El debilitado gobierno de Piñera en su calidad de comité administrativo de los negocios de los capitalistas, trata de llevar esta tarea fundamental sobre la base de una aguda crisis social y política.

Y es así que una y otra vez se desviven por intentar festinar una pandemia superada por el avance del plan de vacunación, pretendiendo acelerar la reincorporación de mano de obra barata a las actividades productivas para satisfacer la sed de ganancias sinfín de la clase dominante parasitaria.

El Colmed de la mesocracia

El regreso de las cuarentenas generales ha sido dictado más que por la voluntad del gobierno por la situación de colapso en la cual se encuentra todo el sistema sanitario. Un colapso cuidadosamente oculto en los números presentados a diario por el gobierno pero difícilmente eludibles por la población en general y por los trabajadores de la salud en particular qué ven que un puñado de camas disponibles significa decidir a diario quién vive y quién muere entre la población trabajadora y empobrecida. Ni hablar del agotamiento físico y mental de los trabajadores de la salud sobrexigidos por la falta de personal y de las condiciones mínimas sanitarias del sistema de salud en decadencia.

Desde el colegio médico, luego de que quedara en evidencia que el fantoche del comité de expertos no era más que una reunión de Piñera y sus ministros, presentaron un nuevo plan llamando a una "nueva gobernanza", cuya base es la de provocar un "cortocircuito" (suspensión de todas las actividades no esenciales por 3 semanas), y a partir de allí volver al mismo plan del gobierno con algunas modificaciones, burbujas territoriales, cuarentenas regionales, mayor apertura de algunas actividades, etc. La orientación de este plan al igual que la del gobierno pretende que con medidas de aislamiento y represión estatal, vaya orientado a salvaguardar la actividad de la economía capitalista, pretendiendo que de esta forma se descomprima la situación hospitalaria, que se haya con niveles permanentes por encima del 95% de ocupación. Esta es la tecnocracia del ColMed qué, solicitando ser integrados de forma efectiva a las decisiones de gobierno (gobernanza), se enfoca no en la superación de la miserabilidad del sistema sanitario, sino en la noción pequeñoburguesa de que en el capitalismo se puede conseguir un sano equilibrio entre salud y economía (una insalvable contradicción de la reproducción de un sistema anárquico y en putrefacción). Así lo manifiesta entre otras cosas el que su plan se afirma en qué inmediatamente luego de este "cortocircuito" debieran retomarse las actividades presenciales en la educación básica y preescolar. Una forma de reafirmar, lavándose la cara, el apoyo activo a la frustrada vuelta presencial a los colegios, apoyo en el que quedó entrampada la burocracia sindical del colegio de profesores.

Una carrera presidencial distorsionada

Los resultados de la segunda vuelta a gobernadores, en particular la disputa en la región metropolitana, evidenciaron (al margen de la gravitación de los sectores acomodados en las mismas) que las expresiones políticas superestructurales pueden reflejar movimientos políticos de distintos sectores y estratos sociales, en particular de la pequeñoburguesía, pero de forma distorsionada. De esta forma el acto pasivo de expresión mediante el voto en las elecciones burguesas se manifiesta, al menos coyunturalmente, de forma más conservadora en cuánto a las labores ejecutivas que en sus expresiones parlamentarias, cómo fue en la constituyente. Perder de vista este carácter distorsionado y darle un valor absoluto a las tendencias que se manifiestan en la superestructura política no permite ver el movimiento real, material, de las distintas fuerzas sociales qué expresan de una u otra forma el laberíntico desarrollo de la lucha de clases.

Sobre esta base se desarrolla el debate programático presidencial, de cara a las primarias, donde despunta como eje de discusión el avance de la candidatura de Jadue (del PC), con un programa aggiornado y edulcorado por los viejos personajes díscolos de la concerta, cuyo eje es el intervencionismo estatal.

La mayor presencia del Estado vía una futura candidatura presidencial, o por medio de cambios constitucionales, pone en alerta a la burguesía rentística parasitaria, esa sub-burguesía que parasita tanto al capital imperialista como al aparato de Estado allí donde puede, bregando por mantener sus regalías en todos los órdenes de la vida pública, salud, educación, aguas, concesiones, subcontratación, etc, etc.

Esta demonización el avance de la propiedad estatal en algunas actividades, tiene como contrapartida los sectores de una pequeña burguesía en crisis, que intenta desarrollarse ora por medio de afianzarse en cargos y puestos estatales cómo en actividades productivas diversas para desde allí disputar un regateo a la explotación imperialista mediante mayores impuestos y la conquista de nuevos nichos de negocios. "Sean cuales sean los programas de los gobiernos, el estatismo consiste inevitablemente en hacer pesar sobre los más débiles las cargas del sistema podrido" [La revolución traicionada, León Trotsky]. Bien lo saben los capitalistas los que ante cada aumento impositivo o de salarios, bregarán por retornarse su alícuota de la explotación ora por aumentos de la desocupación, ora por aumentos inflacionarios. El triste papel en esta comedia lo jugarán aquellos sectores que desde la izquierda revolucionaria se disponen hacer seguidismo al apoyar estos proyectos estatistas burgueses.

Parlamentando

Como telón de fondo tenemos a la convención constitucional, que se desarrollará como una telenovela de la democracia pequeñoburguesa semicolonial, donde se expondrán los dramas sociales, sin que la evolución de sus caracteres pueda darle una solución estructural.

El ala radical de la convención nucleada en la llamada "vocería de los pueblos" ha levantado una serie de puntos como condición para el inicio de las sesiones. Entre los más importantes expresan la libertad de los presos políticos, fin a la impunidad de los crímenes de la dictadura, la desmilitarización de la Araucanía, el cuestionamiento al régimen de dos tercios o la limitación a no tocar los tratados internacionales. De esta forma convocan, con la fuerza de sus "asambleas virtuales", a la movilización para presionar a la convención a que tome el papel del "soberano" pretendiendo transformar la convención constitucional en una asamblea constituyente.

Para la constituyente María Rivera (MIT-LITCI) –integrante de la vocería- el llamado a luchar por la soberanía de la convención, se trata de que tome el poder efectivo, nacionalizando recursos, destituyendo al congreso y al presidente, expropiando a las 10 familias más ricas, etc. El MIT se deshace en argumentaciones jurídicas para explicar el rol de la constituyente para elaborar una “Ley Suprema” que no puede estar sujeta a ninguna otra ley o institución, para lo cual se le exige que asuma el poder. De esta forma al no ver que “la ley” no es el reflejo de una pretendida voluntad general, sino la cristalización de las relaciones materiales de producción, que en el capitalismo no se expresan de otra forma que en la dominación de clases sostenida por el aparato burocrático-militar estatal, reproducen la ilusión del poder burgués al embellecer la cobertura democrática de la dictadura del capital. Por otro lado, si de lo que se trata, es de querer cambiar el carácter de clase a un organismo transitorio de la democracia burguesa semicolonial, como la convención, en una pretendida disputa de poder (¿o doble poder?), sus esfuerzos no estarán dirigidos a fortalecer la organización y la conciencia de la clase obrera para su intervención independiente y revolucionaria, sino a intentar llevarla a la rastra de las disputas o contubernios superestructurales para una reforma al Estado…burgués. De este modo se presenta en general el centrismo con fórmulas de corte estatistas: expropiar a la burguesía, no para liberar a las fuerzas productivas del parasitismo de la propiedad privada capitalista y el corset del Estado, sino para redistribuir la renta nacional; o “controlar”(!) a las FFAA y carabineros por “organizaciones populares” y no luchar por su disolución preparando la insurrección consciente, etc.

