Partió marzo con el llamado de Piñera a un gran acuerdo nacional, al que se apresuraron a firmar un centenar de gerontes de la vieja guardia del establisment semicolonial, en un intento reforzar el acuerdo del arco Piñera-Boric por el orden público y la reforma del Estado. Y este fue el puntapié de inicio de una ofensiva represiva sistemática que en apenas una semana dejó cientos de detenidos, nuevas mutilaciones oculares, 3 asesinados por carabineros y cientos de heridos incluso de bala. Mientras esta masacre contra los trabajadores, el pueblo y la juventud se perpetraba en las calles, en el congreso la charlatanería parlamentaria seguía desarrollando la línea de unidad nacional para salvar al gobierno, y a ellos mismos, y al mismo tiempo se proclaman como los “abanderados” de un “nuevo Chile”, de representantes de un nuevo “pacto social”, intentando estatizar demandas y movimientos sociales como con la paridad de la constituyente, que no cambiará un ápice las condiciones de opresión y explotación de la mujer trabajadora. Un desgarbado pacto social para conciliar clases sociales, de un semi-Estado en crisis por la descomposición imperialista, que surgirá sobre la represión sistemática sobre las masas y las nuevas generaciones, que ven con atino inconclusas las tareas que planteara la semiinsurrección del 18-O.

Y este preanunciado “se viene marzo” encontró eco en cientos de manifestaciones y acciones en todo el país, con los estudiantes volviendo a salir de las aulas a bloquear calles y evadir en el metro, enfrentando y resistiendo la embestida, desde un “superlunes” de manifestaciones y barricadas hasta un viernes de masivas concentraciones, y un pronosticable 8M donde el día Internacional de la mujer trabajadora resonará con una fuerza inusitada.

Actuando como agente de la burguesía y pata izquierda de la democracia para ricos, la burocracia sindical de la CUT o el CdP, se vuelcan con esmero en este proyecto de salvar al Estado, a “trabajar con los partidos” por el plebiscito según lo han definido, y así tratar de contener que intervenga la fuerza organizada de la clase trabajadora, la que volvió a pulsionar con fuerza el 18-O con varios paros y la histórica huelga general del 12N. Se postulan para fortalecerse como mediación en un Estado que fragmentó y atomizó las organizaciones de la clase trabajadora para así mejor apoyarse en el imperialismo y mantener su dominio fortaleciendo sus organismos represivos en franca descomposición.

Las formas de la lucha de clases deben pegar un salto en organización obrera. Es necesario que todas las expresiones de lucha se dirijan a la destrucción del aparato burocrático-militar del Estado semicolonial y para ello se debe desplegar una militancia activa para levantar y recuperar sindicatos expulsando a la burocracia y promoviendo a luchadores a sus puestos dirigentes. Es preciso que las organizaciones obreras impulsen un Congreso de Delegados de base de la clase trabajadora con fuerte presencia de trabajadores de los centros neurálgicos de la producción, portuarios industriales, forestales, mineros, etc. Un Congreso que puede conformar una Central Única, discutir un programa de independencia de clase y levantar un plan de lucha junto a la juventud explotada y oprimida.

La vanguardia juvenil que es la avanzada en la lucha contra el Estado, debe discutir también un programa revolucionario, la necesidad de una juventud revolucionaria internacionalista, para que las nuevas generaciones sean el actor principal en volver a levantar el partido mundial de revolución social, la IV Internacional reconstruida

Por un Congreso de Delegados de base de la clase trabajadora

Libertad y desprocesamiento a los que luchan

Juicio y castigo a los represores

Fortalecer los comités de autodefensa y ligarlos a los sindicatos

Abajo Piñera

Por un gobierno obrero

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   Si algo hizo virar la coyuntura política después del 18 de Octubre, fue la intervención de la clase obrera mediante una huelga general el 12 de Noviembre pasado. Y es que a la dictadura de las calles; al enfrentamiento constante de jóvenes y distintos sectores sociales con la represión, a las masivas manifestaciones ciudadanas, se sumó la clase trabajadora con una acción que no se había visto en décadas desde el retorno a su forma democrática de la dictadura del capital. Y es que el poder de la burguesía reside en la producción. Esta intervención hizo tambalear el piso sobre el que se yergue el Estado burgués, en particular del parlamento. Presurosos salieron a salvar al gobierno de Piñera con un acuerdo reaccionario para salvarse ellos mismos.

   Desde entonces, se han sucedido golpe a golpe una represión sistemática, y se ha ido cocinando la trampa constituyente para intentar cooptar con fuegos de artificio, el profundo malestar del pueblo trabajador y la juventud. Si bien lograron que amplios sectores vieran en un cambio constitucional un horizonte de mejora a la situación de penuria de las masas, la experiencia dicta que es poco probable que los mismos de siempre, los representantes del poder burgués, de la dominación del imperialismo, otorguen alguna mejora significativa en su miserable “agenda social” sin que descarguen sobre las espaldas de la población la crisis por ellos generada. Que mejor ejemplo de esto que el aumento exponencial de la desocupación y la caída abrupta del salario a niveles paupérrimos.

   La burocracia sindical, que supo - para salvaguardar sus privilegios- una y otra vez escindir y debilitar las ya escuálidas organizaciones sindicales, formó la Mesa de Unidad Social para intervenir con un frente único superestructural que fue un referente de dirección de un movimiento espontáneo. Parcialmente lo consiguió centralizando las acciones a nivel nacional, buscando galardonarlas con un programa de corte reformista, para reforzar el reaccionario aparato estatal. Es así que la burocracia, si bien no entró inmediatamente en el acuerdo de Piñera-Boric, exigió ser reconocida como la interlocutora sentándose con el gobierno el día 2 del acuerdo a negociar en una clara orientación de conciliación de clases. Es decir, el PC y el PH quienes influencian mayoritariamente a la CUT y al Colegio de Profesores, sirvieron de “quinta columna” del régimen reaccionario.

   Hoy, disolviendo en los hechos la Mesa de Unidad Social, despliegan banderas para “trabajar con los partidos” por el plebiscito del 26 de abril, levantando comandos por el apruebo, preparando el terreno del engaño de una convención burguesa.

   La mentada convención constituyente (de salir aprobada) será un parlamento paralelo, una comisión ad hoc para, en el mejor de los casos, intentar refundar el Estado semicolonial, sin tocar un ápice la relación con el imperialismo (como ya acordaron, tratados como el TPP o TLC’s no se tocan por ej). ¿Es verdaderamente posible que una reproducción del parlamento burgués para la redacción de una carta magna logre doblegar el brazo de los capitalistas para que decidan rescindir parte de la extracción de la plusvalía, de la expropiación constante del trabajo ajeno?. Si de lo que se trata en realidad no es afectar las ganancias capitalistas sino limitarse a reformar el sistema democrático, consiguiendo alguna que otra migaja en un plan de redistribución de la miseria, bastaría dar un vistazo a la región donde la pobreza aumenta sideralmente, los despidos y ajustes dictados por el FMI son moneda corriente, en el marco de una ofensiva feróz del imperialismo norteamericano sobre su patio trasero.

   Nuestra principal debilidad es la falta de organización de nuestra clase. La fragmentación y atomización de los sindicatos legado genuino de la contrarrevolución pinochetista. Organizaciones como la CUT se encuentran en manos de la burocracia que aspira a hacerse parte del botín del Estado como fue en el gobierno anterior.

   En marzo la fuerza de la juventud volverá a expresarse en las calle y los colegios, en miles de formas de lucha y organización. Expresarán la caja de resonancia de las contradicciones de clase. La burocracia sindical pretenderá encorsetar toda lucha para restringirla al acuerdo constitucional, sujetarlas a la charlatanería parlamentaria de sostenedores del gobierno. Será necesario romper este cerco político. Las fuerzas reaccionarias que bregan por el rechazo no se derrotarán en la urnas. La justicia hará su labor reaccionaria en la trastienda de la represión; llenando las cárceles de presos políticos.

   Será necesario que los sectores de vanguardia no sucumban a los engaños de la democracia semicolonial y se aboquen a la tarea militante para que intervenga la clase trabajadora de forma decidida.

   Impulsemos un Congreso de delegados de base de toda la clase trabajadora para poner en pie una Central Única que levante un programa de salida a la crisis, un programa dirigido a conquistar la independencia de clase. Esta tarea será una tarea fundamental de los revolucionarios, parte de superar la crisis de dirección revolucionaria, una tarea verdaderamente internacional.

