El 24 de febrero de 2022, Putin, en lo que denominó “Operación especial”, invadía Ucrania para impedir el avance de la OTAN en la zona y la posible incorporación de este país a ser miembro de dicha institución.

A un año de esa invasión, la operación especial fracasó y la guerra se sigue desarrollando. Ucrania, con el apoyo de la OTAN, sigue resistiendo el ataque ruso y ha logrado empantanar el frente militar de Rusia, inclusive haciendo que retroceda en algunas zonas conquistadas a lo largo del conflicto.

La guerra se desarrolla en medio de una crisis mundial, con los coletazos de la pandemia, por lo que se ha agudizado y acelerado esta situación, llevando a la economía mundial a un proceso de recesión, con inflación y tendencias a la depresión. La extensión de la guerra sin salida aparente, por lo menos en el corto plazo, genera grandes desequilibrios políticos en los regímenes con intervención en algunos lugares de procesos de masas; algunos más directamente vinculados a la guerra, como las movilizaciones que llevaron a la caída del gobierno en Moldavia, y otros espoleados por las consecuencias de la misma, como las huelgas por salario en Gran Bretaña, Francia y otros países europeos.

En este escenario se mezclan una línea diplomática de salida al conflicto con una política más guerrerista de preparación ante una escalada militar más ampliada. Rusia rompe pactos en los acuerdos nucleares y amaga con una ofensiva en el campo militar en Ucrania. EEUU anuncia mayor apoyo militar y económico para Ucrania y detrás de esta línea disciplina a la UE y los países que son parte de la OTAN. China intenta mediar ante estas líneas, buscando mantener su alianza con Rusia, pero buscando otro interlocutor interno en Rusia que no sea Putin. China busca una negociación para un hipotético proceso de paz, planteando plebiscitos por la autonomía en la zona del Donbass, que Crimea siga en manos de Rusia, pero que se repliegue militarmente en el resto de Ucrania.

La OTAN utiliza este conflicto bélico para acelerar el proceso de asimilación de los ex Estados obreros, tratando de imponerles condiciones de carácter semicolonial. Por eso, en el territorio ucraniano se están definiendo procesos históricos inconclusos, en la necesidad de supervivencia del sistema capitalista.

La asimilación de los ex Estados obreros se plantea en la arena mundial y no en las particularidades de cada país. Es un grave error caracterizar esta guerra como un problema de autodeterminación nacional o defensa de la soberanía de alguno de los bandos en disputa, dejando de lado el problema fundamental de las relaciones sociales de producción y las contradicciones aun no resultas en el proceso de restauración capitalista de los ex estados obreros. Por eso sostenemos la unidad revolucionaria del proletariado ucraniano y ruso en contra de sus gobiernos actuales, contra esta guerra que no defiende ninguno de nuestros intereses como clase. Para que se desarrolle el internacionalismo es de primer orden la reconstrucción de la IV Internacional.

Llamamos a una Conferencia Internacional a las corrientes trotskistas que aun reivindiquen la dictadura del proletariado. Por la unidad internacionalista de los trabajadores en contra del imperialismo y la OTAN. ¡Por la expulsión de las tropas rusas de Ucrania! Por una federación de repúblicas socialistas de Europa y Asia.

COR Chile - LOI Brasil - COR Argentina

Conmemoramos 10 años del asesinato del dirigente sindical Juan Pablo Jiménez, cuando se encontraba dando lucha contra la patronal Azeta, contratista de Chilectra e impulsaba la organización de los trabajadores subcontratados.

Su asesinato ha quedado impune a manos de la justicia burguesa, donde salieron ridículas teorías como lo de “la bala loca” que habría matado a Juan Pablo. En su momento nuestra corriente señaló la necesidad de que, al mismo tiempo que exigíamos verdad y justicia, no depositáramos un ápice de confianza en el Estado y sus descompuestas instituciones como la PDI y sus peritajes.

La lucha de Juan Pablo y de cientos de luchadores contra el subcontrato es fundamental. Con el subcontrato la burguesía asestó un golpe a la organización sindical, fragmentando y atomizando a la clase obrera, así como redoblaron la explotación para maximizar sus ganancias.

No fue sólo mediante contratos, tercerizaciones y precarización, sino que impulsaron ataques a los intentos de lucha y organización que incluyeron asesinatos obreros, como el del trabajador forestal Rodrigo Cisternas o del obrero minero Nelson Quichillao, donde -bajo la dirección del PS y el PC, la CUT entregó la lucha de los subcontratistas durante los gobiernos concertacionistas.

Nuevamente la burocracia sindical vuelve a jugar un rol pérfido de colaborador con el gobierno “progre de turno” pactado un miserable reajuste que pulveriza el salario. Así como la burguesía impuso la subcontratación para “regular” la responsabilidad de las empresas mandantes, o mediante la reforma laboral del 2016, donde acabo la huelga de los trabajadores del subcontrato; ahora lo hará con el proyecto de ley de 40 horas, donde la burguesía ya empezó a desplegar la flexibilidad laborar y los aumento de los ritmos de producción en las empresas para mantener las tasas de explotación y plusvalía, incluso a incrementarla.

La lucha de las organizaciones sindicales debe tomar las banderas de lucha de Juan Pablo, es necesario organizar a los trabajadores y cuestionar la subcontratación de raíz. El actual gobierno inició su mandato reprimiendo la lucha de los trabajadores subcontratistas de Enap que exigían condiciones de trabajo equivalentes a las de los trabajadores de planta.

Es necesario organizar a nuestra clase y golpear a la burguesía en el plano de la producción imponiendo el control obrero y establecer escala móvil de salario y horas de trabajo.

Levantemos bien alto la bandera la lucha contra la impunidad del asesinato de Juan Pablo y de todos nuestros caídos.

Publicado en la web de COR Argentina

El martes 10 de enero el gobierno francés anunció un proyecto para retrasar la edad de jubilación de 62 a 64 años y la exigencia de 43 años de aportes a partir de 2027. La bronca ha estallado en las calles, con tres masivas jornadas de protesta, que continuarán.