Luchemos por una salida obrera a la crisis

La clase trabajadora viene dando importantes luchas como los trabajadores de los hospitales y los centros de salud ante el colapso de los sistemas sanitarios. También se suceden las negociaciones colectivas en la minería que ha llevado a distintas acciones, de huelga o medidas de presión, ante la intransigencia de las multimillonarias patronales estatales (Codelco) o imperialistas (BHP). También luchas como la huelga del sindicato Cosmoplas, pueden utilizar la solidaridad manifestada por trabajadores y organizaciones sindicales para ser puntos referencia para la organización obrera tomando acciones conjuntas para su triunfo.

Es vital que los trabajadores y la juventud desplieguen las energías necesarias para fortalecer y unificar a la clase obrera impulsando la lucha por levantar un Congreso de delegados de base que discuta un programa de salida a la crisis. Es prioritario pelear por imponer el control obrero sobre ramas productivas ya que los trabajadores deben controlarlo todo. Parte de esta lucha se inscribe la necesidad de arrancar a los presos políticos de las cárceles y hacer justicia por los asesinatos, mutilaciones, torturas y todo tipo de vejaciones cometidas por el Estado y sus agentes, ayer y hoy. Enfrentar la trampa constituyente y sus ilusiones pequeñoburguesas de reformas liberales son parte de este desafío de luchar por la independencia política efectiva de nuestra clase en el camino de la conquista de un gobierno obrero.

Este sábado 26 de junio a las 17.30 hs. realizaremos una charla debate sobre el conflicto Israel - Palestina por zoom. Para poder participar deberá completar un formulario y le será enviado el link y el ID de acceso correspondiente.

Para completar el formulario, por favor haga click en el siguiente link:

https://forms.gle/rTbMteMnB4ppNVWT9

Aproximamo-nos dos 500 mil mortos pela covid-19 no Brasil, número alavancado neste ano pela disseminação das novas cepas do vírus, pelo colapso dos sistemas de saúde e pelo aprofundamento da crise econômica aliados às políticas catastróficas de controle sanitário dos governos federal, estaduais e municipais. Diante da previsão de especialistas da chegada de uma terceira onda da pandemia, a vacinação segue a passos lentos com pausas por falta de estoque, e a sensação para os trabalhadores é a de que o Brasil nunca saiu da primeira onda. Até o final de abril, o Brasil concentrava 12,6% das mortes por covid-19 e 9,7% dos infectados no mundo, tendo apenas 2,7% da população mundial. 

O desemprego atinge 14 milhões de trabalhadores, além de 6 milhões de desalentados e 7 milhões de subocupados, somando 27 milhões de pessoas sem renda ou com renda parcial. O CadÚnico, cadastro do governo para acesso a algum tipo de auxílio, registra 14,5 milhões de famílias vivendo em extrema pobreza, isto é, famílias cuja renda per capita é inferior a R$89 mensais (menos do que o valor de um botijão de gás). Esse número, com certeza, é bem maior pois não considera os que estão à margem do sistema CadÚnico. Segundo o Dieese, entre o primeiro trimestre de 2020 e o de 2021, os desligamentos por mortes entre trabalhadores CLT cresceram 71,6% ultrapassando 20 mil mortes só em 2021. 

Como já denunciamos desde o início da pandemia, a intervenção do estado burguês na produção e circulação de mercadorias sob a política do isolamento social e, ainda mais na sua versão semicolonial, não serviu para salvar a vida dos trabalhadores, mas foi aplicada para salvar o capital diante da possibilidade de um grande colapso social e econômico. Entre a incapacidade de intervenção do estado semicolonial brasileiro na economia e a política negacionista do governo Bolsonaro, o Brasil obteve um dos piores desempenhos mundiais de resposta à pandemia, não sendo capaz de evitar nem o aumento massivo de contaminação e mortes e nem o aprofundamento da crise econômica. Mundialmente, o Brasil tem o maior número de mortes proporcionais do que 89,3% dos países analisados pela OMS e a maior queda no “nível de ocupação” (empregos) do que 84,1% dos países analisados pela OIT. O Brasil é o exemplo de que no capitalismo - ainda mais semicolonial - a dicotomia "economia x vidas” propagada pelos estados em resposta à pandemia é falsa. Nossas vidas continuam a ser consumidas, seja pelo vírus ou pela fome, para que a burguesia mantenha seus lucros.

O desenvolvimento da pandemia e o aprofundamento das crises econômica e social também intensificam a crise política. O acirramento das disputas entre as frações da burguesia se expressa na condução da pandemia e disponibilização de insumos e vacinas entre governadores dos estados e o governo federal, nas intervenções do STF nas ações do governo e mais recentemente, na CPI sobre a pandemia conduzida pelo Senado para apurar a responsabilidade do governo federal na catástrofe sanitária vivida no país.  A CPI tem conseguido desgastar o governo Bolsonaro expondo as omissões e atuações negligentes em relação à condução da pandemia e à aquisição de vacinas, fortalecendo a tese de que o governo é responsável direto pela morte de quase meio milhão de pessoas. Contudo, o que se encena ali está longe de mudar a situação dos trabalhadores e população pobre do país. É uma medida da correlação de forças entre os representantes da burguesia para o cenário eleitoral do próximo ano.

Fica cada vez mais claro que a mudança na orientação do imperialismo com a posse de Biden debilitou o governo Bolsonaro, que tinha em Trump um alinhamento político. Mas, o imperialismo “não luta por princípios políticos, mas por mercados, colônias, matérias-primas, pela hegemonia sobre o mundo e sobre suas riquezas”. Dessa forma, o desgaste de Bolsonaro só aumenta. O ministro do meio ambiente, Ricardo Salles, um dos principais alicerces do governo pela sua influência no agronegócio, foi alvo de uma operação de busca e apreensão da Polícia Federal que investiga o tráfico ilegal de madeira para os EUA. A investigação foi iniciada pelo Sistema de Pesca e Vida Selvagem (FWS) no estado norte americano da Geórgia e informado à Polícia Federal pela Embaixada estadunidense.

As Forças Armadas, outro pilar do governo Bolsonaro, também demonstram um certo desgaste nessa relação com o governo, que por sua vez, aprofunda sua crise interna. Além de Bolsonaro, em suas declarações públicas, continuar utilizando as Forças Armadas como defensora de seus interesses políticos, o aprofundamento da crise pandêmica colocou em xeque a administração do Ministério da Saúde, nas mãos do general Eduardo Pazuello entre maio de 2020 até março de 2021, período que abarcou o colapso do sistema de saúde em Manaus, a recusa do governo em comprar vacinas e a política do “tratamento precoce”, todos investigados pela CPI. Pazuello, um dia após depor na CPI, participou de um ato no Rio de Janeiro ao lado de Bolsonaro, ambos sem máscaras e promovendo aglomeração. Sendo um militar da ativa, Pazuello foi notificado sobre a abertura de um procedimento disciplinar pelo comandante do Exército, que analisa a possibilidade de passá-lo à reserva. 

Esse desgaste do governo Bolsonaro também aumenta a pressão por parte da burguesia na concretização da “agenda positiva” do governo, ou seja, de reformas que ampliem a credibilidade do governo, principalmente da agenda econômica de Guedes, no mercado. Enquanto o Senado se ocupa da CPI, a Câmara Federal se ocupa da aprovação da Reforma Administrativa, já aprovada essa semana na Comissão de Constituição e Justiça. A reforma é um brutal ataque aos serviços e servidores públicos, deixando de fora juízes, parlamentares, militares e servidores do Ministério Público, e prevê, dentre outras coisas, o fim da estabilidade para os novos servidores e extinção das promoções e benefícios, ou seja, da própria carreira. Outra reforma que está sendo discutida é a reforma tributária, que visa “modernizar” o sistema tributário, ou seja, aumentar a carga tributária para os trabalhadores via consumo e aliviar a mesma carga para os empresários. Para a sua aprovação, Guedes e os presidentes da Câmara e do Senado, Lira e Pacheco, decidiram por “fatiar” a reforma, dividindo a tarefa entre as duas casas, pois já aprenderam que uma reforma tributária é capaz de incendiar um país, mesmo em plena pandemia.

