En nuestro día en todo el mundo, los trabajadores debemos hacer escuchar nuestra voz contra la decadencia imperialista y mostrar el poder de la clase obrera.

En este día vuelven a flamear las banderas de la Comuna de París, de la Revolución Rusa, de los mártires de Chicago y de los dirigentes obreros que murieron o fueron asesinados enfrentando a este sistema capitalista. Por eso, a 135 años de aquel 1° de mayo en el que la burguesía norteamericana asesinaba a los trabajadores, a los mártires de Chicago, debemos reafirmar las tareas de los revolucionarios en la pelea contra el capitalismo y sus instituciones, como los Estados nación. Luchamos por la destrucción del Estado burgués y nos apoyamos en la experiencia de la Revolución Rusa y su sistema soviético.

Este 1° de mayo nos encuentra a los trabajadores luchando contra la segunda -y en algunos lugares la tercera- ola de covid y contra un parásito histórico, que es el capitalismo. La pandemia desnudó el carácter reaccionario del sistema capitalista, su método anárquico en la relación con la naturaleza y sus formas de dominación. El desarrollo de la pandemia agudizó aún más el proceso recesivo de la crisis del 2008, llevando al conjunto de la economía mundial a un estancamiento. En este salto en calidad de la crisis no se descarta la posibilidad de la ruptura de los equilibrios de clase en los Estados nación generando un sinfín de crisis política en los países imperialistas y semicoloniales con irrupción de procesos de masas que comienzan a sacar lecciones de la dirección burguesa de la pandemia y sus consecuencias en las condiciones de vida.

Asistimos a una descomposición de las instituciones creadas por el imperialismo en la posguerra, un gran ejemplo es la OMS con su lamentable actuación en la situación de la pandemia; la ruptura de los equilibrios interestatales, con la UE entrando en una situación caótica y una exacerbación de la competencia entre EEUU y China, que continua en la era post Trump con Biden.

A un año de la irrupción del coronavirus la respuesta por parte de la dirección capitalista para hacer frente al virus fue un mayor estatismo, es decir, un intento de economía dirigida, intervención con un festival de subsidios al capital, nacionalizaciones de empresas en crisis, como las aerolíneas de bandera, e impuestos a las riquezas o políticas fiscales agresivas. Para los trabajadores esto no es otra cosa que un ataque en todas las líneas, con despidos masivos, suspensiones, rebajas salariales y quita de conquistas, entre otras.

Esta distorsión que introduce la intervención del Estado en la esfera de la producción abre un sinfín de crisis políticas de las distintas fracciones burguesas y una relación diferente con los trabajadores, ya que actúa en la base misma de las relaciones sociales de producción. Resulta muy evidente la importancia de la fuerza de trabajo en la creación de valor y la dinámica del capitalismo y su relación con esta fuerza de trabajo. La parálisis que provocó el virus en algunas ramas de la producción desesperó a los capitalistas, porque quedó demostrado que las ganancias salen de la expropiación de los trabajadores y no de otro lado.

Esta política no puede ser más que reaccionaria porque busca preservar los intereses de la clase a quien representan y obviamente no les interesa en nada la suerte de los trabajadores, solo en preservarlos como explotados. Por eso todos los ensayos que practicaron en esta pandemia fracasaron y llevaron a una agudización de la crisis con miles de muertos y contagiados. Tanto las cuarentenas como la argentina, como la negación del virus al estilo Bolsonaro fueron políticas desesperadas para resguardar a los grandes capitales y su clase, desorganizar a nuestra clase con la complicidad de la burocracia sindical, para sostener sus Estados en descomposición. Una línea imperialista de resguardar las ramas de la producción haciendo descender el valor de la fuerza de trabajo.

La crisis acentuó aún más la desorganización de la economía, es por esta razón que ante el ataque de los capitalistas los trabajadores debemos atacar su capital. El ejemplo más notorio son las vacunas contra el covid: laboratorios que se llenan de ganancia; Estados como el de EEUU, que intenta vacunar a toda su población para sacar una ventaja en la reconstrucción de la economía y estar en mejores condiciones para competir; y gran parte del mundo sin una sola vacuna. Los trabajadores, ante el nivel de la crisis, debemos reforzar la idea de expropiar a los expropiadores.

En distintos lugares del planeta sectores de la clase obrera han retomado los métodos de nuestra clase, como lo demuestran la huelga italiana ante el colapso sanitario, las huelgas en EEUU, huelgas en Francia, un comienzo molecular aun de procesos de lucha en el proletariado brasilero, luchas duras de los trabajadores argentino, la lucha de los trabajadores de Myanmar ante el golpe militar, solo para enumerar algunos conflictos. Como sostenemos los marxistas, la unión creativa de lo consciente y lo inconsciente es lo que habitualmente llamamos inspiración. La revolución es la inspiración violenta de la historia.

Somos nosotros los que debemos paralizar todo, no sólo para enfrentar al virus, sino para organizarnos para enfrentar los ataques. Los métodos de la clase obrera, como el cese de actividades y paros para ir a una huelga general, son medidas que permiten preservarnos de forma organizada, mediante los sindicatos, ante el ataque centralizado de los burgueses y las fuertes tendencias destructivas de la economía capitalista en crisis.

Podemos decir que asistimos a un ensayo general reaccionario del sistema capitalista, en medio de un proceso más histórico de descomposición. Es un gran ensayo de conciliación de clases, de patrioterismo. Ante una dirección anárquica, como es el sistema capitalista, que depende de sus Estados mayores armados para garantizar la reproducción del capital, nosotros peleamos por una dirección colectiva consciente, que prepare las etapas de la dictadura del proletariado, ya que el sistema actual engendra las condiciones materiales y las formas sociales para la reconstrucción económica de la sociedad.

Los trabajadores debemos intervenir en esta crisis de forma independiente, preparando las condiciones para que surja una vanguardia revolucionaria que se constituya en partido como dirección revolucionaria en la necesidad de reconstruir la IV Internacional.

COR Chile - LOI Brasil - COR Argentina

No último dia 17, o Brasil bateu novo recorde de mortes diárias pela covid-19, com o registro de 3149 óbitos nas últimas 24h. A média móvel diária, no dia 18, bateu recorde pelo 20º dia consecutivo, ultrapassando os 2 mil óbitos, chegando ao índice de 2096 mortes. O total de mortes, após 1 ano de pandemia no país, é de 287.795 com um aumento de 48% na média móvel nos últimos 15 dias. A aceleração da contaminação e do número de mortes deve-se, além da condução trágica do estado no controle da pandemia, à disseminação da variação P.1 (a “cepa de Manaus”), que é mais transmissível, mais letal e atinge a população mais jovem. Com 3% da população mundial, o Brasil acumula 10,3% das mortes por covid-19 no mundo. Em 24 estados do país e o distrito federal, o índice de ocupação hospitalar ultrapassa os 80%, sendo que em 15 destes, o índice já ultrapassa os 90%. Para a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), o Brasil vive “o maior colapso sanitário e hospitalar da história”. Milhares de pacientes já começam a morrer nas filas para leitos. E, além dos leitos, também começam a faltar insumos hospitalares, como a medicação necessária para fazer a intubação de pacientes que precisam da ventilação mecânica, com estoque apenas para os próximos dias.

Estados e municípios aprovam novas medidas de isolamento e quarentena apenas em setores de comércio não essencial, reafirmando nossa caracterização de que essas medidas não são determinadas para salvar vidas, mas para evitar o colapso dos sistemas de saúde e efeitos mais catastróficos na relação entre as classes e o estado. Das quase 300 mil mortes brasileiras em 1 ano de pandemia, mais de 90 mil são decorrentes destes últimos 3 meses. O estado burguês administra apenas a ocupação de leitos e convive muito bem com milhares de mortes diárias, ainda mais quando estas mortes são, na sua amplíssima maioria, de trabalhadores.

A vacinação segue a passos lentos, apenas 1,85% da população já recebeu as duas doses das vacinas atualmente em uso no país, a CoronaVac produzida em São Paulo, pelo Instituto Butantan a partir de insumos chineses e a Oxford, produzida pela Fiocruz. A lentidão do governo federal somada aos equívocos logísticos do ex Ministro da Saúde, o Gal. Pazuello, impulsionou, a partir da permissão do STF, a compra e distribuição direta de vacinas pelas entidades federativas como uma forma de acelerar o débil plano de imunização federal. Através de consórcio, os governadores no Nordeste acertaram a compra de 37 milhões de doses da vacina Sputnik V e, mais recentemente, formou-se um consórcio de 1703 prefeituras para negociar, diretamente com os laboratórios, a compra das vacinas. A questão da vacina tem desgastado ainda mais a relação do governo federal com os governadores e prefeitos.

No início desse mês, foi divulgado que o governo Bolsonaro havia rejeitado a compra de 70 milhões de doses da vacina da Pzifer, aumentando ainda mais a crise do governo pela condução catastrófica da pandemia, além de todo o negacionismo propagado pelo próprio Bolsonaro em relação às medidas de segurança sanitária e tratamento médico sobre a covid-19. Crise que fez com que o “centrão” no Congresso aumentasse a cobrança pelo apoio a Bolsonaro, demandando a troca do ministro da Saúde, já realizada, e a indicação de mais 5 ministérios em mãos das alas que são alicerces do bolsonarismo: os militares e os conservadores ideológicos.

Apesar do Ministro da Economia, Paulo Guedes, declarar que “vê sinais de que a economia está decolando”, a expectativa é de que o país entre em um longo período de estagflação, ou seja, estagnação econômica e alto índice de desemprego combinado com a inflação alta. A inflação acumulada para o período foi de 5,2%, abaixo do previsto. Mesmo assim, o Copom (Comitê de Política Monetária) aumentou a taxa básica de juros, a taxa Selic, em 0,75%, estabelecendo 2,75%, numa clara tentativa de frear a rápida desvalorização do real. Como um país semicolonial, com economia dependente, tanto a alta do dólar e o aumento dos juros, numa tentativa de atrair investimentos, num processo econômico recessivo, produzem impactos diretos no aumento da carestia de vida da classe trabalhadora.

O Brasil vive também crise humanitária na qual, além das consequências da catástrofe pandêmica, o desemprego recorde, o fim do auxílio emergencial e o aumento da cesta básica elevaram a fome a patamares críticos. Segundo o IBGE, em 2020 eram 39 milhões de pessoas vivendo na miséria e 14 milhões em situação de extrema pobreza. Hoje, o quadro é bem pior. O preço dos alimentos aumentou três vezes mais do que a inflação oficial, 15% em um ano, incentivando a mídia burguesa a “auxiliar” na criação de “novos hábitos alimentares”: trocar arroz por macarrão, carne por ovo e comer alimentos com insetos. Os alimentos básicos tiveram uma alta bem maior do que a alta geral, como o arroz que aumentou 70% e o feijão com aumento de 60% em um ano. Este é o aumento mais rápido dos preços dos alimentos em 18 anos. Com o gás de cozinha custando cerca de R$90, a alimentação regular de milhões de famílias brasileiras tornou-se raridade.