El redistribucionismo imperialista: quitarle al trabajador para sostener al capitalista

Emmanuel Macron era consciente de la antipatía que generaría lo que en Francia ha sido llamada como “la madre de todas las reformas” y por eso aplazó el anuncio que estaba preparado para diciembre. Intenta a toda costa mostrar que esta reforma tiene un espíritu de justicia social, al plantear que hay que “equilibrar” el sistema redistributivo, haciendo que los trabajadores activos aporten más años y por más tiempo a lo largo de su vida. Esta no es una idea nueva, en 2014 el “socialista” François Hollande ya había pasado una ley para aumentar los años de aportes a partir de 2030, lo cual ahora Macron propone adelantar a 2027. Ya hemos escuchado al FMI pedir que se bajen las pensiones por “riesgo de que la gente viva más de lo esperado” (GFSR 2012).

El gobierno defiende el proyecto planteando que la edad de jubilación de Francia es una de las más bajas de Europa. Las mentiras capitalistas ya no pueden tapar el sol con la mano. Lo cierto es que el imperialismo francés no escapa a la tendencia generalizada de decadencia capitalista y, sumido en más de una década de crisis económica, social y del andamiaje institucional nacional y supranacional (UE), sumado a las consecuencias económicas de la pandemia y la guerra en Ucrania, desnuda su verdadero carácter reaccionario. Si el Estado de bienestar y la redistribución de la riqueza en pos de la equidad social fueron en los tiempos de posguerra el estandarte de este imperialismo para dominar, sobre la explotación del pueblo trabajador de la metrópolis, semicolonias y colonias, ahora ya no hay forma de sostenerlo. Macron dice defender la redistribución, atacando a los trabajadores y sus condiciones de vida, para sostener a los capitalistas y rescatar sus ganancias de la crisis. La respuesta obrera no se ha hecho esperar y los sindicatos responden con la preparación de “la madre de todas las batallas”.

19 y 31 de enero, 7 de febrero, las protestan continúan

Macron apuesta a que la reforma previsional se apruebe rápido, pero, para hacerlo por el parlamento, necesita de alianzas por ahora endebles y mínimo seis semanas para que salga. De lo contrario, puede sacar un decreto, lo cual agravaría la crisis política en medio de un proceso de masas, y enfrentando a la clase trabajadora y al proletariado industrial. Estas primeras tres jornadas de movilizaciones han llegado a superar los dos millones de manifestantes en todo el país, en lo que ha sido hasta ahora la jornada pico del 31 de enero. Pero estas no son las primeras movilizaciones masivas que enfrenta el Macron, en su mandato anterior, los chalecos amarillos desataron una marea de protestas callejeras. Lo distintivo en esta ocasión es que el movimiento obrero está nuevamente en el centro de la escena.

De cara a este fenómeno, que se ha llegado a comparar con las históricas luchas de 1995 contra el llamado “Plan Juppé” de las privatizaciones, se está dando un importante proceso de politización y deliberación al interior de la clase obrera. Aun viendo lejana la cuestión de la jubilación, una nueva generación de trabajadores para y se manifiesta porque la carestía de la vida golpea cada vez más fuerte en una potencia imperialista en decadencia. Y no se avizora una mejoría en lo inmediato, sino todo lo contrario. Este mes habrá subas en las tarifas del gas y la electricidad.

Está claro que la burocracia sindical que convoca en “unidad” a las jornadas de protesta y dirige las principales centrales sindicales buscará una salida dentro del orden burgués. Sin embargo, no está descartado que sean desbordadas. Desde el verano (boreal) se vienen dando importantes procesos de luchas, especialmente en la industria petrolera y los servicios de transporte. Pero también ha habido importante adhesión a las recientes movilizaciones en las automotrices, a las que, a su vez, se han sumado docentes y estudiantes de varios niveles educativos, etc. Esto pone a la orden del día la tarea de recuperar los sindicatos y ampliar sus funciones, con un programa de transición que ataque las bases del orden burgués. Esta es una perspectiva a plantear a los cientos de delegados y activistas de vanguardia que están surgiendo al calor de estas luchas. Debemos impulsar Comités de Acción en cada región, con delegados votados en sus unidades de producción, que preparen una verdadera huelga general, llamando a la solidaridad de todos los trabajadores de la UE, las colonias francesas y al proletariado británico, que está protagonizando enormes huelgas. Nuestro objetivo no se debe detener en parar la reforma de Macron, sino en la intervención independiente del proletariado europeo ante la guerra en Ucrania, para frenar la ofensiva imperialista de la OTAN y derrotar la restauración de Putin.

Por una dirección revolucionaria

Es en este escenario tan candente en el que se plantea la necesidad urgente de saldar la cuestión de la crisis de dirección revolucionaria del proletariado, no ya para plantear una salida para Francia, sino para abrir una perspectiva mundial de derribar al capitalismo decadente.

La izquierda francesa -y con esto nos referimos a aquellas corrientes que no fueron asimiladas al régimen imperialista, como lo hicieron el PS y el PC- viene atravesando crisis tras crisis y ahora se enfrenta a otra. El NPA, partido “anticapitalista” que se fundó sobre la base de distintas corrientes que provienen del centrismo trotskista de posguerra para armar una organización “amplia” con un programa lo suficientemente laxo como para albergar varias líneas políticas en su interior (recordemos que en su fundación eliminaron del programa la dictadura del proletariado), viene de sufrir una nueva ruptura por parte de un sector que se inclina por entrar a la Francia Insumisa, del ex Partido Socialista y fundador del Partido de Izquierda, Jean-Luc Mélenchon, quien se ha posicionado como figura pública electoral de la izquierda parlamentaria. Aun así, varias tendencias, ya sean internas o externas al NPA, se están planteando la discusión de la necesidad de poner en pie un partido revolucionario.

Sin duda, la cuestión de la dirección es clave para que la situación se desarrolle de manera revolucionaria. Por eso es fundamental abrir una discusión programática de cara al conjunto de la vanguardia obrera para desarrollar esta perspectiva. Entre los debates que están surgiendo en estas jornadas se plantean: “¿cómo seguir? ¿cómo ganar? ¿cómo imponer una estrategia?”