As direções políticas e sindicais, há mais de um ano em “lockdown”, enquanto a classe operária está sofrendo os efeitos das crises sanitária e econômica, vislumbra na atual conjuntura a possibilidade de superar o governo Bolsonaro com uma grande política de conciliação encabeçada pela candidatura de Lula para presidente em 2022. Assim, o “Fora Bolsonaro” que durante todo o ano passado foi uma “hashtag”, agora passa a ser a mola propulsora da campanha de Lula. Para essas direções, em sua maioria composta pelo PT, o impeachment já não é uma boa estratégia, pois a catástrofe do governo Bolsonaro só aumenta as intenções de voto em Lula nas pesquisas. Assim, após mais de um ano, tomar as ruas passa a ser uma ação defendida, apesar da pandemia. O presidente do PSOL, Juliano Medeiros e Guilherme Boulos, candidato à prefeitura de SP em 2020, saem à mídia para dizer que “é hora de ir pra rua”, deixando confusos seus militantes que até ontem chamavam de “negacionistas” as organizações, como a nossa, que defendem desde o início da pandemia, a necessidade da luta nas ruas, a abertura dos sindicatos e a realização de assembleias presenciais. 

O dia 29 de maio, chamado como um dia de mobilizações e luta contra o governo Bolsonaro, se dá nesse contexto. Sem paralisação dos postos de trabalho e nem assembleias de base, a intenção é pressionar por uma saída eleitoral, com Lula como candidato de frente ampla contra Bolsonaro. Tão ampla que cabe, inclusive, setores da burguesia, os quais Lula serviu muito bem por muitos anos. Não podemos permitir que os nossos mortos, nossos desempregados, nossos famintos sejam utilizados de palanque eleitoral para 2022. 

A superação da crise econômica, do desemprego e da crise sanitária que assola o país não virá pelo estado burguês, nem agora, nem em 2022, seja qual for o governo de plantão, pois o Estado é o instrumento de dominação da burguesia sobre os trabalhadores. Às políticas estatais de controle da pandemia, de reformas que ampliam os ataques aos trabalhadores, de repressão à juventude negra e periférica, devemos contrapor a nossa resistência de classe. É urgente que retomemos a unidade de luta nas ruas, impondo com os nossos métodos, a defesa das nossas vidas. 

Precisamos construir em cada sindicato, através de assembleias de base, a resistência ao genocídio em curso e impulsionar as centrais para a convocação de uma greve geral, nos organizando para a construção um plano de lutas independente que responda ao desemprego massivo e à crise sanitária. Devemos impor a escala móvel de horas e salários, o controle operário da produção dos setores essenciais, especialmente das vacinas, bem como a sua distribuição. É necessário impor uma saída operária à crise, desenvolvendo as tarefas transitórias de um programa revolucionário. Saída que não se limita às fronteiras nacionais, mas que exige unidade e fortalecimento dos processos de luta em curso na América Latina.

El pasado 15 y 16 de mayo se realizaron las elecciones a constituyentes, gobernadores, alcaldes y concejales comunales. A diferencia del plebiscito del 25 de Octubre del 2020, donde ganó la opción de realizar una Convención Constitucional 100% electa, la participación fue más baja[1] (además de un 7,74% de votos nulos y blancos a la convención) asemejándose a las anteriores elecciones municipales. Los medios de comunicación burgueses y la militancia populista y reformista en redes sociales llamaban insistentemente a votar, unos ante lo que consideraban una potencial falta de legitimación del acto "constituyente" como cierre y desvío del proceso abierto del 18-O, otros ante la posibilidad de que una baja participación le diera al bloque de la derecha oficialista una "sobrerrepresentación" llegando al ⅓ necesario para obtener el poder de veto.

Para sorpresa de la propia coalición oficialista, que iba en un bloque único junto a la ultraderecha de “Republicanos”, consiguieron un total de 37 constituyentes dejándolos muy por debajo del tercio de los 155 escaños[2]. También la vieja y disminuida Concertación obtuvo sólo 25 constituyentes (15 del PS) siendo superado por la coalición “Apruebo Dignidad” del PC y el FA con 28. Esta última coalición, en particular el FA, que en la víspera se encontraba cruzado por su desorientación característica y crisis interna, fue sorpresa también en los resultados municipales y de gobernadores. Así, alcaldías como Santiago fue obtenida por el PC, además de quedar en manos del FA comunas de importancia como Ñuñoa, Maipú, Valparaíso o Viña del Mar.

La gran novedad fue la elección de 48 (mal llamados) “independientes” entre los que destaca la Lista del Pueblo eligiendo a 27 constituyentes, que conformados como lista se beneficiaron por el sistema D’Hondt, cuyo programa no pasa de ser un conjunto de lugares comunes como la denuncia general al "neoliberalismo" en la búsqueda de un "equilibrio" entre un "Estado de derechos" que pretende limitar al "mercado". Reúnen en su interior a distintos referentes de organizaciones y activistas sociales, autodenominados ciudadanos o populares. Su composición refleja en buena medida el carácter heterogéneo de los distintos sectores que salieron el 18 de octubre en adelante y que en su mayoría representan a las capas bajas de la pequeña burguesía.

También dentro de los escaños reservados a los pueblos originarios ingresaron referentes de la causa mapuche como Francisca Linconao Natividad Llanquilleo.

Los resultados de estas elecciones profundizan la crisis del régimen bipartidista o duopolio de la "transición democrática". Algo que puede constatarse en la crisis casi terminal del otrora partido bisagra, la DC, qué aceleró su proceso de descomposición.

Tanto el alto grado de abstención como los resultados de estas elecciones son el fiel reflejo por un lado de la crisis en la cual se encuentran los semi Estados por la profundidad del proceso de descomposición del capitalismo imperialista, así como los realineamientos de las distintas fracciones de clase. Algo que puede verse de forma patente en la situación que atraviesa actualmente Colombia donde la lucha de la clase trabajadora y el pueblo enfrenta el mismo proceso de descomposición y crisis de gobiernos bonapartistas qué, recostados en el capital imperialista, imponen la dominación mediante el aparato policiaco-militar.

Esta crisis, que a la vez manifiesta la separación abrupta de las masas con ese aparato estatal, ante la profunda debilidad del gobierno de Piñera, lleva a distintos sectores a plantear salidas por la vía de desarrollar las contradicciones entre el congreso y la convención. Al punto tal de plantear supuestas "disputas de poder" entre un "poder constituido" y un "poder constituyente" o, en sus versiones más audaces, la existencia de un doble poder al interior del aparato de Estado.

Las "variopintas" tendencias al interior de la convención, así cómo el bloque PC-FA, plantean que es el momento de desarrollar una democracia popular, ciudadana o participativa. Pretenderán utilizar las posiciones conquistadas en municipios para practicar fórmulas de participación popular en la democracia para ricos.

De conjunto se fortalecen las tendencias políticas estatistas, sin que se gesten aún programas de nacionalizaciones burguesas, pese al alarmismo inicial con que reacciona la bolsa de comercio o las calificadoras de riesgo norteamericanas. También fenómenos políticos transitorios similares al Podemos español o al desaparecido Syriza griego, hoy ambos desaparecidos o en decadencia.

