El asesinato del comunero mapuche Camilo Catrillanca a manos del grupo especial de carabineros denominado “comando jungla” abrió en el gobierno una crisis política de envergadura. Mentira tras mentira fue cayendo pese al intento de la prensa burguesa de blindar al aparato represivo del Estado o justificar el accionar de la policía, quienes mantienen militarizada la zona de la araucanía con grupos especiales entrenados por expertos oficiales contrarrevolucionarios en Colombia, como parte de la política militar que mantiene el imperialismo norteamericano hacia la región.

A la histórica y sistémica represión ejercida hacia las comunidades mapuches de parte del Estado chileno, hay que agregarle una política agresiva de parte de EEUU quien de forma directa o indirecta comanda a los gobiernos latinoamericanos a aplicar operaciones represivas, desplegando sus fuerzas contra las manifestaciones de masas como sucede en Argentina, que viene acompañando la política de ajuste y expropiación generalizada del salario vía la devaluación, con una feroz represión hacia las masas, como se demuestra en el sitio porteño para defender la cumbre de países imperialistas y cortesanos como el G20. También en Brasil, que con el triunfo de Bolsonaro, profundizará la militarización de Río de Janeiro extendíendola hacia otras regiones para hacer pasar los planes del imperialismo sometiendo a la clase trabajadora y la población a que pague la crisis capitalista.

Es así que el gobierno de Piñera, venía intentando realizar un lavado de cara de Carabineros, ante el desprestigio ocasionado por casos de corrupción, falsificación de pruebas como “operación huracán” y toda clase de delitos que ponía al descubierto el carácter lúmpen de estos agentes desclasados, organizados por el Estado para la defensa de la propiedad privada capitalista. A esta exposición de carabineros se le vino a sumar los casos de corrupción por venta de armas por parte de oficiales y suboficiales a las bandas de narcotraficantes que pone en cuestión ante las masas el verdadero rol del aparato represivo y militar del Estado semicolonial. Estos sucesos no son hechos aislados sino que expresan la descomposición del semi-estado burgués, un subproducto genuino de la crisis que corroe al capitalismo a nivel mundial.

Del garrote y la zanahoria

La política del gobierno de Piñera venía acompañada de una batería de medidas que pretendía involucrar directamente al empresariado en las políticas “sociales”. Parte de esto fue colocar de ministro de desarrollo social a Alfredo Moreno, representante directo de la CPC, y luego levantar un “Compromiso País” donde los empresarios, los expropiadores de la riqueza social, cínicamente detectan “grupos vulnerables” y se abocarán “personalmente” a plantear obras de caridad o levantar nuevas fundaciones con el fin de abordar estos problemas de forma directa ante la debilidad de las mediaciones. Problemas generados por ellos mismos para los que no tienen solución alguna.

Del mismo modo en la Araucanía, el ministro Moreno había desplegado en terreno el “Plan Araucanía” cuyos ejes principales eran meter dentro de un arco de conciliación a trabajadores, campesinos, representantes mapuches, empresarios y gobierno, en un compromiso de desarrollo de infraestructura para la región que incluiría también la promesa de reforzar algunas escuelas, hospitales y servicios básicos. Algo que despertaba ciertas esperanzas en una región donde la pobreza, el trabajo en negro, la falta de servicios como agua o alcantarillado doblan o triplican la media nacional. Por supuesto que este plan debía estar acompañado con la profundización de la militarización de la zona, el pilar represivo del Estado.

Este plan no significaba otra cosa que un intento de fortalecer a la rama forestal de la región, quienes vienen amasando cuantiosas ganancias, para darle una mayor dinámica de negocios, paz social e infraestructura productiva. El asesinato de Catrillanca hizo saltar por los aires este artificioso plan el que el tandem Chadwik y Moreno se desviven por salvar.

Operación lavado de cara 2

La solidaridad con las comunidades mapuches que despertó en la población el brutal asesinato de Catrillanca, removió la sillas de los parlamentarios de la oposición burguesa quienes exigían “justicia para Catrillanca”, desentendiéndose de sus propias responsabilidades en los asesinatos de otros comuneros y activistas durante su gobierno, y de obreros en lucha como Rodrigo Cisterna o Nelson Quichillao. Por los pasillos parlamentarios empezó el circo de las interpelaciones ministeriales al ministro del interior y el director de Carabineros. Unos ofuscados parlamentarios del Frente Amplio pedían “autocríticas” a la labor del gobierno, y sólo se limitaban a cuestionar la presencia de grupos especiales de carabineros, no la represión en si misma. Este corso de charlatanes se desviven por una limpieza democrática de la institucionalidad represiva. Quieren que se ejerza un “control civil” de esta institución sin cuestionar su función social. Juntos se suman al discurso de que existen carabineros buenos y carabineros malos, para extirparle a la democracia los segundos. Simbólicamente resolvieron dar $1 a los gastos reservados y así, a su imagen y semejanza, hacer de los represores hombres honestos al servicio de los ricos.

Wallmapu, Estado y poder obrero

Hace más de un siglo que se estructuró el Estado chileno en el proceso de formación de los llamados “Estado nación” del capitalismo. Al igual que el conjunto de los países latinoamericanos el desarrollo del imperialismo imprimió las formas de dominación desarrollando poderosas clases obreras alrededor de los medios de producción imprimiendo a  la semicolonia un carácter combinado de formas arcaicas y modernas. La opresión y represión de las pueblos originarios fue una característica del Estado que se mantiene hasta nuestros días y que tuvo lugar con la evolución del reparto de la tierra y el desarrollo de la industria como la forestal. Inútil es, como pretenden las agrupaciones pro-mapuches, bregar por girar al revés la rueda de la historia para convertir a toda la patagonia en territorio indígena como símbolo de lucha contra el Estado burgués. La diferenciación de clases del llamado “pueblo” mapuche es evidente. Al interior de las comunidades mapuches prima una economía campesina de subsistencia, cuando no se dedican al cultivo de bosques en comodato de las forestales. La composición de la mayoría de la clase trabajadora forestal tiene ascendencia mapuche. Así también vemos a capataces mapuches asociados y ligados al Estado y los capitalistas.