Desde la COR queremos aportar nuestra visión. La clase obrera no puede esperar a que las columnas capitalistas caigan por su propio peso, ni mucho menos sustituirlas por “nuevas” instituciones burguesas “democráticas”. El desafío del proletariado y su vanguardia es poner en pie sus propias instituciones para quebrar la dominación capitalista. Hay que adelantarse a los planes imperialistas -que, ante la imposibilidad de cooptar económicamente, intentará hacerlo políticamente generando nuevas mediaciones- quebrando la voluntad del enemigo y, en base a esto, construir la dirección revolucionaria internacional. Las corrientes de izquierda persisten en tomar el Programa de Transición como un método de presión sobre el Estado o de exigencia al mismo. De este modo, no podrán salir del fetichismo democrático y alejarán a la vanguardia de las tareas de preparación de las etapas de la dictadura del proletariado. Por eso, el Programa de Transición no pretende “desorganizar a la burguesía” en el terreno del régimen político -por más de que incorpore demandas democráticas-, como creen los centristas, sino que la concepción de desorganización es en la producción y, desde allí, se irá formando una nueva dirección obrera que pueda tomar en sus manos la tarea de destruir al Estado burgués y poner en pie un Estado de transición con una economía planificada.  

Nuestra corriente acepta el desafío propuesto por Trotsky: completar el programa y ponerlo en marcha. Esto implica colaborar, recuperar y complejizar el método de análisis de las tendencias imperialistas y las tareas de los revolucionarios, en la superación de la crisis de dirección revolucionaria mundial y la reconstrucción de la IV. El Programa de Transición es el programa de acción de la injerencia del Estado obrero en la sociedad capitalista. En esa transición está inscripta la revolución mundial y la dictadura del proletariado mundial.

Desde la COR, y la corriente internacional de la que formamos parte, la TRCI, reiteramos nuestro llamado a todas las corrientes que reivindican la lucha por la dictadura del proletariado y la refundación de la IV Internacional a preparar una Conferencia Internacional para discutir y poner en marcha las tareas que nos impone este periodo.

Los incendios de enorme magnitud asola el sur del país, afectando a miles de familias, más de 1200 casas quemadas, ciudades y pueblos, con más de 25 muertos, enormes hectáreas arrasadas completas por la voracidad de las llamas.

El gobierno, reaccionando tarde al naturalizar una “época de incendios”, ha salido a plantear la “alianza público y privada” que otorga manga ancha para que las forestales e inmobiliarias hagan jugosos negocios en las zonas afectadas, lo que muestra una vez más el carácter depredador y anárquico del capitalismo.

Las patronales forestales son las responsables directas o indirectas, por la resequedad del suelo, la expansión de las plantaciones, las medidas de eliminación de plagas, la falta absoluta de medidas de prevención, contención y eliminación de focos de incendio. Sobre las cenizas y los cadáveres volverán a expandir su dominio y a llenar sus suculentas arcas como lo vienen haciendo en las zonas de la V región, ya lo vienen haciendo todos los años en las regiones del sur.

La catástrofe afecta a miles de hogares obreros y de campesinos pobres que se traduce en las pérdidas de sus precarias casas y enseres. La solidaridad obrera mostrada por la población en este tipo de sucesos debe ser el impulso para que los sindicatos planteen un Plan Obrero de Emergencia, que junto con exigir y disponer de todos los recurso para el combate a los incendios y ayuda a los damnificados, contemple un plan de construcción de viviendas (no de cajas de emergencia), la confiscación de los materiales de construcción y la expropiación de los grandes terrenos en manos de privados. Es necesario luchar por un salario de emergencia igual a la canasta familiar de todos los trabajadores ocupados y desocupados. Los sindicatos de la construcción pueden movilizarse para exigir este plan de construcción disponiendo su fuerza de trabajo, asimismo ante la desidia de la patronal forestal, debe impulsarse por los sindicatos de las empresas forestales brigadas de seguridad que impulsen el control obrero de CONAF y de todos los recursos para la prevención y el combate a los incendios.

El gobierno balbucea sobre que esto es producto ora del cambio climático, ora de individuos aislados que hacen un asado en medio del bosque, sobre los que dejarán caer “todo el peso de la ley”. Maniobras distractivas para sacar del foco a las patronales forestales e impulsar la expansión de sus negocios; muestra de ello es el llamado a los ex funcionarios experimentados, experimentados en la prestación de servicios a la burguesía como los ministros de Piñera y Bachelet.

El control obrero de la industria forestal se vuelve de vital importancia para imponer la planificación consciente de la producción, imponiendo como, cuanto, que, donde y para quien se produce.

La cumbre de la CELAC tuvo lugar el pasado martes 24 de enero en Buenos Aires. Fue una cumbre signada por la crisis de los gobiernos de los países que integran el foro, crisis políticas varias sobre el fondo de la crisis mundial, la sombra del estancamiento económico y del recrudecimiento de las tendencias militaristas a partir de la guerra en el este de Europa.

A destacar en primer lugar, la cumbre tomó una posición de complicidad con la salvaje represión del gobierno de Boluarte en Perú, que ya se ha cobrado más de 60 víctimas fatales. Solo el chileno Boric (luego de haber sido el primero en alinearse con Boluarte y la política de EEUU) ensayó una muy tibia denuncia y la representación mexicana enviada por AMLO, con igual cinismo, propuso una resolución de libertad a Castillo y fin de la represión que sabía de antemano no iba a ser aprobada; mientras, el resto de mandatarios se alineaban sin protesta a la orientación imperialista que intenta cerrar la crisis a través de la derrota de la insurrección espontánea, protagonizada por la población obrera y campesina, a través de los mecanismos de las instituciones establecidas del semiestado peruano. La presencia en la Cumbre de la ministra de relaciones exteriores peruana, Ana María Gervasi, fue repudiada por residentes peruanos autoconvocados y por la izquierda en un acto del que participamos. Pero limitarse a esto hace que el árbol tape el bosque: es solo la expresión más brutal y descarnada de una orientación general hacia los brazos del imperialismo por parte de los gobiernos de la región.