La izquierda trotskista (como el MIT-LITCI y el PTR-FT), intervinieron de conjunto con un programa de corte democrático y con el norte de impulsar una "verdadera" asamblea constituyente. En el caso del MIT, participando en la lista del pueblo, consiguieron colocar a María Rivera como constituyente quién planteó como objetivo de intervención, la libertad a los presos, "romper el pacto por la paz" y las limitaciones de la convención tales como el requisito de los ⅔ y el no cuestionamiento a los tratados internacionales. Al igual que otros sectores de la izquierda revolucionaria pretenden convertir la CC en una AC, e incluso algunos expresan que los "independientes" desarrollen la independencia de clase (?!) al interior de la convención.

De seguro las disputas internas de la convención llevarán más de una vez a plantear los límites de la discusión toda vez que lo que está en juego para la burguesía es una reforma al aparato de Estado. Del mismo modo la inevitable polarización política llevará a las tensiones propias de un año electoral en el que se define el sucesor de Piñera así como el nuevo parlamento.

Lo que sustenta al poder de la burguesía y a su aparato de estado, no es la mecánica electoral o la reconfiguración de las instituciones. Es el control que ejerce sobre los medios de producción, que manteniendo y profundizando la explotación de los trabajadores en medio de la crisis y la pandemia, expropia la riqueza creada por la clase trabajadora.

Los cantos de sirena de un "momento refundacional" o de un nuevo ciclo de la democracia, se verán acicateados por los avatares de la lucha de clases cuya forma es nacional pero su contenido es internacional.

Se vuelve más necesario que nunca la intervención independiente de la clase trabajadora, el fortalecimiento y recuperación de los sindicatos para luchar por una salida obrera a la crisis, enfrentando al conjunto del aparato de Estado burgués, luchando por expropiar a los expropiadores.

Hay que impulsar un congreso obrero de delegados de base que levante un programa para luchar contra el capitalismo y hacerlo temblar desde sus cimientos. Sólo la lucha por la conquista del poder de la clase trabajadora abrirá perspectivas superadoras de un sistema en descomposición.

[1] 43,35% Participación Nacional, destacándose en baja participación comunas de importancia como Santiago con 35%, o en poblaciones pobres como la Pintana con 36%, así como en regiones con un 36 % en la Araucanía o en la capital de Antofagasta. Destacándose por otro lado una alta participación en las comunas donde reside la burguesía y la alta pequeño burguesía, sin que en su condición de minoría afecte el resultado de conjunto.

[2] Cabe mencionar que el mecanismo de paridad de género favoreció a 12 hombres por sobre candidatas con mayor votación.

Na semana passada, no dia 06 de maio, uma operação realizada pela Polícia Civil, com 200 policiais, na favela do Jacarezinho, deixou 28 vítimas, assassinadas pela polícia. A operação, ainda que proibida pelo STF durante a pandemia, transformou a favela em um verdadeiro cenário de caça: casas foram invadidas, celulares aprendidos, pessoas torturadas, helicóptero sobrevoando e tiros, inclusive na estação de trem em pleno horário de ida ao trabalho. Segundo a polícia, a operação estava “planejada” há 10 meses e tinha como objetivo cumprir 21 mandados de prisão, resultantes de uma investigação sobre “aliciamento de menores” ao tráfico. O alvo da operação era o Comando Vermelho, facção que domina o território, disputado pelas milícias.

A presença da polícia ou das Forças Armadas nas favelas do Rio de Janeiro é constante e vem de longa data, inclusive pelas políticas de “pacificação” pelas UPP’s de Sérgio Cabral (PMDB) e de incursão das Forças Armadas no governo Dilma por diversos momentos, em especial, para garantir a realização da Copa do Mundo sem grandes “problemas”. Hoje, o domínio de maior parte das favelas do RJ está nas mãos das milícias, que atuam sob a proteção dos governos estadual e federal. Não é coincidência que o presidente Bolsonaro tenha se reunido com o atual governador, Claudio Castro (PSC), um dia antes da operação que resultou na maior chacina da história do RJ.

A violência policial, longe de ser expressão de manifestações isoladas, é parte do modus operandi das forças de segurança do estado semicolonial brasileiro. O papel da polícia e das Forças Armadas é fundamental nos bonapartismos sui generis, forma especial de poder estatal presente nas semicolônias, no controle social da classe trabalhadora e na manutenção da exploração mais perversa pela burguesia. Lembremos da “Minustah” que serviu para a formação das Forças Armadas brasileiras para atuação de guerra nas favelas cariocas e cujos militares da linha de frente na ocupação foram convidados a ocupar ministérios no governo Bolsonaro e os exemplos recentes na Colômbia, Chile, Equador, entre tantos outros. Até hoje, a prática institucional das forças de segurança carrega o formato delineado na ditatura militar. Um exemplo é o “auto de resistência”, instrumento do Estado para legitimar o extermínio dos considerados “inimigos”, criado em 1969 e vigente até hoje. Outros exemplos de chacinas e massacres são abundantes e não se restringem à polícia carioca: não esqueçamos dos 111 mortos no massacre do Carandiru, em 1992 ou da recente chacina em Paraisópolis, na qual 9 jovens foram assassinados em um baile funk.

A pandemia acentuou as tendências abertas pela crise econômica e potencializou os efeitos da desigualdade social com o desemprego massivo e reduções dos salários. A intervenção estatal no fluxo de mercadorias, incluindo a mão de obra, como tentativa de controle da pandemia e preservação de seu aparato, se concretizou também pelo seu braço armado contra os trabalhadores e população pobre. Só no primeiro semestre de 2020, o aumento do número de assassinatos pela polícia foi de 7%, com as medidas de restrição impostas. Na região metropolitana de São Paulo, só entre os meses de janeiro e maio de 2020, o aumento foi de 70%, com o maior número de assassinatos por policiais registrado desde o início da série histórica em 1996: 498 mortos. No mesmo período, foram registradas 58 ocorrências de violência policial denunciadas, incluindo tortura, sufocamentos e joelhadas no pescoço. No Rio de Janeiro, apesar da proibição do STF de operações nas favelas durante a pandemia, o aplicativo “Fogo Cruzado” (iniciativa popular de monitoramento dos tiroteios para proteção das comunidades) registrou 614 tiroteios com a presença da polícia, na região metropolitana, nos primeiros quatro meses de 2021. A média é de 5 tiroteios por dia. Já são 51 vítimas de “balas perdidas”, com 15 mortos apenas nesse ano. Em 2020, nos primeiros três meses da pandemia, foram 120 operações policiais, deixando 69 mortos. Muitos desses mortos são apenas crianças, com a impressionante média de duas crianças e adolescentes assassinados pela polícia por dia no país. Nos últimos 3 anos, foram 2.215 vidas interrompidas pelas forças de repressão do Estado.

Outro elemento que atravessa o desenvolvimento dos estados capitalistas semicoloniais, como o Brasil, é o racismo estrutural que influencia diretamente na atuação das forças repressivas, já que o estado burguês é incapaz de oferecer condições de superação das contradições sociais e econômicas impostas pela exploração do trabalho escravo como fundamento do desenvolvimento capitalista nas semicolônias. Em 2018, o Estado brasileiro assassinou, pelas mãos das polícias, 6.220 pessoas, com RJ e SP tendo as polícias que mais mataram respectivamente. Desses, 75% eram negros e periféricos. A população negra e periférica vive diariamente a violência policial nos “enquadros” constantes, humilhações verbais, surras e, inclusive, pela anulação de sua identidade. Mesmo depois de mortos, os assassinados pelas polícias recebem o rótulo de “bandidos”. O sistema prisional, expressão da política de encarceramento massivo da população pobre, também revela seu caráter racista da violência policial com uma média de 3 presos torturados por dia, 72% negros.