Desde distintos partidos partidos patronales levantan la idea de que el “Plan Araucanía” debe ser complementado con un plan político de integración del pueblo mapuche, proponiendo su reconocimiento constitucional y una ley de cuotas para la representación parlamentaria. Algo que es apoyado y levantado tanto por el PC como por el Frente Amplio. Es decir, pretenden cooptar a un sector para que sea integrado al Estado burgués, en una receta parecida a la de Evo Morales y su “Estado plurinacional”, en definitiva, fortalecer al Estado capitalista como organo reaccionario.

Los revolucionarios luchamos por la destrucción del aparato burocrático militar del Estado. Una tarea estratégica de envergadura para que la clase obrera se prepare para ejercer el poder político como modo de transición hacia el socialismo. Y esta destrucción del Estado debe desbordar las formas del actual Estado capitalista para extenderse por todo el continente para conquistar una Federación de Estados Obreros Socialistas de América. Esta tarea sólo puede ser acaudillada por el proletariado organizado en clase dominante. En este proceso revolucionario el proletariado debe luchar contra el Estado codo a codo con las sectores explotados y oprimidos del pueblo mapuche, bregando por su diferenciación de clases, por el desarrollo de la revolución agraria y la planificación de la producción, para lo cual será necesario levantar la necesidad de la autodeterminación de las comunidades mapuches en el seno de la dictadura del proletariado.

La tarea del momento para la juventud y el activismo obrero es la de luchar por el castigo a los asesinos de Camilo Catrillanca, luchar por la desmilitarización de la Araucanía y la disolución de carabineros; ninguna confianza en las comisiones investigadoras parlamentarias; preparar junto a los sindicatos los mecanismos de defensa para repeler y derrotar la represión del Estado burgués.

13-12-18

Ya va más de un mes de paro de los trabajadores portuarios, un sector de la clase obrera que viene protagonizando una importante lucha contra una de las patronales más fuertes. Esta lucha de los trabajadores viene dar luz sobre las condiciones precarias e inestables de este sector obrero donde su salario depende de la disponibilidad de los turnos, sin derechos laborales y sociales, en una ciudad con altos índices de cesantía y pobreza, donde por ejemplo los incendios han arrasado los hogares donde viven las familias obreras. La respuesta de la patronal ha sido de mantener una línea dura contra los trabajadores, buscando reventar la huelga mediante el accionar represivo, que incluye golpizas a trabajadores, seguimiento a dirigentes, represión policial y de la marina, además se suma la utilización de rompehuelgas,  ingresando y destrozando la histórica sede sindical sede sindical (su mobiliario, estandarte, vidrios y todo lo que encontró a su paso la furia e impotencia de carabineros que no pudo bajar del techo a los trabajadores que enfrentaban la represión).

El gobierno está tratando de mantener también la línea represiva y además de señalar que este es un conflicto entre privados, esto que es hipocresía pura ya que son ellos los que administran el Estado burgués que les otorga las concesiones a esta empresas, que son ellos que le garantizan “ la paz social”  para reprimir esta lucha. Lo que sí están tratando de  evitar se les abra otro flanco de una mayor crisis, donde el gran empresariado presiona para que esta movilización pare y no escale más allá. Por ello intervinieron el pasado 18 de diciembre para llegar a un preacuerdo, firmado y aprobado por la directiva sindical la que no podía hacerlo pasar sin la consulta a la asamblea, algo que era visto como peligroso por las cámaras empresarias. Y tenían razón, la asamblea no podía aprobar este acuerdo entre los dirigentes Kimpel-Rojas y el gobierno que consistía en agregar a la miserable giftcard de $ 250 mil, un incentivo estatal a pagar en 2 cuotas a en enero y fin de febrero por un “curso de capacitación”. Algo que suena ridículo e insultante para los trabajadores que llevan casi 40 días de paro y que son trabajadores especializados en las labores de estiba, que poco y nada les aportará este tipo de curso. Por lo mismo la asamblea unánimemente rechazó el acuerdo Kimpel-Rojas-Monkenberg

El alcalde Sharp (F.A.) junto con la oposición burguesa  ha llamado a los empresarios a dialogar y ha condenado los hechos de violencia, para que el conflicto no escale, es decir, buscando evitar que se ponga en el centro la lucha de clases. Pretende que se cierre la lucha en las instituciones del Estado, mal que le pese a su discurso autonomista, buscando discursivamente impulsar alianzas de clase territoriales dirigidas por la pequeñoburguesía, cuando lo que en realidad se necesita es la alianza de toda la clase trabajadora en la producción  para enfrentar los ataques de las patronales y la miseria que el capitalismo genera en las familias obreras.

Plan de lucha y programa obrero

La clase obrera portuaria ocupa un importante papel puesto que es parte de la rama de la economía donde se desarrolla la circulación de  mercancías, esto lo saben las patronales donde reclaman por las pérdidas en sus ganancias, en particular en la patronal agroexportadora que ve perder la producción y vencer las fechas de entrega

Los trabajadores de la Unión Portuaria vienen haciendo paros parciales de solidaridad de norte a sur en apoyo a lucha de sus hermanos de clase. Es central que se discuta un plan de lucha unificado para ir en auxilio los trabajadores porteños. Es central que la Unión Portuaria convoque  a un congreso de emergencia de delegados de base a nivel nacional, con mandato de asambleas, donde  se convoque a un paro nacional, se levante un pliego único y se haga sentir el peso de los trabajadores. Esta medida deberá ser acompañada por la solidaridad activa entre los trabajadores de las principales ramas económicas como por ejemplo los trabajadores mineros que también han venido protagonizando luchas contra los ataques de las mineras como en Chuquicamata. Con todo se debe  discutir un programa obrero que parta entre otros puntos con la consigna de pelear por poner fin al trabajo eventual, partiendo por imponer la escala móvil de horas de trabajo, calculada por el trabajo conjunto de permanente y eventuales, estableciendo un piso mínimo de turnos y horas al mes determinado por el costo de la canasta familiar, junto con imponer que se garanticen todos los derechos laborales y sociales.