A greve dos petroleiros avança para sua terceira semana. Segundo a FNP Federação Nacional dos Petroleiros, atinge mais de 120 unidades da Petrobrás em 13 estados e envolve mais de 21 mil trabalhadores. É considerada a maior greve da categoria dos últimos anos. Em greve desde o dia primeiro deste mês, os petroleiros reivindicam a suspensão das demissões na Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados do Paraná (Fafen-PR) oficializadas no dia 14 de fevereiro e suspensas por liminar judicial em 18 de fevereiro, com o fechamento da unidade. Cerca de mil trabalhadores diretos perderão seus empregos. Os petroleiros também reivindicam o cumprimento de outras cláusulas do Acordo Coletivo e o fim da política de preços dos combustíveis, implementada em junho de 2016, baseada na paridade internacional dos produtos no exterior e na flutuação do câmbio. Além disso, reivindicam o fim das privatizações de subsidiárias.

 Até o momento, esta greve é marcada pela total adaptação das direções às instâncias da democracia burguesa. A dinâmica da luta insere-se nas disputas judiciais e no apelo ao parlamento para forçar uma negociação com a empresa. Além disso, segue isolada em todo o país, sem nenhum chamado à unidade dos trabalhadores para construir a resistência contra os ataques lançados pelo governo capacho do imperialismo não só aos petroleiros, mas ao conjunto da classe trabalhadora.

Desde a sua deflagração, a Petrobrás recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho para que suspendesse a greve. No dia 04 de fevereiro, o Tribunal determinou que 90% das atividades fossem mantidas, atendendo parcialmente à Petrobrás. A decisão judicial também proíbe que os grevistas impeçam o “livre trânsito de bens e pessoas” nas refinarias e plataformas, além de permitir a contratação de trabalhadores em regime emergencial. Após dezessete dias de greve, o mesmo tribunal decretou a ilegalidade da greve, determinando multa de R$500 mil diários e permitindo eventuais sanções disciplinares. Até o momento, todas as decisões foram, de forma geral, acatadas pela FNP e pela FUP que, inclusive, utilizaram de sua “docilidade” com a patronal como discurso ideológico para forçar uma negociação. Em todos os comunicados, os sindicatos reafirmam que não estão “atrapalhando e /ou dificultando o pleno funcionamento da Petrobrás” e que estão garantindo o abastecimento e o atendimento das necessidades básicas da população. Ou seja, apresentam uma greve sem piquetes e que não atinge o cerne da disputa entre capital e trabalho, que é a produção.

Na segunda semana da greve, dirigentes petroleiros foram ao Congresso pedir a mediação dos líderes das bancadas parlamentares para a abertura de processo de negociação com a estatal. Na última semana, com o prolongamento da greve e a aplicação de multas o corte de ponto, as direções foram pressionadas a convocar manifestações de rua e ações que atingem os lucros da empresa como a venda do gás de cozinha subsidiado para a população. Também são tentativas dos petroleiros de saírem do isolamento midiático da greve e buscar o apoio da popular. Considerando que, desde 2017, 1 milhão de domicílios voltou a cozinhar com lenha, a ação da venda do gás pela metade do preço tem forte apelo popular.

A Petrobrás nas disputas interburguesas

A Petrobrás espelha os processos de disputa interburguesas e a mudança na orientação do estado semicolonial brasileiro. Desde a “Lei do Petróleo” de FHC, os escândalos de corrupção que possibilitaram a varredura do PT do governo, a mudança na política dos preços dos combustíveis de Temer, até o amplo projeto de privatização do governo Bolsonaro; enfim, não é possível compreender a Petrobrás, nestes processos, sem compreender como se manifesta a forma de dominação burguesa no Brasil, assim como nos demais países semicoloniais. 

Pela dupla dominação presente nos países semicoloniais, a do capital estrangeiro e a da burguesia nativa dependente, por sua vez, do capital estrangeiro frente a um proletariado desenvolvido, se estabelece uma condição especial de poder estatal, a qual Trotsky definiu como bonapartista sui generis. “Na realidade pode governar ou convertendo-se em instrumento do capital estrangeiro e submetendo o proletariado com as amarras de uma ditadura policial, ou manobrando com o proletariado, chegando inclusive a fazer concessões, ganhando deste modo, a possibilidade de dispor de certa liberdade em relação aos capitalistas estrangeiros.” (Trotsky, 1939)[1]

Especialmente no governo Lula, através das concessões e isenções fiscais, a burguesia nativa explorou ao máximo esta relação com o Estado mas, por sua debilidade inerente, sujeitou os trabalhadores integrando os sindicatos ao aparato estatal. Com a Petrobrás, os sindicalistas foram elevados à administração da empresa, tornando-se representantes do próprio Estado. Dessa forma, apoiada na burocracia sindical, a burguesia nativa encontrava-se numa situação mais favorável para negociar com o imperialismo a exploração de seus trabalhadores, bem como de seus recursos, como o pré-Sal.

Desde a “Lei do Petróleo”, de 1997, a Petrobrás já não tinha o monopólio da exploração e refino petroleiro no Brasil. Após esta lei, o governo brasileiro começou a ofertar áreas exploratórias em leilões de petróleo e gás. Até 2018, o governo Lula foi o que mais adicionou área exploratória no país, 237mil , em sua maioria para empresas nacionais. Contudo, a política de preços controlada pelo Estado, dificultou a abertura de concorrência estrangeira e a Petrobrás manteve o domínio quase absoluto no atendimento da demanda nacional. Com a descoberta dos campos de pré-Sal, acirrou-se a disputa entre o capital estrangeiro e a burguesia nativa por sua exploração. O governo Dilma, já pressionado pela “luta contra a corrupção” (estratégia do imperialismo para alinhar-se com uma fração da burguesia mais alinhada aos seus interesses), abriu mão do monopólio da exploração dos campos do pré-Sal pela Petrobrás. A mudança na política de preços, baseada na paridade internacional, é implementada com o governo Temer, facilitando o caminho para o imperialismo avançar. Bolsonaro é o governo dessa mudança de orientação na relação do Estado semicolonial brasileiro com o imperialismo, acelerando o processo de privatização da Petrobrás.

O petróleo é nosso?

Além da adaptação da burocracia dirigente, esta greve é acompanhada pelas análises dos partidos e grupos centristas sobre o caráter “entreguista” do governo Bolsonaro, fruto do “golpe”, em oposição a governos petistas anteriores, de caráter mais “soberanista”, apesar dos limites da conciliação de classes. As políticas defendidas por essas correntes colocam como principal consigna de luta a “Petrobrás 100% estatal” e outras palavras de ordem que esbarram no mesmo estatismo. A estatização de uma empresa ou de um ramo da indústria compreende sua administração pelo estado burguês e, no caso do Brasil e demais países semicoloniais, em relação direta com o imperialismo em sua fase decadente. Portanto, a luta contra a privatização não pode ser uma luta pela total estatização da empresa, pois isso não significa que esteja nas mãos ou que beneficie de alguma forma a classe trabalhadora. Da mesma forma, a luta contra a privatização deve assumir um caráter anti-imperialista e que, por sua vez, não pode ficar circunscrita às fronteiras nacionais. Dever ser construída em unidade e solidariedade de classe com os trabalhadores da América Latina.

A defesa da “Petrobrás 100% estatal” vem acompanhada, como política defendida pelo centrismo, por “administrada democraticamente trabalhadores” e com “controle popular para servir aos interesses do povo brasileiro” (MRT) ou simplesmente pelo “sob controle dos trabalhadores” (LIT-QI) citando apenas alguns exemplos, já que não se diferenciam muito. É importante, nesse sentido, diferenciar a “administração operária de uma estatal” de uma política verdadeiramente revolucionária que defenda a tomada da Petrobrás e a imposição do controle operário da produção. Se a Petrobrás 100% estatal é uma empresa sob o domínio do estado burguês, defender sua administração pelos trabalhadores é defender a colaboração de classes e a formação de uma capa da aristocracia operária. “Se a participação dos trabalhadores na gestão da produção há de ser duradoura, estável, ‘normal’, deverá apoiar-se na colaboração e não na luta de classes.” (Trotsky, 1931)[2]

É preciso combater o reformismo e a política centrista no interior dos processos de luta que irrompem pela classe trabalhadora. Os revolucionários, devemos levantar a defesa da tomada da Petrobrás sob o controle operário como forma de exercer influência prática na produção petrolífera e, neste processo, forjar uma vanguarda operária que assuma as tarefas transitórias de um programa revolucionário.

Unificar as lutas e construir a Greve Geral!