A imensa crise econômica pressionou o governo a planejar um novo auxílio emergencial, já que em dezembro de 2020, 56 milhões de pessoas deixaram de contar com o auxílio. Dessa vez, contudo, o valor irrisório proposto (entre R$150 e R$375) veio através de uma PEC Emergencial que, com a justificativa de poder gastar mais R$44 bilhões por fora do teto de gastos para arcar com o auxílio, significou um duro ataque ao funcionalismo público, impondo restrições à contratação e concursos públicos e o congelamento salarial quando a relação entre despesas e receitas atingir 95% no governo federal. Estados e municípios podem impor as restrições quando esta relação chegar à 85%. Tais medidas também poderão ser impostas em situações de calamidade pública e tem validade para os próximos 15 anos.

É notável que a crise histórica brasileira tem movimentado as diferentes frações burguesas e pequeno burguesas no sentido de responder ao colapso sanitário e a recessão econômica frente a gestão catastrófica do governo Bolsonaro. Inclusive o imperialismo já busca meios de intervenção no governo, já que o Brasil está se tornando uma ameaça sanitária global, além do impacto da crise sobre as cadeias produtivas na região. A OCDE criou um grupo permanente de monitoramento sobre a corrupção no Brasil. O organismo imperialista demonstrou preocupação “com o fim surpreendente da Lava-Jato, o uso da lei contra o abuso de autoridade e as dificuldades no compartilhamento de informações de órgãos financeiros para investigações”. Para além das representações dessas diferentes frações no congresso nacional, principalmente pelo “centrão”, e da ala militar desenvolvimentista, ressurge neste momento a alternativa de conciliação de classes, com a anulação dos processos de Lula e sua elegibilidade em 2022. Essa alternativa, já denominada “efeito Lula” pelas implicações diretas no governo Bolsonaro, mais pressionado pelo Congresso, pelo cenário eleitoral de 2022 e pela relação do país com o imperialismo, promete arrastar grande parte da esquerda que, até o momento, tem assumido a política burguesa de “lockdown” e permanecido isolada de qualquer processo de lutas.

Também as direções sindicais permanecem cumprindo isolamento há um ano, abandonando toda a luta dentro dos métodos de classe e abraçando toda a adaptação aos meios digitais que serão plenamente utilizados no próximo período para o aumento da produtividade, com maior exploração dos trabalhadores aliada às demissões massivas. Nesta semana também, as direções das principais centrais sindicais (CUT, CTB, UGT e Força Sindical) reuniram-se com o governador de São Paulo, João Dória (PSDB), num esforço de colaboração e solidariedade com as políticas do governo do estado, oferecendo as estruturas sindicais para a vacinação, demonstrando apoio político às medidas de restrição e à defesa do auxílio emergencial de R$600 e sugerindo outras formas de segurança sanitária, como dispenser de álcool gel nos transportes públicos, escalonamento de horários de entrada e saída dos trabalhadores dos setores produtivos para desafogar o sistema de transporte. Um claro esforço de colaboração com um governo que, apesar do discurso de contraposição ao governo Bolsonaro, continua colaborando com a morte dos trabalhadores, seja da educação com a reabertura das escolas, seja dos setores produtivos que continuam trabalhando sem condições sanitárias, seja dos trabalhadores informais, prejudicados e reprimidos com as medidas de restrição de circulação, seja da juventude periférica, assassinada diariamente pela polícia militar sob o comando do governador.

Além da colaboração com o governo paulista, as centrais anunciam, para o dia 24 de março (próxima quarta-feira) um dia de “lockdown dos trabalhadores”, adaptando o que um dia já foi uma greve geral para uma política própria da burguesia. Segundo Sérgio Nobre, presidente da CUT, “O ‘fique em casa’ é um protesto contra as privatizações; por vacina já para todas e todos, pelo auxílio emergencial, pelos empregos; contra carestia e os aumentos dos preços do gás, combustível, arroz, feijão, entre outros, contra a reforma Administrativa e pelo Fora Bolsonaro. É um lockdown em defesa da vida. (...) Um lockdown de, no mínimo, 24 horas é para ficar em casa, é um dia de reflexão sobre o que acontece no Brasil”. Sem nenhuma convocação à paralisação total das atividades, muito menos assembleias em cada sindicato, a data será mais um dos eventos “simbólicos” das direções, sem nenhuma política para os trabalhadores.

É urgente que construamos uma saída operária para a crise sanitária e econômica que assola o país. Não podemos confiar ao estado burguês o controle da pandemia ou a implementação de medidas econômicas de proteção do emprego e da renda dos trabalhadores. Não nos esqueçamos que o estado é o instrumento de dominação da burguesia sobre os trabalhadores. Devemos contrapor às medidas estatais de controle da pandemia, os nossos métodos de classe, como a greve. Os professores de São Paulo, frente à reabertura das escolas sem segurança sanitária, medida que já matou dezenas de trabalhadores da educação e alunos, impuseram a greve como forma de resistência e de luta por condições salubres de trabalho.

É preciso construir em cada sindicato, através de assembleias de base, essa forma de resistência ao genocídio em curso e impulsionar as centrais para a convocação de uma greve geral. É preciso construir entre os trabalhadores, via centrais sindicais, um plano de lutas independente que responda ao desemprego massivo e à crise sanitária. É preciso impor a escala móvel de horas e salários, o controle operário da produção dos setores essenciais, especialmente das vacinas, bem como a sua distribuição. Para isso, precisamos combater com a máxima urgência, as burocracias pelegas que colaboram com a situação atual de colapso no país. Construir uma saída independente dos trabalhadores é, agora mais do que nunca, uma questão de sobrevivência para a nossa própria classe.

Em um episódio de suposto arroubo populista, no último dia 22 de fevereiro, o presidente Jair Bolsonaro anunciou a não renovação do mandato do presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, que encerra no final do mês de março. Em seu lugar, Bolsonaro anuncia que quem assumirá a presidência da empresa no próximo mandato é o general Joaquim Silva e Luna. O motivo alegado pelo presidente da república foi a política de preços praticada pela direção da estatal. Só em 2021, a gasolina teve um aumento de 41,5% se comparada com o último valor de 2020, já o diesel teve um aumento de 34,1% nesse mesmo período, aumentos que tornam os preços atuais os mais altos da história.

As diversas frações da burguesia que compõem o governo federal, que agregam o “Centrão” no parlamento - caracterizado principalmente pelo fisiologismo - e o setor liberal encabeçado pelo ministro da Economia Paulo Guedes, somados as facções militares que foram determinantes na eleição de Bolsonaro e também estão enraizados em seu governo, compõe o cenário de total instabilidade dentro do governo federal. O choque dos interesses muitas vezes opostos entre esses setores e outros grupos que foram parte da base eleitoral de Bolsonaro, mostra que a instabilidade predomina cada vez mais em seu governo, portanto, intencionamos aqui apontar que aquilo que a princípio pode aparentar ser uma mera decisão impulsiva e populista, na verdade possui elementos objetivos muito mais profundos e representa o embate latente entre as forças políticas que formam a base governista. Cabe aqui também avaliar e denunciar a postura que vem tendo as direções sindicais em relação a esse movimento, assim como também apontar a política correta a ser encaminhada aos trabalhadores da Petrobras.

O processo de privatização em 3 atos: leilões dos blocos de exploração, PPI e desinvestimento

Fundada em 1953, a Petrobras exerceu por 44 anos o monopólio da exploração de petróleo no Brasil. Essa situação foi modificada com a Lei do Petróleo de 1997 que permitia que a União contratasse outras empresas para explorar a commodity. Em 1999 foram leiloados os primeiros 27 blocos de exploração, adquiridos em sua maior parte pela própria Petrobras, porém, já caracterizando o início da abertura para a exploração do petróleo brasileiro por empresas privadas nacionais e principalmente internacionais.

A partir de então, os leilões aconteceram ininterruptamente em todos os governos subsequentes, com destaque aos governos de Lula e de Dilma Rousseff que foram responsáveis pela adição de áreas de 237 mil km² e de 181,4 mil km² respectivamente para exploração, dessa vez já contando com a áreas do pré-sal e tendo importante participação de empresas privadas estrangeiras.

Durante o governo Dilma, a política de preços da Petrobras foi utilizada como forma de intervenção na política macroeconômica do país. Os preços eram definidos artificialmente pelo governo, não acompanhavam a demanda internacional da cotação do petróleo e do dólar e como os combustíveis são essenciais para a circulação de mercadorias, feita predominantemente pela via rodoviária, essa intervenção direta do governo visava intervir também no preço final das mercadorias, sendo uma forma mecânica de se conter a inflação. Junto ao escândalo do “petrolão” - escândalo de corrupção envolvendo desvio de dinheiro da estatal por dirigentes ligados a diversos partidos políticos - a política de preços adotada por Dilma Rousseff, foram atacados duramente por especialistas e pela mídia como sendo os principais responsáveis pelo grande endividamento da empresa.

Em resposta a esse clamor anti-intervencionista vindo da grande imprensa e de setores da burguesia, após o impeachment de Dilma, seu sucessor Michel Temer adotou uma nova política de preços, dessa vez o valor dos combustíveis no Brasil estará alinhado ao preço internacional do petróleo e a cotação do dólar: a PPI - Preço Paritário de Exportação. Essa política visava inserir a Petrobras em um contexto de competição no mercado, favorecendo os importadores que tinham e têm o interesse de manter os preços elevados, em claro exemplo de submissão aos interesses do imperialismo. Junto a PPI, ganhou força também o discurso que defende a privatização da empresa.

A PPI, assim como a política privatista para a estatal avançam no governo Bolsonaro, agora com a empresa sob a régia de Roberto Castello Branco, economista árduo defensor da privatização de empresas públicas e amigo pessoal do ministro da Economia Paulo Guedes, e que já havia sido membro do conselho diretor da Petrobras entre 2015 e 2016, durante a gestão de Dilma Roussef. A intensificação dessa política de preços “flutuantes”, que chegou a avançar em reajustes diários, teve importante papel no aumento da inflação e da carestia de vida, e culminou em maio de 2018 com a paralisação dos caminhoneiros, afetados diretamente em suas condições de vida pelo baixo preço do frete e pelos constantes aumentos no preço do diesel, mas que não questionava a política de preços da Petrobras, somente os impostos que incidem sobre os preços.