Es importante recuperar los sindicatos de manos de burócratas sindicales para luchar contra los planes del gobierno, la patronal como la de Von Appen y los planes de ajuste y represión dictados por el imperialismo. Es necesario levantar fracciones obreras revolucionarios en los sindicatos para pelear por un programa obrero para enfrentar los ataques patronales y la miseria generalizada del capitalismo en descomposición

21/12/2018

Las política de recorte y ajuste del gobierno de Piñera, a tono con lo exigido por el imperialismo en varios países de la región, ha significado el despido de más de 4000 funcionarios públicos. La mayor cantidad de éstos han acontecido luego de que la burocracia sindical de la ANEF/CUT/Colegio de Profesores cerrara, bajando las medidas de lucha por un reajuste miserable de 3,5 %, apenas un 0,6% por arriba del IPC.

Justamente fue Bárba Figueroa quien celebró el acuerdo dado que contenía el compromiso de no realizar despidos “injustificados”, como si pudiera justificarse dejar familias en la calle y negarles el mínimo derecho al trabajo.

Ante los despidos llamaron a un día de paro, el que se diluyó en una vuelta al trabajo a realizar reuniones informativas. Por supuesto que la intención era posibilitar que la discusión pasara al parlamento donde los partidos madre de la burocracia sindical (ex Nueva Mayoría) debían ponerle el broche de oro de votar el reajuste para no quedar con las manos vacías y poder seguir mostrando un triunfo.

Y esta situación de ajuste se da por ante un programa de gobierno que plantea “sacar la grasa del Estado”, y no está hablando de los charlatanes y arribistas de toda índole que pueblan los pasillos de los ministerios, el parlamento o demás instituciones del Estado burgués. Habla directamente de que la crisis capitalista la deben pagar los trabajadores y sus familias, los que mueven las escuelas, los hospitales, los consultorios, etc. Además que el gobierno pretende establecer un parámetro insignificante para el resto de negociaciones salariales públicas y privadas.

La pelea por el botín de cargos en el Estado entre los distintos agrupamientos políticos burgueses o pequeñoburgueses es una característica de estos sectores sociales, de políticos profesionales, que exigen su recompensa por la labor de sostenedores del ordenamiento capitalista. Esta es la burocracia estatal de la que también se nutre y se articula la burocracia sindical. En esta pelea quedan entrampados los trabajadores de las escuelas, los hospitales y demás servicios estatales quienes en otros años han sabido desplegar movilizaciones y paros contundentes.
Es prioridad que los trabajadores del Estado se desembaracen de la tutela de los partidos burgueses como el PS, PC o DC, expulsen de las organizaciones sindicales a las burocracia sindical y recuperen estos organismos para luchar contra los planes de ajuste del imperialismo, desplegar una lucha desorganizando al Estado e imponer demandas tales como el fin del trabajo a contrata y honorarios, reincorporación de todos los despedidos  y salarios acordes al costo de canasta familiar.

16-12-18

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Más de un mes duró el paro de los trabajadores portuarios, un sector de la clase obrera que protagonizó una de las más importantes luchas de los últimos años contra una de las patronales más fuertes del país. Esta lucha de los trabajadores vino a dar luz sobre las condiciones precarias e inestables de este sector obrero donde su salario depende de la disponibilidad de los turnos, sin derechos laborales y sociales, en una ciudad con altos índices de cesantía y pobreza, donde por ejemplo los incendios han arrasado los hogares donde viven las familias obreras. La  línea dura contra los trabajadores, llevada a cabo por la patronal que buscó reventar la huelga mediante el accionar represivo, que incluyó golpizas a trabajadores, seguimiento a dirigentes, la utilización de rompehuelgas, la represión policial y de la marina, la represión se dirigió contra el sindicato ingresando y destrozando la histórica sede (su mobiliario, estandarte, vidrios y todo lo que encontró a su paso la furia e impotencia de carabineros que no pudo bajar del techo a los trabajadores que enfrentaban la represión).

El gobierno después de señalar que este era un conflicto entre privados salió a evitar que se les abriera otro flanco de una mayor crisis, donde el gran empresariado presionaba para que esta movilización pare y no escalara más allá. Por ello intervinieron directamente primero el 18 de diciembre para llegar a un preacuerdo, firmado y aprobado por la directiva sindical la que no podía hacerlo pasar sin la consulta a la asamblea, algo que era visto como peligroso por las cámaras empresarias, preacuerdo que la asamblea rechazó unánimemente. Al final en una segunda ocasión los dirigentes Kimpel-Rojas y el gobierno lograron un preacuerdo que implica una giftcard de 250.000, un préstamo de 550.000 y un aguinaldo de 75.000. Para enero un curso de capacitación de 400.000 y un bono de 750.0000 para enero (los trabajadores pedían 2 millones). En todo momento los dirigentes se la jugaron por imponer este acuerdo. Una propuesta que no se condice con los casi 40 días  de huelga de los trabajadores y las posibilidades de extenderse el conflicto en la rama portuaria, donde ya había habido paros y diversas expresiones de solidaridad. Pese a todo los trabajadores lo han considerado un triunfo ante la intransigencia patronal, lo cual es un punto de apoyo para avanzar en lucha y organización. Lo fundamental es que este acuerdo no cierra el conflicto puesto que las condiciones de “eventualidad laboral” se mantienen en los portuarios, solo es un paliativo insultante hacía los trabajadores que han protagonizado esta enorme lucha.

