El pasado viernes fue asesinado el joven mapuche militante de la CAM, Pablo Marchant, en momentos que se encontraba en acciones de sabotaje contra la Forestal Mininco, de CMPC.

En una confusa situación la fiscalía en un primer momento señaló que el cadáver era de Ernesto Llaitul, hijo del líder de la CAM, para después ser desmentido por el propio Llaitul. El joven habría muerto de disparos a corta distancia en el rostro y en la cabeza, efectuados por la policía. En el lugar también fue herido, encontrándose grave el trabajador Ceferino González.

La asociaciones empresariales y representantes de la derecha de la zona salieron a aplaudir el accionar de carabineros, así como a pedir mayor intensificación de la represión en la “macro zona”. En el mismo sentido se manifestó el alcalde de Carahue luego de su reunión con el encargado del gobierno.

Lo que ya es una política del Estado ahí, con militarización, aparataje de inteligencia y dotación policial, para resguardar la propiedad privada, quieren llevarlo a otro nivel.

Por su parte la Convención Constitucional se ha limitado a la impotencia de las declaraciones. No fue hace mucho que mediante un comunicado pidió por el “indulto de los presos políticos y la desmilitarización del wallmapu”. Ya en la CC se empieza a dar el juego de los bloques políticos donde los grupos empiezan a darle la impronta de institución ordenada del Estado burgués, lo que quedó graficado con las solicitudes de las mismas condiciones de funcionamiento de "sus pares" del congreso. Que militantes y organizaciones de la izquierda revolucionaria llamen a confiar, fortalecer y/o presionar a este organismo ad hoc del Estado, diluye la luchas como las de la libertad de los presos por luchar y la desmilitarización de la Araucanía.

Los sindicatos de trabajadores de las forestales deben establecer compromisos mutuos respecto a las comunidades mapuches para enfrentar a la patronales forestales. Deben pelar por la desmilitarización de la zona, exigir el retiro de las fuerzas policiales de los predios laborales, e impulsar la expulsión de las fuerzas represivas del Estado.

Debe quedar claro en la vanguardia que el enemigo es la burguesía y su Estado, y que es la clase obrera la que puede llevar a cabo esta tarea, impulsando el control obrero de la producción de las forestales, liderando la revolución agraria

Arranquemos a nuestros presos de sus cárceles

La convención no es el camino

Enfrentemos la trampa constituyente desarrollando la independencia de la clase obrera

Más de un año que está democracia para ricos mantiene a luchadores y activistas presos, con medidas de prisión preventiva, montajes, farsa judiciales, o la aplicación de la legislación reaccionaria avalada, sostenida e impulsada por todos los partidos del régimen. Desde las alas pinochetistas del oficialismo hasta la oposición pequeñoburguesa de "Apruebo Dignidad" que pese a las imposturas de mea culpa, cíclicamente condenan la violencia de los explotados y avalan por acción u omisión las leyes represivas de los explotadores.

Mientras la carrera presidencial discurre sobre el grado de dirigismo e intervención estatal en la economía semicolonial, se instala la convención constitucional que se urdió para contener y desviar los procesos de lucha surgidos el 18 de Octubre, haciendo bramar los cantos de sirena de una reforma al aparato estatal como una solución a los problemas emanados de las mismas bases capitalistas. La mantención de los presos políticos es parte de este esquema de defensa de la democracia burguesa mediante su aparato coercitivo.

La crisis económica mundial, el flagelo pandémico que arroja un tendal de muertos, la intervención abiertamente reaccionaria de los aparatos estatales sobre las relaciones sociales, que acontece en todas partes del planeta, evidencian que el capitalismo se encuentra en un proceso agudo de descomposición.

No existe posibilidad alguna en la actual etapa histórica de qué procesos jurídicos constituyentes del Estado burgués, sin importar si éstos son más o menos "democráticos", puedan significar un paso en la emancipación de los trabajadores y el pueblo.

Es preciso pelear por la organización e intervención independiente de las fuerzas de la clase trabajadora. Fortalecer su organización y sobre todo nuclear a sus elementos más honestos y decididos en una dirección revolucionaria internacional.

La política de "rodear" la convención o hacerle seguidismo mediante la política de exigencias, sólo nos desvía del gran desafío de impulsar la militancia obrera en los centros productivos para impulsar un programa revolucionario, al tiempo que sustenta su farsa.

La exigencia de la libertad presos debe dirigirse contra el conjunto del sistema carcelario y judicial, enfrentando y luchando por la disolución de las fuerzas represivas, que son parte del aparato estatal sostén de la dominación capitalista.

El activismo de los trabajadores y de la juventud puede dirigir una campaña al interior de las organizaciones obreras y en los centros de trabajo, en los hospitales en las fábricas en las minas, para se levanten las banderas por la justicia y castigo contra los represores de ayer y de hoy, y consigamos arrancar a nuestros presos de sus cárceles.

¡A sacar lecciones!

Luego de 22 días de huelga, logrando paralizar la producción, manteniendo firme el piquete en la puerta de la empresa, los trabajadores de Cosmoplas decidieron poner fin al proceso de lucha.

Consiguiendo algunos beneficios de colación, movilización y aumentos de sueldo base, lograron duplicar el bono de término de negociación que les ofrecieron al comienzo de la lucha. Si bien éste no compensa ni los días caídos ni llega al petitorio del sindicato, la empresa debió retroceder de su postura inicial, de intentar derrotar por desgaste a los trabajadores.

Cosmoplas pretendió humillar a los trabajadores tanto en la respuesta a su petitorio como en la intención de estirar los tiempos de negociación apostando a quebrar la lucha al día 15 de huelga. Sin embargo los trabajadores se mantuvieron firmes e incluso la decisión de levantar la misma pasó por una importante deliberación que tenía por fondo la posibilidad real de fortalecer el conflicto si este continuaba.

Adicionalmente la empresa había reestructurado oficinas dejando operativa la planta de Noviciado mientras Puerto Montt y Enea se mantenía paralizadas. Nucleó en esta instalación a los trabajadores no sindicalizados o allegados a la empresa, aumentando los ritmos de producción y las jornadas laborales. Sin embargo estas maniobras no pudieron anular la paralización aunque si la atenuaron.

Una de las dificultades de la negociación fue la de no mantener el petitorio inicial hasta el final flexibilizándolo unilateralmente dándole a la empresa  la posibilidad ,y con la contratación de un abogado externo , de bloquear con mentiras y maniobras los requerimientos de la directiva. También aquí se podría haber contado  con una comisión negociadora más amplia de delegados de asamblea que, acompañando a la directiva en la mesa, pudieran de conjunto transmitir a la empresa la firmeza de las bases y el respaldo hacia sus dirigentes.