Com Castello Branco no comando, até novembro de 2019, 70 bilhões em ativos da estatal já haviam sido vendidos para investidores privados. Entre 2020 e 2021 foram 8 subsidiárias que deixaram de estar sob o controle da Petrobras. Hoje são 17 refinarias no Brasil, 13(76,4%) pertencem à própria Petrobras, mas em capacidade de refino, o poderio da estatal petroleira ainda alcança 98% da capacidade de produção nacional. Ou seja, mesmo com o Brasil não sendo autossuficiente na produção de combustíveis, a participação da Petrobras ainda é muito importante e tende a desencorajar investidores externos, por isso a importância que a burguesia e seus agentes dão a política de desinvestimento que avança de forma agressiva desde o governo de Michel Temer. A intenção das administrações da petroleira desde então é reduzir essa capacidade de produção para 50%, tornando o mercado nacional mais atrativo e competitivo para as empresas estrangeiras que queiram investir no mercado brasileiro.

Observa-se então que a política de privatização caminha a passos largos e vem se desenrolando por todos os governos de 1997 até hoje, pois envolve os leilões dos blocos de exploração para empresas privadas, a PPI, e o desinvestimento em setores estratégicos como o refino e a distribuição através da venda dessas empresas, não esqueçamos a privatização da subsidiária BR Distribuidora concretizada em 2019, responsável pela logística de distribuição dos combustíveis e chegada ao destino final.

O “rompante” intervencionista x O deus Mercado

O intervencionismo de Bolsonaro, através da dispensa do presidente Castello Branco para a condução de mais um general para a linha de frente de seu governo, causou um terremoto no mercado financeiro. As ações da Petrobras tiveram rápida queda de 26%, o que derrubou os índices de toda a bolsa de valores, a estatal também chegou a perder 102,4 bilhões de reais de seu valor de mercado. Essa rápida desvalorização adveio do temor dos agentes do mercado em torno da volta do controle artificial dos preços dos combustíveis.

Apesar de Bolsonaro reiterar várias vezes não estar interferindo na PPI, sua intenção é ter maior controle sobre os preços e aumentar a previsibilidade dos reajustes. Para isso, já editou decretos que versam sobre um ICMS único para os estados - anteriormente essa taxa variava de acordo com o preço na bomba - e zerando taxações como PIS e COFINS, nos meses de março e abril para o óleo diesel e o GLP. O gás de cozinha teria essas taxas zeradas permanentemente.

Cabe aqui pontuar alguns elementos que são importantes para analisar essa abrupta mudança de direção na condução das políticas para o petróleo desse governo.

Em primeiro lugar, Bolsonaro enfrenta uma queda considerável de sua aprovação, de acordo com pesquisa do Datafolha, 44% das pessoas entrevistadas consideram o governo ruim ou péssimo, enquanto 30% aprovam seu governo. Quando se trata da gestão da pandemia a avaliação piora para o presidente, 54% desaprova totalmente sua gestão enquanto 22% consideram boa sua gestão da crise sanitária.

De fato, além das momentâneas 300 mil mortes que se espalham pelo Brasil, Bolsonaro tem de lidar com as investigações do Ministério Público sobre as ações de seus filhos. Somente no último mês, novamente Flávio Bolsonaro foi protagonista na mídia por ter comprado uma mansão cujo valor ultrapassa e muito suas virtuais possibilidades de pagamento dessa dívida. Também seu filho mais novo, Renan, começa a ser investigado por possível tráfico de influência e lavagem de dinheiro com sua empresa atuando junto ao governo federal.

Também havia a ameaça de uma greve por parte dos caminhoneiros, um dos segmentos que foi cabo eleitoral do atual governo e que mesmo após a paralisação de 2018 não tiveram suas reivindicações, que envolviam principalmente o preço dos combustíveis, atendidas. Agora, os caminhoneiros recuam, novamente com a perspectiva da redução dos impostos sobre os combustíveis.

Por fim, como se os elementos elencados já não bastassem como pólvora para o “comportamento explosivo” do chefe de Estado brasileiro, foi noticiado que no dia anterior ao anúncio da troca de comando na Petrobras e o consequente tombo nas ações da empresa e no seu valor de mercado, algum investidor anônimo fez investimento apostando na desvalorização da petroleira estatal, amealhando assim um faturamento de 18 milhões de reais. A ação está sendo investigada e suspeita-se de que houve informação privilegiada por parte dos investidores.

Postos esses elementos é possível concluir que a decisão de mudança na direção da Petrobras não foi um mero improviso. A queda da popularidade do presidente da república, assim como as investigações sobre as relações criminosas de sua família não tiveram início agora, e mesmo as ameaças dos caminhoneiros se arrastam há tempos. Bolsonaro precisa dar respostas rápidas às suas bases - no caso os militares que não veem com bons olhos a privatização da Petrobras e os caminhoneiros - mesmo que seja em detrimento das demandas de parte dessas bases, neste caso os adeptos do liberalismo de Paulo Guedes.

A traição das direções e necessidade de uma política independente para a classe trabalhadora.

De fato, nenhum dos projetos - privatista ou estatista - serve a classe trabalhadora. O lema “O Petróleo é nosso” é entoado tanto pelo reformismo quanto por setores da burguesia, como se o controle estatal fosse o suficiente para garantir os interesses da classe trabalhadora, ora, enquanto o Estado tiver seu caráter de classe burguês, o controle estatal de uma empresa continuará representando os interesses da burguesia.

A classe trabalhadora está à mercê dos governos burgueses e abandonada pelas suas direções. Todo esse processo aconteceu e acontece com a leniência e a complacência das direções sindicais, totalmente adaptadas à democracia burguesa e suas leis, lançando mão de ações judiciais, rebaixando pautas, negociando pacificamente com os patrões e abandonando os métodos de luta da classe trabalhadora. Temos o exemplo do atual coordenador geral da FUP (Federação Única dos Petroleiros) que defendeu a mudança realizada por Bolsonaro, afirmando que os militares tiveram uma ação positiva em relação a Petrobras, ou seja, podemos novamente estar entregue aos militares desde que o petróleo seja nosso.

Em 2021 houve o caso emblemático da greve dos petroleiros da Refinaria Landulpho Alves (Rlam) na Bahia. Entre as reivindicações apresentadas pelas direções estão: a implementação de uma política efetiva de combate ao assédio moral nas unidades da Petrobras; a incorporação dos trabalhadores concursados da Petrobras Biocombustíveis (PBIO) à Petrobras, caso a Usina de Biocombustíveis de Candeias seja realmente vendida; o fim das dobras de turno e das prorrogações de jornada; e a revisão da política do efetivo mínimo do O&M (Organização e Método) nos diversos setores da estatal, em especial na RLAM.

Como se vê, as direções já dão como fato dado a privatização e lutam por migalhas aos trabalhadores. Os métodos envolvem campanhas solidárias, ausência de atos presenciais - alegando a questão sanitária causada pela pandemia - ações judiciais, enfim, total submissão às práticas burguesas e omissão dos métodos de luta historicamente construídos pela classe trabalhadora.

Esses são os rumos que as políticas reformista e centrista estão encaminhando a classe trabalhadora: desemprego, precarização das condições de trabalho e miséria. É preciso combater essa política no interior dos processos de luta que irrompem pela classe trabalhadora. Os revolucionários, devemos levantar a defesa da tomada da Petrobrás sob o controle operário como forma de exercer influência prática na produção petrolífera e, neste processo, forjar uma vanguarda operária que assuma as tarefas transitórias de um programa revolucionário.

Nessa conjuntura, na qual a crise pandêmica serve como complemento macabro aos ataques frontais a classe trabalhadora em diversas frentes é preciso romper com o imobilismo das centrais e avançar na luta com os petroleiros e demais setores produtivos, com independência de classe e em unidade com outros setores da classe trabalhadora, rumo a construção de uma Greve Geral por tempo indeterminado que coloque abaixo os planos do governo!

POR UNA CAMPAÑA DE LUCHA INTERNACIONALISTA

IMPONGAMOS NUESTRAS CONDICIONES PARA LA PRESENCIALIDAD ESCOLAR

A un año del cierre masivo de escuelas, dispuesto en casi todos los países como parte de las medidas de cuarentena se generalizan los conflictos educativos ante la ofensiva estatal por imponer la vuelta a las aulas en pandemia, con una campaña furibunda de ataque a la docencia y, particularmente, a sus organizaciones sindicales para doblegar la resistencia a un retorno sin condiciones de seguridad sanitaria. En momentos en que gobiernos, empresarios y burócratas nos hablan de “nueva normalidad” y preparan las condiciones de la pos pandemia, afloran violentamente las contradicciones de la crisis mundial irresuelta, sacudida por la segunda ola de covid y el repudio al manejo estatal de la crisis sanitaria, a la vacunación de privilegio, al abandono a su suerte de la población pobre y asalariada.

La cuarentena, como medida estatal burguesa de control de la circulación de personas y mercancías, con el objetivo de preservar sus sistemas del colapso (en especial, su sistema de salud), se tradujo en una injerencia masiva del Estado en la producción y las relaciones sociales, entre ellas, la educación. “Urgidos por incesantes intereses y peligros sociales, los gobiernos irrumpen en el reino económico con medidas de emergencia cuyos resultados, la mayoría de las veces, ni ellos mismos pueden prever” (LT, El nacionalismo y la economía, 1933). El resultado de esta injerencia del Estado burgués no podía ser otro que la exacerbación de las desigualdades sociales, sus contradicciones y el aumento de la desorganización en las relaciones de producción y reproducción social. Contrariamente a las fantasías estatistas, el Estado capitalista, y menos aún un Estado semicolonial, es incapaz de introducir elementos de planificación. “En una sociedad donde prevalece la propiedad privada, es imposible que el gobierno conduzca la vida económica de acuerdo a un ´plan´” (LT, Sobre el segundo plan sexenal en México, 1939).

La necesidad de mayor reapertura de la actividad económica es el verdadero motivo detrás de la ofensiva estatal y empresaria por la vuelta a la presencialidad, justamente por las implicancias en la organización de la vida de las familias asalariadas causadas por el cierre de escuelas en 2020. Las pujas interestatales por las vacunas, desnudando la voracidad del capital farmacéutico y la falacia de la cooperación internacional en el combate de la pandemia, obstruyen cualquier previsión sobre los planes de vacunación de la población de riesgo, o de los trabajadores considerados esenciales para los intereses de la clase dominante.