Por su parte el alcalde Sharp (F.A.) junto con la oposición burguesa hicieron insistentes llamado a los empresarios a dialogar junto con haber condenado los hechos de violencia, para que el conflicto no escalara, es decir, buscando evitar que se ponga en el centro la lucha de clases. Pretendiendo cerrar la lucha en las instituciones del Estado, mal que le pese a su discurso autonomista, buscando discursivamente impulsar alianzas de clase territoriales dirigidas por la pequeñoburguesía, cuando lo que en realidad se necesitaba es la alianza de toda la clase trabajadora en la producción para enfrentar los ataques de las patronales y la miseria que el capitalismo genera en las familias obreras.

Los dirigentes de la Unión Portuaria buscaron que el gobierno de Piñera intercediera en el conflicto impulsando mesas de diálogo que llevaran a proyectos de ley que establezcan la base de “derechos laborales” para los trabajadores eventuales. Como era de esperar el gobierno intenta dar respuesta a esta situación indicando que la salida es precarizar aún más las condiciones de trabajo ante las innovaciones técnicas en la producción (lo que no viene al caso dado que las nuevas grúas asisten a naves de mayor dimensión requiriendo la misma fuerza de trabajo).

Esta orientación de llamar a confiar en proyectos de ley o en la política de presión al Estado burgués, será nefasta para los trabajadores portuarios quienes han enfrentado el accionar tanto de la gestión en representación directa del empresariado de los ministros de trabajo y transporte  (Monckenberg/Hutt), como la represión abierta y descarnada de parte de ese mismo Estado.  Si bien han llevado a cabo acciones nacionales en solidaridad, la orientación planteada por la directiva y los asesores legales se dirige a contener, desviar y desmotivar la fuerza de los trabajadores portuarios para irse colocando como una nueva mediación de la dominación capitalista. Luchar contra la burocratización de la Unión Portuaria, que surgió como un ejemplo de organización y de lucha de todo un sector obrero agrupado en una  rama, promoviendo a nuevos dirigentes, desplazando a los burócratas históricos y luchando por la independencia de los sindicatos del Estado, será una tarea central para la vanguardia obrera en el próximo periodo.

La necesidad de un programa obrero

La clase obrera portuaria ocupa un importante papel, puesto que, es parte de la rama de la economía donde se desarrolla la circulación de mercancías, esto lo saben las patronales que reclaman por las pérdidas en sus ganancias, en particular en la patronal agroexportadora que ve perder la producción y vencer las fechas de entrega.

Es central  que como balance se discuta la necesidad de  un congreso de delegados de base a nivel nacional, con mandato de asambleas, donde se discuta un programa obrero que parta entre otros puntos con la consigna de pelear por poner fin al trabajo eventual, partiendo por imponer la escala móvil de horas de trabajo, calculada por el trabajo conjunto de permanente y eventuales, estableciendo un piso mínimo de turnos y horas al mes determinado por el costo de la canasta familiar, junto con imponer que se garanticen todos los derechos laborales y sociales.

Es importante recuperar los sindicatos de manos de burócratas sindicales para luchar contra los planes del gobierno, la patronal como la de Von Appen y los planes de ajuste y represión dictados por el imperialismo. Es necesario levantar fracciones obreras revolucionarios en los sindicatos para pelear por un programa obrero para enfrentar los ataques patronales y la miseria generalizada del capitalismo en descomposición.

Diciembre 2018

El pasado jueves 10 de enero, Nicolás Maduro asumió su 2º período como presidente venezolano. Las elecciones presidenciales fueron el 20 de mayo de 2018, con una abstención mayor al 70%, mostrando la precariedad institucional del poder burgués en el país. Las bases de la economía capitalista se vienen deteriorando de forma acelerada en los últimos años, con una inflación galopante que ha destruido el salario obrero y empujando a cientos de miles a la migración por el desabastecimiento de productos alimentarios, médicos y sanitarios. Este descalabro económico, sin dejar de ser responsabilidad del gobierno chavista, es indudablemente parte de la crisis capitalista mundial.

Luego de desconocer las elecciones del 20/5/18, la oposición venezolana se ha atrincherado en otra institución de la república burguesa, la Asamblea Nacional. Desde este punto de apoyo, el imperialismo, comandado por Trump, está llamando a desconocer al gobierno de Maduro, primero a través de los gobiernos cipayos del llamado grupo de Lima (a excepción de México, que se postula como mediador) y luego abiertamente a través de funcionarios de su administración como Bolton, Pompeo, y el propio vicepresidente Pence. La Asamblea Nacional aporta un “presidente interino” para esta operación imperialista, el derechista Juan Guaidó, quien desde la asunción de Maduro no cesa de llamar a las fuerzas armadas a rebelarse. La oposición burguesa venezolana, frente a su propia debilidad, comprende que la clave de la situación es la relación de fuerzas a nivel continental y ha leído la ofensiva de Trump y la asunción de Bolsonaro como una oportunidad para dar una salida favorable a sus intereses (los mismos que los del imperialismo) a la crisis que atraviesa desde hace años al país.

Dos bandos burgueses

Bajo esta pelea cada vez más descarnada por el poder están los intereses por el control de los enormes recursos económicos de Venezuela y de toda la región. Trump está lanzando una cruzada para desalojar a China de las posiciones conquistadas durante el período de gobiernos bonapartistas sui generis de la década pasada, que debieron lidiar con una agenda marcada por semiinsurrecciones espontáneas frente a las consecuencias de las políticas del consenso de Washington en diferentes países como Argentina, Bolivia, Ecuador y la propia Venezuela. La actual ofensiva del imperialismo por imponer una nueva orientación se hace sentir con toda crudeza, y los resabios de esos gobiernos anteriores que no han sabido acomodarse a la situación (a diferencia de Evo Morales, nuevo amigo de Bolsonaro y viejo aliado de las petroleras) son un blanco predilecto para una política mucho más abarcadora. Y es que toda la región, a través gobiernos más directamente alineados al amo yanqui, está siendo sometida a los paquetes de reformas laborales, previsionales y fiscales, educativas y de salud, entre otras, a pedido del imperialismo y los intereses de las grandes empresas del capital financiero internacional.