Otro punto notable fue la política activa del gobierno brasilero, con Lula a la cabeza, para ubicarse como líder de un orden regional, que le permita negociar con Europa y EEUU el precio del alineamiento. Para ello, la CELAC en sí es una organización demasiado amplia y difusa, por lo que buscó en primer lugar el apoyo del gobierno argentino en la necesidad de reflotar la UNASUR, a través del rescate del moribundo MERCOSUR. Esto permitiría dejar de lado a los (para estos cipayos) incómodos caribeños, Ortega incluido, centrándose en la “subregión” sudamericana. La divisa de “orden y progreso” tiene un contenido: recostarse en EEUU y apoyar la política exterior militarista de Biden. No por nada, dos de las principales discusiones del foro, la supuesta moneda única SUR y los desplantes de Lacalle Pou, versaron sobre el problema de la influencia China en la región. El otro gran problema, el de los derechos humanos y la democracia, apunta a utilizar a Venezuela como moneda de cambio ahora que Biden y la Casa Blanca se han visto obligados a negociar con Maduro bajo la presión de un mercado internacional de la energía tensionado por la guerra entre Rusia y Ucrania.

Hilando más fino, el ministro de economía brasilero Haddad explicó claramente que por el momento el único acuerdo entre Argentina y Brasil que existe es un financiamiento por 366 días por parte de los bancos oficiales a las empresas de cada uno de los países para las operaciones bilaterales de comercio exterior. Y fue explícito: esto permitirá a las empresas brasileras entrar en el negocio del gasoducto, del cual, de lo contrario, quedarían indefectiblemente afuera por la competencia China. Massa, su par argentino, indicó que este mecanismo permitirá evitar una mayor sangría de reservas del Banco Central, por un año, probablemente pensando en las elecciones. Por supuesto, esto no es una integración de abstractas “naciones”, sino la viabilización de determinados negocios a un puñado de monopolios brasileños y argentinos, asociados a los yanquis y a la UE.

Las bravatas de Lacalle Pou, sustentadas en la defensa de la democracia y los derechos humanos (aunque no para Perú), no terminan de ocultar la defensa del TLC Uruguay-China, que es una piedra en el zapato de la línea lulista. Por eso, Lula cruzó presto el Río de la Plata para intentar negociar el ordenamiento de un acuerdo más amplio entre el MERCOSUR de conjunto y China. Puso la condición de firmar antes el acuerdo con la UE, mostrando no una simpatía “eurocéntrica” sino a los negocios burgueses a los cuáles responde su gobierno.

La invitación a la cumbre al gobierno norteamericano no deja dudas de que este intento (porque por ahora no es más que eso) de Brasil de ubicarse como interlocutor privilegiado en la negociación de las sub burguesías regionales con el amo imperialista tiene el apoyo de Biden. Los yanquis saben lo que quieren, tal como revelaron las escandalosas declaraciones de la jefa del Comando Sur, Laura Richardson, sobre los recursos estratégicos de la región como el litio, las tierras raras en general, el oro, el petróleo, el gas y los acuíferos. Las negociaciones bilaterales (país por país, no por bloques) que había promovido a su turno Trump no solo abrieron brechas para que China integrara a varios países de la región a la ruta de la seda, sino que además generó una multiplicidad de conflictos y procesos de desorden institucional que impactan también en las putrefactas estructuras institucionales imperialistas. Es cierto que China actualmente está en graves problemas económicos producto de la guerra y del rebrote de la pandemia, pero es evidente que Biden sigue en esto a Trump y pretende hacer retroceder a su “competidor estratégico” (China) lo más posible, y la sub burguesía brasilera se postula como socio principal en esta tarea. No sin contradicciones internas, ya que no debemos olvidar la toma de los edificios federales en Brasilia protagonizada por los bolsonaristas y con la venia de sectores de las fuerzas armadas y de la patronal.

Por los Estados Unidos Socialistas de América Latina y el Caribe

El decadente revival de los años 2000 que escenifican los gobiernos de la región tiene como contenido intentar capear la profunda descomposición de los semi estados latinoamericanos y sus instituciones, parte de una situación mundial signada por la descomposición general del sistema capitalista en su fase imperialista y la asimilación (cada vez más violenta) de los ex estados obreros como Rusia y China. El avance de la penetración imperialista descompone a las instituciones y vuelve aún más farsescos a los bonapartismos sui generis. Sin embargo, el rol más nefasto que tienen estos gobiernos “semidemocráticos” es dar lugar al engaño del proletariado por sus direcciones burocráticas, que lamentablemente tienen el flanco cubierto por el centrismo trotskista que se limita a plantear una línea democrática contra “la derecha”, “antifascista” o a lo sumo de “unidad antiimperialista” sin plantear un programa obrero que permita al proletariado erigirse como caudillo de las naciones oprimidas latinoamericanas. Así, las corrientes de la región como la FT, LIS, UIT, LIT, etc, levantan acríticamente la consigna “asamblea constituyente libre y soberana”, que sostienen los movimientos en lucha en Perú, y plantean el rechazo al gobierno “golpista”… para defender las instituciones supuestamente democráticas del país. Ven golpes oponiendo democracia a dictadura en todos lados, cuando en realidad la burguesía aún no ha tomado ese rumbo porque cuenta con las instituciones, por supuesto que totalmente derruidas y en crisis, de los semiestados para ejecutar sus maniobras contra las masas y apoyar sus ofensivas más sanguinarias, ejerciendo la dictadura del capital. Esto no quiere decir que no debamos levantar el "abajo Boluarte" en Perú, todo lo contrario, pero no para ir hacia una salida dentro de los marcos de la institucionalidad capitalista, sino para imponer un gobierno obrero y campesino basado en las organizaciones de los trabajadores y el pueblo pobre que imponga las medidas para atacar al imperialismo en la región, expropiando a las mineras y a los grandes terratenientes, imponiendo el control obrero de las industrias y los servicios estratégicos, convocando al movimiento obrero de todo el continente, sobre todo de EEUU, a apoyar la lucha contra el imperialismo en toda la región. No existe democracia en Latinoamérica sin la revolución agraria y la expropiación de las industrias y la banca extranjera. Cualquier monopolio del comercio exterior, o acuerdo de monedas, o nacionalización de la banca es una estafa sin estas medidas basadas en desbancar a los enemigos de clase del poder imponiendo la dictadura del proletariado. Es claro que la propia dinámica de la lucha de clases basada en la estructura económico/social de la región llevará a la extensión del proceso revolucionario a todo el continente, pero sin una dirección proletaria consciente, será la contrarrevolución imperialista la que podrá estrangular a nuestra clase. Por ello, luchamos por los Estados Unidos Socialistas de América Latina y el Caribe, preparando una dirección obrera internacionalista. Para ello, es urgente avanzar en la reconstrucción de la IV Internacional. Llamamos de manera urgente a las corrientes que defienden el programa de la Dictadura del Proletariado a una conferencia latinoamericana para discutir el programa y las medidas políticas y organizativas para avanzar en este objetivo.