Sin embargo, la presión a la reapertura escolar para el ciclo 2021, se topa con la realidad de la “vieja normalidad” materializada en una infraestructura escolar absolutamente deficiente. Al deterioro y deficiencia de la infraestructura se agregan los resultados de las sucesivas reformas educativas, laborales y previsionales, impuestas por los organismos de crédito en la región. El achique del gasto en educación, el cierre de aulas y escuelas, incrementaron el hacinamiento escolar. El deterioro salarial fuerza a la gran mayoría de la docencia a trabajar en múltiples escuelas para sobrevivir, lo cual añade gran complejidad al diseño de esquemas de burbujas/alternancia y el uso del transporte público. El ataque a los regímenes jubilatorios del personal escolar, extendiendo la edad jubilatoria, lo cual, junto a las pésimas condiciones de trabajo que impactan en su salud, se traduce en un alto porcentaje de población de riesgo en las escuelas.

Los protocolos que diseñan los ministerios de educación hablan de “burbujas” por aula, de distancia de 2 metros, ventilación, lavado frecuente de manos, ingreso escalonado, alternancia, etc. Medidas imposibles de cumplir en la realidad escolar que los sucesivos gobiernos fueron responsables de crear. La fórmula mágica de los ministros de educación para parchar sus protocolos, es la bimodalidad, el aula invertida (flipped classroom), favoreciendo el negocio de las plataformas educativas. Por supuesto, trasladan completamente el gasto en conectividad y equipos a los docentes y familias, como hicieron en 2020. La bimodalidad es intensificación y extensión de la jornada laboral docente. De imponerse como organizador del trabajo educativo, es una reforma laboral de hecho, que los docentes ya soportaron tras un año de trabajar 24x7. 

Las gestiones educativas son incapaces de diseñar protocolos para una “presencialidad segura” ante la profunda fragmentación de los sistemas educativos, la infraestructura, las condiciones de vida y trabajo de estudiantes y docentes. “Empoderar al directivo”, “liderazgo educativo”, son líneas de política educativa imperialista que emanan del Banco Mundial y sus pares, y orientan el accionar de los gobiernos de la región asignando al personal directivo la tarea de definir cómo abrirá su escuela. Estas medidas generan mayor atomización y desorganización entre los trabajadores, porque cada escuela se vuelve un espacio de presiones y división interna, de aislamiento por unidad de trabajo.

Para hacerle frente, los trabajadores necesitamos más que nunca fortalecer la organización por escuela, y la coordinación en cuerpos de delegados escolares por zona/región. Extender el ejemplo de los compañeros de Brasil, quienes han puesto en pie comandos de huelga por distritos, para organizar desde las bases la huelga efectiva como resistencia a la presencialidad sin condiciones, desafiando la pasividad de la burocracia sindical frente a la catástrofe sanitaria y la arbitrariedad estatal. Propagandizar estas experiencias, convocar a los trabajadores de la salud a poner en pie organismos conjuntos de centralización de la acción y decisión, son la tarea del momento frente al rol desorganizador de las burocracias.

Por un plan de acción internacionalista de los trabajadores de la educación

Las direcciones sindicales en toda la región hicieron de la cuarentena su programa. A él se adaptaron la mayoría de las corrientes de oposición que exigían cuarentena para todos. Con sus matices, depositaron en el Estado la tarea de combatir la pandemia. Y como vimos, el balance de esas medidas estatales ha sido brutal para la población asalariada y empobrecida. El despliegue represivo de las fuerzas de seguridad, para controlar la circulación de la población, exacerbó la violencia estatal contra la juventud y los asalariados informales. El costo de la crisis económica lo estamos pagando los trabajadores que cargamos con la desocupación creciente, con la caída brutal de nuestros ingresos, con los enfermos y muertos por miles ante el colapso sanitario, mientras los gobiernos atan por décadas la generación de riqueza al pago de la deuda externa con los bonistas y el FMI.

Los trabajadores de la educación necesitamos hacer nuestro balance de la cuarentena, de la posición asumida por las conducciones que delegaron en el Estado el combate de la pandemia. Este balance es necesario para preparar programáticamente cómo enfrentamos la vuelta a la presencialidad sin condiciones y la segunda ola de la pandemia desde nuestros intereses. Sólo con nuestros métodos y con independencia de clase podremos dar una respuesta a la crisis, en resguardo de nuestras vidas y las de nuestros estudiantes. Necesitamos darnos condiciones para tener asambleas presenciales, por unidad de trabajo, y preparar plenarios de delegados de base con mandato para debatir y resolver un pliego de reivindicaciones sobre las condiciones que necesitamos en las escuelas. No puede haber retorno a las aulas sin recomposición salarial de todo lo perdido en el período anterior. No podemos aceptar volver a las aulas, sin un plan serio de vacunación ni inversión en implementos sanitarios e infraestructura.

Saquemos lecciones de la experiencia internacional de nuestra clase, de la recuperación de los métodos obreros, como la huelga, para imponer cierres ante la ausencia de condiciones seguras, como en Brasil, Italia o en EEUU. Pongamos en pie instancias de discusión con las organizaciones estudiantiles, interpelando a los estudiantes a elegir sus representantes para formar comités de higiene y seguridad conjuntos por escuela, con delegados específicos para esa tarea que designemos los trabajadores de la educación. Es necesario que la fuerza organizada los docentes pueda ser también un núcleo de tracción para coordinar con la juventud de las escuelas, poblaciones y barriadas que, mediante sus centros de estudiantes y organismos, se liguen a los sindicatos de los trabajadores de la educación para encauzar en una lucha conjunta la energía desplegada por la juventud, que destaca en Chile, Colombia y Perú.

La crisis mundial nos afecta como clase obrera sin respetar fronteras, como nos afectan las políticas patronales que implementan todos los gobiernos, de Fernández a Bolsonaro, de Piñera a López Obrador. Es urgente forjar lazos internacionalistas de solidaridad y de lucha unitaria, recuperando con las mejores tradiciones del movimiento obrero mundial nuestras organizaciones para la lucha, echando a las burocracias traidoras. La descomposición de nuestras organizaciones sindicales por la sujeción a la regulación estatal y por la política conciliadora de la burocracia, es una tendencia internacional que debemos combatir con un programa internacionalista.

Las tendencias políticas que reivindicamos la independencia de clase, y más aún aquellas con responsabilidad de dirección en sindicatos recuperados pueden jugar un rol central en forjar una nueva dirección de los trabajadores de la educación. ¡Pongamos en pie oposiciones sindicales revolucionarias! Preparemos una campaña internacionalista de lucha contra la presencialidad escolar sin condiciones. Organicemos un congreso latinoamericano de delegados escolares con mandato, para debatir un balance obrero de la cuarentena y del fracaso del accionar estatal contra la pandemia. Opongamos a la colaboración de la burocracia con el aparato estatal burgués, un programa y plan de lucha internacional de nuestra clase. Preparemos una jornada internacional de paro educativo y movilización.

COR Chile - LOI Brasil - COR Argentina

Se acerca una nueva conmemoración del día internacional de la mujer trabajadora, donde las patronales y sus Estados vienen descargando la crisis sobre la clase obrera, con despidos, bajas salariales, y precariedad laboral. La precarización que vive la clase obrera se incrementa en el sector femenino, sobre quien pesa mayoritariamente la carga social de las labores domésticas y cuidado de los hijos y enfermos.

En el país las negociaciones colectivas en la mayoría de los casos han congelado los salarios. La cesantía se incrementó durante la pandemia así como las suspensiones al contrato de trabajo. Esto ha impactado directamente sobre la mujer trabajadora quien ha visto disminuir en mayor medida su participación laboral.

Ahora el gobierno prepara subsidio para las patronales que contraten trabajadores por menos salario. El incentivo para los explotadores será contratar mujeres y jóvenes como fuente de mano de obra barata. Asimismo prepara el retorno a las labores de los trabajadores suspendidos, cuando los índice de contagios del virus se han disparado, pues es el llamado de las patronales a producir a toda costa, no es la vida y salud de los trabajadores lo que mueve al capitalismo. Las condiciones laborales del personal de salud, así como el retorno a clases presenciales de los colegios, actividades sustentadas en su mayoría por mujeres trabajadoras, en una situación pandémica creciente, demuestra lo nefasto de un sistema caduco y la política de un gobierno criminal. La burocracia sindical al sostener estas políticas se muestra como un fiel agente político del empresariado

Del mismo modo durante la pandemia el gobierno ha exacerbado el control social sobre los trabajadores y el pueblo pobre, las cuarentenas “dinámicas” y toques de queda, llenando de milicos y pacos las calles, apuntan a fortalecer la línea represiva estatal, como el intento de meter el estado de sitio en la Araucanía el impulso de la militarización en la zona, con los votos de la oposición. La represión, la cárcel, las torturas, los vejámenes, las mutilaciones oculares, se han dirigido contra la juventud que lucha en general y la mujer en particular.

La burguesía busca cerrar el proceso semi insurreccional abierto el 18 de Octubre mediante un proceso constituyente. La mayoría de las directivas sindicales de la clase trabajadora no sólo han promovido esta salida, sino que han definido volcarse con candidaturas, como con Bárbara Figueroa de la CUT o Mario Aguilar del Colegio de Profesores. Pretenden transitar de la burocracia sindical a la burocracia estatal. Lo que es difundido como un gran triunfo, la convención paritaria, busca meter al movimiento de mujeres cooptándolo al Estado, estatizar sus demandas para una reforma al régimen burgués. Los actos barbáricos que ocurren por doquier contra mujeres, el actuar de las policías con su represión e impunidad, la existencia de la servidumbre doméstica, la desigualdad salarial, el problema de la vivienda, etc, etc demuestran que el capitalismo es un sistema en descomposición, que no puede ser reformado, sino que merece ser destruido, y que su sistema representativo no cambiará las condiciones de opresión y explotación mientras perdure su carácter de clase.

En este 8M, se trata de reponer el origen histórico obrero de lo que se conmemora, reponer las reivindicaciones de la mujer trabajadora y sus métodos de lucha, como la paralización de los lugares de trabajo, del proletariado en su conjunto. El separatismo de género sólo paraliza a la clase obrera escindiéndola internamente y dificulta la educación del proletariado en la lucha por la igualdad social.

Es prioritario impulsar el control obrero de la educación y la salud y desarrollar la organización obrera. Imponer protocolos de los trabajadores para enfrentar la pandemia, recuperar nuestros sindicatos expulsando a la burocracia, luchar por la incorporación masiva de la mujer a la producción, luchar por salarios acordes a la canasta familiar y condiciones de trabajo arrebatados durante la pandemia.

Los marxistas buscamos recuperar el programa revolucionario para poner fin a la explotación capitalista y eliminar toda forma de opresión.