También fue importante el hecho de que los trabajadores que resolvieron sobre la continuidad o no del conflicto eran los que verdaderamente lo estaban sosteniendo día a día, bajo el frio y la lluvia. Contrario a quienes querían darle un mayor papel mediante asambleas virtuales a los trabajadores que estaban en la casa esperando recibir los beneficios. Lo que sería una apuesta por la “masividad” y no por la paralización efectiva.

La difusión del conflicto en las calles y las estaciones de metro, así como en las redes sociales, fueron acciones importantes. Sin embargo, estaban destinadas a movilizar “la opinión pública” general. Dichos esfuerzos pudieran haberse concentrado en las puertas de las plantas y concentraciones obreras.

La lucha recibió una amplia solidaridad y en particular de otros sindicatos tanto del rubro como de otros sectores, y también llegaron a dar su apoyo varios sindicatos del parque industrial. Esto fue fundamental para mantener la moral de lucha y dar impulso al fondo de huelga. Para que esto pudiera mantenerse en el tiempo era necesario organizarlo. El nerviosismo burgués se dejó ver en la administración del Parque Industrial enviaba correos a las empresas del sector indicando que no debían prestarles apoyo (como darles pallet para hacer fuego). Lo que da claridad sobre la potencialidad de que la clase trabajadora comenzara a contagiarse y empaparse del conflicto.

Para poder continuar con la huelga era necesario poder contar con el apoyo de otros sindicatos y comenzar a realizar acciones de boicot a la sucursal que estaba trabajando. Al mismo tiempo el fortalecimiento del fondo de huelga era fundamental, para que ninguna huelga se abandone por la la angustia que genera no llegar a fin de mes.

El resultado general deja un sabor amargo, en el que no lograron sustancialmente todos los puntos del petitorio, pero por otra parte deja una gran experiencia de lucha y de organización que habrá que capitalizar.

Será fundamental mantener la organización sólida pensando las medidas de acción ante cada intento de represalia de la empresa, entendiendo que no sólo se lucha en el periodo de negociación legal, diseñada por lo demás para mantener el poder burgués y maniatar a la clase obrera, como quedó demostrado en las fiscalizaciones realizadas por la inspección del trabajo favoreciendo el reemplazo de los huelguistas por la empresa. En el mismo sentido conciliador se dirigieron las propuestas de los dirigentes de la CUT que se acercaron a la huelga, tratando de llevar la lucha a la presión y la súplica a la dirección del trabajo para que el Estado burgués oficie como mediador, es decir, como juez y parte.

Será un paso importante organizar a los trabajadores, en particular a los del área de logística de Enea, para estar mejor preparados y bregar por un contrato colectivo único, enfrentando las maniobras capitalistas.

Los trabajadores de Cosmoplas pueden jugar un rol en las luchas que se den en el sector para fortalecerlas con la experiencia y las lecciones de su lucha.

Los trabajadores del Sindicato Cosmoplas llevan más de 20 días en huelga. La patronal se ha mostrado intransigente ante el petitorio de los trabajadores. Se niega a entregar beneficios básicos así como quiere imponer un contrato colectivo de 3 años, otorgar un bono de término miserable y se niega a pagar los días caídos.

Esta lucha ha contado con la solidaridad de varios sindicatos, trabajadores y otras organizaciones políticas y sociales.

La huelga ha logrado paralizar las actividades de la empresa tanto en Santiago como en la sede de Puerto Mont. Esto ha sido fundamental para golpear a la patronal. También las patronales del parque industrial se encuentran inquietas ante la actividad de lucha desplegada por los huelguistas. Pese a las pérdidas, la gerencia apuesta al desgaste de la lucha por ello es vital más que nunca fortalecerla.

Se vuelve fundamental organizar la solidaridad obrera que se ha manifestado hasta ahora.

Para esto un paso importante en la lucha puede ser la convocatoria a un encuentro de trabajadores y organizaciones sindicales del Parque Industrial Enea, y de otros lugares de trabajo como los trabajadores y sindicatos ligados a los negocios de esta patronal, como los trabajadores de Easy, Sodimac, Construmarc, Lider, etc. En dicho encuentro se puede discutir fortalecer el fondo de huelga, y votar un plan de lucha conjunto para doblarle la mano a la patronal.

Se puede comenzar convocando a los trabajadores en la puerta de las empresas del parque industrial, difundiendo la lucha, impulsando el fondo de huelga y sumando convocatorias a un encuentro obrero.

Redoblemos nuestros esfuerzos por el triunfo de los trabajadores de COSMOPLAS

El debilitado gobierno de Piñera en su calidad de comité administrativo de los negocios de los capitalistas, trata de llevar esta tarea fundamental sobre la base de una aguda crisis social y política.

Y es así que una y otra vez se desviven por intentar festinar una pandemia superada por el avance del plan de vacunación, pretendiendo acelerar la reincorporación de mano de obra barata a las actividades productivas para satisfacer la sed de ganancias sinfín de la clase dominante parasitaria.

El Colmed de la mesocracia

El regreso de las cuarentenas generales ha sido dictado más que por la voluntad del gobierno por la situación de colapso en la cual se encuentra todo el sistema sanitario. Un colapso cuidadosamente oculto en los números presentados a diario por el gobierno pero difícilmente eludibles por la población en general y por los trabajadores de la salud en particular qué ven que un puñado de camas disponibles significa decidir a diario quién vive y quién muere entre la población trabajadora y empobrecida. Ni hablar del agotamiento físico y mental de los trabajadores de la salud sobrexigidos por la falta de personal y de las condiciones mínimas sanitarias del sistema de salud en decadencia.