Si la lucha por los recursos y el control de los mercados es descarnada, y abre una pelea por el poder, lo trágico es que la crisis de dirección revolucionaria impide por el momento al proletariado venezolano y de toda la región presentar una salida progresiva a través de una acción independiente y de clase. No podemos dejar de señalar cómo todas las expresiones de centroizquierda y progresistas de la región han contribuido a esta tragedia, alimentando expectativas en agentes del capital como los Chávez, los Lula, los Evo y los Kirchner. Más penoso aún es que corrientes de la izquierda trotskista hayan hecho lo propio, buscando dialogar con “las masas”, embelleciendo a los gobiernos latinoamericanos a lo sumo como el “mal menor” frente a la derecha “neoliberal”. El último ejemplo de esto es el llamado de corrientes como la FT-CI, el PO argentino, el SOB o la UIT-CI a apoyar, más o menos abiertamente, al petista Fernando Haddad en la 2º vuelta electoral en Brasil contra Bolsonaro.

No hay salida bajo el capitalismo

El desarrollo de la crisis venezolana ha dejado expuesto el rol central de las fuerzas armadas como núcleo central del estado capitalista. Por eso los llamados desesperados de la oposición para atraerlas a su bando y los constantes gestos de Maduro para mostrar el apoyo de las bayonetas a su gobierno, tal como lo expuso en su último discurso el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López. La situación de polarización que se vive en Venezuela no debe ser tomada como una excepción, sino como el preludio de los choques políticos y sociales que generará la política norteamericana en el continente.

La política de reformas impulsadas por el imperialismo ya ha encontrado resistencia en los países donde se está aplicando. No sólo en América Latina, sino también en Europa, donde los chalecos amarillos vienen enfrentando la política de desmantelamiento del estado de bienestar de Macron. Los procesos de masas irrumpen contra los planes de ajuste, pero aún se desarrollan dentro de la legalidad burguesa y con direcciones reformistas y, en gran parte de estos procesos, el proletariado interviene de forma diluida.

Los revolucionarios debemos enfrentar la situación con audacia y sin engañar al proletariado. La política de clase debe orientarse a romper la envoltura democrática del Estado burgués, envoltura cada vez más tenue y casi inexistente en los países latinoamericanos. Seguir sembrando ilusiones en las formas democráticas de la burguesía, que en realidad pretenden ocultar la dominación de clase del imperialismo, es un error con consecuencias funestas para los trabajadores y las masas.

La necesidad de recuperar los sindicatos y a partir de ello organizar la autodefensa es una tarea de primer orden en Venezuela. El control obrero por ramas económicas se impone como única salida al descalabro económico a que someten al pueblo Maduro y la oposición pro imperialista. Un congreso de delegados con mandato de base es una política a levantar en cada fábrica y establecimiento, para unificar a nuestra clase en la necesidad de enfrentar al Estado con un plan de lucha y discutir un programa de salida obrera a la crisis generada por los capitalistas.

Las actuales debilidades organizativas de la clase obrera venezolana pueden y deben ser superadas con el apoyo decidido de los trabajadores de todo el continente, empezando por el proletariado norteamericano, que desarrolla importantes experiencias de organización y lucha contra Trump y el Estado imperialista. Abrir las puertas de los sindicatos de los diferentes países de la región para la organización de los trabajadores venezolanos desplazados es una tarea internacionalista de primer orden que debe encarar todo revolucionario.

Se trata de una pelea a muerte contra el imperialismo, que viene a recuperar las posiciones en su patio trasero. Una lucha antiimperialista y revolucionaria, que debe partir de sacar balance de los gobiernos de la etapa anterior que lejos de enfrentar al imperialismo sentaron las bases para la debacle actual. Y luchar por la dictadura del proletariado y su extensión internacional en una Federación de Repúblicas Socialistas de América Latina.

Sostenemos la necesidad de desarrollar una Conferencia Latinoamericana, para poder discutir de cara a la vanguardia y ayudar a su desarrollo en países como Venezuela y otros países de la región, para impulsar tareas internacionalistas que permitan afianzar núcleos revolucionarios y una lucha política entre las tendencias que nos reivindicamos del trotskismo para aproximarnos a sentar las bases de una dirección revolucionaria. Llamamos a la LIT-CI, la CRCI, FT-CI y organizaciones que aún reivindiquen la dictadura del proletariado y la reconstrucción de la IV Internacional a tomar en sus manos la realización de dicha Conferencia para discutir un programa transicional.

¡Fuera las manos del imperialismo de Venezuela!

¡Por una Federación de Repúblicas Socialistas de América Latina!

19 de Enero de 2019

Más información en cor-digital.org

El capitalismo avanza hacia otro capítulo más de la crisis iniciada en el 2008. Los pronósticos de los principales representantes del capital financiero como el BM o el FMI, pronostican a la baja el crecimiento mundial con posibilidades de una situación recesiva a en EEUU que arrastrará o afectará en distinta grado, al igual que en el 2008 a todas las regiones del planeta. Y es que esa crisis, no fue una más del ciclo económico sino que expresa la profunda crisis estructural de la economía capitalista y que llevó a todos los gobiernos de la burguesía a impulsar distintas recetas para paliar la crisis o patearla para adelante. Dichas recetas tienen como principal ingrediente el descargar sobre los trabajadores y el pueblo los costos de esta. Así se han sucedido los recortes de presupuesto fiscal, los cierres de empresas, los ataques a la seguridad social, reformas laborales para precarizar el trabajo y aniquilar conquistas obreras, exenciones impositivas para mitigar la alicaída tasa de ganancia capitalista, etc. Como parte de esto el capitalismo ha tensado las disputas interimperialistas profundizando las guerras comerciales, la lucha de aranceles, ha incentivado el desarrollo de guerras regionales, la disputa por el control de mercados, recursos y el dominio sobre determinadas ramas económicas. Justamente por esto ha colocado en crisis el inestable equilibrio capitalista conseguido a la salida de la 2a Guerra Mundial profundizando los conflictos interestatales, la anarquía capitalista de la producción y la crisis de los regímenes políticos burgueses en cientos de países.

