciones y luchas en las calles contra carabineros hasta desafiar el toque de queda a altas horas de la noche. Lo que comenzó con la lucha de la juventud por el alza del pasaje y por la evasión se convirtió en un enorme levantamiento popular. Esta situación abre la posibilidad de que la lucha de un salto en calidad con la intervención del proletariado de como caudillo de la nación explotada y oprimida.

El gobierno acorralado por no poder imponer fácilmente su ofensiva reaccionaria y la utilización interna de los militares como mandata el imperialismo para Latinoamérica, intenta descomprimir la situación retrocediendo en su programa de gobierno y cambiando a uno de corte más “redistribucionista”(mayores impuestos a las fortunas y miserables aumento del gasto social en seguros de salud, pensiones y salario mínimo) , intentando tender un puente por medio de algunas dádivas con la oposición parlamentaria para destrabar el conflicto con el llamado a la unidad nacional. Llamado a la unidad que está coronado y bendecido por el mantenimiento del Estado de emergencia y los toques de queda, desatando una feroz represión con asesinatos, detenciones, secuestros, desapariciones, violaciones y vejaciones de todo tipo. Este llamado a la unidad nacional de los partidos de gobierno y oposición no cuaja en la separación abrupta de las masas con el Estado y espolea en la memoria de los trabajadores y la juventud la continuidad de las transas con que cerraron la lucha contra Pinochet a finales de los 80´s para dar paso a la “transición a la democracia”.

Mal que le pese a todos los grupos defensores de esta democracia para ricos, la actual situación está mostrando de manera descarnada la verdadera “esencia de la democracia burguesa” como dictadura del capital. Asimismo los procesos de lucha de clases y descomposición de los gobiernos latinoamericanos, impulsa a los regentes de la democracia semicolonial a acelerar las políticas de la ofensiva del imperialismo yanqui en la región, que ya venía solicitando la intervención interna de las fuerzas armadas. Como recientemente expresó Bolsonaro dispuesto a desatar un verdadero genocidio si el poderoso proletariado brasilero se levanta. Del Chile modelo destinado a albergar cumbres internacionales, como el foro APEC o la COP25, poco y nada queda, y hoy se encuentra abierto un proceso profundo de lucha de clases que se extiende por la región donde es necesario que la intervenga, en medio de la espontaneidad e iniciativa de las masas, la fuerza organizada de la clase trabajadora para enfrentar de forma directa al capital y su aparato estatal.

También en el circo de la vía muerta del parlamento, buscando legislaciones cosméticas express para cerrar este proceso, sectores como el PC y FA buscan establecer un puente con sectores de masas, buscando revivir como mediación a través de la CUT, por lo que vienen planteando entre otras cosas una asamblea constituyente para una nueva constitución, y nuevo pacto social. Se postulan a salvar la democracia y perfeccionarla Se trata de la política de conciliación de clases con empresarios, parlamento, poder judicial, FFAA, etc. La lucha por una Asamblea Constituyente que hace sentido en algunos sectores en lucha, sobre todo universitarios y de capas medias, es la lucha por la máxima expresión de la democracia para ricos, buscando una expresión política policlasista para salvar la esencia del Estado. Es por esto que los trabajadores no deben engañarse con las buenas “intenciones republicanas” para salvar un régimen de explotación de clases y por el contrario deben intervenir en esta situación para fortalecer la organización obrera, y discutir un programa de salida a esta crisis que exprese la necesidad de enfrentar y destruir el aparato burocrático militar que sostiene la dominación de clases. Las fuerzas militares que están actuando salvajemente contra las masas no se escindirán de sus mandos a favor de los trabajadores y el pueblo, como ha sucedido en otros momentos de la historia, con llamados a la conciencia y humanidad de sus tropas. Sólo la acción decidida de las masas obreras enfrentando al aparato de Estado puede hacer mella en base de la tropa, planteando la disolución de las bandas de lúmpenes organizados como carabineros.

Necesitamos exigir a todos los sindicatos, federaciones y centrales convocar de forma inmediata a un Congreso de Emergencia de delegados de base para votar un programa obrero y un plan de lucha que dé salida a la actual situación en curso, asimismo debemos expulsar de nuestras organizaciones a dirigentes traidores que en medio de la lucha pretender cerrar acuerdo con un gobierno que carga en sus espalda la muerte y la represión de cientos de luchadores como lo es Juan Carlos Olguín de la FTC. Es necesario que en esta lucha pese la intervención del proletariado organizado. Es necesario organizar con fuerza la paralización nacional y un plan de lucha, al tiempo que poner en pie comités de autodefensa para organizar el enfrentamiento al aparato represivo del Estado.

Es prioritario levantar comités de vigilancia de precios constituidos por delegados de las fábricas y las minas para develar a la población la verdad de los aumentos de tarifas de transporte, alimentos, de la canasta básica etc, también pueden establecerse comités de abastecimiento impulsado por los sindicatos de las cadenas de abastecimiento, que deben imponer el control obrero y organizar la circulación de las mercancías, evitar el desabastecimiento de la población obrera, demostrando ampliamente que los verdaderos saqueadores son los explotadores capitalistas.

Es necesario imponer el control obrero del conjunto del sistema de transporte imponiendo una tarifa obrera-estudiantil del pasaje. Hay que imponer a los patrones que cubran el costo completo de la movilización de los trabajadores. También será necesario extender el control obrero a recursos estratégicos como la energía, empresas sanitarias o la minería, donde la crisis capitalista está provocando miles de despidos y cierre de faenas.

La juventud sigue estando en la primera fila de combate contra la opresión capitalista y la ofensiva reaccionaria en curso. Es necesario que centros de alumnos y demás organizaciones impulsen comités de apoyos para coordinar con los sindicatos las acciones necesarias para una salida obrera. Hay que organizar la experiencia de lucha de la juventud enriqueciéndola con lazos y acciones de solidaridad con la juventud en lucha en Latinoamérica y el mundo.

Abajo el Estado de Emergencia

Impulsemos un Plan de Lucha Obrero y juvenil con Paro Nacional activo con movilización

Que los trabajadores Portuarios y Mineros convoquen y preparen un Congreso Obrero de Emergencia de delegados de base

Impongamos el control obrero de la producción

Abajo Piñera

Por un Gobierno Obrero