Desde el colegio médico, luego de que quedara en evidencia que el fantoche del comité de expertos no era más que una reunión de Piñera y sus ministros, presentaron un nuevo plan llamando a una "nueva gobernanza", cuya base es la de provocar un "cortocircuito" (suspensión de todas las actividades no esenciales por 3 semanas), y a partir de allí volver al mismo plan del gobierno con algunas modificaciones, burbujas territoriales, cuarentenas regionales, mayor apertura de algunas actividades, etc. La orientación de este plan al igual que la del gobierno pretende que con medidas de aislamiento y represión estatal, vaya orientado a salvaguardar la actividad de la economía capitalista, pretendiendo que de esta forma se descomprima la situación hospitalaria, que se haya con niveles permanentes por encima del 95% de ocupación. Esta es la tecnocracia del ColMed qué, solicitando ser integrados de forma efectiva a las decisiones de gobierno (gobernanza), se enfoca no en la superación de la miserabilidad del sistema sanitario, sino en la noción pequeñoburguesa de que en el capitalismo se puede conseguir un sano equilibrio entre salud y economía (una insalvable contradicción de la reproducción de un sistema anárquico y en putrefacción). Así lo manifiesta entre otras cosas el que su plan se afirma en qué inmediatamente luego de este "cortocircuito" debieran retomarse las actividades presenciales en la educación básica y preescolar. Una forma de reafirmar, lavándose la cara, el apoyo activo a la frustrada vuelta presencial a los colegios, apoyo en el que quedó entrampada la burocracia sindical del colegio de profesores.

Una carrera presidencial distorsionada

Los resultados de la segunda vuelta a gobernadores, en particular la disputa en la región metropolitana, evidenciaron (al margen de la gravitación de los sectores acomodados en las mismas) que las expresiones políticas superestructurales pueden reflejar movimientos políticos de distintos sectores y estratos sociales, en particular de la pequeñoburguesía, pero de forma distorsionada. De esta forma el acto pasivo de expresión mediante el voto en las elecciones burguesas se manifiesta, al menos coyunturalmente, de forma más conservadora en cuánto a las labores ejecutivas que en sus expresiones parlamentarias, cómo fue en la constituyente. Perder de vista este carácter distorsionado y darle un valor absoluto a las tendencias que se manifiestan en la superestructura política no permite ver el movimiento real, material, de las distintas fuerzas sociales qué expresan de una u otra forma el laberíntico desarrollo de la lucha de clases.

Sobre esta base se desarrolla el debate programático presidencial, de cara a las primarias, donde despunta como eje de discusión el avance de la candidatura de Jadue (del PC), con un programa aggiornado y edulcorado por los viejos personajes díscolos de la concerta, cuyo eje es el intervencionismo estatal.

La mayor presencia del Estado vía una futura candidatura presidencial, o por medio de cambios constitucionales, pone en alerta a la burguesía rentística parasitaria, esa sub-burguesía que parasita tanto al capital imperialista como al aparato de Estado allí donde puede, bregando por mantener sus regalías en todos los órdenes de la vida pública, salud, educación, aguas, concesiones, subcontratación, etc, etc.

Esta demonización el avance de la propiedad estatal en algunas actividades, tiene como contrapartida los sectores de una pequeña burguesía en crisis, que intenta desarrollarse ora por medio de afianzarse en cargos y puestos estatales cómo en actividades productivas diversas para desde allí disputar un regateo a la explotación imperialista mediante mayores impuestos y la conquista de nuevos nichos de negocios. "Sean cuales sean los programas de los gobiernos, el estatismo consiste inevitablemente en hacer pesar sobre los más débiles las cargas del sistema podrido" [La revolución traicionada, León Trotsky]. Bien lo saben los capitalistas los que ante cada aumento impositivo o de salarios, bregarán por retornarse su alícuota de la explotación ora por aumentos de la desocupación, ora por aumentos inflacionarios. El triste papel en esta comedia lo jugarán aquellos sectores que desde la izquierda revolucionaria se disponen hacer seguidismo al apoyar estos proyectos estatistas burgueses.

Parlamentando

Como telón de fondo tenemos a la convención constitucional, que se desarrollará como una telenovela de la democracia pequeñoburguesa semicolonial, donde se expondrán los dramas sociales, sin que la evolución de sus caracteres pueda darle una solución estructural.

El ala radical de la convención nucleada en la llamada "vocería de los pueblos" ha levantado una serie de puntos como condición para el inicio de las sesiones. Entre los más importantes expresan la libertad de los presos políticos, fin a la impunidad de los crímenes de la dictadura, la desmilitarización de la Araucanía, el cuestionamiento al régimen de dos tercios o la limitación a no tocar los tratados internacionales. De esta forma convocan, con la fuerza de sus "asambleas virtuales", a la movilización para presionar a la convención a que tome el papel del "soberano" pretendiendo transformar la convención constitucional en una asamblea constituyente.

Para la constituyente María Rivera (MIT-LITCI) –integrante de la vocería- el llamado a luchar por la soberanía de la convención, se trata de que tome el poder efectivo, nacionalizando recursos, destituyendo al congreso y al presidente, expropiando a las 10 familias más ricas, etc. El MIT se deshace en argumentaciones jurídicas para explicar el rol de la constituyente para elaborar una “Ley Suprema” que no puede estar sujeta a ninguna otra ley o institución, para lo cual se le exige que asuma el poder. De esta forma al no ver que “la ley” no es el reflejo de una pretendida voluntad general, sino la cristalización de las relaciones materiales de producción, que en el capitalismo no se expresan de otra forma que en la dominación de clases sostenida por el aparato burocrático-militar estatal, reproducen la ilusión del poder burgués al embellecer la cobertura democrática de la dictadura del capital. Por otro lado, si de lo que se trata, es de querer cambiar el carácter de clase a un organismo transitorio de la democracia burguesa semicolonial, como la convención, en una pretendida disputa de poder (¿o doble poder?), sus esfuerzos no estarán dirigidos a fortalecer la organización y la conciencia de la clase obrera para su intervención independiente y revolucionaria, sino a intentar llevarla a la rastra de las disputas o contubernios superestructurales para una reforma al Estado…burgués. De este modo se presenta en general el centrismo con fórmulas de corte estatistas: expropiar a la burguesía, no para liberar a las fuerzas productivas del parasitismo de la propiedad privada capitalista y el corset del Estado, sino para redistribuir la renta nacional; o “controlar”(!) a las FFAA y carabineros por “organizaciones populares” y no luchar por su disolución preparando la insurrección consciente, etc.

Luchemos por una salida obrera a la crisis

La clase trabajadora viene dando importantes luchas como los trabajadores de los hospitales y los centros de salud ante el colapso de los sistemas sanitarios. También se suceden las negociaciones colectivas en la minería que ha llevado a distintas acciones, de huelga o medidas de presión, ante la intransigencia de las multimillonarias patronales estatales (Codelco) o imperialistas (BHP). También luchas como la huelga del sindicato Cosmoplas, pueden utilizar la solidaridad manifestada por trabajadores y organizaciones sindicales para ser puntos referencia para la organización obrera tomando acciones conjuntas para su triunfo.