A greve dos petroleiros, por sua importância política e econômica na luta de classes, não pode permanecer isolada pelas direções adaptadas e restrita às instâncias da democracia burguesa. O governo Bolsonaro já apresentou sua agenda de ataques e segue impondo-a sem grandes dificuldades. As reformas da Previdência e Trabalhista foram duras derrotas impostas aos trabalhadores sob o silêncio das direções. As reformas administrativa e fiscal são as próximas prioridades do governo e, neste momento, servidores estaduais de São Paulo estão em processo de luta contra a reforma da previdência em nível estadual, dentre tantos outros processos isolados de luta; e as direções propõem apenas o dia 18 de março como data para as mobilizações nacionais. Nessa conjuntura, é preciso romper com o imobilismo das centrais e defender um congresso nacional de delegados mandatários e eleitos na base para discutir um programa operário de saída da crise. É preciso levantar em cada sindicato comitês de apoio à luta dos petroleiros para que avance com independência de classe e em unidade com a classe trabalhadora, rumo a construção de uma Greve Geral por tempo indeterminado que coloque abaixo os planos do governo!

[1] TROTSKY, L. A indústria nacionalizada e a administração operária, 1939.

[2] TROTSKY, L. O controle operário da produção, 1931.

Vamos a volver … a pagar

El miércoles 12 llegará a la Argentina una delegación del FMI para monitorear la economía del país y seguir negociando cómo se pagará la deuda, no sólo con esta institución imperialista sino con los bonistas privados. Alberto ha demostrado su sumisión a lo más granado del imperialismo en su última gira por Europa, donde se juntó con sus principales referentes para jurar que honrará la deuda, y buscar aliados para poder negociar con quien tiene el verdadero poder de decisión, que es EEUU de la mano de Trump. El imperialismo norteamericano ya dijo que apoyaría una renegociación de la deuda, obviamente con varios requisitos que implican mayor dependencia a las políticas de amo yanqui en la región.
Antes de viajar al viejo mundo, el Congreso nacional votó una ley que garantiza la rendición lisa y llana, sumada a la autorización del ingreso de tropas norteamericanas para realizar maniobras militares en nuestro suelo. Sólo hubo dos votos en contra en dicha votación, por parte de los representantes del FIT-U.
Es evidente que se ha abierto en el gobierno nacional una crisis importante de la deuda y lo demuestra el revés de Kicillof, quien quiso plantarse ante los fondos de inversión y tuvo que retroceder y pagar, con el agravante de que garantizó ese pago sacándole a los docentes parte de su salario y difiriendo su pago. La caída de la licitación de bonos lanzados por el gobierno nacional para pagar un vencimiento cercano es demostración de que los grandes fondos no están dispuestos a negociar en los términos que plantea el gobierno de Alberto, sino de forma más agresiva.
En medio de esta situación, la economía argentina está en un virtual impasse, esperando el desarrollo y desenlace de esta negociación. En una tregua entre las distintas fracciones burguesa y pequeño burguesas, pero no exentas de intentos por imponer políticas de ajuste para un futuro escenario de pago de la deuda. La demostración es el ajuste a los jubilados y al conjunto de los trabajadores con la línea de sumas fijas y no permitir que se recupere lo perdido en el periodo anterior.
Es un ataque importante al conjunto de la clase y una línea anticipatoria de la política del conjunto de la sub burguesía de una semicolonia para que la crisis la paguen los trabajadores y el pueblo. El ataque no puede ser al estilo del macrismo, no porque no quieran, ni porque que haya fracasado, sino por el escenario más general de la región, bastante convulsionada.
Ante este escenario debemos ser claros, la deuda externa no se debe pagar, no porque sea ilegítima o ilegal, sino porque es una deuda contraída por una clase parásita, que es en este caso una sub burguesía, que está impedida de manejarse de forma independiente y debe recurrir al imperialismo para su subsistencia. Es decir, no pagar la deuda es una lucha antimperialista y contra sus aliados nacionales, en la necesidad de cortar de forma revolucionaria la relación capitalista de una semicolonia. Por eso se torna central que los trabajadores intervengan de forma independiente en esta crisis de deuda, ya que está en juego nuestra relación con esta sub burguesía, su semi Estado y el imperialismo, que timbean con todo el trabajo excedente que nos han expropiado en tantos años para garantizar su parasitismo. Por eso es muy peligroso engañar a los trabajadores con la idea de que si no pagamos la deuda esa plata la podemos utilizar para mejorar nuestras condiciones de vida. Esa idea es la que quiere imponer la burocracia sindical, para ir detrás de la variante burguesa que más le garantiza –aunque hay que ver hasta qué punto- su posición privilegiada a costa de la clase obrera. Debemos enfrentar la mentira de la redistribución y la conciliación de clases, que de todas maneras nos llevan a pagar la crisis. Esa idea, también tan arraigada en la izquierda, de que se puede separar el capital de los capitalistas es reformismo puro. Si de verdad no queremos pagar la deuda debemos hablar de preparar a los trabajadores para una pelea por el poder y enfrentar a los capitalistas en su base de sustentación, que es en la producción, y expropiar a los expropiadores. Todo lo demás lleva un propagandismo abstracto de lo posible. Y a alianzas en defensa del gobierno en contra del FMI, como convoca la burocracia sindical de las CGT y CTA y otras tendencias, como el PCR, con una marcha para el 12 de febrero. Fuera el FMI, como expresión de una institución imperialista que garantiza las ganancias de las grandes potencias a costa de los trabajadores y el pueblo pobre. Los trabajadores debemos levantarnos contra el gobierno de Alberto y el imperialismo que lo apoya.

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El “acuerdo por la paz, el orden público y una nueva constitución” que fraguaron el conjunto de los partidos del régimen burgués el pasado 13 de Noviembre, el día posterior a la histórica huelga general, fue la salida “por la razón” que encontró el gobierno de Piñera para salvarse al menos temporalmente de caer por la movilización de las masas y la acción de los trabajadores organizados. La salida “por la fuerza” de volver a sacar los militares a las calles, dada la coyuntura, hubiera provocado enfrentamientos convulsivos con resultados inciertos y sanguinarios.

Es así que este acuerdo fue el marco que ha teñido la acción parlamentaria desde entonces, en una seguidilla de proyectos de ley votados de modo express tanto para ofrecer paliativos sociales (tales como el aumento de las pensiones miserables, o ingreso mínimo subsidiado) como para endurecer la represión y penalización como la ley “antisaqueos” (con penas de hasta 3 años de cárcel por arrojar una piedra, de 1 y medio por realizar barricadas o de hasta 10 años por participar de un saqueo). Del mismo modo se otorgó la potestad al presidente para sacar los militares a “proteger” la “infraestructura crítica” (léase hospitales, puertos, minas, centrales eléctricas, en definitiva centros productivos) sin necesidad de decretar el estado de emergencia. El congreso en los hechos ha funcionado como un gobierno de unidad nacional.

Si bien este acuerdo provocó el repliegue momentáneo de amplios sectores de masas, las luchas y protestas en las calles no han cesado, haciéndose crónicas las manifestaciones de importantes sectores de trabajadores y la juventud, en particular los viernes en las plazas públicas, con el enfrentamiento a las fuerzas represivas, y el despliegue del conocimiento adquirido en la lucha por el activismo con la “primera línea”, las brigadas de emergencia, barricadas, etc. También se expresó la lucha de la juventud secundaria que boicoteó la PSU (prueba de selección universitaria) para que los “hijos de los trabajadores entren a la universidad”. Del mismo modo no ha cesado la represión sistemática de carabineros provocando nuevas mutilaciones oculares, torturas, secuestro de manifestantes por agentes de civil, nuevos detenidos y procesados por la justicia, prisión preventiva de luchadores, montajes, etc.

Así discurre el proceso de la lucha de clases que entre otras cosas hizo decantar las posiciones de los personeros del Frente Amplio quienes se han parado resueltamente en la vereda del continuismo de la democracia burguesa semicolonial que por otra parte les diera vida.

Este es el telón de fondo de la charlatenería parlamentaria abocada a fraguar los mecanismos por una “nueva constitución” con discusiones por la paridad de género de la eventual convención constituyente, inclusión de pueblos originarios, participación de independientes, etc. En rigor se trata de que, de aprobarse en le plebiscito de abril el paso al cambio constitucional, se elegiría en octubre, con el mismo método de la elección del actual parlamento burgués, una suerte de parlamento paralelo, una comisión ad hoc para la redacción de la carta constitucional que entre otras perlitas no puede trastocar los acuerdos internacionales tales como los TLC’s (tratados de libre comercio).