Na última semana de fevereiro, trabalhadores da Ford de Taubaté e Camaçari retornaram aos seus postos de trabalho após semanas de resistência, selando a derrota dirigida pela burocracia sindical, em acordo com o imperialismo, na luta contra o fechamento das plantas. Em janeiro deste ano, a Ford anunciou o fechamento de todas as plantas no Brasil (Taubaté-SP, Camaçari-BA e a Troller em Horizonte-CE, além da planta em São Bernardo do Campo-SP fechada em 2019), mantendo apenas um centro administrativo. A empresa justifica essa decisão como parte de sua “reestruturação global”, termo utilizado pelas multinacionais e que significa redução de custos e aumento da lucratividade, através do aumento da composição orgânica do capital. Também joga no peso da decisão, o aprofundamento da crise econômica causado pela pandemia: em 2020, a venda de carros no Brasil caiu 26%; só as vendas da Ford caíram 39,2% em relação a 2019. A Ford possui 6.171 trabalhadores diretos e responde por 7,14% do mercado nacional automotivo, além de 280 concessionárias no país, das quais 160 devem fechar as portas. Com o fim das atividades, 5 mil trabalhadores diretos serão demitidos. O DIEESE calcula, contudo, que 118,8 mil postos de trabalho serão afetados, causando uma perda de R$2,5 bilhões na renda dos trabalhadores.

A tendência histórica de queda na taxa de lucros se aprofundou a partir da crise de 2008 e a introdução de estímulos fiscais e políticas de juros baixos resultando no aumento do investimento especulativo em detrimento do investimento produtivo, não reverteu essa tendência. As reestruturações das montadoras, com o fechamento de fábricas em todo o mundo a partir de 2008 e os recorrentes socorros estatais via injeções de crédito são exemplo da profunda crise capitalista dentro de um contexto mais geral de decomposição do imperialismo.

A crise de 2008 e seus efeitos nas montadoras

Em 2008, com a deflagração da crise econômica do seio do imperialismo, na forma de uma crise financeira, a retração do crédito atingiu em cheio o mercado de automóveis nos EUA, reduzindo ainda mais a participação das montadoras no mercado norte americano. Se na década de 50 essa participação estava em 45%, em 2008 reduziu-se para 28%, acelerando uma tendência de queda desde as últimas décadas. As “big three” – General Motors, Ford e Chrysler – berço da aristocracia operária norte americana, foram as mais atingidas. Em 2009, a GM pediu concordata e anunciou o fechamento de 14 fábricas, a maioria no Michigan. A cidade de Detroit – Michigan, conhecida como “Motor City” por abrigar a GM, afundou poucos anos após a deflagração da crise financeira. Em 2010, já era uma cidade quase abandonada, com 35% do território desabitado e com a população reduzida em mais de 1 milhão de pessoas.

Ainda em 2008, o governo norte americano aprovou um plano de auxílio à Ford e à GM de US$17,4 bilhões para evitar a bancarrota da indústria automobilística. Na Alemanha e no Canadá, os governos também aprovam pacotes de auxílio. Em 2011, o governo norte americano viabilizou novo pacote de US$25 bilhões às montadoras, frente a desvalorização no mercado e novo risco de falência.

Com a deflagração da crise, as empresas passaram a recorrer, para além das ajudas estatais, a reestruturações na produção que buscavam reduzir os custos e aumentar a produtividade, buscando reverter a tendência de queda nas taxas de lucros. Isso significou o fechamento de muitas fábricas, especialmente aquelas mais antigas, cujos trabalhadores eram melhor remunerados, e abertura de plantas em outros locais cujos governos oferecessem pacotes fiscais de incentivo ao investimento e, claro, mão de obra sem forte organização sindical. Já em 2009, 35 mil postos de trabalho da indústria automobilística foram fechados no mundo todo; porém, somando programas de PDV, reduções de jornada e salários, layoff’s e férias coletivas, acredita-se que esse número foi três vezes maior.

Também a luta dos trabalhadores por salário e emprego acompanha esse processo, como nas duas das mais importantes greves do setor: a greve dos trabalhadores da GM nos EUA, após mais de uma década de controle da burocracia sindical e a de Matamoros no México.

No Brasil, em 2011, o governo já era o principal financiador do maior ciclo de investimentos do setor automotivo no país através de incentivos fiscais, recursos do BNDES ou entidades locais de fomento para investimento como, o BNB no Nordeste. Em desonerações às montadoras, foram estimados R$43,5 bilhões no governo Lula e R$458 bilhões no governo Dilma, um aumento dez vezes maior de isenções fiscais para as empresas. Outras formas de “auxílio” também foram aproveitadas pelas montadoras: o Programa de Proteção ao Emprego, em 2015, permitiu a redução temporária de 30% da jornada com redução proporcional de salário. O PPE foi celebrado pela Associação das Montadoras e pelos sindicatos dos metalúrgicos filiados à CUT e à Força Sindical. Mais recentemente, a MP 936 do governo Bolsonaro também cumpriu esse papel.

A conta da crise econômica para os trabalhadores: o fechamento da Ford no Brasil

Em São Bernardo do Campo (SP), a Ford encerrou a produção em 30 de outubro de 2019, implicando na saída de seu segmento de caminhões na América do Sul. O fechamento da planta resultou na demissão de 1,5 mil trabalhadores diretos; segundo o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC (CUT), 3 mil postos de trabalho foram atingidos. Durante o processo de fechamento, a burocracia sindical apostou nas negociações com o governo Dória (PSDB) como interlocutor para a venda da planta. Alimentou, entre os trabalhadores, a expectativa de que o grupo CAOA assumiria a fábrica e manteria os empregos, pois estariam aguardando apenas a liberação de um financiamento do BNDES, mas já haviam firmado um acordo para contratação dos trabalhadores com o pagamento de 80% da tabela da Ford. Em janeiro de 2020, o governador anunciou que o grupo havia desistido da compra da fábrica. Em outubro último, a Ford confirmou a venda da mesma para uma construtora e informou que “envolveu o sindicato nas negociações” para absorver parte dos funcionários demitidos, que até hoje estão vivendo do trabalho informal, pois muito poucos conseguiram recolocação no mercado de trabalho. Ao comentar a saída da Ford do Brasil, o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC afirmou ter esperança de que a Ford reverta a decisão, mas sendo “pragmático, a única saída seria a aquisição por parte de um outro grupo”.

Em Taubaté (SP), 130 trabalhadores voltaram aos seus postos em 22 de fevereiro para a produção de peças de reposição em cronograma apresentado pela Ford, após aprovarem negociação com a direção mundial da empresa com garantia de acesso aos documentos pertinentes à negociação pela direção sindical. Nessa negociação, caberia ao Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté e Região (CUT) a apresentação de “propostas concretas de alternativas para reverter o encerramento das atividades”. Além da negociação, o acordo firmado em audiência de conciliação do Tribunal Regional do Trabalho, garantiu a manutenção dos 830 empregos até o final da negociação. Para a burocracia, o acordo foi considerado uma vitória, pois conquistou uma “blindagem jurídica” para o retorno às atividades e “a luta possibilitou negociação com mais igualdade”. A luta a que se refere a burocracia consistiu na greve concretizada pela recusa dos convocados pela Ford para produção de peças de reposição em comparecer ao trabalho, protestos na porta da fábrica com uniformes pendurados nas grades, vigílias, assembleias virtuais, cobrança de apoio do governo federal pelos empregos e uma carreata à Basílica de Nossa Senhora Aparecida, definida como um “ato de luta e fé pelos empregos da Ford”. O sindicato ainda alegou ao TRT que os trabalhadores não estavam em greve, pois o dissídio coletivo tinha sido imposto pela empresa. A “negociação com mais igualdade” com a direção mundial da Ford, no dia 25 de fevereiro, só confirmou a demissão dos trabalhadores e a promessa de uma indenização negociada.

Não muito diferente de Taubaté, os trabalhadores de Camaçari (BA) retornaram ao trabalho em 23 de fevereiro após acordo de retomada de negociações. O retorno é previsto por 90 dias, podendo ser estendido. Dos 740 trabalhadores da planta, 460 já estavam suspensos por contrato em layoff, 327 retornarão neste mês de março e cerca de 180 em abril. A burocracia sindical celebrou o acordo como uma “trégua” de 90 dias para que as partes cheguem a uma negociação sobre indenizações. Há determinação da justiça proibindo a demissão antes do fim das negociações. Três semanas após o anúncio do fechamento da planta, a Ford também convocou trabalhadores de Camaçari para a produção de peças de reposição e, em assembleia, a “orientação” da burocracia foi de ninguém entrar. “Como colaborar com quem te ataca? Como ajudar quem te desrespeita?” justificou o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Camaçari (CTB) – grifos nossos. No final de janeiro, os trabalhadores protestaram na porta da fábrica e pendurando os uniformes com os nomes escritos de seus familiares que seriam afetados pelas demissões e houve a realização de um ato ecumênico para “fortalecer a fé dos metalúrgicos”.

Em Horizonte (CE), a fábrica da Troller, vinculada a Ford desde 2007, será fechada no final deste ano, atingindo 470 trabalhadores diretos. O presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Maracanaú (Força Sindical) “tranquilizou” os trabalhadores após o anúncio da Ford, já que têm “até o fim de 2021 e muitas encomendas para atender, temos esperança de estender o funcionamento até 2022” e, além da esperança em postergar o fechamento para 2022, afirma que a “estrutura da Troller é vendável”.

Além do fechamento da Ford, outras montadoras aproveitaram a pandemia para demitir em massa e, assim como na Ford, as burocracias trataram de jogar a pá de cal sobre os trabalhadores. Em São José dos Pinhais (PR), a Renault fechou o terceiro turno inteiro, demitindo 747 trabalhadores em julho do ano passado. Após 21 dias de greve com vigília na porta da fábrica, o Sindicato dos Metalúrgicos da Grande Curitiba (Força Sindical) conseguiu liminar na justiça para reincorporação dos 747 demitidos e fechou acordo com a empresa pela manutenção dos empregos até que fosse concluído o Programa de Demissão Voluntária (PDV) em agosto. Caso, o PDV não atingisse os 747, os demais cumpririam layoff por cinco meses com 85% do salário. A negociação do PDV foi celebrada como vitória pela burocracia sindical. A Mercedez Benz, com fábrica em Iracemapolis (SP) também encerrou a produção de automóveis no Brasil, permanecendo apenas com a produção de caminhões e ônibus em São Bernardo do Campo (SP) e Juiz de Fora (MG). A negociação também foi fechada pelo PDV para 370 trabalhadores.