Es vital que los trabajadores y la juventud desplieguen las energías necesarias para fortalecer y unificar a la clase obrera impulsando la lucha por levantar un Congreso de delegados de base que discuta un programa de salida a la crisis. Es prioritario pelear por imponer el control obrero sobre ramas productivas ya que los trabajadores deben controlarlo todo. Parte de esta lucha se inscribe la necesidad de arrancar a los presos políticos de las cárceles y hacer justicia por los asesinatos, mutilaciones, torturas y todo tipo de vejaciones cometidas por el Estado y sus agentes, ayer y hoy. Enfrentar la trampa constituyente y sus ilusiones pequeñoburguesas de reformas liberales son parte de este desafío de luchar por la independencia política efectiva de nuestra clase en el camino de la conquista de un gobierno obrero.

Aproximamo-nos dos 500 mil mortos pela covid-19 no Brasil, número alavancado neste ano pela disseminação das novas cepas do vírus, pelo colapso dos sistemas de saúde e pelo aprofundamento da crise econômica aliados às políticas catastróficas de controle sanitário dos governos federal, estaduais e municipais. Diante da previsão de especialistas da chegada de uma terceira onda da pandemia, a vacinação segue a passos lentos com pausas por falta de estoque, e a sensação para os trabalhadores é a de que o Brasil nunca saiu da primeira onda. Até o final de abril, o Brasil concentrava 12,6% das mortes por covid-19 e 9,7% dos infectados no mundo, tendo apenas 2,7% da população mundial. 

O desemprego atinge 14 milhões de trabalhadores, além de 6 milhões de desalentados e 7 milhões de subocupados, somando 27 milhões de pessoas sem renda ou com renda parcial. O CadÚnico, cadastro do governo para acesso a algum tipo de auxílio, registra 14,5 milhões de famílias vivendo em extrema pobreza, isto é, famílias cuja renda per capita é inferior a R$89 mensais (menos do que o valor de um botijão de gás). Esse número, com certeza, é bem maior pois não considera os que estão à margem do sistema CadÚnico. Segundo o Dieese, entre o primeiro trimestre de 2020 e o de 2021, os desligamentos por mortes entre trabalhadores CLT cresceram 71,6% ultrapassando 20 mil mortes só em 2021. 

Como já denunciamos desde o início da pandemia, a intervenção do estado burguês na produção e circulação de mercadorias sob a política do isolamento social e, ainda mais na sua versão semicolonial, não serviu para salvar a vida dos trabalhadores, mas foi aplicada para salvar o capital diante da possibilidade de um grande colapso social e econômico. Entre a incapacidade de intervenção do estado semicolonial brasileiro na economia e a política negacionista do governo Bolsonaro, o Brasil obteve um dos piores desempenhos mundiais de resposta à pandemia, não sendo capaz de evitar nem o aumento massivo de contaminação e mortes e nem o aprofundamento da crise econômica. Mundialmente, o Brasil tem o maior número de mortes proporcionais do que 89,3% dos países analisados pela OMS e a maior queda no “nível de ocupação” (empregos) do que 84,1% dos países analisados pela OIT. O Brasil é o exemplo de que no capitalismo - ainda mais semicolonial - a dicotomia "economia x vidas” propagada pelos estados em resposta à pandemia é falsa. Nossas vidas continuam a ser consumidas, seja pelo vírus ou pela fome, para que a burguesia mantenha seus lucros.

O desenvolvimento da pandemia e o aprofundamento das crises econômica e social também intensificam a crise política. O acirramento das disputas entre as frações da burguesia se expressa na condução da pandemia e disponibilização de insumos e vacinas entre governadores dos estados e o governo federal, nas intervenções do STF nas ações do governo e mais recentemente, na CPI sobre a pandemia conduzida pelo Senado para apurar a responsabilidade do governo federal na catástrofe sanitária vivida no país.  A CPI tem conseguido desgastar o governo Bolsonaro expondo as omissões e atuações negligentes em relação à condução da pandemia e à aquisição de vacinas, fortalecendo a tese de que o governo é responsável direto pela morte de quase meio milhão de pessoas. Contudo, o que se encena ali está longe de mudar a situação dos trabalhadores e população pobre do país. É uma medida da correlação de forças entre os representantes da burguesia para o cenário eleitoral do próximo ano.

Fica cada vez mais claro que a mudança na orientação do imperialismo com a posse de Biden debilitou o governo Bolsonaro, que tinha em Trump um alinhamento político. Mas, o imperialismo “não luta por princípios políticos, mas por mercados, colônias, matérias-primas, pela hegemonia sobre o mundo e sobre suas riquezas”. Dessa forma, o desgaste de Bolsonaro só aumenta. O ministro do meio ambiente, Ricardo Salles, um dos principais alicerces do governo pela sua influência no agronegócio, foi alvo de uma operação de busca e apreensão da Polícia Federal que investiga o tráfico ilegal de madeira para os EUA. A investigação foi iniciada pelo Sistema de Pesca e Vida Selvagem (FWS) no estado norte americano da Geórgia e informado à Polícia Federal pela Embaixada estadunidense.

As Forças Armadas, outro pilar do governo Bolsonaro, também demonstram um certo desgaste nessa relação com o governo, que por sua vez, aprofunda sua crise interna. Além de Bolsonaro, em suas declarações públicas, continuar utilizando as Forças Armadas como defensora de seus interesses políticos, o aprofundamento da crise pandêmica colocou em xeque a administração do Ministério da Saúde, nas mãos do general Eduardo Pazuello entre maio de 2020 até março de 2021, período que abarcou o colapso do sistema de saúde em Manaus, a recusa do governo em comprar vacinas e a política do “tratamento precoce”, todos investigados pela CPI. Pazuello, um dia após depor na CPI, participou de um ato no Rio de Janeiro ao lado de Bolsonaro, ambos sem máscaras e promovendo aglomeração. Sendo um militar da ativa, Pazuello foi notificado sobre a abertura de um procedimento disciplinar pelo comandante do Exército, que analisa a possibilidade de passá-lo à reserva. 