Para el gobierno, sectores de RN o de la DC, el acuerdo sirve para ganar tiempo en esta coalición tácita de unidad nacional e imponer en cuotas la represión del movimiento de masas hasta buscar los puntos de apoyo a una política más reaccionaria. Por su parte los sectores de la vieja concertación pretenden sortear la crisis via una reforma al Estado eliminando instituciones como el Tribunal Constitucional o los quorum parlamentarios. Las alas izquierdas de la democracia (FA, PC, PH, etc) buscan en el cambio constitucional una vía refundacional del Estado semicolonial, ya sea de corte más estatista, una suerte de “Estado de derechos sociales”, o aquellos que propician un “modelo” de Estado tipo la Venezuela chavista, o el Estado plurinacional masista.

Es así que la clase dominante está dispuesta a realizar cambios constitucionales y reformas al aparato jurídico del Estado, si eso implica cerrar el proceso abierto por la irrupción de las masas. Los procesos agudos de la lucha de clases tanto en la región como en distintas partes del planeta ponen en duda dicha perspectiva. Y es que más allá de las particularidades nacionales la lucha de clases se manifiesta de forma local pero es un proceso eminentemente internacional. La continuidad y profundización de las lucha en Colombia, Haití, Francia, Líbano, Iraq, etc, son una prueba de ello. Y es que la lucha de clases no es un evento episódico de crisis esporádicas o cíclicas como se lo figura un sector de la izquierda centrista, sino que la misma despliega sus leyes objetivas sobre toda la historia humana.

Por ello se vuelve necesario distinguir, o mas bien dilucidar, el contenido social bajo las formas políticas y no quedarse atrapado en las políticas y juegos superestructurales de la democracia para ricos. Que amplios sectores de las masas se encuentren apoyando el proceso democrático por un cambio constitucional no disminuye el hecho que constituye una herramienta de desvío para la burguesía, para intentar canalizar el torrente de lucha de las calles a las urnas, mientras comienza a poblar las cárceles de presos políticos.

Querer democratizar la democracia apunta a embellecer esta forma de Estado otorgándole cualidades que no tiene. “Marx considera el imperio de Napoléon III como ‘la única forma de gobierno aceptable en una época en que la burguesía ha perdido la capacidad de gobernar al pueblo y en que la clase obrera todavía no ha adquirido esa capacidad’. Así pues, no es la democracia, sino el bonapartismo lo que, desde el punto de vista de Marx, representa la fase última del poder de la burguesía.”[1]. El paso del capitalismo orgánico a su fase crítica, el imperialismo, hundió los programas nacionales y junto con la Revolución Rusa cambió la etapa histórica abriendo la era de la revolución proletaria. Abrigar esperanzas en una refundación del Estado burgués constituye una quimera reaccionaria. Más aún si al Estado que nos referimos es el de una semicolonia dominada por el imperialismo, en el marco de un proceso acelerado de descomposición del capitalismo.

Buscar en los mecanismos de la democracia burguesa las herramientas refundacionales de la sociedad es querer darse la cabeza contra un muro y creer que al mismo se le infringe dolor. "'En la sociedad burguesa, cuanto más considerable es el patrimonio social, menor es el número de los que se lo apropian. Lo mismo ocurre con el poder: a medida que crece la masa de ciudadanos que gozan de derechos políticos y de gobernantes nombrados por elección, el poder efectivo se concentra y llega a ser monopolio de un grupo de personalidades cada vez más reducido’. Tal es el misterio del régimen de mayorías.”[2]

Un proceso político, al igual que una revolución, puede tener muchas etapas, que implican el desarrollo en la experiencia de importantes sectores, pero esas etapas están dictadas por el devenir del proceso vivo de la lucha de clases y no como etapas necesarias. La adaptación pedagógica a las capas atradasdas del movimiento obrero no implica bajo ningún punto de vista la adaptación política.

Dialogar con las expectativas de las masas, acompañarlas en su luchas, organizar y preparar programáticamente a sus sectores de vanguardia, es parte del ejercicio militante para hacer avanzar lo más rápidamente los procesos, acelerar los tiempos, algo que no dependerá exclusivamente del actuar de la vanguardia, pero que forjará a esta para estar dispuesta a los grandes virajes de las historia y con ellos los flujos y reflujos del movimiento de masas, sus oscilaciones periódicas y sus saltos.

La izquierda centrista, al impulsar en la etapa actual y en todos los países la fórmula de Asamblea Constituyente, queda atrapada en diversas formas de exigencia al Estado y de adaptación a la democracia burguesa. Hay quienes siendo pequeños grupos están volcando toda su energía para conseguir la legalidad y eventualmente participar del proceso constituyente. No colocarse como norte la destrucción del aparato burocrático militar de la burguesía mediante la instauración del poder de la clase proletaria, de su dictadura, significa cederles terreno a las tendencias de la pequeñaburguesía que le darán sobrevida a la burguesía por su grado de dependencia a la misma.

La burguesía no se ha visto perjudicada sustancialmente en la actual situación. Por el contrario no ha hecho más descargar la crisis sobre las espaldas del pueblo. Desde el 18 O a la fecha se han incrementado alrededor de 200 mil nuevos cesantes, se esperan cifras de desempleo mayores al 10% y la masa salarial cada vez más cercana al sueldo mínimo. Como ya lo han manifestado desde la propias cámaras empresarias como la CPC, cualquier modificación (como el aumento de 6% del aporte a las pensiones) “tendrá repercusiones en el empleo y los salarios”. Así también su afronta contra los trabajadores se ha endurecido como lo muestra Codelco, quien en representación del Estado de los patrones, abre un juicio de desafuero y despidos contra más de 20 dirigentes sindicales como respuesta a una huelga de hambre de varios de ellos por no respetar los acuerdos ante los despidos masivos en Chuquicamata. Que en medio de la actual situación política la burguesía ataque al sector más concentrado de la clase obrera nacional, habla de las perspectivas de la clase dominante como de la debilidad organizativa y la crisis de dirección de nuestra clase.

Es de vital importancia fortalecer las organizaciones del movimiento obrero recuperando los sindicatos para la lucha, expulsando a las tendencias burocráticas, poniendo en pie una Central Única de sindicatos mineros e industriales, impulsando un Congreso de Delegados de base de toda la clase trabajadora, para votar un programa de salida a la crisis.

Que la izquierda se plantee forjar una fracción revolucionaria al interior de la clase trabajadora es una prioridad para el desarrollo de la independencia política. Esta militancia obrera será parte fundamental de superar la crisis de dirección revolucionaria de nuestra clase. La construcción de un partido revolucionario mundial, la reconstrucción de la IV Internacional, es una labor que puede partir por la comprensión común de situación y las tareas de los revolucionarios recuperando al marxismo como herramienta filosa para el derrocamiento de la burguesía. Esta tarea ardua de agrupar a los mejores elementos de las antiguas y nuevas generaciones, implica romper con los esquemas legados por las tendencias centristas, algo que no puede resolverse con experimentos de frente único, diluyendo en consignas vacías el programa de los revolucionarios.

[1] En “Terrorismo y Comunismo”, León Trotsky, 1920.

[2] Idem ant. Continúa la cita… “A los ojos del marxista Lafargue, el parlamentarismo subsiste mientras dura el dominio de la burguesía. ‘El día –escribe- en que el proletariado de Europa y América se apodere del Estado deberá organizar un poder revolucionario y regir dictatorialmente la sociedad, mientras la burguesía, en tanto clase social, no haya desaparecido.’”

Publicado el 08/01/20 en cor-digital.org/

Jueves 2 de enero por la madrugada. Drones asesinos enviados por Trump bajo el consejo del alto mando militar yanqui disparan sobre el general iraní Qasem Soleimani, que muere junto a varios colaboradores. Soleimani se encontraba en Bagdad y fue ajusticiado sin juicio previo, como otros tantos bajo el fuego imperialista. Pero en este caso, se trata de un funcionario de un Estado extranjero, y en territorio de otro Estado, en los papeles independiente, aunque queda claro que la ocupación de Irak por parte de los yanquis nunca cesó en 17 años.
Trump vacila. Su política era retirar a las tropas norteamericanas de Medio Oriente, incluyendo Afganistan e Irak. Quiere usufructuar que EE.UU. ya no depende tanto del petróleo de la región gracias a la “revolución del fracking” dentro de su propio territorio y a una eventual “recuperación” de Venezuela. Pero los altos mandos del Pentágono lo convencen de que debe responder al ataque a la embajada norteamericana en Irak, producido el último día del 2019. Ese ataque tuvo características particulares: fue una movilización popular contra la presencia norteamericana en Irak. Trump acepta que es necesario responder y ordena el asesinato del general iraní. Es un acto de guerra contra otro Estado, por fuera de cualquier paraguas de la legalidad imperialista internacional. Es una brutal demostración de fuerza de la potencia imperialista que dirige el planeta.
Pero el asesinato en realidad muestra la debilidad de EE.UU. No, desde luego, desde el punto de vista militar, donde su supremacía es indiscutible, por lo menos en el mediano plazo. Se trata de la debilidad de su posición en el sistema de Estados configurado como superestructura del capitalismo mundial. Es una debilidad estructural, producto del avance de la descomposición imperialista, y está asimismo determinada por el peligroso resquebrajamiento del equilibrio de la posguerra. El ataque contra Soleimani no estaba inscripto en un plan de acción. Los hechos posteriores así lo demuestran. El parlamento iraquí votó una solicitud al primer ministro “encargado” (toda una definición) Adel Abdul Mahdi, que había renunciado a su cargo bajo presión de las movilizaciones populares en noviembre, para que dé curso a la salida de las tropas norteamericanas del país. La jefatura de las fuerzas yanquis en Irak respondió en una carta que iban a salir, pero pidió que esto se hiciera en orden. Luego el pentágono desacreditó a su mando “en el terreno”, negando cualquier iniciativa de retirada de tropas. Por supuesto, en última instancia esa retirada configuraría una contundente victoria para Irán y una tremenda derrota para EE.UU.