O papel traidor das direções e a urgente necessidade de um programa operário de luta

“Nesse ambiente terrível para o proletariado, mas paradisíaco para o capital — é o seu próprio mundo (de barbárie) — a luta política maior se esvai em lutas fragmentadas que até mesmo no campo econômico tem sido, predominantemente, defensivas, se pensarmos na situação do sindicalismo atual, no qual crescem os sindicatos parceiros do capital.” (LÊNIN, 1902).

O papel das burocracias sindicais tem sido determinante nas últimas derrotas para a classe trabalhadora, especialmente depois do acirramento da crise econômica com a pandemia. O exemplo da Ford é extremamente didático, devendo servir para contrapormos os métodos operários de luta à política conciliatória e adaptada levada a cabo pela burocracia sindical. Na maior parte desses processos de reestruturação das montadoras, o papel da burocracia foi idêntico ao dos governos burgueses: vamos oferecer os trabalhadores em sacrifício para salvar o capital! A estratégia equivocada e conciliatória da burocracia com a justificativa de salvar empregos, rifou os trabalhadores que perderam salário, direitos e, por fim, o próprio emprego.

A recorrente desmobilização e a adaptação às instituições da democracia burguesa por parte das burocracias como pressão parlamentar, ajuizamento das negociações e submissão às imposições da patronal apartam a classe trabalhadora de suas formas de organização e luta próprias. Chegam ao cúmulo de utilizar o aparato para defender as empresas, exigindo desonerações do governo, numa ideia distorcida de que a riqueza do patrão aumenta “as migalhas que caem da sua mesa” para alimentar a classe trabalhadora. É necessária uma dura batalha no interior dos sindicatos contra a burocracia, disputando sua influência com os trabalhadores organizados. É urgente tirar “conclusões revolucionárias” das experiências em comum com os trabalhadores sob a direção traidora das burocracias sindicais.

O capital não tem moral, responsabilidade social ou inclinação religiosa e, diante de crises que ameaçam a manutenção de suas taxas de lucro, recorre ao aumento da exploração do trabalho. Não existem atalhos na relação entre capital e trabalho. E o papel que cumprem as instituições democráticas não são neutros, afinal essa é a ditadura da burguesia. Frente ao desemprego, é preciso reivindicar e escala móvel de horas e salários, contrapondo-a à traição da burocracia de negociar redução de jornada e salários. Frente aos ataques do capital monopolista, é preciso responder com métodos próprios de classe, intervindo diretamente nas relações de produção, com ocupações e comitês de fábrica, golpeando o cerne da propriedade privada. “Toda greve com ocupação coloca na prática a questão de saber quem é o dono da fábrica: se o capitalista ou os operários.” É preciso colocar na ordem do dia a questão do controle operário da produção no intuito de forjar uma vanguarda operária que assuma as tarefas transitórias de um programa revolucionário. Tarefa árdua e que não se limitará às fronteiras nacionais.

Retomemos el camino del Paro Nacional

Estando aún frescas las palabras del ministro de economía Palacios acusando a los profesores de no querer trabajar, y aún más reciente el trauma ocular ocasionado por carabineros contra una profesora que manifestaba en Plaza Dignidad, la directiva del Colegio de Profesores corrió presurosa a sellar un acuerdo con el gobierno para darle paso a las clases presenciales.

Esto luego de que se abriera una campaña mediática por medio de todos los opinólogos a sueldo de la prensa burguesa, sumado al lobby ejercido por las referentes del instituto defensor de la niñez y el Colegio Médico, sobre la urgencia de sumarse al calendario de gobierno del inicio de clases.

Este acuerdo es al mismo tiempo un lavado de cara a un gobierno debilitado que ha profundizado su carácter represivo, agitando una vez más la militarización en la Araucanía así como el respaldo a carabineros ante los últimos asesinatos evidenciando toda la descomposición de esta institución y del mismo aparato de Estado.

Sellando este acuerdo con el contacto físico de sus antebrazos y respaldados con la autoridad mediática del ColMed la burocracia sindical llamó a que se las arreglen, cada quien como pueda, en cada comuna.

Si uno de los temas qué más se levantaron las luchas educativas ha sido la segregación entre los colegios según el estrato o clase social al qué le “prestan servicio”, esta decisión de localizar en cada municipio la tarea de fraguar los protocolos para la vuelta a clases incrementará no sólo las mentadas brechas educativas sino que prepara a su vez los focos de expansión de la pandemia acorde a la cantidad de recursos e infraestructuras que cada escuela posea.

Tan irresponsable es la medida adoptada por el Colegio de Profesores que llama a la presencialidad cuando aún no se ha inoculado la segunda dosis de la vacuna al personal docente y, menos aún, a los trabajadores auxiliares de la educación.

Esta decisión autoritaria de la burocracia del Colegio de Profesores intenta al mismo tiempo evitar que se desarrolle el activismo docente qué fue un protagonista central de las luchas del 2019 previas a la semi insurrección espontánea el 18 de Octubre de ese año, donde llevaron adelante un paro nacional que mantuvo durante meses al gobierno contra las cuerdas. Éste finalmente fue boicoteado por la anterior directiva del colegio articulando con las camarillas parlamentarias una serie de proyectos inconclusos como salida. Consecuente con su línea parlamentarista, la anterior directiva se volcó al intento de fraguar una reforma del Estado vía la convención constitucional. Una vez más la burocracia sindical mostró que prefiere atar los destinos de los trabajadores al aparato estatal antes que desatar las fuerzas de los trabajadores que puedan atentar contra la existencia de este mismo aparato.

Es necesario retomar el camino del paro nacional que el activismo docente supo conquistar. Hay que imponer en cada regional Asambleas presenciales de profesores que mandaten a sus delegados y levanten las condiciones reales para una vuelta a la presencialidad. Debe desarrollarse un plan de lucha nacional fraguado desde las bases, que levante un plan de infraestructura, el pase a planta de todos los trabajadores docentes y no docentes, los protocolos sanitarios, los tiempos y las condiciones del retorno, la lucha por los salarios acordes a la canasta familiar, el reconocimiento de las menciones (a igual trabajo igual salario), entre otros puntos.

Es necesario que la fuerza organizada los docentes pueda ser también un núcleo de tracción para coordinar a la juventud de los colegios y las poblaciones que, mediante sus centros de estudiantes y organismos, se liguen a los sindicatos de los trabajadores de la educación para encauzar en una lucha conjunta la energía desplegada por la juventud estudiantil año tras año.

Recuperemos nuestras organizaciones para la lucha, expulsemos a la burocracia sindical.

Convoquemos a una Asamblea nacional de delegados

No al calendario escolar de Piñera. No al inicio de clases. Paso a los trabajadores de la educación y a la juventud.

Abramos las puertas de las escuelas y universidades a la clase trabajadora

A pandemia de covid-19 acentuou a crise econômica que perdura desde 2008, à qual o capitalismo não encontrou saída. A acumulação de capital pelo 1% mais rico do mundo foi maximizada, tendo como base profundos ataques aos trabalhadores de todos os países.

A intervenção estatal na produção veio com o objetivo de salvaguardar a burguesia e racionalizar a produção diante da possibilidade de um aprofundamento sem dimensões da crise. Enquanto os Estados aplicavam políticas de quarentena, subsídios às empresas e aos bancos, reconversão industrial, políticas fiscais mais agressivas e auxílios de renda, foram reservados aos trabalhadores ataques como destruição de conquistas trabalhistas com maior flexibilização do trabalho, redução salarial além das demissões em massas. A aplicação dessas políticas, além de dar breve salvaguarda aos sistemas de saúde dos países, contribuiu para a desorganização e isolamento dos trabalhadores, sendo que as burocracias sindicais tiveram e têm grande papel nisso.

Nessa conjuntura o endividamento público e privado cresceu de forma alarmante, demandando que, nesse momento, os governos acelerassem suas políticas para o retorno das atividades produtivas, através do controle da pandemia, exemplificado na busca e disputa pelas vacinas, as quais os países imperialistas já garantiram para si estoques que ultrapassam a real necessidade. Isso significa reativar os serviços e atividades produtivas, a fim de voltar a gerar valor através da exploração. É nesse contexto que está inserida a volta às aulas. Não por acaso, diversas instituições do imperialismo como a OMS, FMI e o Banco Mundial fazem declarações oficiais em defesa do retorno às aulas presenciais. Da mesma forma, os trabalhadores começam a mostrar resistência ao retorno sem segurança sanitária garantida, como nos EUA, Argentina e agora o Brasil.

Olhando para o cenário brasileiro, as reformas trabalhista e da previdência, junto com a lei do Teto de Gastos, vieram para ceifar direitos e salários da classe trabalhadora e sucatear ainda mais os já precarizados serviços públicos, que atendem a população empobrecida do país, situação posta anterior ao período pandêmico.

A pandemia escancara esse processo, dando visibilidade à situação de caos e abandono em que já estavam os hospitais públicos. Soma-se a isso, a política negacionista do governo Bolsonaro que contribuiu para acentuar os efeitos macabros da epidemia: em 1 ano temos quase 250 mil mortes, considerando a subnotificação por estados e municípios.

O governo federal buscou impor sua agenda ideológica, lançando mão de declarações estapafúrdias, incentivo ao uso de medicações sem comprovação científica para o tratamento à covid-19, medicações essas produzidas inclusive pelas forças armadas. Já os governadores dos estados, em disputa política com o executivo federal, criaram frágeis formas de promover o isolamento social, sem força suficiente para impor “lockdowns”.

Na educação, as atividades presenciais ficaram suspensas durante praticamente todo o ano de 2020 em quase todos os estados do país, sobretudo pelo fato de ser ano eleitoral para as prefeituras, responsáveis por essa determinação. Diversos estados passaram o ano de 2020 com os professores em trabalho remoto, aplicando aulas e atividades online, enquanto que nas escolas públicas trabalhadores da gestão e do quadro de apoio das escolas eram obrigados a comparecer presencialmente em suas unidades. O trabalho remoto para os professores significou precarização das condições de trabalho, arrocho salarial, tanto pelo corte e congelamento dos salários, quanto pelos custos desse trabalho com conectividade e equipamemento para produzir as atividades e/ou ministrar suas aulas, cujas eram acessadas por pouquíssimos alunos, também devido a falta de condições materiais para o acesso destes. O ensino remoto potencializou a exclusão e escancarou o desmonte da eduçação pública.

Agora, com a imposição do retorno às aulas presenciais, além dos enormes riscos sanitários, os trabalhadores sofrem mais um ataque que é a implementação do ensino “híbrido”, o que resulta em trabalho dobrado, intensificando a exploração e a precarização.

A pressão dos empresários torna-se voz reverberante na mídia burguesa em suas diversas facetas, isso faz com que os governos iniciem 2021 com protocolos, leis, decretos e instruções normativas legislando sobre o retorno às aulas presenciais. Medidas essas que de forma alguma foram discutidas com os trabalhadores que estão dentro das escolas e entendem de sua estrutura e dinâmica.