COR Chile – LOI Brasil – COR Argentina

Polémica ha causado en la superestructura política burguesa los 13 indultos otorgados por el gobierno de Boric, lo que constituye en primer lugar un reconocimiento de la existencia de la prisión política en Chile, y que sirvió para tranquilizar a los sectores de apruebo dignidad (PC-Frente Amplio) que veían como Boric venía de aprobar el TPP11, alinearse con Dina Boluarte en Perú, etc. Es decir, no teniendo ningún atisbo siquiera de política estatista y reformista, que pudiese reivindicar ante las alas populistas de su militancia. 

De inmediato los sectores de derecha y ultraderecha pusieron el grito en el cielo anunciando acusaciones constitucionales, la Corte Suprema aludiendo a su "independencia de otros poderes", etc de inmediato el gobierno retrocedió sacando la ministra de justicia y un asesor de la confianza de Boric. Ninguna de las estas fracciones burguesas tiene la fuerza para imponer su agenda, que en todo caso coinciden en hacer pagar la crisis sobre los clase trabajadora, ya que solo diferencian en los tiempos y formas.

La burguesía sabe que una política abiertamente reaccionaria puede crispar a las masas y provocar otras insurrecciones como las que hace más de un mes sacuden al Perú, donde incluso han sido tomadas fabricas por trabajadores y comunidades, y se han desarrollado enfrentamientos con las fuerzas policiales. Coinciden todos los gobiernos de la región en su extrema debilidad y crisis, como el de Lula en Brasil.

El gobierno de Boric con esta medida y su actuación muestra claramente su carácter bonapartista, comenzando a jugar el rol asignado por el imperialismo de cerrar procesos y abrir paso a una transición, buscando mantener la casa ordenada. Estos indultos son el subproducto de la lucha que han dado organizaciones y familiares de presos políticos, pero aún quedan presos por liberar; no podemos conformarnos con las maniobras del gobierno de Boric al dar migajas para posar de izquierda.

Para el gobierno se trata de surfear la crisis social que golpea la clase trabajadora y el pueblo, donde los salarios han sido pulverizados. Ya el irrisorio aumento del salario mínimo, pactado y celebrado como un "acuerdo histórico" por la burocracia de la CUT aumentando en un 2,5% (10 mil pesos) mientras el truqueado y manipulado IPC subió un 12,8%. 

Es necesario que los sindicatos desarrollen el control obrero de la producción desarrollando comisiones para determinar la real canasta familiar de la familia obrera y no mediante la burocracia estatal que maquilla los precios. Está y otras medidas para luchar y defender a los que luchan, deben ponerse a la orden del día en un Congreso de delegados de base de la clase trabajadora.

La lucha también debe ser por arrancar de sus cárceles a todos los presos por luchar contra la democracia para ricos.

En eso será clave la organización obrera, por su centralidad en la los procesos de lucha de clases para acaudillar a la nación oprimida.

Na tarde de ontem (08 de janeiro), exatamente uma semana após a posse do presidente Lula, bolsonaristas invadiram, ocuparam e destruíram os prédios oficiais (Congresso Nacional, STF e Palácio da Alvorada) na Esplanada dos Ministérios, em Brasília. A ação que estava sendo planejada na semana anterior, pelas redes sociais e aplicativos de mensagens, mobilizou mais de 80 ônibus e cerca de 4 mil bolsonaristas bancados por setores de empresários do comércio varejista, do transporte e do agronegócio, e contou com a conivência do governo do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB) e seu Secretário de Segurança e ex-Ministro da Defesa de Bolsonaro, Anderson Torres (União Brasil). Abertamente bolsonaristas, permitiram e facilitaram a entrada dos apoiadores de Bolsonaro à Esplanada, diminuindo o efetivo policial e ordenando que não realizassem nenhuma resistência (os policiais presentes estavam tirando fotos e comprando água de coco).

Longe de ser uma tentativa de golpe de Estado, pois caracterizou-se por uma ação de uma minoria sem a atuação efetiva das Forças Armadas e/ou policiais e sem uma nítida tentativa de mudança ou controle do aparato estatal e destituição do presidente, o episódio é uma clara expressão da decomposição do bonapartismo sui generis em sua relação com o imperialismo e as massas. Ao incorporar e ampliar as Forças Armadas às tarefas do estado, o bolsonarismo ampliou as contradições e, portanto, a crise do estado semicolonial brasileiro. É nessa crise que buscam intervir o bolsonarismo por um lado e o atual governo por outro, reforçando a defesa das instituições do estado democrático de direito.

Nesse sentido, Lula responsabilizou o governo do Distrito Federal e decretou intervenção federal na capital até o final do mês; para isso, designou o assessor do Ministro da Justiça Flávio Dino (PCdoB), Ricardo Cappelli, como interventor federal da Segurança Pública no DF. Na sequência, a Advocacia Geral da União (AGU) solicitou ao STF o pedido de prisão de Torres e durante a madrugada, Alexandre de Moraes, ministro do STF determinou o afastamento de Ibaneis Rocha por 90 dias, além de determinar a prisão e oitiva de todos os bolsonaristas dos ônibus que chegaram à Brasília (que já somam cerca de 1200 prisões no momento de escrita desta nota) e desmonte de todos os acampamentos nos quartéis em todo o território nacional.