Procesos de masas

La debilidad de EE.UU. no contradice la propia debilidad del gobierno iraní. Obviamente, se trata de una semicolonia que no puede enfrentar al imperialismo en una guerra abierta. Pero esta debilidad también se inscribe en la situación de las sub-burguesías nacionales de las semicolonias en la crisis capitalista, presionadas por la agresividad imperialista, por un lado, y, por el otro, por movilizaciones de masas que en Irán se desataron con fuerza en el mes de noviembre, como parte de un proceso regional que también atraviesa al Líbano, Irak, y se da en simultáneo con los procesos de lucha de clases en América Latina, el Caribe, Hong Kong, África, Europa, etc.
El elemento de los procesos de masas es cualitativo para analizar el conflicto actual. Si nos retrotraemos a los procesos anteriores (2010-11) que se dieron en la región a partir del estallido económico de 2008, con la caída de varios dictadores que gobernaban con puño de hierro sus países (Ben Alí en Túnez, Gadafi en Libia, Mubarak en Egipto) podemos ver cómo esos procesos llevaron a varias salidas fallidas, desde el golpe militar en Egipto, hasta el semibonapartismo semidemocrático tunecino, donde se desarrolló lo más cercano a una experiencia democrático-burguesa. Pero lo que primó fue la descomposición de los Estados en su forma más brutal: la guerra civil en Siria y el surgimiento del ISIS, un verdadero anti-Estado. Esta descomposición cerró los caminos a los procesos de masas a partir de su cooptación por direcciones burguesas o pequeño burguesas contrarrevolucionarias. Una vez más, la crisis de dirección revolucionaria del proletariado se manifestó como crisis de la humanidad. La confusión de objetivos de la nueva generación de luchadores ante esta crisis de dirección determina lo tortuoso del proceso.
Ahora bien, el surgimiento del ISIS y la guerra civil Siria llevaron al imperialismo a pactar con viejos enemigos para tratar de poner coto a la amenaza de este engendro, que cuestionaba la idea misma de Estado nación, que es la forma de dominación de clase de la burguesía. Surgen así los frentes anti-ISIS y los compromisos con Rusia (e Irán) para contenerlo. En el medio, hay otros hechos muy importantes como el golpe de Estado fallido en Turquía y el desarrollo de las experiencias autonómicas en Kurdistán, sobre los que no abundaremos aquí. Es importante destacar que el actual estacionamiento de tropas yanquis en Irak se da bajo el pretexto de esta guerra contra el ISIS. En 2019, las fuerzas imperialistas anuncian el fin del ISIS. Pero con su derrota, ninguna de las contradicciones en la región han sido cerradas y así lo demuestra la actual escalada militar con Irán.

Vietnamizanción

Mucho se ha hablado de este término para describir la política de Irán en la región en los últimos años. Superficialmente, se la describe como una política de guerra asimétrica entre un Estado militarmente débil y la principal potencia mundial, sólo considerando el terreno de la táctica. Vietnamización así entendida sería la utilización de la de guerra de guerrillas o enfrentamientos “proxy” (a través de terceros). Sin negar este elemento táctico, Soleimani era el general a cargo de un desafío más complejo: unificar a las diferentes facciones étnicas y religiosas de Irak y, más en general, de toda la región en el objetivo común de liberarla del “gran Satán” norteamericano. De hecho, esa es la línea oficial que Irán ha hecho pública a través de declaraciones del Ayatollah Jamenei. Se trata entonces de una política que apunta a dar un objetivo de liberación nacional a los movimientos en la región, conformando el llamado “frente de la resistencia”, que incluye a Irán, Siria, Hezbollah, Hamas y otros agrupamientos nacionalistas burgueses y pequeñoburgueses. Esta política de Soleimani y su relativo éxito podría ser uno de los móviles más importantes de su asesinato, sobre todo teniendo en cuenta que el hecho inmediato que llevó al mismo fue la movilización contra la embajada yanqui en Bagdad, que obligó al gobierno de EE.UU. a evacuar a su personal diplomático. Ahora bien, la política del gobierno iraní no apunta a la liberación nacional de los pueblos de Medio Oriente, sino a fortalecer a su semi-Estado para mejor negociar con el imperialismo, utilizando como carne de cañón a las heroicas resistencias palestina e iraquí, y no dudando en apoyar a Al Asad, uno de los principales criminales de guerra de la región, sólo por detrás de Trump, Obama y los gobernantes israelíes. El regateo por el plan nuclear, mesa de negociación de la que Trump se retiró en mayo de 2018 pero donde permanecen el resto de las potencias, es buen ejemplo del carácter de clase y de la naturaleza contrarrevolucionaria de esta política.
El empantanamiento en Irak resuena a la situación en Vietnam, eso es real. Como decíamos anteriormente, aún con una administración Trump ansiosa por dejar atrás la ocupación, no puede ahora hacerlo, ni se vislumbra ninguna salida para retirarse sin que esto sea interpretado como una enorme derrota del imperialismo. Por eso ahora es posible que el conflicto actual continúe en escalada. Por el momento, la primera respuesta iraní consistió en el bombardeo, bastante medido aunque humillante para EE.UU., de 2 bases militares en Irak el 8/1. La réplica de Trump se ha limitado a minimizar los daños provocados por estos bombardeos y a anunciar nuevas sanciones económicas; mientras pide al resto de los países imperialistas un compromiso para aislar a Irán abandonando el acuerdo nuclear e imponiendo sanciones, y a la OTAN una intervención más activa en la región.

Panorama incierto

Mucho se ha hablado del frente interno en EE.UU. como acicate para el ataque. Hablamos de las consideraciones relativas al proceso de impeachment contra Trump y de las elecciones presidenciales. Aunque esto pueda pesar, los elementos estratégicos (o de debilidad de esta estrategia) creemos que son más importantes para desarrollar una caracterización de la posible nueva guerra del imperialismo norteamericano. Y acá sí existe un factor determinante del llamado frente interno, que es la imposibilidad del Estado imperialista de ganarse una base social sólida, donde debe tener un rol la aristocracia obrera, para lanzar una ofensiva militar a gran escala. Creemos que la conquista de semejante base social, que fue un objetivo de Trump, no ha sido concretada, como puede vislumbrarse en el desarrollo de una variedad de conflictos sindicales en la industria, los servicios y los sectores estatales, y como muestran también las movilizaciones contra una intervención en Irán que se llevaron adelante el fin de semana inmediato al asesinato de Soleimani en muchas ciudades estadounidenses. Por ahora las manifestaciones no son masivas, pero marcan la posibilidad de desarrollar la movilización contra una mayor intervención imperialista.
Otro factor importante son las consecuencias económicas de la guerra, que podrían acelerar una entrada en recesión de la economía mundial, la cual se viene pronosticando y, por ahora, se viene retrasando. La inestabilidad geopolítica ha hecho tambalear a los mercados financieros y de las commodities. Esta inestabilidad geopolítica se vuelve incertidumbre y la retirada de tropas de Irak de algunos aliados de la OTAN, la tibieza europea frente a los hechos e incluso las vacilaciones israelíes en relación al asesinato de Soleimani así lo indican. Si desde hace algún tiempo venimos ponderando las contradicciones de la política trumpista de implementar un cambio de rumbo en la política imperialista, hoy aparecen dudas sobre la posibilidad de un fracaso que lleve a que el resquebrajamiento del equilibrio de posguerra se convierta en una situación mundial mucho más caótica.