O genocídio imposto pelo estado brasileiro, seja pelas mãos das forças repressivas, pela fome como o resultado mais cruel do desemprego, ou pelo descontrole da pandemia tem um caráter de classe. É a eliminação da classe trabalhadora, cuja expressão maior da exploração e precarização é a população negra e periférica. As medidas estatais de controle da pandemia não serviram para salvar as vidas dos trabalhadores, mas para evitar o colapso dos sistemas de saúde, atacar a classe trabalhadora, reduzindo direitos e salários e rebaixando o valor da força de trabalho com as demissões massivas (atualmente, desemprego atinge 14,4% da população sem contar a sub ocupação e o número de desalentados). Aqui no Brasil, o governo Bolsonaro agiu intencionalmente para buscar a “imunidade de rebanho” ao custo da vida de centenas de milhares de pessoas, surgimento de novas cepas e média diária de mortes acima dos dois mil.

A luta contra a violência policial e o racismo estrutural não pode ocorrer através do sistema social que os engendra. Não é pela via de outras instituições do mesmo estado burguês que se dará o controle “humanizado” da polícia e o fim da desigualdade econômica e racial. Estão claros os exemplos como a determinação judicial do STF, que se comprovou ineficaz em manter suspensas as operações policiais nas favelas, ou a tentativa de se combater as milícias cariocas via parlamento, o que resultou na execução da vereadora e militante do PSOL, Marielle Franco. É preciso, portanto, rechaçar as saídas reformistas e eleitoreiras, que não atacam a raiz do problema, e levantar a organização da autodefesa dos trabalhadores nos sindicatos e nos bairros periféricos, bem como expulsar sindicatos policiais das nossas centrais sindicais. “O operário que se torna policial a serviço do estado capitalista é um policial burguês, e não um operário.” (Trotsky, 1932) Não há possibilidade conciliação da classe trabalhadora com o aparelho repressivo do estado burguês, ainda que alguns de seus representantes se coloquem como “progressistas”, como fez o PSOL ao lançar candidatura de um policial à vice prefeitura do RJ.

É urgente também que retomemos a unidade de luta nas ruas, impondo com os nossos métodos, a defesa das nossas vidas. Pela construção da greve geral que nos organize a lutar pela implementação da escala móvel de horas e salários para enfrentar o desemprego e o controle operário sobre a produção e a distribuição das vacinas. Toda a nossa luta, dentro do desenvolvimento histórico da relação entre capital e trabalho deve convergir na destruição do estado burguês e todas as suas instituições (incluindo seu aparato repressivo); na transição programática entre o sistema de dominação da burguesia e a ditadura revolucionária do proletariado, como forma de dominação da classe trabalhadora.

Este 15 y 16 de mayo se realizan las elecciones a alcaldes, concejales, gobernadores regionales y constituyentes. Unas elecciones que son militadas por distintos sectores que señalan su carácter único e incluso “histórico” le llaman. Esto a raíz de que no sólo pasará a ser elegida la figura de gobernador regional, si es que tiene ésta alguna trascendencia, por sufragio electoral; y en particular las elecciones para la Convención Constitucional (CC). Éste último organismo, con “novedades” en su conformación, tales como paridad de género y escaños reservados para pueblos originarios, fue el subproducto de un acuerdo entre los partidos del régimen para dar una salida a la crisis aguda en que la lucha de clases había puesto al gobierno de Piñera mediante la huelga general del 12 de noviembre del 2019. Para que la burguesía se aviniera a convenir reformas al “modelo” de Estado chileno, modelo de país semicolonial, tenía que imponer condiciones que llevaran a que el proceso “constituyente” fuera lo más inocuo posible. Es así que cuidadosamente se elaboró un acuerdo donde la institucionalidad del aparato burocrático militar, pese a su grado de crisis y descomposición, no estuviera en cuestión. De este modo se impuso un régimen de quórums mayoritarios (los famosos 2/3), se impuso su carácter de comisión redactora sin ningún poder más que el de elaborar un texto de constitución y, por sobre todo, se le impidió cuestionar ningún tratado vigente, los que forman parte de la relación y sujeción del país al capital imperialista.

Hay quienes viendo el carácter limitado de la CC, reducida a la de una comisión redactora, la rechazan en favor de una verdadera Asamblea Constituyente democrática y soberana. Se apoyan en la idea abstracta y reaccionaria a favor de una “democracia pura”, en esa noción repetida por los medios burgueses de “construir la casa común”, para abordar la idea de establecer una suerte de “pacto social”. Esta idea, presentada de modos rimbombantes, impulsa la idea de una unidad nacional, la idea de la congregación fraternal entre explotados y explotadores. Al no partir de la existencia de clases sociales, y de la relación del conjunto de la nación oprimida con el capital financiero, embellecen una y otra vez a la dictadura de la burguesía, sobre el proletariado y el pueblo empobrecido. “Los marxistas siempre han dicho que cuanto más desarrollada y más ‘pura’ es la democracia, tanto más franca, aguda e implacable se hace la lucha de clases, tanto más ‘puras’ se manifiestan la opresión por el capital y la dictadura de la burguesía.”

Estas elecciones encuentran  al gobierno de Piñera debilitado luego de que quisiera bloquear el tercer retiro al 10% de las AFP, el que fue acelerado con el fuego de las barricadas en las poblaciones y las paralizaciones como las de los trabajadores portuarios. Pese a esta debilidad del gobierno, y de la coalición oficialista, como toda elección de renovación del personal del aparato burgués, no deja de ser un escenario favorable para los capitalistas.

Si bien la coalición gobernante arriesga por esta debilidad coyuntural a perder en la CC la posibilidad de veto obteniendo menos de 1/3 de electores, los resultados hablarán distorsionadamente de cambios en las relaciones de fuerza entre sectores de clases, pero no es como lo presentan algunos sectores, el centro de la disputa del poder o la continuidad de formas de lucha de clases con la posibilidad latente de una semi insurrección espontanea, similar al del 18-O. Significará por el contrario un elemento de crisis del semi-Estado chileno que en el contexto de una crisis social producto de la descomposición del sistema capitalista se hace más patente.

Es verdad que la burguesía sabe que la CC es un factor de inestabilidad política, no porque esta institución reaccionaria permita desarrollar la conciencia de clase de los trabajadores, sino porque estará cruzada por discusiones de reforma al estado, que sectores reformistas y estatistas como el PC, el FA, Humanistas y demás figuras de la pequeñaburguesía democrática, buscaran impulsar. En el mismo sentido se ha orientado la burocracia sindical que pasó directamente a postular para los cargos constituyentes, donde pretenden jugar un rol en la lucha de clases cobijando la charlatanería parlamentaria y buscando estatizar las demandas de la población.

Para la burguesía también es importante lograr que el proceso electoral pase la prueba de la blancura ante el imperialismo; es por eso que apuesta a que este proceso, donde la elección de alcaldes serán los más votados, defina las relaciones entre los partidos de cara a las presidenciales de fin de año. Es decir, delinear quien será el o los candidatos a verdugo del pueblo.

La pandemia ha acelerado la crisis social, incrementada por las políticas de salvataje a los capitalistas, con una definición de combinar represión con apertura económica de mantenimiento de colapso hospitalario periódico. La respuesta de la burguesía en varios países ante la pandemia y la lucha de masas ha sido similar. La represión de los gobiernos, y al igual que Chile, buscan cerrarlo mediante elecciones, como en Ecuador, Bolivia y hasta las luchas de la juventud en el corazón del imperialismo norteamericano. También la pandemia ha demostrado la importancia de la fuerza de trabajo como única mercancía que puede crear valor. Son los trabajadores la única clase progresiva, es por eso que las burguesías empujan a la presencialidad en los trabajos sin importar la vida de los trabajadores, buscando “dosificar” las muertes obreras.