Frente a tão brutais ataques, as direções dos trabalhadores, sindicatos e centrais sindicais, mantiveram-se totalmente imobilizadas, rifando os trabalhadores em diversos setores, tomando para si a política burguesa da quarentena, não mobilizando os trabalhadores e não levando a cabo a tarefa de construção de uma greve geral.

Entre os professores do estado de São Paulo, a APEOESP, seguiu o exemplo do SEPE/RJ, sindicato dos professores do Rio de Janeiro, e realizou assembleias virtuais, de forma regionalizada, nas quais foi discutida e aprovada a chamada “greve sanitária”; na verdade um boicote, pois não suspende as atividades, somente as transpõe para o ensino remoto. Cabe aqui denunciar todas as manipulações exercidas pela sua burocracia durante esses eventos online, o que corrobora com a análise de que é um grave erro de método a realização de assembleias online e não presencialmente, por permitir esse tipo de ação traidora por parte dos burocratas.

No SINPEEM, a burocracia manteve-se encastelada em seus gabinetes, esmerou-se pela via eleitoral e conciliadora de classes. Tentou somente angariar votos para a vereança municipal, mesmo que nada estivessem fazendo de fato para impedir ataques, como a implantação do Ensino a Distância e o congelamento de quinquênios e evoluções. Agora em 2021, sob enorme pressão da categoria, declara greve junto de outras direções sindicais do município de São Paulo. Essa greve, cuja única reivindicação é que os professores fiquem em trabalho remoto, até que possam ser garantidas as condições de saúde. Ela NÃO foi deliberada com os trabalhadores, já que a direção do sindicato SUSPENDEU suas instâncias deliberativas, desde o início da pandemia, recusando-se a dialogar e debater com os trabalhadores organizados sindicalmente.

O reformismo e o centrismo não tiveram atuação muito diferenciada, enclausuraram-se por todo o ano de 2020, recusando-se a participar de mobilizações e atos de rua alegando o risco da pandemia. Ocorre que, durante o processo eleitoral, estavam nas ruas pedindo voto. Cada vez mais adaptam-se à democracia burguesa e renunciam aos métodos de luta da classe trabalhadora. Nessa greve sua postura é a mesma, ignoram que grande parte  da categoria já entende a necessidade de ocupar as ruas e preferem ater-se à twittaços, carreatas, protestos online, assembleias virtuais e panelaços, ações que geram muitos “likes” e “visualizações”, mas pouca ou nenhuma efetividade para a luta de classes.

É urgente que as burocracias sindicais mobilizem os trabalhadores com seus métodos próprios, com paralisação total de todas as atividades, atos de rua, manifestações e assembleias, com os devidos cuidados sanitários, para fortalecer as greves em curso. É urgente que as centrais sindicais, especialmente a CNTE/ CUT construam uma GREVE NACIONAL UNIFICADA dos trabalhadores da educação. Apenas com unidade e com os nossos métodos de discussão e organização para a luta conseguiremos impor nossas reivindicações de forma independente, ampliando nossa pauta à recuperação das perdas salariais e dos nossos direitos cortados, além das condições sanitárias seguras para o retorno presencial.

-Pela total autonomia das escolas e seus trabalhadores na organização para o retorno presencial;

-Pela recomposição e aumento do módulo de trabalhadores de limpeza dentro das escolas;

-Pela incorporação dos trabalhadores de limpeza ao quadro de servidores municipais; Salários e direitos iguais para todos os trabalhadores da escola;

-Pela reabertura das instâncias deliberativas sindicais;

-Por assembleias presenciais;

-Pela unificação da greve entre os trabalhadores das redes estadual e municipal;

-Pela construção de uma GREVE NACIONAL UNIFICADA;

Joe Biden asumió finalmente la presidencia el miércoles 20 de enero. En medio de un pomposo show de estrellas de Hollywood y de la industria musical, que no lograron ocultar la militarización del acto protocolar con la presencia de 25 mil miembros de la guardia nacional, Biden y su vice Kamala Harris juraron en el cargo. Los desafíos de la nueva administración son enormes: luego del fracaso de los anteriores gobiernos, intentará revertir el retroceso de la hegemonía yanqui en su papel de potencia imperialista dirigente del mundo. No debemos olvidar que Biden fue parte de la administración Obama como vicepresidente, y anteriormente desde el senado apoyó el belicismo de Bush hijo y otras aventuras imperialistas de ambos partidos. La coyuntura apremia, por lo que las primeras medidas apuntan a frenar la crisis económica que aceleró la pandemia del COVID-19, intentando poner bajo un mínimo control la situación sanitaria y continuar con las políticas de estímulo. Todo esto, en medio del deterioro de las relaciones con el resto del mundo determinadas por los antagonismos económicos establecidos por la crisis y por la errática política exterior de Trump y, más novedoso, en la urgencia de encarar una crisis sin precedentes de las instituciones de la democracia imperialista que dejó el 2020 y la toma del Capitolio del 6/1.

Pandemia y crisis económica

La curva que miran los imperialistas no es tanto la de contagios y muertes por el COVID-19 sino la de la variación del PBI y la ocupación de mano de obra. La recuperación, luego de la abrupta caída entre febrero y abril de 2020, comenzó relativamente fuerte, pero se viene moderando hasta llegar a una cuasi meseta. El crecimiento del PBI del último trimestre de 2020 apenas supera el 1%. El país ha recuperado un poco más de la mitad de los 22 millones de empleos no agrícolas perdidos entre febrero y abril de 2020. El último número de enero arroja la creación de escasos 49.000 nuevos puestos de trabajo, y una revisión a la baja de los datos de los 3 meses anteriores. El balance de la era Trump de conjunto arroja un rojo de 2.100.000 puestos de trabajo perdidos desde que asumiera a inicios de 2017 (Washington Post, 6/2/2021).

(ver gráfico 1)

Igual de alarmante es la acumulación de deuda que se viene registrando a partir de las políticas imperialistas para intentar dar una salida a la crisis de 2008, que se ha visto elevada a la enésima potencia con las políticas de estímulo implementadas por los diversos Estados imperialistas para enfrentar la pandemia y a través del mecanismo del sistema financiero privado, llevando a burbujas gemelas entre acciones y deuda oficial. La tendencia al debilitamiento del dólar, que se expresa en la suba de las llamadas commodities (mercancías genéricas utilizadas como materias primas y que se negocian a granel como metales, petróleo y granos) y de los metales-dinero (oro y plata), es otra cara tanto de esta crisis de endeudamiento como del deterioro de la hegemonía mundial del imperialismo yanqui.

Para dimensionar el problema, un estudio de Bankia de diciembre pasado indica que “de acuerdo a un reporte reciente del Instituto de Finanzas Internacionales (IIF), la deuda global del sector público y privado creció en 15 billones de dólares, hasta un total de 277 billones en 2020, máximo desde el inicio de la serie histórica. Como porcentaje del PIB, el IIF proyecta que la deuda global de un salto hasta 365% este año, desde 320% a finales del 2019 y 315% cinco años atrás.” Y continúa, “destaca EEUU, que puso en marcha un paquete de estímulo fiscal del 13% del PIB, así como la disponibilidad de múltiples ventanas de créditos a empresas por parte de la Fed. El país representó alrededor de la mitad del incremento de la deuda del grupo de los países desarrollados, con la ratio de deuda pública en torno al 125% del PIB, niveles no vistos desde la Segunda Guerra Mundial.”

(ver gráfico 2)

Entre las primeras medidas de Biden, destaca la continuidad de estas políticas de estímulo fiscal y monetario, con un nuevo paquete de U$S 1,9 billones para asistencia por el coronavirus. El paquete quedó habilitado con la aprobación del presupuesto en el senado el viernes 5/2, 1º iniciativa legislativa de la nueva legislatura que incluyó el voto de desempate de la vicepresidenta (tras las elecciones, el senado quedó conformado en un 50/50 por representantes del PD y el PR). La diferencia es que Biden pretende dar este estímulo combinándolo con una política sanitaria agresiva, que va desde el ridículo “100 días de barbijo” que lanzó como uno de sus primeros decretos presidenciales, hasta el plan masivo de vacunación, al mismo tiempo un gran guiño a la industria farmacéutica, uno de los principales lobbies imperialista.

Política exterior

En este terreno existe una continuidad en la línea agresiva hacia China, que los demócratas ya habían lanzado con su “pivote asiático” bajo Obama. Hay un “acuerdo de Estado” entre ambos partidos y todo el establishment imperialista en la necesidad de avanzar sobre China, las diferencias tienen que ver con el cómo. La guerra comercial basada en aranceles para negociar acuerdos de comercio exterior de Trump no ha sido evaluada positivamente por la burguesía, que apuesta a una política aún más dura que incluye una ofensiva sobre terceros países, semicoloniales, para desplazar la influencia que viene teniendo China a través de financiación y proyectos de infraestructura (nueva ruta de la seda). La política hacia América Latina mantiene su hostilidad hacia Venezuela y una política de palo y zanahoria para apuntalar las medidas restauracionistas en Cuba, mientras se busca disciplinar a toda la región a partir de una mayor influencia del FMI (Chile, Argentina, Ecuador). En cuanto a Medio Oriente, es una maraña más difícil de desanudar, pero por el momento Biden ha suspendido la política de retirada que venía implementando Trump. Esto puede apreciarse en la reevaluación de la línea hacia el enclave israelí (que fue fuertemente respaldado por Trump en los últimos 4 años), que tiende a volver apoyarse sobre las alianzas con otras facciones burguesas de la región, reflotando la política de Obama, mientras respalda, veladamente o no, las ofensivas reaccionarias de Israel sobre Siria y territorio palestino.  Del mismo modo que la política de seguridad hacia Europa basada en la OTAN. Muy relacionado a esto último está la mayor ofensiva hacia el gobierno de Rusia, al que Biden salió a presionar fuerte por el caso Navalni. Faltan muchas definiciones en relación a la política exterior en Asia, aunque el golpe de Estado en Myanmar/Birmania ha acelerado el enfrentamiento entre el bloque chino-ruso con EEUU y sus aliados en la ONU.