Esse desgaste do governo Bolsonaro também aumenta a pressão por parte da burguesia na concretização da “agenda positiva” do governo, ou seja, de reformas que ampliem a credibilidade do governo, principalmente da agenda econômica de Guedes, no mercado. Enquanto o Senado se ocupa da CPI, a Câmara Federal se ocupa da aprovação da Reforma Administrativa, já aprovada essa semana na Comissão de Constituição e Justiça. A reforma é um brutal ataque aos serviços e servidores públicos, deixando de fora juízes, parlamentares, militares e servidores do Ministério Público, e prevê, dentre outras coisas, o fim da estabilidade para os novos servidores e extinção das promoções e benefícios, ou seja, da própria carreira. Outra reforma que está sendo discutida é a reforma tributária, que visa “modernizar” o sistema tributário, ou seja, aumentar a carga tributária para os trabalhadores via consumo e aliviar a mesma carga para os empresários. Para a sua aprovação, Guedes e os presidentes da Câmara e do Senado, Lira e Pacheco, decidiram por “fatiar” a reforma, dividindo a tarefa entre as duas casas, pois já aprenderam que uma reforma tributária é capaz de incendiar um país, mesmo em plena pandemia.

As direções políticas e sindicais, há mais de um ano em “lockdown”, enquanto a classe operária está sofrendo os efeitos das crises sanitária e econômica, vislumbra na atual conjuntura a possibilidade de superar o governo Bolsonaro com uma grande política de conciliação encabeçada pela candidatura de Lula para presidente em 2022. Assim, o “Fora Bolsonaro” que durante todo o ano passado foi uma “hashtag”, agora passa a ser a mola propulsora da campanha de Lula. Para essas direções, em sua maioria composta pelo PT, o impeachment já não é uma boa estratégia, pois a catástrofe do governo Bolsonaro só aumenta as intenções de voto em Lula nas pesquisas. Assim, após mais de um ano, tomar as ruas passa a ser uma ação defendida, apesar da pandemia. O presidente do PSOL, Juliano Medeiros e Guilherme Boulos, candidato à prefeitura de SP em 2020, saem à mídia para dizer que “é hora de ir pra rua”, deixando confusos seus militantes que até ontem chamavam de “negacionistas” as organizações, como a nossa, que defendem desde o início da pandemia, a necessidade da luta nas ruas, a abertura dos sindicatos e a realização de assembleias presenciais. 

O dia 29 de maio, chamado como um dia de mobilizações e luta contra o governo Bolsonaro, se dá nesse contexto. Sem paralisação dos postos de trabalho e nem assembleias de base, a intenção é pressionar por uma saída eleitoral, com Lula como candidato de frente ampla contra Bolsonaro. Tão ampla que cabe, inclusive, setores da burguesia, os quais Lula serviu muito bem por muitos anos. Não podemos permitir que os nossos mortos, nossos desempregados, nossos famintos sejam utilizados de palanque eleitoral para 2022. 

A superação da crise econômica, do desemprego e da crise sanitária que assola o país não virá pelo estado burguês, nem agora, nem em 2022, seja qual for o governo de plantão, pois o Estado é o instrumento de dominação da burguesia sobre os trabalhadores. Às políticas estatais de controle da pandemia, de reformas que ampliam os ataques aos trabalhadores, de repressão à juventude negra e periférica, devemos contrapor a nossa resistência de classe. É urgente que retomemos a unidade de luta nas ruas, impondo com os nossos métodos, a defesa das nossas vidas. 

Precisamos construir em cada sindicato, através de assembleias de base, a resistência ao genocídio em curso e impulsionar as centrais para a convocação de uma greve geral, nos organizando para a construção um plano de lutas independente que responda ao desemprego massivo e à crise sanitária. Devemos impor a escala móvel de horas e salários, o controle operário da produção dos setores essenciais, especialmente das vacinas, bem como a sua distribuição. É necessário impor uma saída operária à crise, desenvolvendo as tarefas transitórias de um programa revolucionário. Saída que não se limita às fronteiras nacionais, mas que exige unidade e fortalecimento dos processos de luta em curso na América Latina.

El pasado 15 y 16 de mayo se realizaron las elecciones a constituyentes, gobernadores, alcaldes y concejales comunales. A diferencia del plebiscito del 25 de Octubre del 2020, donde ganó la opción de realizar una Convención Constitucional 100% electa, la participación fue más baja[1] (además de un 7,74% de votos nulos y blancos a la convención) asemejándose a las anteriores elecciones municipales. Los medios de comunicación burgueses y la militancia populista y reformista en redes sociales llamaban insistentemente a votar, unos ante lo que consideraban una potencial falta de legitimación del acto "constituyente" como cierre y desvío del proceso abierto del 18-O, otros ante la posibilidad de que una baja participación le diera al bloque de la derecha oficialista una "sobrerrepresentación" llegando al ⅓ necesario para obtener el poder de veto.

Para sorpresa de la propia coalición oficialista, que iba en un bloque único junto a la ultraderecha de “Republicanos”, consiguieron un total de 37 constituyentes dejándolos muy por debajo del tercio de los 155 escaños[2]. También la vieja y disminuida Concertación obtuvo sólo 25 constituyentes (15 del PS) siendo superado por la coalición “Apruebo Dignidad” del PC y el FA con 28. Esta última coalición, en particular el FA, que en la víspera se encontraba cruzado por su desorientación característica y crisis interna, fue sorpresa también en los resultados municipales y de gobernadores. Así, alcaldías como Santiago fue obtenida por el PC, además de quedar en manos del FA comunas de importancia como Ñuñoa, Maipú, Valparaíso o Viña del Mar.

La gran novedad fue la elección de 48 (mal llamados) “independientes” entre los que destaca la Lista del Pueblo eligiendo a 27 constituyentes, que conformados como lista se beneficiaron por el sistema D’Hondt, cuyo programa no pasa de ser un conjunto de lugares comunes como la denuncia general al "neoliberalismo" en la búsqueda de un "equilibrio" entre un "Estado de derechos" que pretende limitar al "mercado". Reúnen en su interior a distintos referentes de organizaciones y activistas sociales, autodenominados ciudadanos o populares. Su composición refleja en buena medida el carácter heterogéneo de los distintos sectores que salieron el 18 de octubre en adelante y que en su mayoría representan a las capas bajas de la pequeña burguesía.

También dentro de los escaños reservados a los pueblos originarios ingresaron referentes de la causa mapuche como Francisca Linconao Natividad Llanquilleo.

Los resultados de estas elecciones profundizan la crisis del régimen bipartidista o duopolio de la "transición democrática". Algo que puede constatarse en la crisis casi terminal del otrora partido bisagra, la DC, qué aceleró su proceso de descomposición.