El carácter de esta crisis es internacional. Así lo manifiesta Colombia, como el magnífico levantamiento del pueblo colombiano ante los ataques de reformas de Duque, donde la persistencia de la heroica lucha del pueblo ante la masacre reiterada de las fuerzas lúmpenes estatales y paraestatales debe ser respondida con la preparación de la huelga general, para paralizar la producción, base del poder burgués, y poner sobre la mesa la discusión de la autodefensa y el armamento de los sindicatos.

También vemos la descomposición del imperialismo y su andamiaje de posguerra derrumbarse en distintas partes como en Medio Oriente, en los ataques al pueblo Palestino por el Estado gendarme de Israel, y en el mismo corazón de este enclave imperialista.

Algunas organizaciones en la izquierda revolucionaria se llenan de eclecticismo en torno a la CC. Algunos se han limitado a cuestionar el carácter antidemocrático de esta institución burguesa. Otros desarrollan el planteo de un Estado combinado[1], asociando formas de constituyentes burguesas con formas de organización proletaria (asambleas o congresos). El embellecimiento de las instancias constituyentes llega al punto de plantear a las mismas como “un puente” en el desarrollo político de la clase obrera, o incluso como una forma de acceso al poder. Una práctica de orientación parlamentaria muy común en las organizaciones centristas de mayor peso como el FITU en Argentina, donde la lucha por un programa obrero revolucionario se desdibuja y diluye en catálogos de eslogans convertidos en proyectos de ley. Hay que recordarles que la toma del poder por la clase no vendrá de la mano de un desarrollo pacífico, ni menos de desarrollar la democracia burguesa, su aparato estatal, en una Asamblea Constituyente, sino precisamente mediante la destrucción de esta maquinaria, mediante la insurrección consciente.

Se plantea como fundamental el desarrollo de la conciencia de clase del proletariado en si para sí, el desarrollo de su vanguardia, algo que es necesario fortalecer en el proceso que abrió el 18 de Octubre. Pero esto no vendrá de la mano del apoyo o voto a los “candidatos buena onda” o “progres” que la izquierda intente auscultar en la dispersas papeletas electorales, sino del desarrollo programático y organizativo de la vanguardia obrera. No se trata por lo demás de establecer como un principio, como hacen algunas organizaciones, el criticar la “opción táctica” de determinadas organizaciones y militantes revolucionarios al presentarse a este escenario burgués por excelencia, sino de señalar su adaptación y la concentración de sus esfuerzos militantes.

Con las elecciones del  15 y 16 de mayo, la burguesía pretende el el cierre de un proceso insurreccional de masas, desviándolo a una salida institucional de reforma al Estado. La respuesta de las masas ante situaciones críticas mediante su intervención directa en las calles debe dar paso al fortalecimiento y la intervención independiente de la clase obrera mediante su propio programa, como caudillo de la nación explotada y oprimida. Ante la falta de una expresión política de independencia de clases interviniendo en un escenario burgués, es que llamamos a no votar en estas elecciones.

[1] “La ridícula tentativa de unir el sistema de los Soviets, es decir, la dictadura del proletariado, con la Asamblea Nacional, es decir, la dictadura de la burguesía, desenmascara por completo la indigencia mental de los socialistas y socialdemócratas amarillos, su carácter político reaccionario, propio de pequeños burgueses, y sus cobardes concesiones a la fuerza, en crecimiento incontenible, de la nueva democracia, de la democracia proletaria.”  Citas tomadas de, “Tesis e informe sobre la democracia burguesa y la dictadura del proletariado” V.I.Lenin.  Presentado al I Congreso de la III Internacional - 4 de marzo de 1919.

Declaración de la TRCI

Las movilizaciones y enfrentamientos se siguen dando en las calles de Colombia, después de 5 días de furia en contra de la reforma tributaria que quería imponer el gobierno y que tuvo que suspender ante la masividad de las protestas. El gobierno de Duque ha lanzado una verdadera cacería contra los trabajadores y el pueblo pobre y, al día de hoy, se contabilizan más de 37 muertos, cientos de desaparecidos y detenidos.

Duque quiso imponer una reforma tributaria en medio de la pandemia, que en Colombia está golpeando muy fuerte, donde menos del 10 % de la población está vacunada y sigue sufriendo la situación de deterioro de la economía. Supuso el gobierno que el temor a tomar las calles por el nivel de contagios les iba a permitir imponer la reforma para que gran parte de la población pagara la crisis de la pandemia. Pero la reacción de los trabajadores y las masas populares fue lanzarse a las calles ante el hartazgo de la situación. Cali fue el epicentro de los enfrentamientos, una zona fabril en donde más se ha expresado el nivel de crisis económica y sanitaria en la región.

Ahora, después de tener que retroceder con la reforma y ver si puede reformularla con algunos guiños demagógicos para que también paguen más impuestos los sectores más ricos, no logra contener la situación general y se apoya en las fuerzas represivas y en su jefe político Álvaro Uribe para, mediante el monopolio de la fuerza del Estado, reprimir las manifestaciones aduciendo que son terroristas y argumentando conmoción interna. Ahora está llamando a una “mesa de diálogo”, ya que su línea más represiva está empantanada ante la fortaleza de las masas en las calles. Algunos referentes de la oposición y la burocracia sindical están llamando a ese diálogo para desviar las movilizaciones.

La burocracia sindical de la CUT y la CGT, entre otras centrales, llamaron a un paro nacional para el 5 de mayo. La particularidad de ese llamado es que no fue un paro, sino una movilización, lo que, si bien permite que no se pierdan las calles, no ataca al corazón de la burguesía colombiana y el capital extranjero, que está en la producción. Hay que preparar la huelga general con piquetes de autodefensa para derrotar al gobierno de Duque y hacer volar por los aires el Plan Colombia del imperialismo yanqui. No podemos entrar en ninguna trampa del régimen, que buscará estirar su agonía hasta el 2022, fecha en que habrá elecciones, ni buscar salidas institucionales como intenta Chile con su proceso constituyente.

En las distintas regiones del país se han destacado en los enfrentamientos y en la organización de la autodefensa (como en "Puerto Resistencia") importantes sectores de jóvenes trabajadores, movimientos indígenas y de la pequeña burguesía urbana, que ya venían peleando antes de la pandemia contra los efectos de la crisis económica y sanitaria, pero también contra la brutalidad de la ESMAD (Escuadrón móvil antidisturbios). Este escenario demuestra que hay energías para enfrentar a Duque y al conjunto del régimen. Éste no se diferencia mucho de los gobiernos latinoamericanos y su dirección de la pandemia; la gran mayoría se apoyó en las fuerzas armadas y descargó el ajuste en las masas para dirigir la pandemia y salvaguardar los intereses de los grandes capitales y su clase.

El giro de la administración de EEUU por parte de Biden, en la necesidad de recuperar la hegemonía mundial, lleva hacia una mayor injerencia en su patio trasero, Latinoamérica, tratando de frenar el avance de China y Rusia en la zona, lo que está configurando reordenamientos en los distintos gobiernos de la región. El ejemplo más claro es Brasil, donde la asunción de Biden obligó al gobierno de Bolsonaro, que apoyaba a Trump, a reacomodarse, situación que generó una crisis política no solo por la dirección de la pandemia, sino porque distintas fracciones burguesas y militares se empiezan a aliar al nuevo amo yanqui. Un sector de las fuerzas armadas más aliadas al imperialismo norteamericano y un sector del parlamento denominado “centrão” han comenzado a reubicarse ante el nuevo escenario mundial post Trump.