En términos generales, sostenemos que el multilateralismo que ensaya Biden retrocediendo en todas las medidas de Trump de ruptura con las instituciones internacionales de posguerra como la OMS, el acuerdo de París, los cuestionamientos a la OMC, carece por el momento de un eje estratégico. Es imposible volver la historia atrás, menos aun cuando los efectos de aceleración de la descomposición del imperialismo a partir de 2008 continuaron su trabajo de zapa, y lo continúan a la fecha. En cualquier caso, el avance en la asimilación de los ex Estados obreros, sobre todo China, y en menor medida Rusia, y el establecimiento de una nueva relación capital-trabajo para aumentar la tasa de explotación intentando revertir la caída de la tasa de ganancias, si bien son objetivos generales, aparecen como los objetivos no resueltos que debe encarar el imperialismo yanqui si pretenden detener su propia caída. No se trata de tareas fáciles y tiene por delante la resistencia de la lucha antiimperialista de la clase obrera y los pueblos oprimidos que vienen haciendo temblar el planeta, desde Túnez, Myanmar, Kirguistán, India y Líbano, pasando por Bielorrusia, Francia e Italia, hasta Chile y toda América Latina.

La caldera

La erosión de las instituciones de la democracia imperialista, espejo de los sectores burgueses y pequeñoburgueses, de las semicolonias y de los ex estados obreros, que hacen suyo el programa de la asimilación bajo el ropaje de las promesas de la democracia burguesa, es la principal preocupación para Biden y su nueva administración. Debe encarar el impeachment de Trump bajo esta óptica, lo que no es sencillo, pero más grave aún es el problema del deterioro de los poderes del Estado y la relación del aparato burocrático militar con las masas en medio de la crisis y la descomposición social prevalecientes. Por el momento, la primera medida ha sido avanzar en la agenda antiterrorista, con apoyo de los republicanos, cosa que no debe extrañarnos ya que fue Bush (h) quién iniciara esta política luego del atentado de las torres gemelas. El avance en la política represiva del Estado parece ser la salida, confirmando que las tendencias bonapartistas generadas por la dinámica inmanente del capitalismo se despliegan por sobre las personalidades de los personeros del capital. Que las primeras medidas hayan sido tomadas a través de decretos (órdenes ejecutivas), algo que llamó la atención de los más acérrimos partidarios de Biden, va en el mismo sentido. Y es que la recomposición institucional de la democracia imperialista no puede pasar por otro camino, contra las ilusiones de los llamados progresistas, la supuesta ala izquierda del PD. Como indicaba Engels en su carta a Marx del 13 de abril de 1866, “… el bonapartismo es la verdadera religión de la burguesía moderna". Y los últimos 4 años de gobierno de Trump en EEUU han servido para dejar expuesto el carácter de esa democracia imperialista manejada por una élite, que tranquilizaba a muchos porque “no iba a dejar que Trump hiciera cualquier cosa”. El bonapartismo no significa el gobierno personal, aunque puede adquirir esa forma. Tomamos aquí otra cita de Engels: “... en la monarquía bonapartista moderna, el verdadero poder gubernamental se encuentra en manos de una casta particular de oficiales y funcionarios... La autonomía de esta casta que parece mantenerse fuera, y por decirlo así, por encima de la sociedad, confiere al Estado un viso de autonomía respecto de la sociedad” (F. Engels, Contribución al problema de la vivienda). Recordemos que, en la teoría política de la ilustración que fundamenta la constitución norteamericana, el presidente cumple ese papel de monarca.

Luego de la acción contrarrevolucionaria del 6 de enero, un importante sector de la izquierda centrista a nivel internacional ha caído en el error de centrar la táctica en la necesidad de enfrentar al fascismo, al golpismo o al protofascismo encarnado en las fuerzas pro Trump: se trata de un grave error porque el máximo peligro es la forma en la cual las fuerzas de la élite política, que dirige el aparato del Estado yanqui, va a utilizar los acontecimientos para reacomodar sus estructuras en búsqueda de una ofensiva bestial contra la clase obrera y los pueblos oprimidos del planeta. Cualquier frente único antifascista o similar con sectores de la burguesía no es más que una capitulación al enemigo de clase.

El desafío de recomponer las instituciones implica asimismo encarar la polarización política y social que tiene su origen en las bases económico-sociales derrumbadas por la crisis capitalista. Para ello, el plan de estímulos de Biden incluye un aumento del salario mínimo y un bono de U$S 1.400 por persona, que aún genera debate entre el gobierno y la gran patronal, así como al interior del dividido partido demócrata (PD). Estas concesiones no se dan sólo por el impulso de los aires de una suerte de desteñido neo keynesianismo, sino que responde a una serie de luchas que viene sosteniendo la clase obrera norteamericana. Los motivos son sobrados, todos relacionados al deterioro de las condiciones de vida a partir de la crisis de 2008 y a la recesión generada por la pandemia: por condiciones de seguridad e higiene en los lugares de trabajo, por salarios, por la sindicalización en empresas y sectores no organizados. También ejercieron una influencia importante las grandes movilizaciones contra la policía y el racismo luego del asesinato de George Floyd, sobre todo en ramas industriales donde prevalecen trabajadores afroamericanos y latinos.

Los últimos meses de 2020, la influencia de las direcciones reformistas/contrarrevolucionarias de los socialistas democráticos de América (DSA) y los llamados progresistas del PD llevaron a estos movimientos detrás de la campaña electoral, atribuyéndose sus principales figuras (Sanders, Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar) que ejercen de ala izquierda de la bancada oficialista en la cámara de representantes del congreso (cámara baja), la victoria en los estados del medio oeste revirtiendo los resultados de 2016. En términos de lucha de clases, esto llevó a la paradoja aparente de que mientras el ala derecha del partido demócrata, con Biden a la cabeza, ganaba la presidencia y los reaccionarios partidarios del trumpismo mostraban músculo en las calles, siendo su máxima expresión la toma del capitolio del 6/1, mientras los movimientos antipoliciales y de la clase obrera se volcaban a las expectativas electorales. Esto no debe verse como una foto: a principios de 2021, las cosas han cambiado y estamos presenciando nuevas e importantes huelgas, como la de los trabajadores del mercado de frutas y hortalizas de Nueva York, que a través de una huelga de poco más de una semana lograron un aumento salarial (aunque no de U$S 1 hora como reclamaban) y frenaron la intención patronal de aumentar el descuento por la prima de salud. También se vienen desarrollados procesos de organización sindical en empresas como Amazon y la autopartista alemana Borgers en Ohio, y una importante lucha contra la vuelta a clases presenciales sin medidas adecuadas de salubridad en varios estados.

Problema de dirección

Es posible que los trabajadores de base que forman parte de estos conflictos puedan considerar que la salida de Trump del gobierno plantee mejores condiciones para la lucha, pero la vanguardia no debe dejarse engañar por el DSA y demás direcciones contrarrevolucionarias que ofrecen como orientación “disputar” el gobierno demócrata desde el interior, presionando por un lado por mayores concesiones de Biden, mientras por el otro defienden un frente único contra el fascismo y la extrema derecha, poniendo énfasis en la recomposición institucional bajo un prisma pretendidamente democrático. Se trata de una trampa mortal para el proletariado y los sectores de masas empobrecidas, para la juventud, las minorías y los inmigrantes en EEUU. La vanguardia de nuestra clase debe encarar la lucha por romper la tutela de esa élite política de la democracia imperialista en putrefacción sobre el proletariado yanqui, tutela ejercida a través del PD y de la burocracia sindical de la AFL-CIO. El desafío es conquistar la independencia de clase a partir de un programa obrero de salida a la crisis y de una dirección revolucionaria que enfrente al Estado y se proponga la unidad estratégica con los pueblos oprimidos del mundo tras la bandera de la lucha antiimperialista. Será un paso decisivo en la reconstrucción de la Cuarta Internacional y su sección norteamericana. Con ese norte, proponemos a las corrientes revolucionarias que a nivel mundial defienden el programa de la dictadura del proletariado que impulsemos en común una conferencia internacional por la reconstrucción de la IV Internacional, el partido mundial de la revolución socialista.

COR Chile - LOI Brasil - COR Argentina

DISOLUCIÓN DE LA POLICÍA, JUSTICIA PARA FRANCISCO MARTÍNEZ

El asesinato a mansalva por parte del paco de tránsito en Panguipulli del joven malabarista, Francisco Martínez, ha enardecido a las masas que salieron a tomarse las calles con barricadas e incendiar y atacar no solo la comisaria local, sino edificios públicos como el municipio, entre otros, algo característico del proceso surgido el 18 de octubre 2019. Asimismo se han extendido manifestaciones en diversos lugares del país exigiendo justicia para el joven asesinado.

La convención constitucional fue el mecanismo de desvío que eligió la burguesía para contrarrestar este proceso de masas, el que funcionará como una comisión donde tendrá expresión las fracciones burguesas y de la pequeñoburguesía. Éstas buscarán una reestructuración del aparato del Estado, con lo que cuentan reformar a carabineros o crear una “policía popular” como lo plantean los sectores reformistas. El programa que levantan estos grupos ( FA y PC) es la de reforma o refundación del Estado burgués, lo que no es otra cosa que tratar de enmascarar o endulzar el dominio de clase capitalista al servicio de una u otra facción burguesa.

El aparato represivo es la esencia del Estado, es el organismo auxiliar del que se sirven los capitalistas para someter al pueblo a sus intereses bajo el dominio del imperialismo. Las policías no se pueden refundar ni reformar, la policía debe ser disuelta. Este proceso no será pacífico, ni tendrá un carácter constitucional, será el escenario de lucha de clases en una dinámica de revolución y contrarrevolución donde se dirimirá esto.

La pandemia no solo ha venido a acelerar la crisis social con bajas salariales, despidos masivos (como las recientes desvinculaciones de cerca de cuatrocientos trabajadores del metro), o el colapso de los sistemas sanitarios sino que ha profundizado la descomposición de las policías, que se han evidenciado su lugar de salvaguardia del capital en cada lucha obrera, manifestación de la juventud y el pueblo trabajador.

Tampoco debemos olvidar que el oficialismo y lo oposición, que han votado una y otra vez leyes represivas, como la ley antibarricadas, la ley de control preventivo de identidad, etc., que le otorga más facultades a las policías para desatar su descomposición, donde han asesinado, mutilado, y reprimido a manos llenas al pueblo trabajador. 

Es por ello que se vuelve primordial que las organizaciones obreras convoquen a congreso obrero de delegados de base para tomar en sus manos la lucha contra esta institución de lúmpenes organizados por el Estado impulsando plan de lucha contra el gatillo fácil y la impunidad policial. Las organizaciones obreras deben inscribir en su programa la lucha contra el aparato burocrático militar del Estado burgués, contra la represión, etc, deben luchar por establecer comités de autodefensa, y ejercer la justicia obrera.

Justicia para Francisco Martínez.

Por la Disolución de la policía.

Por Comités de autodefensa obrera

Libertad a los Presos Políticos

Por Tribunales obreros para juzgar y castigar a los represores del pueblo