Fuera el imperialismo de Medio Oriente

Irak está ocupado militarmente por EE.UU. desde hace 17 años. Palestina, desde 1948, por el engendro israelí que responde a las necesidades imperialistas de control sobre Medio Oriente. La expoliación imperialista de la región viene de larga data, pero la actual descomposición imperialista, agudizada por la crisis mundial, acelera la situación de descalabro del equilibrio del sistema de Estados y la descomposición del Estado-nación burgués. Frente a esto, no han faltado respuestas de las masas, que han salido de forma espontánea y con una gran confusión de objetivos, lo que permitió que direcciones contrarrevolucionarias hayan llevado los diferentes procesos nacionales a la encerrona. Pero el imperialismo no ha conseguido cerrar la crisis y, por lo tanto, los procesos vuelven a abrirse poniendo ante los revolucionarios el desafío central de intervenir decididamente en los mismos, para que las lecciones de los anteriores fracasos sirvan para desarrollar un programa de transición entre la actual descomposición capitalista y el futuro socialista de la humanidad. La centralidad de la clase obrera en estos procesos queda marcada por la necesidad de disputar la lucha contra el imperialismo a las direcciones nacionalistas burguesas y pequeñoburguesas. Para ello, es necesario una política y una dirección internacionalista, planteando la unidad del proletariado de la región, centrado en los trabajadores del petróleo, con la clase obrera de los países imperialistas, centralmente de Estados Unidos. Por eso es necesario que los revolucionarios luchemos para que los sindicatos estadounidenses y europeos declaren la paralización de la maquinaria militar imperialista, ocupando las plantas y bloqueando el abastecimiento de las tropas estacionadas en la región y de Israel. En los países de Latinoamérica, además de desarrollar la movilización en las calles y denunciar la complicidad de los Fernández, los Bolsonaro, los Piñera y demás cipayos, debemos proponernos paralizar las empresas imperialistas contra la intervención militar en Medio Oriente, lucha que está entrelazada con la lucha contra las reformas fondomonetaristas que esos mismo gobiernos pretenden aplicar en nuestra región. Tenemos que desarrollar la organización y la lucha para que se vayan todas las tropas imperialistas de Medio Oriente y demás países semicoloniales. Por la derrota militar de EE.UU. en Irak e Irán. Por la destrucción de Israel. Por una Federación de Repúblicas Socialistas de Medio Oriente. Por la reconstrucción de la IV Internacional.

ABRAMOS LAS PUERTAS DE ESCUELAS Y UNIVERSIDADES
A LOS TRABAJADORES Y SUS HIJOS

FIN A LA PSU

INGRESO IRRESTRICTO Y DIRECTO
 A LAS UNIVERSIDADES

ABAJO LA LEY DE SEGURIDAD DEL ESTADO

LIBRERTAD Y DESPROCESAMIENTO DE LOS QUE LUCHAN

En los días 6 y 7 la juventud en lucha estudiantil, mediante el boicot en contra de la PSU se expresó en decenas de colegios con tomas, barricadas, etc , con medidas que se extendieron a nivel nacional, buscando que no se rindiera esta. En diversas sedes dispuestas para la rendición se suspendieron, el DEMRE anunció la suspensión de la prueba de Historia y Geografía. Esta lucha se da en el contexto nacional de proceso álgido de la lucha de clases que continúa y sigue abierto con lo que estas acciones avizoran renovar las energías. Los partidos del régimen, una vez más incluidos los adaptados del Frente Amplio,  han salido a cuestionar estas acciones, condenando la “violencia” y el “sufrimiento”  de los estudiantes que no pudieron rendirla. Son los mismos sectores que firmaron el “acuerdo por la paz, el orden público y una nueva constitución” que logró mantener en pie al debilitado gobierno del Piñera. Así se ha continuado con un gobierno que ha reprimido las manifestaciones con asesinatos, mutilaciones, violaciones, y un sin número de vejaciones en contra de los trabajadores y el pueblo. Respaldado por el marco de un plebiscito para una reforma al Estado, el gobierno busca reventar a la juventud que ha sido el sector que encendió  la chispa de este proceso, ya que no han logrado hacerlos entrar en el acuerdo, o al menos en la pasividad.

Así es que al día de hoy el gobierno se ha querellado con la ley de seguridad del Estado contra jóvenes detenidos por luchar, así como se encuentra persiguiendo a los dirigentes juveniles de la agrupación ACES. En el mismo sentido sectores del consejo de rectores se han pronunciado a favor de rendir la prueba en recintos militares!. Esta política es continuidad de la ley de aula segura, y del Estado de Emergencia, que busca por la vía represiva cumplir con la parte del acuerdo del régimen para restablecer el orden público poniendo el aparato de Estado, judicial y policial a perseguir y reprimir a la juventud.

Asimismo el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar ( PH ) se limita a decir “esta  que sea la última PSU”, despegándose de las acciones concretas para poner fin esta prueba filtro de clases, queriendo orientar la lucha hacia la vía de la presión de los cambios parlamentarios. Lógica que explica los ritmos de lucha de las direcciones burocráticas de la mesa de unidad social, porque está pelea se sale de su “cronograma  de movilizaciones veraniegas”. Bajo la lógica de presionar para mejor negociar, hay que recordar que la burocracia del CdP apostó a cerrar el conflicto con los profesores a mediados del el año pasado, maquillando las promesas de proyectos parlamentarios prestando ropa a la ministra Cubillos, que no ha cesado en su línea reaccionaria en contra de los estudiantes y profesores.

POR UN CONGRESO EDUCATIVO DE DELEGADOS DE BASE PARA DISCUTIR Y VOTAR UN PROGRAMA Y UN PLAN DE LUCHA.

La PSU, que es uno de los mecanismo donde  devela con mayor claridad el carácter burgués de la educación, que busca reproducir mano de obra con nuevos contingentes obreros que se incorporan a la producción capitalista, así como la generación de cuadros burgueses, donde en la aulas se naturaliza la explotación capitalista. Es por esto que la lucha contra la PSU debe ser el puntapié inicial para dar una pelea mayor en contra de la educación burguesa en su conjunto. Se equivocan los que plantean como medida defender el carácter “publico” de la educación distinguiéndola de la privada. Hay que disputar la orientación del proceso educativo a la burguesía. Se debe impulsar un congreso de delegados de la educación para votar un programa y plan de lucha que no siga la orientación, ritmos y tiempos de la burocracia sindical. Entre algunos puntos programáticos se debe levantar las consignas por el fin a la PSU; el ingreso irrestricto y directo a las universidades; se debe asimismo para asegurar a la clase obrera el derecho al trabajo y a estudiar; se deben impulsar por los sindicatos de la educación el derecho a tener  las 4 horas dedicadas  al trabajo y 4 horas para estudiar pagados por las empresas; estableciendo convenios con las  universidades, entre otros puntos. Para esto es prioritario unificarse a la clase trabajadora poniéndose al servicio de la lucha por un gobierno obrero, y en lucha contra de la educación burguesa levantar un sistema único de educación.

El inciendio de 245 casas Valparaíso deja en evidencia el problema de la vivienda de las familias obreras, desplazadas hacia la periferia por la especulación inmobiliaria y comercial de las ciudades, junto con el alto endeudamiento que conlleva y los magros sueldos, surgen y crecen los asentamientos y poblaciones callampas, situación endémica de Chile y en general de los países semicoloniales.

El gobierno ha respondido con la receta habitual, otorgando algunos bonos para enseres y subsidios para arriendo. También entregarán subsidios para la reconstrucción de la vivienda de aquellos que son propietarios del terreno, pero no a los que se asentaron ilegalmente desplazándolos de su lugar de residencia y endeudándolos de por vida con hipotecas o dividendos. Es decir allí donde avanzó el fuego, ahora avanza el Estado para hacer valer la propiedad privada, dar suculentas ganancias a inmobiliarias, bancos y constructoras y finalmente otorgar dádivas y limosnas a los damnificados.

Por su parte la intendencia al mando del frenteamplista Sharp, se dedicó a colocarse rápidamente en la foto con el Piñerismo y represores como el intendente Guevara, cuadrándose con las mismas soluciones que declamativamente critica. Además de la alta desidia en la aportación de los míseros recursos municipales (ni baños de emergencia siquiera habilitó), pretende capitalizar y canalizar la alta solidaridad obrera y popular que despertó el siniestro, colocando hasta la cuenta bancaria del municipio para llamar a hacer donaciones. Cinismo extremo e impotencia de este representante del autonomismo municipal.

La primera y más enérgica ayuda llegó desde los sectores en lucha y organizaciones de trabajadores que no dudaron ni un minuto en comenzar las recolecciones, colocar el cuerpo para enfrentar los incendios, remover escombros y ponerse a disposición.