A intervenção federal de Lula deve ser ratificada pelo Congresso nas próximas horas, além de receber o apoio do Judiciário. A burguesia nacional, representada pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban), Confederação Nacional da Indústria (CNI), Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), entre outras entidades empresariais, também cobrou “reação firme” contra os atentados ao estado democrático de direito e pela retomada da ordem. Além disso, o imperialismo já deu o recado de que está acompanhando a situação em total e irrestrito apoio à Lula. Deputados estadunidenses do partido democrata também já levantaram a necessidade de extradição Bolsonaro ao Brasil, pressionando o Congresso pelo não abrigo e refúgio em solo estadunidense do ex-presidente brasileiro, numa clara associação deste com os atos de invasão à Esplanada e dessa com a invasão ao Capitólio há exatos dois anos atrás. Governos regionais também saíram na defesa de Lula e sua intervenção contra o que denominaram “atentados golpistas”.

Dessa forma, o governo Lula tem total carta branca para atuar no sentido de reestruturar sua relação com as Forças Armadas e forças auxiliares e com as instituições da democracia burguesa na sua relação com as massas. Desde a sua posse, Lula tem atuado para fortalecer a ideia do estado forte e “acolhedor”. Todas as cerimônias de posse, do presidente e ministros, foram pensadas para transmitir a mensagem de que o estado burguês serve ao povo brasileiro, que os últimos quatro anos foram um problema de má administração desse aparato e que, portanto, é possível que o estado esteja e atue em favor dos interesses da classe trabalhadora. O discurso da “ameaça golpista” tem sido utilizado pelas direções sindicais e políticas reformistas para controlar e calar o movimento operário desde as eleições de 2018. Exemplo mais recente é o ataque sistemático do reformismo às lideranças dos trabalhadores de aplicativos que estão construindo uma greve para o próximo dia 25/01, acusando-os de “bolsonaristas” e de atuarem contra o governo Lula. Fica nítido que as burocracias sindicais atuarão com maior truculência nos próximos anos para controlar o movimento operário e blindar o governo Lula para evitar a “ameaça golpista” ou o crescimento da “extrema direita”.

O centrismo trotskista repete a defesa (equivocada) de atuação “independente” dos trabalhadores contra a “extrema direita” e “golpistas”, assim como o fizeram diante dos bloqueios de rodovias pelos bolsonaristas após resultado das eleições. Defendem assim, de forma mascarada, o respeito às instituições da democracia burguesa e ao governo Lula em última instância. Isso porque abandonaram a ideia de revolução e da ditadura do proletariado, transformando a ideia de “independência de classe” cada vez mais numa possível atuação parlamentar que responda melhor aos interesses dos trabalhadores.

É nesse contexto que são chamados os atos de hoje, dia 09 de janeiro, contra o golpismo. Movimentos sociais e centrais sindicais clamam por uma mobilização em defesa da democracia (burguesa), das instituições do estado burguês e do governo Lula. O centrismo defende a mobilização nas ruas contra o golpismo e a extrema direita. Em resposta à crise do estado e das disputas entre frações da burguesia e pequena burguesia semicolonial, não podemos estar refém de uma política que demanda maior estatismo com intervenção direta do imperialismo.

Dessa forma, repudiamos as medidas intervencionistas de Lula e dos demais poderes do estado. Para os trabalhadores, um poder estatal maior e mais centralizado é prejudicial aos nossos interesses, organização e luta. Não devemos alimentar nenhuma ilusão no estado burguês que é o instrumento de dominação dos nossos inimigos de classe. É preciso denunciar seu invólucro democrático e seu caráter de classe!

É necessária a atuação independente dos trabalhadores nessa crise aberta, com sua pauta e seus interesses. É preciso levantar medidas de autodefesa e assembleias em cada sindicato e central sindical que apontem para um plano de lutas contra o desemprego, contra o aumento da miséria nas condições materiais de vida, pela revogação das reformas que ampliaram a exploração e a retirada de direitos. Somente organizados na defesa das nossas bandeiras históricas será possível enfrentar, não apenas o bolsonarismo como oposição burguesa e pequeno burguesa ao governo, mas o próprio governo Lula, preparando as condições para o enfretamento ao estado burguês em seu conjunto. A única intervenção independente possível para nós, trabalhadores, é a de enfrentamento ao estado burguês e ao imperialismo, e não de seu fortalecimento!

Un incendio de grandes proporciones en la comuna de Viña del Mar, que aún no ha sido controlado en su totalidad, ha afectado a 125 hectáreas dejando 2 muertos, miles de damnificados y más de 500 viviendas siniestradas.

El gobierno de Boric decretó el Estado de Catástrofe y apareció, al igual que lo hiciera Piñera ante las catástrofes, camisa arremangada recorriendo el terreno para las cámaras. La alcaldesa de Viña del Mar, antes que dar solución y recursos, empezó a lanzar campañas de solidaridad para que sea la ayuda de la población la que parche las necesidades sociales y anticiparse a que el municipio sea el que regentee dichas ayudas.

Es sabido que desde la Corte Suprema, así como del propio gobierno, propietarios e inmobiliarias, vienen preparando el terreno legal de los desalojos de las tomas. La explotación forestal de la zona también podría verse beneficiada por le extensión de la explotación hacia zonas protegidas, como ha ocurrido con frecuencia en los incendios forestales del sur. Por ello es que no resultaría nada extraño que el actual incendio haya sido intencional como señalan muchas fuentes.

El hacinamiento y falta de condiciones básicas habitacionales (agua, luz, alcantarillado, etc) es la moneda corriente de cientos de miles de familias que habitan en las periferias de la ciudades. Algo para lo que la burguesía no sólo no pretende darle solución, sino que en la actual crisis económica donde la especulación inmobiliaria está llevando a la parálisis de obras y faenas, incrementa el apetito por ganancias y subsidios estatales de las grandes constructoras y agrava a niveles históricos la falta de vivienda y la precariedad de las condiciones de vida.