En latinoamérica recrudece la crisis el carácter semicolonial de los países de la región. Una mayoría de gobiernos se encuentran aplicando las recetas del Fondo Monetario, incrementando sideralmente las deudas nacionales y la dependencia imperialista, atacando la salud, la educación, el salario y las condiciones de trabajo. La crisis social es gigantesca llegando, según cifras de la CEPAL, a más de 184 millones de pobres en la zona a lo que hay que sumarle más de 62 millones en la extrema pobreza a fines del 2017, siendo las mujeres y la juventud su principal componente. Cifras que aún no dan cuenta de la profundidad de la crisis que ha seguido su curso, donde países como Venezuela, Argentina o Brasil, exponen un panorama sombrío que planta un futuro de miseria para las nuevas generaciones.

Es en este contexto de crisis capitalista que el imperialismo norteamericano de la mano del gobierno de Trump, ha redoblado la ofensiva sobre lo que considera su "patio trasero" presionando a gobiernos y fracciones burguesas a posicionarse ante el amo del norte. Y es que la misma crisis lleva a las débiles burguesías latinoamericanas a tomar posición para alinearse ante el capital financiero y maniobrar en medio de las contradicciones de la economía mundial como es la dependencia de las importaciones de Chinas, de las inversiones imperialistas, y los vaivenes de la guerra comercial desatada por los EEUU, o las oscilaciones en las medidas monetaristas del Tesoro yanqui, que aniquilan las capacidades de maniobra de los gobiernos dependientes. En este contexto es que las sub-burguesías latinoamericanas ensayan alineamientos políticos pro-imperialistas como es el grupo de Lima (encabezado por los gobiernos de Chile, Colombia, Perú y Argentina) con la expectativa de que, mostrándose serviles al amo del norte, los flujos de capital vengan a dinamizar los negocios capitalistas, mientras endurecen aún más el carácter represivo de sus regímenes burgueses, y hasta restringen las escasas "libertades" democráticas de la sociedad de clases. Del mismo modo, las fracciones burguesas armadas con programas políticos estatistas, como en México o Venezuela, o que se encuentran en la oposición en otros países (como las que representa el PT Brasilero o el Kirchnerismo argentino) pretenden negociar mejores condiciones con el imperialismo para el pago de las deudas externas o de la gradualidad del ajuste, aplicando una que otra dádiva para amortiguar la crisis social, pero se proyectan de todas maneras como los continuadores del saqueo generalizado de la rapiña imperialista a los trabajadores y el pueblo.

La clase trabajadora es la única clase con el potencial para derrotar al imperialismo, sus planes y sus gobiernos serviles. Justamente es la que mueve todo el aparato productivo que controla el mando capitalista y que es la base de la dominación social imperialista. La única clase que genera valor al poner en acción sus músculos, su inteligencia, su creatividad. Los recursos disputados por las potencias imperialistas, el anárquico debilitamiento o el desarrollo de fuerzas productivas, no son nada sin la fuerza social que pone en movimiento la creación diaria de riqueza que es expropiada y despilfarrada por la parasitaria clase capitalista. No han faltado demostraciones de importantes luchas de los trabajadores en diferentes países contra los planes del gobierno y el imperialismo. Sin embargo, estas han sido aisladas, contenidas o directamente derrotadas por la política de las direcciones oficiales del movimiento obrero. Direcciones burocráticas que llevan a los trabajadores a la vía muerta de la presión a las instituciones estatales como el parlamento o los ministerios, y de paso coquetean o directamente se alinean con diversas fracciones de capitalistas "nacionales". Como ejemplo podemos tomar a Venezuela y al chavismo del PSUV como el caso extremo en el que se mantiene maniatados a importantes sectores de trabajadores al aparato del Estado Burgués regenteado por la "boliburguesía" y su aparato militar. Y esta dirección dice llamarse socialista y antiimperialista, para mejor engañar a las masas obreras y coartarle cualquier salida independiente. Ante la extrema presión del imperialismo yanqui en la región, no es el antiimperialismo de corte nacional y burgués el que dará una salida a la crisis en la que está sumida la población. Ese falso "antiimperialismo" que pregona un desarrollo nacional de la mano del Estado capitalista y para el beneficio de la gran y pequeña burguesía autóctona. Esto sólo seguirá profundizando la dependencia nacional y la explotación obrera.

Es necesario que los trabajadores recuperen los sindicatos expulsando a la burocracia de los mismos. Es necesario que empecemos a trabajar arduamente por impulsar la unidad de las filas de nuestra clase al mismo tiempo que levantar un programa de acción y revolucionario que se dirija a enfrentar a los patrones, los gobiernos y los planes imperialistas. Hay que luchar a cada paso por la independencia política de la clase trabajadora de la influencia de la clase dominante. Esta lucha no empieza y acaba en una que otra declaración de principios, se trata de medidas políticas, organizativas y de acción de nuestra clase que se dirijan principalmente contra el principal instrumento de opresión de los explotadores que es el Estado. Parte de este programa deberá ser el imponer mediante el control obrero de las principales ramas económicas, la apertura de libros contables, la escala móvil de salarios y de horas de trabajo, para detener la degradación de las condiciones sociales de las masas obreras, y al mismo tiempo incorporar masivamente a los desocupados a la producción. Estos primeros pasos pueden educar a la vanguardia obrera en las tareas de la planificación de la economía preparando las bases para la expropiación de los expropiadores.