Es necesario levantar un plan de viviendas para la reconstrucción inmediata sobre los mismos terrenos de las poblaciones afectadas. Dicho plan debe abarcar a todas las familias obreras para hacer efectivo el derecho a la vivienda. Es necesario disponer de todos los recursos, financieros, técnicos y de materiales para este objetivo. Por ello es impresindible que junto con solidarizar, se imponga el control obrero sobre las empresas ligadas a la construcción y se disponga de todos los edificios públicos y privados, y viviendas ociosas, para utilizarlos como casa habitación donde se requiera.

El engaño del acuerdo por una nueva constitución, amañada por los partidos del régimen burgués, en un intento de estatizar las demandas de los sectores en lucha, no resolverá ni este problema y el resto. Es necesario avanzar en la organización independiente de la clase trabajadora para pelear por un programa de salida a la crisis, y luchar por un gobierno obrero.

El acuerdo por la paz, el orden público, y una nueva constitución, que significó un gran gesto de unidad nacional para salvar al gobierno de Piñera, dio un salto el miércoles 04 de diciembre con la votación por el parlamento y el senado de la llamada “ley antisaqueos”.

Esta ley contempla reclusión de hasta 5 años a trabajadores por “paralizar o interrumpir un servicio público… de transportes, hospitalario, de emergencia, de electricidad, de combustible, de agua potable y de comunicaciones”, este proyecto fue aprobado por prácticamente la totalidad del parlamento y el senado. También persigue a los que luchan penalizando a quienes lancen “elementos contundentes” o que realicen barricadas o que ocupen “bienes inmuebles de carácter industrial, comercial o agrícola…públicos o privados”. Toda una defensa de la propiedad privada capitalista y de las fuerzas represivas a su servicio.

La abstención del PC indicando que ellos sólo aprueban la penalización contra los saqueos, demuestra que están a favor de criminalizar la pobreza defendiendo la propiedad y acaparamiento de verdaderos saqueadores del pueblo, defendiendo a las grandes cadenas de supermercado como WallMart o Cencosud.

Además de esta ley se encuentra en trámite y con amplia adhesión de los partidos burgueses y pequeñoburgueses una reforma constitucional que implementará una especie de “Estado de Emergencia de grado menor” para colocar militares en la llamada “infraestructura crítica”, puertos, aeropuertos, hospitales, centros de abastecimiento de agua y luz, con el objetivo de una nueva intervención de las fuerzas armadas, esta vez contra algunos de los sectores obreros que han salido a luchar con más decisión como los trabajadores de la salud y los portuarios.

Con la vieja política del garrote y la zanahoria, estas medidas son presentadas por el ministro Blumel como la precondición para la puesta en marcha de la “agenda social”, basada en repartir algunas migajas tales como el incremento de la pensión básica solidaria en niveles de muy miserable a bastante miserable (a 165 mil pesos, U$200).

La profundización de la crisis económica, donde hoy hablan una “recesión técnica” (algo así como solucionable en el corto plazo según sus pronósticos de ajuste), ya han dejado más de 76 mil despidos desde octubre a esta parte. Una prueba más de que la burguesía revanchista descargará sin piedad los costos de la crisis sobre las espaldas de la clase trabajadora. Para aminorar los despidos el gobierno propone que las empresas en crisis eviten despidos disminuyendo jornadas laborales y salarios compensando parcialmente las pérdidas con los fondos acumulados por propios de los trabajadores en el seguro de cesantía, una verdadera ganga.

También discuten un ingreso mínimo de 300 mil pesos (U$ 360) consistente en un subsidio estatal para las empresas que paguen menos de esa suma, cuya discusión en el parlamento pasa por si va dirigido a todas las empresas y sólo a las pymes.  En rigor un verdadero incentivo para que los capitalistas reemplacen mano de obra barata por más barata, o aumenten el volumen de trabajadores subcontratados según las fórmulas de quienes defienden a los pequeños explotadores.

Luego del gran acuerdo por el orden público y la nueva constitución las luchas y movilizaciones disminuyeron su masividad, aunque no su contundencia. Las energías de amplias masas se disipan si no encuentran las vías organizativas y las perspectivas adecuadas para dar salida a la crisis, junto con el accionar de los lúmpenes organizados (carabineros) y no organizados (desclasados) que constituyen las arenas movedizas del caos sin organización y dirección. Las direcciones burocráticas de la mesa de unidad social, si bien se colocaron en la vereda crítica del acuerdo, intentaron impulsar paros de presión para sentarse a negociar exigiendo cambios al acuerdo constituyente y al mismo tiempo servir la mesa de negociación del sector público, sin denunciar la ofensiva de despidos y represión en curso buscando un modesto reajuste dado el marco de la crisis.

Es necesario indicar que un cambio a la constitución impulsado principalmente por aquellos que desean establecer un modelo de “redistribución de la riqueza” en la misma no resolverá los grandes problemas planteados por las luchas de los trabajadores y la juventud. El intento de refundar al semiestado chileno, atado por mil lazos a la dominación del imperialismo, como lo expresó el secretario de estado norteamericano Mike Pompeo ofreciendo ayuda para impedir que “protestas se conviertan en revueltas” en su “patio trasero”, es una perspectiva de corto aliento para edulcorar la democracia para ricos. No sólo porque no es un proceso estrictamente nacional, como lo demuestra la resistencia obrera y campesina contra la ofensiva reaccionaria en Bolivia o en Colombia con su tercer paro nacional, sino porque no existe viabilidad histórica para un nuevo tipo de Estado burgués.

Es vital que los trabajadores organizados en los grandes medios de producción intervengan en esta crisis para aportar una salida. Es necesario que los luchadores y la juventud vuelquen toda su energía para impulsar los métodos de acción y organización junto a los sectores obreros. Se debe establecer el control obrero junto a comités de abastecimiento en las grandes cadenas de supermercado; es necesario levantar comités de autodefensa ante cada lucha obrera incorporando a los juventud de la primera línea; se debe levantar un programa para incorporar masivamente a los desocupados a la producción ligándolos a los sindicatos, recuperándolos para la lucha de manos de la burocracia, imponiendo escalas móvil de salarios y horas de trabajo partiendo de un salario base igual al costo de la canasta familiar, los trabajadores retirados no deben tener pensiones inferiores al costo de una canasta de adulto; luchar por el pase a planta de los subcontratados como se conquistó recientemente en la USACH luego de años de lucha junto a los estudiantes; además de luchar por el derecho a la salud, la educación, la vivienda. Es prioritario que impulsemos un Congreso de Delegados de base de toda la clase trabajadora, que recupere los sindicatos, y vote un programa y un plan de lucha para enfrentar la política de miseria social y reacción en toda línea del gobierno, los partidos de oposición y el conjunto de las instituciones de la democracia para ricos.

Libertad y desprocesamiento de los luchadores obreros y populares

Comités de autodefensa para enfrentar la represión

Juicio y castigo a los represores, asesinos, violadores y torturadores

Por el control obrero de los de los grandes medios de producción

Impulsemos un Congresos de Delegados de Base para poner en pie una salida obrera a la crisis.

Abajo Piñera

Por un Gobierno Obrero

A crise política na qual está imerso o governo Bolsonaro não se traduziu em obstáculo para avançar em seu projeto de governo. As ligações cada vez mais claras do clã Bolsonaro com as milícias cariocas (relações que envolvem, inclusive, o assassinato da vereadora Marielle Franco/Psol em 2018), as quedas de braço com o STF, os vazamentos de conversas de procuradores da Lava Jato que implicam o atual ministro Sérgio Moro, a crise interna no PSL (acirrada por denúncias de corrupção em campanha) que resultou na saída de Bolsonaro da legenda e a criação de um novo partido, não impediram que o plano do governo de transferir os custos da crise econômica para a classe trabalhadora avançasse nas últimas semanas. Com estas medidas, o governo escancara a política imposta pelo imperialismo em sua decadência para reverter os efeitos da crise econômica e seu prolongamento por mais de uma década, repassando aos trabalhadores o custo da manutenção do aparato estatal como instrumento de dominação da burguesia. Tal política imperialista é hoje responsável pelos processos de luta radicalizados abertos em toda a América Latina.

O desmonte dos serviços sociais no Plano Mais Brasil

Após a Reforma da Previdência ser aprovada no Senado, o ministro Paulo Guedes apresentou um pacote com 3 PECs (Projeto de Emenda Constitucional) caracterizado, para os economistas burgueses, como um “novo marco da economia”. O “pacotaço”, cujo nome fantasia é “Plano Mais Brasil” tem como principal objetivo retirar a proeminência do Estado na economia, deixando prevalecer o setor privado. Segundo o governo, são medidas necessárias para retomar o crescimento e melhorar as contas públicas. Para nós, trabalhadores, o pacotaço tem um significado claro: perda de direitos e serviços sociais e maior exploração.