Es esencial del bonapartismo sui generis, que es una forma de poder estatal especial de las semicolonias, el rol de las fuerzas armadas y la relación con el imperialismo. La crisis mundial, sumada a la pandemia, generó un sinfín de crisis políticas y descomposición en la relación entre una débil burguesía y el aparato militar de los semi Estados. El rol de las fuerzas armadas y auxiliares en los países donde la forma de dominación de la dictadura del capital es más aguda, como Chile, Colombia y Brasil es en donde más se expresa esta relación caótica. Es una preocupación de EEUU conocer de primera mano cuál es la relación de las fuerzas militares y su Estado y a esto se debió el viaje de un comandante del ejército norteamericano para reunirse con los generales de las distintas fuerzas de la región. Pero es un error caer en visiones catastrofistas de ver golpes en todos lados o escenarios de guerra civil sin fundamentos en las relaciones de clase en una semi colonia.

La particularidad de Colombia es que desde fines de los ’90 a hoy es un país militarizado. Con la excusa de la pacificación, eliminación de la guerrilla y la lucha contra el narcotráfico, tanto las zonas industriales como el campo tienen hace años fuerte militarización para el control del movimiento obrero. Esta militarización incluye bases del Comando Sur del Pentágono, establecidas a partir del Plan Colombia, en donde los marines yanquis adiestraron y adiestran a los milicos que hoy masacran al pueblo. Esto hace fundamental la discusión de la autodefensa y el armamento de los sindicatos. Por otra parte, Colombia ha tomado el rol en las últimas décadas de representante yanqui, tipo gendarme, sobre todo contra Venezuela y antes contra Cuba y la inestable Centroamérica. Es un lugar clave donde hace falta el sostenimiento internacionalista de la lucha de la clase obrera.

La crisis abierta en Colombia debilita los planes imperialistas hacia la región y abre un escenario convulsivo que ni la pandemia puede frenar.

Es tarea de las fuerzas que se reclaman marxistas apoyar este levantamiento y contribuir a su triunfo. Debemos rodear de solidaridad a los trabajadores colombianos y de la región y confluir en acciones en las embajadas o consulados exigiendo el cese inmediato de la represión y la disolución de la ESMAD. Además, debemos llamar a una Conferencia latinoamericana con las corrientes que aun levanten la necesidad de la dictadura del proletariado para discutir la situación explosiva en la región y las tareas de los revolucionarios. Esto puede ayudar a que en Colombia puedan desarrollarse núcleos de revolucionarios que puedan sacar conclusiones de las tareas que la situación histórica amerita.

Organicemos la resistencia contra la represión de Duque y cía. Disolución de la ESMAD

Viva la lucha de los trabajadores y pueblo pobre de Colombia

Fueras las bases militares yanquis de Colombia y América Latina

Fuera el imperialismo y los gobiernos títeres de la región

Fuera el FMI. No al pago de la deuda externa

Por los Estados Unidos Socialistas de América Latina

COR Chile – LOI Brasil – COR Argentina

IMPULSEMOS UN GRAN PARO ACTIVO DE LOS TRABAJADORES DE LA SALUD CON MOVILIZACIÓN Y ADHESIÓN DE LAS ORGANIZACIÓNES OBRERAS, POPULARES Y DE LA JUVENTUD

La jugada de Piñera en cuanto a enviar al TC el proyecto de tercer retiro generó enorme bronca de las masas, hubo también paralizaciones de turnos de los trabajadores portuarios en 17 puertos, actuando como caudillos del pueblo, además de manifestaciones de diversos sectores de trabajadores contra la maniobra de Piñera. Se sacudió el fantasma de la semi insurrección del 18 octubre con la entrada en escena de importantes sectores obreros, populares y de la juventud lo que hizo temer al TC que esta papa caliente no recayera en sus manos evitando ser objeto de la furia de las masas. Lo que sí es seguro es la tremenda crisis del régimen burgués con un gobierno, coaliciones de partidos y el conjunto de las instituciones del semiestado debilitadas. Si el TC acogía a tramitación el requerimiento dilataba el retiro lo que generaba la bronca e irrupción violenta de las masas con la potencial intervención de la organizaciones obreras en una paralización general, si el TC él lo rechazaba, como ocurrió buscaba descomprimir la situación pero debilitaba al gobierno, optaron por aceptar esta derrota.

Mientras sectores de la oposición burguesa y pequeño burguesa quisieron darle una salida institucional mediante la amenaza de la acusación constitucional contra Piñera; buscaron además fortalecer medidas redistributivas y estatistas como el impuesto “por única vez” a los super ricos, el royalty minero, y la renta básica universal. 

La burocracia de la CUT convoca una “huelga sanitaria” a la que han adherido principalmente sindicatos de la salud y otros públicos, que en la práctica pretenden que sea un llamado a manifestarse “dese la casa”. Impulsan un llamado al gobierno a que siga los consejos de los “actores científicos y sociales” ante una epidemia que tiende a desbordarse. Mientras el gobierno miente y manipula datos sobre que la pandemia se mantiene estable, liberan los mall y la clase trabajadora se desplaza en masa hacia los centros de trabajo con o sin “cuarentena”; las dirigencias sindicales se cuadran con la oposición de la vieja “Nueva Mayoría”, para preparar el proscenio de las primarias y las elecciones constituyentes, aprovechando a pararse sobre los cadáveres para escalar en el reparto del botín del Estado.

Es necesario a partir del actual debilitamiento del gobierno, no para fortalecer a los partidos de la oposición burguesa en alguna suerte de coalición “antipiñerista” con los mismos sostenedores de la democracia para ricos, sino que sirva para fortalecer la organización y el programa de la clase obrera.

Las medidas estatales para la pandemia no se dirigen a salvar vidas, se dirigen a imponer el control represivo sobre la población. La crisis capitalista ha hecho a los ricos más ricos y a los pobre más pobres, descargando los efectos de la crisis sobre la clase trabajadora, con desocupación, bajas salariales, aumentos de cargas laborales, y el impacto de las condiciones sanitarias, que como se ha mostrado una y otra vez, golpean sobre las familias obreras, sobre las condiciones de hacinamiento, sobre la falta de vivienda, etc, etc.

Es necesario impulsar un gran paro nacional activo de los sindicatos de salud, donde adhieran y se sumen el conjunto de los sindicatos obreros. En este sentido es prioritario que instancias de luchas de masas sirvan para fortalecer en particular a los trabajadores ligados a la producción, donde reside el poder del capitalismo. La paralización efectiva de las industrias y las minas puede dejar en jaque a la burguesía y plantear la necesidad de desarrollar el control obrero de la producción. Es necesario que los trabajadores del área salud intervengan decididamente para controlar al conjunto del sistema sanitario colocando los insumos disponibles, incorporando personal, pasando a planta a los trabajadores honorarios y a contrata, imponiendo un sistema de turnos ante el agotamiento, etc, etc; en definitiva imponer un plan sanitario de los trabajadores para los trabajadores y el pueblo. En el mismo sentido la imposición de protocolos obreros en todos los lugares de trabajo, la creación o fortalecimiento de sindicatos, la incorporación de trabajadores desocupados vinculándolos a las diversas ramas económicas, la lucha por un salario de emergencia para el trabajador cesante o en reserva. Estas y otras medidas debemos discutir en la clase trabajadora. A partir de las asambleas sindicales se puede impulsar un congreso obrero de emergencia para desarrollar estos puntos y otros de este programa.

Solo la intervención independiente de la clase obrera puede dar una salida a la catástrofe social y sanitaria. Sólo confiando en sus propias fuerzas y organización es que puede imponer las verdaderas vías científicas y sanitarias que necesitamos para superar la pandemia y a al capitalismo mismo.