Los trabajadores en los países semicoloniales deben luchar por expulsar al imperialismo, hermanando sus luchas con los trabajadores de los países imperialistas. Es el carácter internacionalista inalterable de la clase trabajadora la que debe colocarse en primer plano. La lucha de los trabajadores latinoamericanos será por arrebatar el poder a la burguesía poniendo en pie una Federación de Estados Obreros Socialistas de Latinoamérica como la forma en extensión internacional de la dictadura del proletariado.

Esta perspectiva de lucha no puede sino estar ligada a la lucha de los trabajadores por el poder, por el derrocamiento de la burguesía y su régimen de explotación. Para esta perspectiva es que tenemos que levantar una organización internacional de la vanguardia obrera, que prepare paciente y persistentemente el triunfo sobre los capitalistas. Un partido mundial de la revolución socialista que no será otro que la IV Internacional reconstruida.

A fines del siglo XIX la clase trabajadora con sus luchas generalizadas contra la explotación y por la jornada de 8 horas, dejó instituido el primero de mayo como el día internacional de nuestra clase. No podemos menos que aprovechar esta conmemoración para retomar las lecciones de las luchas revolucionarias del proletariado y enarbolar la consigna que han recorrido las mismas:

"Trabajadores del mundo Uníos"

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A Reforma da Previdência insere-se no conjunto de políticas de ataque aos trabalhadores em todo o mundo; políticas com as quais o imperialismo busca encontrar uma saída para a crise estrutural do capitalismo. Através de ajustes e reformas fiscais, previdenciárias, trabalhistas, sociais e educacionais, a burguesia intenta impor uma nova relação entre o Estado e as classes sociais, rompendo com os pactos e instituições construídos no pós-guerra(como o estado de bem estar social nos países imperialistas)repassando aos trabalhadores os custos de manutenção do aparato estatal, bem como de suas prerrogativas sociais. Na última década, países como França, Alemanha, Espanha, Grécia e Rússia aplicaram reformas previdenciárias que aumentaram a idade mínima e o tempo de contribuição. Outros países, como Portugal, Dinamarca, Itália, Suécia eReino Unido realizaram mudanças além do aumento gradual na idade mínima, como novos cálculos para o benefício, corte nas aposentadorias já pagas ou mudanças no regime de repartição, incluindo a capitalização.

Nos países semicoloniais, na América Latina, as reformas e ajustes se apresentam com maior crueldade. Isso porque, na atual conjuntura, o imperialismo também modifica suas relações interestatais, abrindo disputas políticas e comerciais e disciplinando as semicolônias com maior ingerência e com uma política clara de exportação da crise. Neste sentido, estes países orientam sua política de estado aos interesses do imperialismo, aumentando ainda mais o grau de exploração de seus trabalhadores. No Brasil, a Emenda Constitucional 95 (congelamento dos gastos por 20 anos), a reforma trabalhista, a reforma do Ensino Médio e agora, a reforma da Previdência buscam diminuir consideravelmente o aporte estatal na garantia de serviços e direitos, transferindo para os trabalhadores o custo de sua própria exploração.

O PROJETO DA REFORMA DE BOLSONARO

O governo Bolsonaro atua neste sentido: procura ser o capacho do capital imperialista na sua exploração feroz por manutenção de seus lucros e dividendos. Por isto apresenta uma reforma da Previdência mais agressiva do que as reformas apresentadas por governos passados, incapazes de aprová-la.

Este projeto prevê a desconstitucionalização da Previdência, facilitando novas reformas futuras com aprovação de maioria simples no Congresso. Também decreta o fim da aposentadoria por tempo de contribuição, do acúmulo de aposentadoria com pensão e da vinculação do benefício previdenciário ao salário mínimo. Impõe idades mínimas de 62 e 65 para mulheres e homens, respectivamente, com projeção de aumento gradual a medida que a expectativa de vida também aumente. Além disso, determina em 20 anos o tempo de contribuição mínimo para a aposentadoria com benefício de 60% (calculado com base na média de todas as contribuições realizadas e não mais a média sobre 80% das maiores contribuições). Para o benefício integral (100% da média de todos as contribuições), o trabalhador deve ter, além da idade mínima, 40 anos de contribuição. Isto, num país onde o desemprego é estrutural, pois não há recuperação dos postos de trabalho. O índice do desemprego de longa duração atinge 4,8% da força de trabalho. No total, o desemprego soma 27,9 milhões de desocupados (sem ocupação ou com trabalhos de poucas horas), além de 4,9 milhões de desalentados (que desistiram de procurar emprego). Ou seja, não há perspectiva de o trabalhador médio brasileiro reunir os critérios de idade e tempo de contribuição para se aposentar. A reforma da Previdência significa, na prática: trabalhar até morrer!

O projeto também disciplina estados e municípios a criarem a Previdência Complementar e lhes dá autonomia para cobrança de até 22% na alíquota previdenciária de servidores públicos. Outra mudança proposta no projeto é do sistema de repartição social da previdência para o regime de capitalização, no qual a contribuição do trabalhador é gerida pelos bancos no mercado financeiro. Esse sistema, adotado nos anos 80 e 90 em alguns países na América Latina, hoje é responsável pela miséria de muitos trabalhadores ao se aposentarem. No Chile, por exemplo, a maioria dos aposentados recebe menos do que um salário mínimo, enquanto na Colômbia e no México, 7 em cada 10 trabalhadores correm o risco de ficar sem aposentadoria. Além disso, a reforma acaba com as aposentadorias especiais de professores e trabalhadores rurais e determinará para alguns tipos de pensões, a metade de um salário mínimo. Num contexto de alto desemprego e terceirização dos postos de trabalho, muito próximos à informalidade, a Reforma da Previdência representa, na prática, o fim da seguridade social.

FIM DOS PRIVILÉGIOS?