A PEC “Emergencial” possibilita a antecipação de gatilhos já previstos na regra do teto de gastos para frear o crescimento de despesas públicas. Para isso, permite que a União, estados e municípios possam deixar de promover funcionários (exceto para militares, policiais e servidores do judiciário), frear reajustes salariais, bem como reestruturações de carreiras e concursos públicos. Permite ainda que governos possam reduzir em até 25% a jornada e os salários dos servidores. A PEC dos “Fundos Públicos” permite que o governo utilize recursos “parados” em fundos para pagamento da dívida pública. Segundo o governo, existem 281 fundos que, juntos, possuem R$220 bilhões. A PEC também prevê a extinção da maior parte dos fundos no fim do segundo ano após sua aprovação.

Já a PEC do “Pacto Federativo”, prevê uma nova divisão dos recursos arrecadados entre União, Estados e Municípios, além das obrigações de cada governo com o uso destas arrecadações (dentre estes recursos, estão os provenientes das reservas do pré-Sal). Por exemplo, em relação à educação, a PEC desobriga o poder público a construir novas escolas. Atualmente, a Constituição prevê o investimento prioritário na expansão do ensino público quando houver falta de vagas e cursos regulares da rede pública em alguma localidade; com a aprovação da PEC do Pacto Federativo, os governos ficarão desobrigados a ofertar essas vagas. Segundo o governo, as vagas demandadas serão oferecidas via bolsas pagas pelo governo para instituições privadas, como um vaucher. Além disso, o ataque mais profundo neste pacote é a tentativa de incluir um dispositivo na Constituição que condicione os direitos sociais à sustentabilidade fiscal do Estado para as gerações futuras. A premissa é de que os “direitos não se sobrepõem à escassez”, ou seja, o Estado estará desobrigado a oferecer serviços sociais básicos como saúde, educação, moradia, previdência social se estes afetarem a sustentabilidade fiscal não apenas desta, mas das gerações futuras!

A Carteira Verde e Amarelo e a destruição dos direitos trabalhistas

Dias após a apresentação do pacotaço de Paulo Guedes, o governo Bolsonaro proferiu mais um duro golpe aos trabalhadores. Com uma Medida Provisória (MP 905/19) instituiu um programa de incentivo ao emprego denominado “Contrato de Trabalho Verde e Amarelo” além de outras alterações na legislação trabalhista. Na prática a MP é uma nova reforma trabalhista, aprofundando a de 2017. Esta última, aprovada ainda no governo Temer, legitimou os contratos de trabalho precarizados através da insuficiência de horas trabalhadas e/ou pela redução de direitos. Além disso, reduziu as garantias relativas a salários, férias e isonomia; alterou medidas que facilitam a demissão e dificultam o acesso dos trabalhadores à justiça para reaverem direitos expropriados pelos patrões. Ampliou a terceirização e reduziu o papel dos sindicatos nas negociações entre patrão e trabalhador, implementando a negociação individual.

Após dois anos da aprovação da reforma trabalhista, o cenário de empregos no Brasil é desolador. Os dados apenas comprovam o que todos sabíamos: a reforma trabalhista não foi feita para gerar empregos, mas para possibilitar o aumento da exploração da classe trabalhadora para que os empresários mantenham suas margens de lucro. O desemprego atualmente atinge 12,5 milhões de pessoas. Desde 2017, o número de trabalhadores informais e autônomos supera o número de trabalhadores com carteira assinada. E esse número só cresce: dos trabalhadores com alguma ocupação, mais de 41% estão na informalidade (cerca de 39 milhões de pessoas), 26% trabalham por conta própria e 8% são subocupados por insuficiência de horas.

Com a nova MP, o governo Bolsonaro aprofunda a reforma trabalhista ao instituir a modalidade de trabalho precário, a “carteira verde e amarela” (em oposição à Carteira de Trabalho, regida pela CLT).  Esta MP desonera empresas que contratem jovens de 18 a 29 na condição de primeiro emprego e com salários de até 1,5 salário mínimo (R$ 1497), incluindo o “percentual” de férias e décimo terceiro salário que estarão “embutidos” no pagamento mensal. As empresas podem assumir até 20% dos contratos nesta modalidade até 2022 e os contratos poderão ser de, no máximo, dois anos. Para sustentar esta desoneração das empresas, a medida prevê a taxação do seguro desemprego, com a cobrança previdenciária de 7,5%. Dessa forma, o governo Bolsonaro possibilita que as empresas ampliem seus lucros tanto pela desoneração fiscal quanto pela máxima exploração do trabalho e, ainda mais, transfere essa conta para os trabalhadores desempregados!

A MP ainda reduz os custos da demissão e dificulta a fiscalização, flexibilizando os registros de trabalho. Com isso, colabora cada vez mais com a ampliação da informalidade. Também amplia a desregulamentação da jornada de trabalho, permitindo o trabalho aos domingos e feriados sem pagamento adicional, inclusive para professores (o que era proibido). Permite o aumento da jornada dos profissionais bancários e a abertura de agências aos sábados. Ao ampliar as jornadas de trabalho, a medida contribui para aumentar o desemprego, que se aproxima cada vez mais de uma situação estrutural.

Através desta MP, o governo Bolsonaro também ataca diretamente os sindicatos, enfraquecendo cada vez mais seu papel para os trabalhadores. A MP promove a negociação individual, fragmenta as normas de acordos coletivos, retira os sindicatos das negociações e acordos para programas de participação de lucros e resultados e, além disso, destitui sua autoridade para fiscalização e interdição de locais de trabalho com risco iminente.

A MP também avança na precarização da saúde do trabalhador dificultando auxílios acidentes, retirando a obrigatoriedade de vistorias em instalações para liberação de locais de trabalho, além de instituir conselhos de saúde e prevenção de acidentes sem a participação de trabalhadores, dentre outras perversidades contidas na edição da medida.

É preciso levantar um plano de lutas para derrubar as medidas de Bolsonaro / Guedes!

O anúncio das medidas econômicas e da nova reforma trabalhista no início do mês não foi capaz de despertar as centrais sindicais e os movimentos sociais do imobilismo em que se encontram desde a aprovação da Reforma da Previdência ainda na Câmara dos Deputados, em agosto deste ano. Aliás, ainda no período de votação da Reforma, as centrais já demonstravam sua política de desmobilização dos trabalhadores e centralização de esforços na pressão parlamentar, no desgaste político do governo e, claro, na campanha Lula Livre! Inclusive, a libertação de Lula da prisão coincidiu com o anúncio do pacotaço do governo e a prioridade para as direções, então, foi celebrar a “restituição do estado democrático de direito” ao invés de iniciar a construção de um plano de lutas pela base contra mais uma onda de ataque aos trabalhadores.

O reformismo, como oposição ao governo, tem centrado seus esforços no desgaste político de Bolsonaro e não no enfrentamento de suas medidas de governo. Com isso, buscam se alavancar para o próximo processo eleitoral. Já as correntes centristas, priorizam sua atuação “combativa” no parlamento – questionando representantes do governo em comissões e promovendo denúncias no Conselho de Ética – demonstrando credulidade e total adaptação às instituições da democracia burguesa. Dessa forma, auxiliam cada vez mais a dissimular o caráter de classe do Estado e suas instituições. Suas defesas políticas perpassam a manutenção do estado burguês com mudanças institucionais que amenizem os efeitos da desigualdade que, por sua vez, é intrínseca à sociedade de classes.

É preciso, portanto, retomar a luta contra esses ataques com os métodos próprios da classe trabalhadora. Não podemos nos deixar cair na ilusão de que a crise política do governo, a atuação parlamentar ou as próximas eleições derrubarão medidas econômicas e sociais que estão sendo impostas, não apenas no Brasil, como em grande parte dos países semicolonais. É preciso que nos levantemos contra estes ataques!

Não podemos aceitar que as burocracias continuem entregando nossas conquistas. Para isso precisamos construir uma luta árdua com nossos próprios métodos de classe. É mais do que urgente que os trabalhadores deem uma batalha pela independência de classe no interior dos sindicatos, recuperando-os das burocracias sindicais, para colocar em pé um plano de lutas classista que derrube os ataques do governo. Não há saída para os trabalhadores dentro da democracia burguesa! É preciso construir a Greve Geral por tempo indeterminado para colocar abaixo o pacotaço de Guedes e os ataques de Bolsonaro!