Tanto el alto grado de abstención como los resultados de estas elecciones son el fiel reflejo por un lado de la crisis en la cual se encuentran los semi Estados por la profundidad del proceso de descomposición del capitalismo imperialista, así como los realineamientos de las distintas fracciones de clase. Algo que puede verse de forma patente en la situación que atraviesa actualmente Colombia donde la lucha de la clase trabajadora y el pueblo enfrenta el mismo proceso de descomposición y crisis de gobiernos bonapartistas qué, recostados en el capital imperialista, imponen la dominación mediante el aparato policiaco-militar.

Esta crisis, que a la vez manifiesta la separación abrupta de las masas con ese aparato estatal, ante la profunda debilidad del gobierno de Piñera, lleva a distintos sectores a plantear salidas por la vía de desarrollar las contradicciones entre el congreso y la convención. Al punto tal de plantear supuestas "disputas de poder" entre un "poder constituido" y un "poder constituyente" o, en sus versiones más audaces, la existencia de un doble poder al interior del aparato de Estado.

Las "variopintas" tendencias al interior de la convención, así cómo el bloque PC-FA, plantean que es el momento de desarrollar una democracia popular, ciudadana o participativa. Pretenderán utilizar las posiciones conquistadas en municipios para practicar fórmulas de participación popular en la democracia para ricos.

De conjunto se fortalecen las tendencias políticas estatistas, sin que se gesten aún programas de nacionalizaciones burguesas, pese al alarmismo inicial con que reacciona la bolsa de comercio o las calificadoras de riesgo norteamericanas. También fenómenos políticos transitorios similares al Podemos español o al desaparecido Syriza griego, hoy ambos desaparecidos o en decadencia.

La izquierda trotskista (como el MIT-LITCI y el PTR-FT), intervinieron de conjunto con un programa de corte democrático y con el norte de impulsar una "verdadera" asamblea constituyente. En el caso del MIT, participando en la lista del pueblo, consiguieron colocar a María Rivera como constituyente quién planteó como objetivo de intervención, la libertad a los presos, "romper el pacto por la paz" y las limitaciones de la convención tales como el requisito de los ⅔ y el no cuestionamiento a los tratados internacionales. Al igual que otros sectores de la izquierda revolucionaria pretenden convertir la CC en una AC, e incluso algunos expresan que los "independientes" desarrollen la independencia de clase (?!) al interior de la convención.

De seguro las disputas internas de la convención llevarán más de una vez a plantear los límites de la discusión toda vez que lo que está en juego para la burguesía es una reforma al aparato de Estado. Del mismo modo la inevitable polarización política llevará a las tensiones propias de un año electoral en el que se define el sucesor de Piñera así como el nuevo parlamento.

Lo que sustenta al poder de la burguesía y a su aparato de estado, no es la mecánica electoral o la reconfiguración de las instituciones. Es el control que ejerce sobre los medios de producción, que manteniendo y profundizando la explotación de los trabajadores en medio de la crisis y la pandemia, expropia la riqueza creada por la clase trabajadora.

Los cantos de sirena de un "momento refundacional" o de un nuevo ciclo de la democracia, se verán acicateados por los avatares de la lucha de clases cuya forma es nacional pero su contenido es internacional.

Se vuelve más necesario que nunca la intervención independiente de la clase trabajadora, el fortalecimiento y recuperación de los sindicatos para luchar por una salida obrera a la crisis, enfrentando al conjunto del aparato de Estado burgués, luchando por expropiar a los expropiadores.

Hay que impulsar un congreso obrero de delegados de base que levante un programa para luchar contra el capitalismo y hacerlo temblar desde sus cimientos. Sólo la lucha por la conquista del poder de la clase trabajadora abrirá perspectivas superadoras de un sistema en descomposición.

[1] 43,35% Participación Nacional, destacándose en baja participación comunas de importancia como Santiago con 35%, o en poblaciones pobres como la Pintana con 36%, así como en regiones con un 36 % en la Araucanía o en la capital de Antofagasta. Destacándose por otro lado una alta participación en las comunas donde reside la burguesía y la alta pequeño burguesía, sin que en su condición de minoría afecte el resultado de conjunto.

[2] Cabe mencionar que el mecanismo de paridad de género favoreció a 12 hombres por sobre candidatas con mayor votación.

Full support to the Palestinian struggle

The Zionist bombardments of the Gaza Strip launched by Netanyahu and the IDF (Israeli Defense Forces) on Tuesday May 11^th and Wednesday May 12^th are the most recent acts of an escalation in the Zionist offensive to definitively strip the Palestinians of their right to national self-determination. For imperialism and Israel, the surprise was the capacity of Hamas to respond to the provocations with attacks on Jerusalem and Tel Aviv, something that had not happened for years. The launching of rockets whose offensive capacity is tiny compared to the firepower of the Israeli air force, far from what the Zionist propaganda portrays, is simply a response to the new colonialist offensive of Zionism.

Immediate causes

The elements of the conjuncture that ignited the clashes are related to a series of provocations mounted by the Israeli entity and by Zionist ultra-right movements. On Monday 5/10, the Israeli Supreme Court was to rule on a lawsuit to evict Palestinian inhabitants of the neighborhoods of Sheikh Jarrah and Silwan, in East Jerusalem. In the end, the court did not issue its decision on that day, but that fact evoked the metaphor of the dispossession of a people from its territory, surprisingly inciting celebratory mobilizations, since every May 10 Zionism "celebrates" its occupation of East Jerusalem in the so-called 6-day war of 1967. This year, the mobilization was organized by the ultra-right and was intended to intimidate not only the Palestinian neighborhoods of the city, but also to outrage Muslim religious temples. The Zionist security forces, for their part, exerted pressure on the Palestinian population by restricting the possibility of gathering around the temples, especially the Al-Aqsa Mosque, on the grounds of anti-COVID health measures. Of course, while declaiming that the Israeli population has already reached herd immunity thanks to the mass vaccination supported by the Zionists and imperialism, we can ask ourselves... how many Palestinians have been vaccinated? Yet another metaphor of this rotten system. However, the provocations didn’t remain unanswered: the Palestinians confronted the security forces in the old city of Jerusalem, the ultra-right march had to be diverted by the authorities, and in the face of the repression of the Palestinian demonstrations, the armed groups Hamas and Islamic Jihad began the rocket attack on Jerusalem, which continued the following day on the economic capital, the "invulnerable" Tel Aviv, putting the Israeli "iron dome" anti-projectile shield to test.