Para aprovar uma reforma impopular, o governo Bolsonaro, ressuscita o velho discurso do fim dos privilégios, afirmando que a reforma é necessária para garantir crescimento econômico e que é justa porque inclui todos os trabalhadores, acabando com os “privilégios” de alguns (especialmente, servidores públicos). Contudo, alguns são mais alguns que outros. Bolsonaro aliviará para parte de sua base eleitoral, militares e bancada da bala, o impacto da reforma. Para os militares, o governo manterá o Sistema de Proteção Social dos Militares (a previdência própria deles) aumentando o tempo de contribuição de 30 para 35 anos e aumentando a alíquota de 10,5% para 14%. Para “compensar”, o projeto dos militares prevê a reestruturação da carreira, dobrando os valores da ajuda de custo quando o militar se aposenta e implementando gratificações que variam de 5% a 32% do soldo. Na prática, as mudanças no Sistema de Proteção Social economizam $97,3 bilhões enquanto a reestruturação da carreira amplia os gastos em $86,85 bilhões. Atualmente, o déficit previdenciário dos militares é de $40 bilhões por ano. Para Bolsonaro, a reestruturação restabelece “perdas” que os militares acumulam desde a promulgação da Medida Provisória 2215/10, implementada pelo governo Fernando Henrique (PSDB), que acabou com a promoção automática para militares que passavam para a reserva remunerada, com o auxílio-moradia e com o adicional de inatividade. Enquanto deputado, Bolsonaro tentou colocar esta MP em votação no plenário nos governos Lula e Dilma (PT) e fez de sua extinção uma promessa de campanha eleitoral, abraçada pelos militares. Já para os servidores de Segurança Pública (polícia federal, polícia civil, agente penitenciário e agentes sócio-educativos) estarão garantidas a paridade (a aposentadoria acompanha os aumentos e reajustes dos salários de servidores da ativa) e integralidade (aposentadoria igual ao salário do último cargo), mesmo para quem ingressou depois de 2003, ano da reforma previdenciária que acabou com a integralidade dos servidores públicos.

AS DIREÇÕES APOSTAM NA SAÍDA PARLAMENTAR E NÃO CONSTROEM A LUTA

Logo após entregar ao Congresso o projeto da Reforma, o governo Bolsonaro abriu uma crise política com os parlamentares e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM). A disputa política entre os poderes institucionais da democracia burguesa acirrou-se com a sobrevida da Lava Jato, com os ataques de apoiadores de Bolsonaro e seus filhos ao STF e com o desapontamento de bancadas tradicionais no Congresso com as negociações de Bolsonaro sobre políticas internas e acordos comerciais internacionais. Maia chegou a afirmar que não articularia mais a Reforma da Previdência no Congresso, pois a mesma era responsabilidade do Presidente. Bolsonaro, por outro lado, tentou medir forças, afirmando que negociação com o parlamento é prática da “velha política”, sugerindo (especialmente para sua base eleitoral) que toda negociação política é, por si mesma, corrupta. Porém, o capital imperialista tem pressa na aprovação da Reforma e a possibilidade de vacilo  na sua aprovação desencadeou oscilações no mercado e alta do dólar, além de uma pressão direta sobre o governo, fazendo com que mais uma vez o governo Bolsonaro recuasse e abrisse negociação com cinco partidos para articular a aprovação da reforma, bem nos moldes da “velha política”.

As direções políticas e sindicais, por outro lado, totalmente desarticuladas e recuadas continuam apostando na pressão parlamentar e na crise política do governo para retardar a aprovação da reforma. Esperam que, como no governo Temer, a crise política paralise os trabalhos do Congresso e que a pressão parlamentar resulte na ausência de votos suficientes para a aprovação da reforma, demonstrando total adaptação ao Estado democrático burguês. Os partidos reformistas e centristas priorizam,na discussão da reforma, a questão da existência ou não do déficit na Seguridade Social e apontam como “saída” políticas de administração do estado burguês como taxação de fortunas e execução das dívidas de empresas devedoras de impostos. Já o imobilismo das direções, inclusive, é lido como mais um motivo para criticara ineficiência do governo em não aproveitá-lo para aprovar a reforma: Sérgio Fausto, superintendente do Instituto FHC, afirmou em evento organizado pelo banco Bradesco “épreciso ser politicamente muito incompetente para não aprovar uma reforma em meio à fraqueza da oposição e dos sindicatos e num cenário em que governadores, municípios e parte do Congresso se colocam a favor dela.Uma pessoa que tem enorme dificuldade de compreensão da realidade". (Folha UOL 02/04/2019)

Até o momento, foram organizados pelas centrais e movimentos sociais apenas dois atos contra a reforma sem nenhuma organização de base para a construção de uma Greve Geral. Apesar do enorme controle das centrais com suas políticas adaptadas, ambos demonstraram grande disposição de luta, não só pelo número de manifestantes nas ruas, como também pela realização de inúmeras assembleias por categorias e algumas paralisações. O fato é que não se posicionam contra a Reforma da Previdência, mas contra este projeto de Reforma da Previdência e, portanto, pretendem abrir espaço para negociá-la em melhores condições. Como o faz, por exemplo, a CNTE (Confederação  Nacional dos Trabalhadores da Educação) chamando a Greve Geral da Educação seo projeto for aprovado na Comissão de Constituição e Justiça e, ao mesmo tempo, constituindo com seus parlamentares uma Comissão de Educação para propor alterações no projeto que atenuem as regras de aposentadoria para professores. Ou seja, ao invés de organizar a base e construir um plano de luta com métodos próprios da classe trabalhadora, canalizam a luta para dentro do parlamento, como forma de garantir o aparato sindical totalmente colado ao estado burguês e, portanto, sua própria sobrevivência como burocracia sindical.

É mais do que urgente que os trabalhadores deem uma batalha pela independência de classe no interior dos sindicatos, recuperando-os das burocracias sindicais, para colocar em pé um plano de lutas classista que derrube a Reforma da Previdência e demais ataques do governo. Não há saída para os trabalhadores dentro da democracia burguesa! É preciso construir a Greve Geral por tempo indeterminado pela derrubada da Reforma da Previdência!

Abril 2019