Este es el fin del despliegue en terreno del gobierno que, junto con mantener militarizada la zona para evitar saqueos por hambre o sofocar cualquier manifestación de lucha ante la extrema necesidad, busca galvanizar los intereses de grandes grupos económicos, agrarios, forestales, inmobiliarios, etc.

Cientos de organizaciones sociales, estudiantiles y de trabajadores se han puesto a disposición para organizar e impulsar acciones de solidaridad como el levantamiento de centros de acopio o la realización de ollas comunes. Este es un reflejo constante de los trabajadores y el pueblo que sale en ayuda de su clase ante situaciones de este tipo. Bajo la consigna de “sólo el pueblo ayuda al pueblo” se desarrolla esta agitación solidaria. Apoyamos e impulsamos todas estas muestras de solidaridad y pugnamos porque los sindicatos de trabajadores se pongan a la cabeza de las mismas. Sin embargo, no dejamos de advertir que no es con la solidaridad entre los pobres que podamos arribar a una solución para las miles de familias afectadas. Esta perspectiva apuntaría a desarrollar una suerte de mendicidad paraestatal, que pronto puede ser relevada, y con mayores recursos, por las instituciones del aparato estatal para proteger la propiedad privada. Otros plantean la necesidad de impuestos a los ricos para financiar las ayudas, es decir, apuntar a la vieja receta de exigirle al gobierno o al congreso que introduzca reformas impositivas para “redistribuir la riqueza”. Es necesario que intervenga la clase obrera ente la emergencia.

Los sindicatos pueden organizar la solidaridad activa y movilizarse para imponer un Plan Obrero de Emergencia que contemple un plan de construcción de viviendas, la confiscación de los materiales de construcción y la expropiación de los terrenos en manos de privados. Es necesario luchar por un salario de emergencia igual a la canasta familiar de todos los trabajadores ocupados y desocupados. Los sindicatos de la construcción pueden movilizarse para exigir este plan de construcción disponiendo su fuerza de trabajo. Es necesario tomar todo inmueble ocioso, iglesias, casas patronales, etc, para albergar provisoriamente a las familias, levantar comedores comunes con recursos permanentes, etc.

Que la clase obrera y la juventud se pongan a la cabeza de este desafío

La situación en Perú sigue convulsionada, donde, por la represión, ya hay más de 20 muertos a manos de las fuerzas represivas que intentan derrotar los levantamientos en distintos puntos del interior del país. Los manifestantes piden elecciones anticipadas y algunos sectores la liberación de Castillo.

El gobierno actual mandó un proyecto de ley para llamar a elecciones anticipadas para fines del 2023, fecha muy lejana por el nivel de crisis del país. El Congreso rechazó el proyecto, ya que planean mantener sus mandatos hasta el 2026.

Ante este escenario, con la aceleración de la crisis y del deterioro de su relación con las masas, la presidenta decretó un toque de queda en las zonas más convulsionadas y realizó un discurso para que los legisladores voten la anticipación de elecciones.

Sectores importantes de trabajadores y campesinos del interior de Perú intervinieron en la crisis abierta, bloqueando caminos, destruyendo comisarías, organizando comités para defender el territorio, ocupando fábricas y otras medidas, demostrando que no van aceptar de forma pasiva el avance de las fracciones burguesas y pequeño burguesas aliadas del imperialismo sobre sus condiciones de vida.

La burguesía peruana cometió un error muy grande al eliminar una contención, como lo era Castillo, pensando que no iba a pasar nada. Las consecuencias están a la vista. Gran parte de los sectores que están en lucha están cuestionando los pilares de la democracia pequeño burguesa del semi Estado peruano, lo que le da a la situación en desarrollo características insurreccionales.

La burocracia sindical ha debido llamar a un paro ante la radicalización reinante. Los gobiernos de la región han comenzado a dar un tibio apoyo al ex presidente, modificando la posición que tuvieron cuando comenzó el conflicto de no apoyo a Castillo. Los gobiernos de México, Argentina, Bolivia, Colombia, para nombrar algunos, se pronunciaron a favor de Catillo. Los de Brasil, de Lula, y Chile, de Boric, mantuvieron su posición de que Castillo no respetó las instituciones.

La situación en Perú plantea la necesidad de que, al calor de los enfrentamientos y el desarrollo del proceso, se abra un gran debate en los sectores de lucha de que debemos echar al Boluarte y preparar las condiciones para instaurar un gobierno obrero y campesino, lo que va permitir comprimir y acelerar la combinación entre las tareas democráticas de la revolución agraria, la independencia nacional y lucha socialista para derrotar al semiestado burgués y al imperialismo. Por un Congreso de delegados de base obrero y campesino, con delegados mandatados de las unidades de producción, como las grandes mineras, y delegados por regiones, donde se vote un plan de lucha, se organice la autodefensa y una huelga general para derrocar al gobierno de turno y todos sus aliados.

Es menester que la vanguardia obrera y juvenil intervenga activamente en este proceso semiinsurreccional para fortalecer la organización de la clase obrera de las minas, las fábricas, los puertos, los hospitales, tomando su control, imponiendo la centralidad del proletariado como caudillo del conjunto de la nación explotada y oprimida.

También deberemos combatir las políticas de la burocracia sindical que pretenderá desviar la lucha hacia los cauces de la descompuesta democracia burguesa semicolonial. El impulso de reformas del aparato de estado en crisis, como las de asambleas o convenciones constituyentes, sólo retrasarán o desviarán la necesaria perspectiva de lucha de la clase obrera por el poder, como se evidenció en el proceso abierto en Chile por la semiinsurrección chilena de octubre del 19.

Para eso necesitamos crear un partido revolucionario que tome la dirección de la vanguardia obrera y las tareas históricas que se plantean como sección nacional por la reconstrucción de la IV Internacional.