After the rockets were launched, the IDF advanced and intensified its bombardment of the Gaza Strip, with clashes also occurring in the West Bank (western bank of the Jordan River) and, another new development, clashes within Israel itself in cities with large Arab populations such as Lod. Over time, demonstrations in support of the Palestinians have spread to other cities in the Arab world, such as Amman (Jordan) and Beirut (Lebanon), and even to London, Chicago and other European and US cities. At the time of writing, Israeli bombardments and the launching of rockets from the Palestinian side continue, with a toll of at least 65 Palestinians, among them 14 children, and 7 Israelis dead (El País, 5/12) and hundreds of wounded.

To complete the picture, it’s also necessary to take into account the political crises affecting both Israel and the PA. Israel is coming from 4 failed elections, which have so far failed to establish a government majority within its parliamentary system, although they have registered a shift to the right and extreme right of the possible coalitions, pressuring the government to a hard line, more and more prone to complete the ethnic cleansing. Meanwhile, Abbas of the Fatah movement, the current "virtual" president of a PA without territorial control, decided to postpone the PA elections, triggering a crisis with Hamas, which controls the Gaza Strip and is estimated to be in a position to win those elections.

War in Palestinian territory

It’s necessary to remember that before the Zionist occupation, which began before the creation of Israel, the territory where the Zionist enclave and the semi-occupied Palestinian territories are located today, was the historic Palestine. After the partition, as it was literally called by the UN, Israel not only evicted the Palestinian inhabitants that populated its "half", but has been engaged in annexing the rest of the territory. In the 1967 war, it invaded East Jerusalem, the Gaza Strip and the West Bank, along with the Golan Heights (Syria) and the Sinai (Egypt). After various peace agreements, from Camp David to Oslo, the project of US imperialism was to try to negotiate a status quo by creating a phantom Palestinian Authority (PA) to govern, under Israeli tutelage, what would be a future Palestinian state in the first 3 territories. It should be noted that the Gaza Strip, on the one hand, and the West Bank and East Jerusalem, on the other, have no territorial continuity whatsoever: the Israeli territory separates them. This fraud of a plan, which later acquired the name of road map, was not even carried out, with the hard wing of Zionism advancing the colonization of the West Bank and East Jerusalem through the movement of settlers and the establishment of checkpoints. Today, 220,000 Zionist settlers have taken up residence in the "Palestinian part" of Jerusalem, claiming the right to "return" to pre-partition lands, a right they deny to Palestinians not only from the semi-occupied territories, but from refugee camps in Arab countries and those who emigrated to the rest of the world.

Under Donald Trump’s administration, Netanyahu and Israel achieved a major breakthrough which was the recognition of Jerusalem as the indivisible capital, with the US establishing its embassy in the city. This changed the status and showed an even more open turn of imperialism in favor of Zionism and blocked any attempt to negotiate any kind of peace agreement. This line was followed by several Arab countries, such as Morocco and several states of the Persian Gulf, and also had an important support in the dictatorship of General Al-Sisi in Egypt, which sealed the western border to the Gaza Strip, the only Palestinian territory where the Israeli security forces have no control, although it’s actually an open-air prison besieged by Zionist planes, which today unload their bombs on the population.

Today, there’s a great mystery regarding Joe Biden's plan for the region. While discursively he has shown himself to be tending to a greater balance in an attempt to resume negotiations, the current conflict is a litmus test of his ability to discipline the extreme Zionist wing and at the same time try to liquidate through negotiations the Palestinian national liberation aspirations under the permanent imperialist tutelage of the PA or any other artifact that serves those ends. The breakdown of the post-war institutions, which in fact created Israel (UN), is the structural problem it faces in providing any way out for the problem.

For the defeat of Israel

The proletariat of the whole world and its vanguard must be clear that this is not a confrontation "of centuries" (Zionism began to colonize Palestine at the beginning of the 20th century and Israel was created in 1948) between two peoples but a struggle between an oppressed nation and the establishment of an imperialist enclave in the heart of the Middle East to control its strategic interests and oil. Zionism is a reactionary ideology and movement, which postulated a reactionary way out for the Jewish people, persecuted for centuries, based on the colonization of a territory inhabited by another people and to defend the interests of imperialism. For this reason, we say that Israel is not even a bourgeois state properly speaking, but an imperialist spawn created at the moment of its greatest decomposition. The revolutionaries and the vanguard of the working class must intervene in this conflict on the side of the Palestinians, with actions that affect imperialism and its military machine in production, such as the stoppage in the imperialist industries and the blockade of the transports destined to or coming from Israel. We must support all the mobilizations for the end of the Israeli bombings, for the end of the blockade of Gaza and for the withdrawal of the checkpoints and colonies from Jerusalem and the West Bank. The workers of the countries of the region, first of all their central battalions of the oil branch, hold the key to advance in the expulsion of imperialism from Syria, Iraq, Libya and, of course, Palestine, fighting against the Arab bourgeois governments that are accomplices and partners of imperialism. They have a great ally in, and must seek the support of, the workers movement of Europe and the US, who suffer the attacks of imperialism to unload its crisis and the costs of the pandemic.

For the destruction of the State of Israel!

For a Federation of Socialist Republics of the Middle East and the Maghreb!

(first published in Spanish on May 13^th)

Na semana passada, no dia 06 de maio, uma operação realizada pela Polícia Civil, com 200 policiais, na favela do Jacarezinho, deixou 28 vítimas, assassinadas pela polícia. A operação, ainda que proibida pelo STF durante a pandemia, transformou a favela em um verdadeiro cenário de caça: casas foram invadidas, celulares aprendidos, pessoas torturadas, helicóptero sobrevoando e tiros, inclusive na estação de trem em pleno horário de ida ao trabalho. Segundo a polícia, a operação estava “planejada” há 10 meses e tinha como objetivo cumprir 21 mandados de prisão, resultantes de uma investigação sobre “aliciamento de menores” ao tráfico. O alvo da operação era o Comando Vermelho, facção que domina o território, disputado pelas milícias.

A presença da polícia ou das Forças Armadas nas favelas do Rio de Janeiro é constante e vem de longa data, inclusive pelas políticas de “pacificação” pelas UPP’s de Sérgio Cabral (PMDB) e de incursão das Forças Armadas no governo Dilma por diversos momentos, em especial, para garantir a realização da Copa do Mundo sem grandes “problemas”. Hoje, o domínio de maior parte das favelas do RJ está nas mãos das milícias, que atuam sob a proteção dos governos estadual e federal. Não é coincidência que o presidente Bolsonaro tenha se reunido com o atual governador, Claudio Castro (PSC), um dia antes da operação que resultou na maior chacina da história do RJ.