La decisión de Piñera de llevar al Tribunal Constitucional el proyecto del tercer retiro del 10% de fondos de pensión caldeó los ánimos de la población y azuzó el avispero político del conjunto de los partidos desde el propio oficialismo a la oposición burguesa y pequeñoburguesa.

El gobierno ya había pavimentado el camino de esta decisión, o eso creía, desde el envío al TC del segundo retiro junto con anticipar una serie de bonos “clase media” y una reedición del IFE ante la generalización de las cuarentenas. La molestia de amplios sectores ante unos miserables beneficios que llegaban a escasos sectores, hizo que el gobierno ampliara el IFE en un intento de generalizarlo, pero sólo para las familias registradas por el Estado como “vulnerables” en un 80%.

Esta “jugada” del gobierno ya había sido precedida por la colocación en el ministerio del trabajo de Patricio Melero, un pinochetista funcionario de la dictadura, quien fue reemplazado en su banca parlamentaria por otro pinochetista hijo de un político militar genocida (Labbé). Y es que la intención del gobierno, junto con la continuidad del toque de queda nocturno, la prorrogación del Estado de excepción, la militarización y despliegue represivo en la Araucanía, etc, se dirigen en una línea de asentar su gobierno en forma más reaccionaria, apoyándose en su base natural al tiempo que pretende fortalecer el ala dura de la derecha de cara a los procesos electorales, entre ellos el de reforma constitucional.

Lo cierto es que pese a estos movimientos de “toma de iniciativa”, éstos se despliegan sobre la base de una de las crisis sociales más grandes de los últimos tiempos. La pandemia, epidemia mundial que no ha podido ser ni contenida ni combatida por el capitalismo, se ha desatado en el país que ha servido una vez más de laboratorio, de experimentación. Así Chile podía ser un ejemplo en la aplicación masiva de la vacunación, a la que le dió acceso el imperialismo, y al mismo tiempo la orientación del gobierno y el conjunto de los capitalistas, de declarar la pandemia como superada para los efectos de hacer funcionar las grandes empresas, tornó a Chile como el ejemplo de lo que NO hay que hacer, enfrentando prontamente un nuevo peak pandémico. Esta vez, colapsando los hospitales y servicios de salud, donde los tecnócratas ministeriales iban sumando camas, sin el personal ni la infraestructura, quedando aún así una y otra vez personas sin atención o cuidados intensivos, situaciones cuidadosamente ocultas en los números mientras las morgues colapsan periódicamente.

Esto por no hablar de los golpes sobre la clase trabajadora donde los empresarios vienen haciendo un festín de despidos, reducciones salariales con contratación de mano de obra barata y precaria, aumentos de los ritmos de producción, entre otras joyitas. Justamente empresarios como el presidente de la cámara chilena de la construcción salió a decir que el problema del tercer retiro o los bonos era que iban a tener que “subir los sueldos” para que los trabajadores prefirieran estar en la obra que en la casa; o en su expresión más grotesca en la voz del empresario avícola Ariztía que dijo directamente que en Chile eran “flojos”; sí, el mismo empresario que se negó un mísero aumento en el proceso de negociación colectiva de los trabajadores de la planta de Arica en plena pandemia, los que mantuvieron firmemente en huelga durante 27 días. Y esta clase parasitaria se atreve a llamarnos flojos!

La respuesta ante el bloqueo al tercer retiro de parte de sectores obreros y de la juventud no se hizo esperar. El mismo día del anuncio sonaron las cacerolas y se encendieron las barricadas en las poblaciones, prolongándose las acciones de protestas y enfrentamientos con las fuerzas represivas hasta altas horas de la madrugada.

En el movimiento obrero se pusieron a la cabeza de la lucha una vez más los trabajadores portuarios planteando una serie de bloqueos progresivos a los terminales. Las relaciones con organizaciones de portuarios a nivel internacional llaman a bloquear las cargas de procedencia chilena en un ejemplo de solidaridad de clase internacionalista. También se ha levantado adhesión y convocatoria de los sindicatos y federaciones de la salud que hoy han comenzado a movilizarse luego de que la situación de agobio y colapso sanitario los ha llevado a un límite, el mismo límite al que le llevaron sus direcciones al apostar al inmovilismo del “quédate en casa” y la exigencia de “cuarentenas” al gobierno, sin detenerse a evaluar que esta política reaccionaria no buscaba salvar vidas. Lo mismo para los sindicatos de docentes donde el colegio de profesores tuvo que retroceder en chalas de prestar su apoyo a la presencialidad, mientras se cerraban escuela por escuela por brotes Covid o “cuarentenas” comunales. De igual modo para los sindicatos mineros los que se están coordinando y amenazan hoy con acciones, donde la política de despidos y sobreexplotación ha sido furiosa. Es aquí donde queda en evidencia el actuar de la burocracia sindical, que buscando los favores del Estado o de los patrones, mantiene maniatados a los trabajadores.

La propia CUT ha reafirmado el llamado a “paro sanitario” para el 30 de abril siendo que hace rato se trasladó con camas y petacas a las elecciones de constituyentes donde pretende disputar una orientación estatista de salvataje al capitalismo. Con fórmulas de distribución de la riqueza como el “impuesto a los superricos” que pretende que equilibrará la balanza entre las clases, como si los impuestos no fueran parte del andamiaje del aparato del Estado burgués

La amenaza constante al “se viene un nuevo estallido” no significa otra cosa que las masas no han sido derrotadas sustancialmente desde la semi insurrección espontánea del 18 de octubre 2019, pese a los desvíos electorales y las devaluadas ilusiones de reformas constitucionales con que pretenden darle curso reaccionario en un “nuevo pacto social”. Aunque la propia burguesía sabe que el pacto social, no es el de la elaboración de una carta magna, sino que es el de imponer una relación entre el capital y el trabajo sobre la base de golpes importantes sobre la clase trabajadora. Asustados con un escenario que desean controlar a su antojo, la oposición burguesa esgrime la bandera de la acusación constitucional, para tratar de atenuar el carácter de charlatanería burguesa del parlamento, así como preparar el terreno en caso de que la situación eventualmente vuelva a ponerse caótica por la lucha de masas.

Y si bien las masas no están derrotadas tampoco ha sido significativo su avance en conciencia y organización. Entendemos a los fondos de pensión como una fracción del salario expropiada en manos de las AFP, consideramos correcta la lucha por recuperarlos, luchando al mismo tiempo, contra los cantos de sirena de un sistema de reparto, luchamos por un salario vital para el trabajador retirado. En este sentido es prioritario que instancias de luchas de masas sirvan para fortalecer en particular a los trabajadores ligados a la producción, donde reside el poder del capitalismo. La paralización efectiva de las industrias y las minas puede dejar en jaque a la burguesía y plantear la necesidad de desarrollar el control obrero de la producción. Es necesario que los trabajadores del área salud intervengan decididamente para controlar al conjunto del sistema sanitario colocando los insumos disponibles, incorporando personal, pasando a planta a los trabajadores honorarios y a contrata, imponiendo un sistema de turnos ante el agotamiento, etc, etc, en definitiva imponer un plan sanitario de los trabajadores para los trabajadores y el pueblo. En el mismo sentido la imposición de protocolos obreros en todos los lugares de trabajo, la creación o fortalecimiento de sindicatos, la incorporación de trabajadores desocupados vinculados a ramas productivas, la lucha por un salario de emergencia para el trabajador cesante o en reserva. Estas y otras medidas debemos discutir en la clase trabajadora. Es preciso aprovechar estos llamados de la burocracia sindical para imponer en las asambleas de base el llamado a un congreso de delegados de bases de toda la clase trabajadora para intervenir en la actual crisis y darle una salida con independencia de clase.