La clase obrera latinoamericana y del continente puede comenzar a discutir acciones de solidaridad activa con los trabajadores y el pueblo peruano.

Llamamos a los grupos trotskistas de la región que aun levantan la dictadura del proletariado a una Conferencia latinoamericana para discutir las tareas para Latinoamérica y ayudar a un desarrollo revolucionario en Perú.

COR Chile - LOI Brasil - COR Argentina

El miércoles 7 de diciembre, el Congreso de Perú destituyó a Pedro Castillo después de que ese mismo día por la mañana, en un discurso para la República, planteara disolver el Parlamento, llamar a nuevas elecciones constituyentes y el toque de queda. Con estas medidas definió que estaban en un estado de excepción por la situación política reinante. Luego de los anuncios, el Congreso desoyó las órdenes del ejecutivo y se reunió para intentar, por tercera vez, la destitución del presidente. Esta vez pudo juntar los votos necesarios, debido a que hasta los legisladores que respondían a Castillo votaron por su vacancia. Así, con 101 votos afirmativos, 6 negativos y 10 abstenciones, fue apartado de su cargo por “incapacidad moral” y por “golpista”.  Ese mismo Congreso definió como línea sucesoria a la vicepresidenta de Castillo, Dina Boluarte, quien asumió el cargo de presidenta.

Los días anteriores a estos hechos Pedro Castillo había buscado apoyo en la OEA, organismo que, se sabe, está al servicio del imperialismo norteamericano y que tiene una larga historia de intervención en la región, el ejemplo más reciente ha sido su rol desestabilizador en Bolivia. Este organismo planteó que, ante la situación de parálisis del gobierno y su enfrentamiento con la oposición burguesa, debían llegar a una tregua de 100 días para ordenar la situación política, es decir, permitir que hubiera una transición ordenada, ya que el gobierno de Castillo no tenía futuro. Y, de hecho, a los pocos días de que se retiraran los funcionarios de la OEA que habían ida a mediar, el presidente fue obligado a dejar su cargo.

Esta situación demuestra hasta dónde se había alejado Castillo de sus promesas electorales y cómo encontraba aliados en los restos del fujimorismo para que fueran parte de su gobierno, así como encaró un curso de mayor sumisión al imperialismo. Estaba completamente aislado, sin apoyo político de ningún sector, ni de las fuerzas armadas y menos de los sectores de la clase obrera y campesina que habían creído en su gobierno. Ese escenario de soledad se vio cuando, después de plantear la disolución del Congreso, pidió asilo político en la embajada de México, donde no pudo llegar porque fue arrestado y puesto en prisión por 7 días, hasta que definan su situación procesal.

En la noche del miércoles se produjeron algunas movilizaciones y otras más masivas al otro día, que fueron reprimidas. Éstas no fueron para apoyar a Castillo, sino más bien para defenderse del avance de las alas más reaccionarias de las fracciones burguesas y pequeñoburguesas que manejan el Congreso y responden en gran parte a la burguesía ligada a las mineras y al imperialismo.

Perú viene de una crisis política muy importante desde hace varios años, expresión de la crisis de los que se denominó el régimen “fujimorista”, instaurado por el Alberto Fujimori en el ’93. El bonapartismo pequeño burgués, característico de gran parte de las formas de dominación de las semicolonias, desarrolla regímenes inestables y esta inestabilidad se acelera aun más por la gran penetración imperialista, lo que descompone aún más las instituciones burguesas y el semi Estado.

Es muy importante tener en cuenta esta característica en su desarrollo histórico para entender la dinámica de clases en una semicolonia. La crisis histórica de una burguesía, que no puede ser independiente por su relación con el imperialismo y que, a la vez, debe lidiar con el proletariado y sectores de la pequeña burguesía democrática, le impide ya no solo realizar las tareas históricas de la burguesía, sino llevar adelante las tareas bonapartistas de supervivencia como clase amparadas en el semi Estado. El bonapartismo sui generis, que es la forma de dominación en las semicolonias, como una forma de poder estatal especial, en su descomposición, arrastra a las burguesías autóctonas o sub burguesías a una crisis política en su dominación y su relación con las masas.  

Cuando se desarrollen estas crisis, producto de diferencias en fracciones de clases enemigas y que utilizan las instituciones burguesas para dirimir sus conflictos de intereses, es central que los trabajadores actuemos de una forma independiente a estas manifestaciones de descomposición de los semi Estados.

Tenemos que intervenir con una política independiente para atacar las bases del régimen burgués, que está en la producción. El conflicto tiene que comenzar en las fábricas y después ir a las calles, debemos parar las grandes mineras y llamar a un paro general y así estaremos en condiciones de enfrentar y destruir el semi Estado peruano, que se asienta en la superexplotación de los recursos naturales y de nuestras vidas. Atacar a los grandes grupos mineros es atacar al imperialismo y, de esa forma, atacamos a sus agentes como son los legisladores del Congreso, la burocracia sindical y el empresariado local.

Debemos reunir nuestras fuerzas en la necesidad de formar una dirección revolucionaria organizada en partido. Nos solidarizamos con toda movilización que exprese el descontento a la situación actual, pero sin una dirección consciente a la cabeza esas movilizaciones terminarán, casi indefectiblemente, siendo cooptadas por el semi Estado y sus desvíos electorales o constituyentes, como ocurrió en Chile.

Los semi Estados en Latinoamérica no son Estados en formación, sino en descomposición, por eso el eterno llamado de las corrientes que se reivindican de izquierda, ante crisis políticas, a una Asamblea constituyente es una concesión a la pequeña burguesía democrática. No hace más generar confusión entre los trabajadores sobre cuáles son nuestras tareas, en la necesidad de que sea nuestra clase la que dirija a esos sectores de la pequeña burguesía.

Desde la TRCI somos conscientes de que no existe una salida “para Perú”, sino que el conjunto del proletariado latinoamericano debe unir sus fuerzas en la lucha para expulsar al imperialismo de la región y sus gobiernos títeres, por más que se disfracen de progres, e instaurar la Federación de Repúblicas Socialistas de América, en unidad con el proletariado de América del Norte.

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