A violência policial, longe de ser expressão de manifestações isoladas, é parte do modus operandi das forças de segurança do estado semicolonial brasileiro. O papel da polícia e das Forças Armadas é fundamental nos bonapartismos sui generis, forma especial de poder estatal presente nas semicolônias, no controle social da classe trabalhadora e na manutenção da exploração mais perversa pela burguesia. Lembremos da “Minustah” que serviu para a formação das Forças Armadas brasileiras para atuação de guerra nas favelas cariocas e cujos militares da linha de frente na ocupação foram convidados a ocupar ministérios no governo Bolsonaro e os exemplos recentes na Colômbia, Chile, Equador, entre tantos outros. Até hoje, a prática institucional das forças de segurança carrega o formato delineado na ditatura militar. Um exemplo é o “auto de resistência”, instrumento do Estado para legitimar o extermínio dos considerados “inimigos”, criado em 1969 e vigente até hoje. Outros exemplos de chacinas e massacres são abundantes e não se restringem à polícia carioca: não esqueçamos dos 111 mortos no massacre do Carandiru, em 1992 ou da recente chacina em Paraisópolis, na qual 9 jovens foram assassinados em um baile funk.

A pandemia acentuou as tendências abertas pela crise econômica e potencializou os efeitos da desigualdade social com o desemprego massivo e reduções dos salários. A intervenção estatal no fluxo de mercadorias, incluindo a mão de obra, como tentativa de controle da pandemia e preservação de seu aparato, se concretizou também pelo seu braço armado contra os trabalhadores e população pobre. Só no primeiro semestre de 2020, o aumento do número de assassinatos pela polícia foi de 7%, com as medidas de restrição impostas. Na região metropolitana de São Paulo, só entre os meses de janeiro e maio de 2020, o aumento foi de 70%, com o maior número de assassinatos por policiais registrado desde o início da série histórica em 1996: 498 mortos. No mesmo período, foram registradas 58 ocorrências de violência policial denunciadas, incluindo tortura, sufocamentos e joelhadas no pescoço. No Rio de Janeiro, apesar da proibição do STF de operações nas favelas durante a pandemia, o aplicativo “Fogo Cruzado” (iniciativa popular de monitoramento dos tiroteios para proteção das comunidades) registrou 614 tiroteios com a presença da polícia, na região metropolitana, nos primeiros quatro meses de 2021. A média é de 5 tiroteios por dia. Já são 51 vítimas de “balas perdidas”, com 15 mortos apenas nesse ano. Em 2020, nos primeiros três meses da pandemia, foram 120 operações policiais, deixando 69 mortos. Muitos desses mortos são apenas crianças, com a impressionante média de duas crianças e adolescentes assassinados pela polícia por dia no país. Nos últimos 3 anos, foram 2.215 vidas interrompidas pelas forças de repressão do Estado.

Outro elemento que atravessa o desenvolvimento dos estados capitalistas semicoloniais, como o Brasil, é o racismo estrutural que influencia diretamente na atuação das forças repressivas, já que o estado burguês é incapaz de oferecer condições de superação das contradições sociais e econômicas impostas pela exploração do trabalho escravo como fundamento do desenvolvimento capitalista nas semicolônias. Em 2018, o Estado brasileiro assassinou, pelas mãos das polícias, 6.220 pessoas, com RJ e SP tendo as polícias que mais mataram respectivamente. Desses, 75% eram negros e periféricos. A população negra e periférica vive diariamente a violência policial nos “enquadros” constantes, humilhações verbais, surras e, inclusive, pela anulação de sua identidade. Mesmo depois de mortos, os assassinados pelas polícias recebem o rótulo de “bandidos”. O sistema prisional, expressão da política de encarceramento massivo da população pobre, também revela seu caráter racista da violência policial com uma média de 3 presos torturados por dia, 72% negros.

O genocídio imposto pelo estado brasileiro, seja pelas mãos das forças repressivas, pela fome como o resultado mais cruel do desemprego, ou pelo descontrole da pandemia tem um caráter de classe. É a eliminação da classe trabalhadora, cuja expressão maior da exploração e precarização é a população negra e periférica. As medidas estatais de controle da pandemia não serviram para salvar as vidas dos trabalhadores, mas para evitar o colapso dos sistemas de saúde, atacar a classe trabalhadora, reduzindo direitos e salários e rebaixando o valor da força de trabalho com as demissões massivas (atualmente, desemprego atinge 14,4% da população sem contar a sub ocupação e o número de desalentados). Aqui no Brasil, o governo Bolsonaro agiu intencionalmente para buscar a “imunidade de rebanho” ao custo da vida de centenas de milhares de pessoas, surgimento de novas cepas e média diária de mortes acima dos dois mil.

A luta contra a violência policial e o racismo estrutural não pode ocorrer através do sistema social que os engendra. Não é pela via de outras instituições do mesmo estado burguês que se dará o controle “humanizado” da polícia e o fim da desigualdade econômica e racial. Estão claros os exemplos como a determinação judicial do STF, que se comprovou ineficaz em manter suspensas as operações policiais nas favelas, ou a tentativa de se combater as milícias cariocas via parlamento, o que resultou na execução da vereadora e militante do PSOL, Marielle Franco. É preciso, portanto, rechaçar as saídas reformistas e eleitoreiras, que não atacam a raiz do problema, e levantar a organização da autodefesa dos trabalhadores nos sindicatos e nos bairros periféricos, bem como expulsar sindicatos policiais das nossas centrais sindicais. “O operário que se torna policial a serviço do estado capitalista é um policial burguês, e não um operário.” (Trotsky, 1932) Não há possibilidade conciliação da classe trabalhadora com o aparelho repressivo do estado burguês, ainda que alguns de seus representantes se coloquem como “progressistas”, como fez o PSOL ao lançar candidatura de um policial à vice prefeitura do RJ.

É urgente também que retomemos a unidade de luta nas ruas, impondo com os nossos métodos, a defesa das nossas vidas. Pela construção da greve geral que nos organize a lutar pela implementação da escala móvel de horas e salários para enfrentar o desemprego e o controle operário sobre a produção e a distribuição das vacinas. Toda a nossa luta, dentro do desenvolvimento histórico da relação entre capital e trabalho deve convergir na destruição do estado burguês e todas as suas instituições (incluindo seu aparato repressivo); na transição programática entre o sistema de dominação da burguesia e a ditadura revolucionária do proletariado, como forma de dominação da classe trabalhadora.